La prevención de la violación: recomendaciones

Me van a permitir que haga algunas reflexiones, no del todo políticamente correctas, a cerca de las recientes recomendaciones del Ministerio del Interior para, literalmente, “la prevención de la violación” y que pueden ver aquí:

Y ello a raíz de no pocos airados e indignados comentarios acerca de dichas recomendaciones que se pueden leer en foros, redes sociales o diarios on line y que ponen el acento en lo machista que resulta la misma existencia de éstas al dejar caer, con ello, que las mujeres son en cierta medida culpables por sufrir una violación; para muestra, un botón:

Parto por decir que, al igual que éstos que escriben o comentan, al tener noticia de estas recomendaciones, uno no puede evitar pensar que ya está el Gobierno dejando ver su ideología nacional-católica.

Pero luego, tras el impulso de las tripas, y tras ser advertido por un amigo que esas mismas recomendaciones llevan años colgadas en la web de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, me dio por hacer una reflexión pseudo-intelectual que quiero compartir, si me lo permiten, tras darle dos vueltas al asunto, preguntarme por qué precisamente ahora la polémica y, en definitiva, relacionarlo con posiciones que llevo observando desde hace tiempo respecto a otro tema muy de actualidad con el que tengo que tratar muchas veces por razón de mi trabajo y con el que éste guarda mucha relación, el del maltrato o violencia contra la mujer.

La pregunta que me hago es, ¿cómo es que repulsan estas recomendaciones y, sin embargo, todos atendemos y hasta aplaudimos las que el mismo Gobierno hace para, por ejemplo, prevenir los robos en casa cuando nos vamos de vacaciones? O las que agencias de viajes u hoteles nos hacen si vamos a visitar determinadas zonas de una ciudad, a fin de evitar atracos o incluso el riesgo de ser asesinados. O las que, en definitiva, todos adoptamos en nuestra vida diaria para evitar ser víctimas de un delito, y que nos parecen muy normales.

Para mí la diferente reacción se debe a una distinta perspectiva desde la que se examina el asunto. Parece que cuando hablamos de robos o hurtos todos asumimos que los mismos son hasta cierto punto inevitables, otorgando al ladrón la categoría de accidente natural e imparable del que hay que tratar de apartarse en lo posible, aceptando así las recomendaciones que nos hacen para ello; pero con el caso de las violaciones se adopta una posición contraria. Dejando de lado a quienes simplemente aprovechan cualquier sospecha de machismo para atacar al Gobierno, parece que, con esas críticas, se presume que, en el caso de los delitos de violación, el violador es casual, temporal y, por ende y al contrario que el caco, perfectamente evitable y reconducible, por lo que no hay que decirle a la mujer cómo ha de comportarse, sino, y aquí el trasfondo de las críticas al Gobierno, educar al violador. El gobierno, dicen, debe poner su punto de mira en éste, no en la víctima. Pero, es curioso, no le exigimos lo mismo al Gobierno cuando se trata de robos en casas y el muy atrevido nos recomienda que no dejemos cartas en el buzón ni anunciemos en Facebook que nos vamos de vacaciones. Entonces no gritamos “¡Eh! ¡A mí no me digas cómo he de cerrar mi casa! ¡Cuida tú de que no haya ladrones! ¡Educa a la gente!”

Creo que esta diferencia de trato expresa una posición equivocada que, por desgracia, está actualmente muy presente en la sociedad, y ello por dos motivos.

El primero salta a la vista al centrarnos en qué es lo que diferencia los casos de violación de los demás tipos delictivos. Lo que diferencia es el sexo, simple y llanamente, el del autor (masculino) y de la víctima (femenino). O dicho de otro modo, quienes reaccionan de esa forma ante estas recomendaciones del Gobierno, pero no contra las que hace en prevención de otros delitos, están poniendo el acento en la cuestión sexual, está destacando que el violador es un “hombre” y la víctima una “mujer”, y desde esa visión sexista se lee la noticia y se hacen los comentarios.

Nadie discute que el que roba, agrede o asesina expresa una condición propia del ser humano, como es la de hacerse con un bien ajeno por la fuerza, o resolver un problema con la fuerza física. Pero parece decirse que el que viola lo hace, no porque sea un malnacido, sino porque es un “hombre”. Se confunde una cualidad o condición natural e inevitable (conditio sine qua non) con la causa última del hecho, y se concluye, sea inconscientemente, que el violador, que siempre es un hombre, viola por ser hombre. Es como decir, reduciendo el argumento al absurdo, que la causa del infarto es el corazón, porque el mismo es condición indispensable para que se dé; o, llevando al otro extremo el tema de que hablamos, que ser mujer es la causa de las violaciones, porque ser del sexo femenino guarda una relación directa con ser víctima de una violación.

Creo que es indiscutible que el violador, aunque sea un hombre, no lo es por ser “hombre”, sino por ser un malnacido, el mismo motivo por el que un ladrón roba en la casa donde duermen tus niños pequeños o un agresor se pelea en una discusión de tráfico. Los delitos no son el resultado de un atributo humano específico (ser hombre, gitano, rumano, mujer, bajo, alto, homosexual), sino que expresan la misma humanidad, con sus claros y, sobre todo, sus oscuros. Esto muchas veces se olvida, y no pocos discursos que hoy día se oyen y, sobre todo, se practican traslucen la defensa de un derecho penal de autor, un derecho penal propio de regímenes totalitarios y xenófobos.

Pero es que en segundo lugar, partiendo de esa idea equivocada de que el violador no expresa una mala condición humana, sino el atributo concreto de ser “hombre”, se va más allá y se cree, consecuente y equivocadamente, que es posible educar a éste para que no viole, que es lo que se está exigiendo al Gobierno en muchas de las críticas que refería. Dado que el ser masculino se encuentra sujeto a una redefinición radical desde mediados del S. XX, habiéndose producido importantísimos avances sociales y legales que han ido acercándonos a la igualdad entre hombres y mujeres, se piensa que esa educación puede seguir dando sus frutos y llegar a hacer desaparecer esas conductas asociadas naturalmente al “hombre”, como son la violación o el maltrato. El hombre se puede educar, lo estamos viendo desde hace décadas, así que exijámoselo al Gobierno. ¿Por qué no abrigar la esperanza de que un día, próximo al parecer, no existan violadores ni maltratadores?

Bien, si esas deleznables conductas tuvieran su causa en el sexo masculino, podría plantearme creer en esa utopía, pues es cierto que el concepto de “hombre” como ser superior frente a la “mujer” y los prejuicios de sexo van cayendo poco a poco, aunque aún queden bastantes. Pero como decía, esas conductas no responden a la cualidad “hombre”, sino a la condición humana, la peor si quieren, pero inevitable, y por ende ésta va a acompañar al ser humano mientras éste siga existiendo. Es como pretender acabar con los hurtos o con los homicidios, o que un día no existan asaltos a las casas. Eso nunca va a ocurrir y, sin embargo, sobre todo en materia de violencia contra la mujer, no me canso de oír discursos que, ante la muerte sin sentido de mujeres a manos de sus novios, maridos, amantes o exparejas, claman porque se termine YA con la violencia machista. Y buscan responsables.

Y no es así. Claro que aún quedan muchos avances en materia de igualdad, por supuesto que hay que seguir luchando contra ésta y otras lacras, y no hay duda que la educación, de hombres y mujeres, es esencial para lograr cotas cada vez más altas de respeto mutuo, ayudando a reducir ese tipo de conductas, de igual manera que hoy día no son tan frecuentes, como lo eran antaño, los robos, los homicidios o las mismas violaciones (estoy refiriéndome a época pretéritas en las que el valor de la vida, de la propiedad y la condición de la mujer eran mínimos)

Pero igual que siempre existirán robos porque nunca dejará de haber alguien que desee lo que no es suyo por encima de cualquier otra consideración moral o legal, también habrá siempre quién utilice su fuerza para tratar de imponerse a quién es físicamente más débil y así satisfacer una pulsión sexual, esconder un complejo o, simplemente, hacer valer su voluntad.

Por ello, y ya voy terminando, reaccionar como a veces veo que se está reaccionando contra las recomendaciones del Gobierno por el hecho mismo de existir deja traslucir la creencia de que los delitos de violación los cometen los hombres por ser hombres y que, por ello, se pueden evitar educando al “hombre”, tarea en la que debe centrarse el Gobierno; como si los robos o los homicidios se pudieran terminar educando a la ciudadanía. Como ya he dicho, educar es importantísimo claro, esencial diría yo, pero con ello sólo podrá alcanzarse una reducción parcial del número de violaciones o maltratos, y sólo en la misma medida que hemos conseguido (o estamos consiguiendo) reducir en el mundo civilizado el resto de delitos, ¿por qué distinguir ente unos y otros? ¿por la cuestión sexual? Hubo violadores, hay violadores y los seguirá habiendo por muy avanzados que seamos como sociedad, porque la misma la forman seres humanos, y entre éstos siempre habrá “hijoputas”. Por ello creo que no debemos caer en la demagogia de decirle al Gobierno que no cuide de sus ciudadanos recomendando como poder evitar, en la medida de lo posible, este tipo delictivo, pero no objetemos nada cuando nos dice cómo hemos de hacer para evitar otros delitos.

Eso sí, bajando al detalle de esas recomendaciones, es cierto que algunas de ellas causan sonrojo o vergüenza ajena. Ocurre que esto ya depende del acierto o desacierto de poner unas u otras, cosa en la que yo no entro y que, desde luego, es perfectamente criticable, también con mayor o menor acierto. Lo que defiendo es que la existencia misma de las recomendaciones no puede atacarse seriamente como veo que se está haciendo, no sin caer en cierta demagogia que asume los errores de concepto que han quedado expresados.

Por lo demás, confío que este análisis que hago sepa verse desde la perspectiva adecuada, que no es sino la de aquél que, aprovechando las señaladas recomendaciones, quiere poner de manifiesto la existencia de unos postulados que vengo observando desde hace tiempo y que, ofrecidos como verdades absolutas, sirven a determinados sectores de la sociedad para tratar los problemas de las relaciones hombre-mujer con una hipocresía y un maniqueísmo que, además de propiciar esta actual polémica, justo ahora, qué casualidad, que se ha archivado la denuncia por violación grupal que todos tenemos en mente, tiene como efecto mediato alejarnos de la realidad y, por tanto, de la posibilidad de acometer verdaderas actuaciones encaminadas a reducir la incidencia de determinados delitos y, sobre todo, de conseguir la verdadera igualdad entre hombres y mujeres.

En todo caso supongo que este post creará cierta polémica y, como no tengo la verdad sentada sobre el hombro, confío aprender de ella.

Flash Derecho: La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial renueva su Junta Directiva y concede premios en su primera edición

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial es una asociación de la que hemos hablado ya en varias ocasiones, por ejemplo aquí, aquí y aquí y de la cual me honro en ser uno de los socios fundadores. Con unos fines fundacionales que pueden calificarse de regeneracionistas en el ámbito esencial para una democracia sujeta al Estado de Derecho como es la Justicia, se compone de asociados tanto jueces como no jueces, y realiza una labor que en mi opinión puede calificarse de encomiable.
Este sábado procederá a renovar su junta directiva y en la candidatura encontrarán nombres conocidos para los habituales de este blog porque han escrito en él como Juan Montero, Manuel Ruiz de Lara o Juan Antonio Frago, y además el de mi compañera editora Elisa de la Nuez, en el cargo de vicepresidente, y el mío propio.
Asimismo, este sábado, la Plataforma entrega en su primera edición los Premios a la Independencia Judicial a redactora jefe de la sección de tribunales del diario “El Mundo”, María Peral, así como al portal informativo digital ”LAWYERPRESS”. Enhorabuena a los dos.
Daremos con posterioridad reseña del desarrollo del acto del sábado.

Flash Derecho: La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial renueva su Junta Directiva y concede premios en su primera edición

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial es una asociación de la que hemos hablado ya en varias ocasiones, por ejemplo aquí, aquí y aquí y de la cual me honro en ser uno de los socios fundadores. Con unos fines fundacionales que pueden calificarse de regeneracionistas en el ámbito esencial para una democracia sujeta al Estado de Derecho como es la Justicia, se compone de asociados tanto jueces como no jueces, y realiza una labor que en mi opinión puede calificarse de encomiable.

Este sábado procederá a renovar su junta directiva y en la candidatura encontrarán nombres conocidos para los habituales de este blog porque han escrito en él como Juan Montero, Manuel Ruiz de Lara o Juan Antonio Frago, y además el de mi compañera editora Elisa de la Nuez, en el cargo de vicepresidente, y el mío propio.

Asimismo, este sábado, la Plataforma entrega en su primera edición los Premios a la Independencia Judicial a redactora jefe de la sección de tribunales del diario “El Mundo”, María Peral, así como al portal informativo digital ”LAWYERPRESS”. Enhorabuena a los dos.

Daremos con posterioridad reseña del desarrollo del acto del sábado.

El 7 de octubre está a la vuelta de la esquina…o el cumplimiento de la STUE de 17 de julio de 2014

...o cómo el Gobierno se aplica en el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de Julio de 2014.
Un correo electrónico remitido hace pocos días por la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria a mi dirección corporativa generó en mí bastante inquietud y me animó a escribir el presente post.
Podría haberlo titulado “la (des)información y la (in)seguridad jurídica en la e-sociedad”, para referirme al contrasentido que puede provocar el exceso de fuentes de información, pero preferí aprovechar el guante lanzado por el subtítulo del correo recibido.
Hasta ahora, los plazos procesales establecidos en la Ley los fijaban los Jueces en sus resoluciones -que son notificadas a las partes- y no un Gobierno por razones de urgencia en el BOE. De otro lado, las normas procesales -las formas y cauces del proceso- no deben cambiarse de forma reiterada y, mucho menos, repentina.
Los antecedentes son los siguientes. Frisando el mes de Agosto, los medios de comunicación se hacían eco de un nuevo fallo del Tribunal de Luxemburgo (no publicado entonces en el DOUE), en relación con una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Castellón, que ponía de nuevo en evidencia nuestra perfectible regulación de la ejecución hipotecaria.
Apenas dos meses después, con una inusitada diligencia, el Consejo de Ministros del pasado 5 de Septiembre aprobaba un Real Decreto-ley (el 11/2014), publicado en el BOE del día 6 para entrar en vigor el día siguiente, en el que se incluía la puntual modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil impuesta por el fallo europeo, consistente en que el deudor hipotecario pueda interponer recurso de apelación contra el Auto que desestime su oposición a la ejecución, si ésta se funda en la existencia de una cláusula contractual abusiva, dejando de esta manera aparentemente resuelta la cuestión (véase la DF 3ª).
El régimen transitorio prevé la aplicación a los procedimientos de ejecución en los que no se haya producido la puesta en posesión del inmueble al adquirente y adicionalmente un plazo preclusivo de un mes –contado desde el día siguiente a la entrada en vigor del Real Decreto-ley y que expira, por tanto, el 7 de Octubre- para aquellos procedimientos en los que se hubiera dictado el Auto desestimando la oposición.
Se preguntarán ustedes el porqué de mi inquietud si, a fin de cuentas, el cambio normativo implica ofrecer cuanto antes al deudor hipotecario ejecutado las mismas posibilidades que a la entidad ejecutante de oponerse a las resoluciones que le son desfavorables, en consonancia con el Derecho Europeo que asiste a los consumidores, antes incluso de la publicación en el DOUE del fallo, que finalmente tuvo lugar el 15 de Septiembre.
Pues miren, la actuación del Ejecutivo es preocupante tanto en el fondo como en la forma. Tal vez lo de menos sea que el contenido principal del Real Decreto-ley sea la enésima reforma concursal o que la utilización de aquella figura –analizada acertadamente en este blog por Pablo Ortega Sánchez de Lerín- comienza también a ser recurrente y preocupante en el ámbito del Derecho Procesal –y que, en el caso que nos ocupa, afecta a un derecho fundamental como es la vivienda (artículo 47 de la Constitución) vetado, por tanto, a dicha norma con rango de Ley emanada del Ejecutivo-.
A mayores, la extrema y urgente necesidad que exige la Constitución como presupuesto habilitante del Real Decreto-ley, en cuya virtud –siguiendo al maestro García de Enterría- el bien jurídico más débil (la conservación del orden normal de competencias legislativas) debe ceder ante el bien jurídico más fuerte (la conservación del orden jurídico y social) puede provocar el efecto radicalmente inverso. Y es que, puestos a proteger a los deudores hipotecarios, mejor hubiera sido aprovechar que los diputados han terminado su período de descanso estival para iniciar la tramitación parlamentaria de un Proyecto de Ley, que es lo pertinente, y que, una vez finalizado, otorgaría a aquéllos, al menos a los que se encuentran en trance de perder su inmueble, un horizonte temporal superior al 7 de Octubre.
El Ejecutivo metido a Legislador nos sigue dando más muestras de no ser muy cuidadoso con la técnica normativa con ese plazo preclusivo de un mes, incongruente con el general de 20 días hábiles establecido en la ley procesal para los recursos de apelación (que, en la práctica, suponen más o menos un mes).
La notificación urbi et orbi derivada de la publicación en el BOE tampoco tiene desperdicio y evidencia una vez más la injerencia y confusión de los Poderes del Estado, en este caso del Ejecutivo y el Judicial: “La publicidad de la presente disposición tendrá el carácter de comunicación plena y válida a los efectos de notificación y cómputo de los plazos previstos en el apartado 2 de esta disposición [el plazo de un mes antes indicado], no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto” (numeral 3 de la Disposición Transitoria 4ª). Parece un aviso a navegantes, fundamentalmente Jueces y Secretarios Judiciales, pero también Registradores, como queriendo decir: Absténganse de actuar de oficio, informando a la parte del derecho que le asiste. Ya me he ocupado yo y está todo dicho.
Una disposición semejante ya se recogía en la conocida como Ley Antidesahucios 1/2013, de 14 de Mayo, que fue la que precisamente modificó, entre otros, el ahora de nuevo parcheado artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como consecuencia del gran tirón de orejas que supuso la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de Marzo de 2013.
Afortunadamente, han sido mayoría las resoluciones procesales informando a las partes de los derechos que la cambiante normativa les otorgaba, evitando de esta manera la preclusión involuntaria de plazos. Ésa, al menos, ha sido mi experiencia profesional.
Nuestro Ejecutivo no escarmienta ni siquiera en el caso de que su actuación tenga que ver con Sentencias dictadas en instancias supranacionales. A lo mejor es que no olvida a quien no debe molestar y por eso no aborda en profundidad la reforma de la regulación de la ejecución procesal, cuyo espíritu parece superado por las circunstancias, adolece de claridad y es asistemática.
Menos mal que nos quedan los jueces, sobre todo teniendo en cuenta que ya existe otro fallo del Tribunal de Luxemburgo de 10 de Septiembre. Por si acaso, amigo abogado, marque en su agenda en rojo el 7 de Octubre.