El camino a la secesión y sus trampas legales. La Ley catalana de Consultas No Refrendarias y el Dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias.

Una figura que gusta mucho a nuestros partitócratas es la de esos comités de expertos o consejos consultivos siempre dispuestos a decirles que sí. Sus componentes no se determinan por circunstancias objetivas (por ejemplo, el Decano de tal facultad o de cual Colegio profesional, o el juez más antiguo en…), porque precisamente lo que se quiere es que no sean objetivos. Son los mismos gobernantes, con la falta de transparencia habitual, los que los eligen. Y los eligen precisamente para que digan lo que ellos quieren oír en sus dictámenes y recomendaciones.

Se trata, en la mayoría de los casos, de proporcionar coartadas (“¡Si sólo hemos hecho lo que nos recomendaron!”) o de dar la apariencia de legitimidad añadida que otorga un dictamen presuntamente experto. Y aunque el trampantojo es bastante burdo, como no se denuncia lo suficiente no deja de ser efectivo en su propósito de conseguir esa apariencia. La cual es especialmente necesaria cuando lo que se pretende hacer es, por ejemplo, alguna  barbaridad jurídica.

Una de estas instituciones, configurada tal vez con un poco más de sofisticación en las formas, aunque no en su sustancia, es el Consejo de Garantías Estatutarias elegido por el Parlamento Catalán. Y su última fechoría jurídica es su DICTAMEN 19/2014, de 19 de agosto, favorable a la recientemente aprobada Ley autonómica de Consultas Populares no Referendarias, urdida para intentar la conocida consulta catalana respecto a la secesión.

En el nacimiento y finalidad de dicha Ley de nuevo se ha demostrado el escaso respeto que los nacionalistas suelen demostrar por la legalidad. Para ellos la voluntad (inducida o deducida) de constituir una nación independiente no puede pararse en minucias legales. Y, por eso, si es necesario hacer trampas legales, se hacen. Con ayuda de su socorrido complejo de superioridad moral, que todo se lo permite.

Verdadero ejemplo de trampa legal es esa Ley autonómica de consultas. Y verdadero ejemplo de juristas cortesanos, dispuestos a tragarse la rueda de molino de bendecirla, es el mencionado Dictamen. El cual, por cierto, por causas ignotas aún no ha sido traducido al castellano, transcurrido más de un mes desde su aprobación.

Con justicia, también hay que decir que no todo en el Dictamen es un intento de defender lo que legalmente es indefendible. Hay partes del mismo en las que podemos encontrar  racionalidad jurídica. Pero están, qué le vamos a hacer, precisamente en los votos particulares de los Consejeros que consideran que la norma viola con claridad tanto la Constitución como el Estatuto.

Trato de explicar para profanos tanto la trampa legal pretendida a la cual el Dictamen quiere servir de coartada.

El Referendum es un mecanismo que nuestra Constitución, como la mayoría de las de su entorno, admite con carácter restringido en tanto que, como mecanismo de consulta directa a los electores, supone una excepción al principio general de democracia representativa, es decir, ejercitada a través de los representantes elegidos en las cortes, parlamentos y ayuntamientos. Estos instrumentos de consulta se han utilizado con frecuencia con fines populistas y legitimadores por regímenes autoritarios, por lo que en la mayoría de las democracias avanzadas (con la notable excepción de Suiza) se admiten sólo con notables cautelas.

En esa línea nuestra Constitución mantiene el referendum sólo para ratificar la aprobación y reforma de la Constitución y de algunos estatutos de autonomía. Y también, en este caso con carácter meramente consultivo, en su artículo 92, para decisiones políticas “de especial trascendencia”. En todos los casos, dado que supone una regulación del derecho fundamental de participación política (artículo 23 CE), se establecen fuertes garantías que garanticen la limpieza del proceso. Y, dado que entra en el ámbito competencial del Estado (artículo 149.1.32 CE), al menos es necesaria la autorización del mismo para su convocatoria.

Así las cosas, el Gobierno catalán se quedaba sin opciones de conseguir convocar un referendum, ni siquiera a través de la Ley catalana de 2010 que requería la aprobación de las Cortes españolas. ¿Qué hacen entonces los nacionalistas, por cierto con el apoyo de un PSC que parece seguir perdido en su laberinto? Pues aprobar esta Ley de Consultas no Refrendarias que permite al Presidente del Gobierno catalán aprobar lo que no deja de ser por su objeto, proceso y finalidad, un verdadero referendum. ¿Cómo? Pues simplemente cambiándole el nombre y disfrazándolo con una regulación que, si no deja de ser muy semejante, trata de diferenciarse.

El disfraz resulta, no obstante, tan burdo, que no resiste un análisis crítico mínimamente riguroso.

La consulta pretendidamente “no refrendaria” llama a la totalidad del cuerpo electoral para consultarle de una decisión tan trascendental como la secesión (o cualquier otra pregunta que se le ocurra al Honorable President). Decisión que excede por completo a las competencias autonómicas reconocidas en el Estatuto. Y se hace mediante un proceso que sustancialmente es el mismo que el de cualquier referendum y con sus mismos efectos. Sin embargo la Ley del Parlamento catalán pretende (y el Consejo de Garantías apoya) que como no se llama igual y se cambia un poco su regulación, pues eso ya no es un referendum.

Las modificaciones en su regulación, además, lo que introducen son verdaderas “peoras” en la regulación de los referenda. En vez del censo electoral, formado con todas las garantías y bajo una efectiva tutela judicial, se regula un “Registro de Población de Cataluña” y un “Registro de Catalanes en el Exterior” que ni tienen ni pueden tener tales garantías. Y se permite, para seguir pareciendo ser algo diferente, que voten los mayores de 16 años y determinados extranjeros que se inscriban. En vez de Juntas Electorales se regulan “Comisiones de Control y Seguimiento” en las que la presencia de los jueces se sustituye por “expertos en Derecho (de nuevo juristas cortesanos y maleables) y Ciencia Política nombrados por el Parlamento catalán. Lo que no refuerza precisamente su independencia.

Todo el proceso queda sustraido a control judicial alguno, y dependiente de marionetas del poder político. Y lo mismo la campaña electoral, que no puede contar con la garantía de imparcialidad de sus árbitros.

Nos encontramos, por lo tanto, ante una verdadera estafa jurídica. Sólo el fragor ardiente del ambiente soberanista puede explicar (nunca justificar) que no haya sido allí mayoritariamente denunciada y que a sus autores no les suban los colores. No basta, como pretende el Dictamen, con cambiar el nombre a las instituciones o a los procesos, y con regularlos con menos garantías, para que dejen de ser lo que son. Lo mismo que no basta con pintar un coche de otro color y descapotarlo para que deje de ser un coche y ahorrarse pasar la ITV. Resulta inaudito que con esa trampa tan grosera se pretendan saltar las barreras legales. El que la mayoría de los Consejeros haya dado su placet a ese Dictamen aprobatorio es bien indicativo de su categoría intelectual e incluso moral. Y de lo bien mandados que son.

 

Las deudas del fútbol español

Aún resuenan las múltiples y míticas victorias alcanzadas por los aurigas Marciano y Paulo en las carreras de circo en Augusta Emérita. La imagen de ambos, plasmada en un mosaico que se conserva en muy buen estado, se puede apreciar en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Como en el presente, ya entonces la fama y el clamor del pueblo servían para agasajar a los aurigas y a otros héroes como los gladiadores de anfiteatro, los actores de teatro o los atletas de gimnasio.
Más excepcionalmente, otros personajes del mundo clásico ligados a las letras fueron capaces de desarrollar una tarea creativa y productiva, vivir honesta y acomodadamente, contar con el apoyo y fervor popular, y el afecto político y económico, todo a un tiempo, como fue el caso de Publio Virgilio, a quien su capacidad para versificar, su talento declamador y su calidad humana le hicieron acreedor de la amistad del pueblo, la de Augusto y la de Mecenas (López y Muñoz, 2012).
Dos mil años después, el deporte, el fútbol en concreto, sigue despertando pasiones, que se multiplican de forma exponencial gracias a las nuevas técnicas de comunicación y a la mercadotecnia, lo que provoca que las cantidades manejadas por clubes, televisiones, patrocinadores, jugadores, agentes de jugadores, fondos de inversión que poseen los derechos sobre los jugadores, etcétera, sean astronómicas.
Por ejemplo, según el número 14, de junio de 2014, de la edición española de la revista Forbes, los ingresos anuales totales de Lionel Messi, comprensivos de salario y publicidad, ascendieron a 56 millones de euros, y los de Cristiano Ronaldo y Neymar, por idénticos conceptos, a 54 y 39,4 millones de euros, respectivamente.
Se trata de los tres jugadores mejor pagados del mundo, que, afortunadamente, compiten en España, esa nación que aclama sus carreras, fintas y goles, pero cuya tasa de desempleo ronronea desde hace años con el 30 por ciento. Los ingresos de estos jugadores son sin duda mareantes y puede que hasta disparatados, a pesar de lo cual no despiertan demasiado debate público ni muchas críticas.
El gasto total en salarios de la Primera y de la Segunda División «A» en el ejercicio 2012-2013, según el Consejo Superior de Deportes (CSD), ascendió a unos 1.161 millones de euros.
Los futbolistas son los empleados que compiten y se exhiben ante el público, pero los empleadores, los clubes de fútbol, bajo diversos ropajes jurídicos, igualmente acumulan valor y riqueza. Recurriendo de nuevo a la edición española de Forbes (número 6, septiembre de 2013), resulta que el club más valioso del mundo era el Real Madrid, con un valor de 3.300 millones de dólares, seguido por el Manchester United, con un valor de 3.165 millones de dólares, y por el Barcelona, con 2.600 millones de dólares.
Obviamente, nos hemos ido al extremo superior, al de los mejores jugadores, ligas y clubes, pero las cantidades movidas por el fútbol en España son muy elevadas, sin, posiblemente, un adecuado sustento en su actividad real y ordinaria.
En la periferia del universo del fútbol figuran cuestiones relacionadas con la ingeniería financiera, con la tributación de los salarios de los jugadores, con los derechos de la Hacienda Pública, con los medios de comunicación y su fuerza… aunque ahora nos pretendemos centrar en un tema, el de la deuda, del que este ámbito no ha podido escapar.
El fútbol nos hace sentir los colores de nuestro equipo, cómo la pelota se desliza por el césped, cómo el balón vuela girando sobre sí mismo tras un lanzamiento de una falta y se aloja en la red, pero detrás de estas saludables circunstancias, de las inevitables victorias y derrotas, hay otras muchas implicaciones.
El CSD ha publicado ya tres ediciones de un estudio titulado «Balance de la Situación Económico-Financiera del Fútbol Español». La última corresponde al periodo 1999-2013.
El informe, muy acertadamente, distingue entre ingresos, gastos y resultados ordinarios y extraordinarios. Debemos tener muy claro que la actividad principal de un equipo de fútbol no es vender jugadores o terrenos. Éstas son actividades lícitas pero extraordinarias. Los resultados ordinarios son, en general, el reflejo de la actividad o negocio de una compañía. El negocio es la base de eso que se llama sostenibilidad. Sin negocio que genere beneficios recurrentes las empresas van directamente a la ruina.
Pues bien, en todos y cada uno de los años comprendidos entre 1999 y 2013 nuestro fútbol presentó pérdidas en lo que es su negocio ordinario: taquillas y abonados, derechos televisivos, publicidad y patrocinios.
Y claro, cuando se gasta más de lo que se ingresa, las opciones no son muchas ni difíciles de imaginar: se venden activos para compensar el desfase, lo que socaba el patrimonio de la entidad; se deja de pagar, con la posibilidad de que se alcancen acuerdos con los diversos acreedores, con sacrificios para todos; o, por último, se acude al crédito, al endeudamiento.
Se puede considerar, y sería lo lógico por otra parte, que las pérdidas ordinarias se compensaran con los resultados extraordinarios para poder presentar, al menos, un resultado equilibrado. Pues en el caso del fútbol español no es así. Sólo en cinco años de los 14 años estudiados, la Primera División ha presentado beneficios. Con unos ingresos totales acumulados durante los 14 años de 21.714 millones de euros, el resultado es de unas pérdidas acumuladas de 463 millones de euros.
Hemos preparado un gráfico con la evolución de las pérdidas ordinarias acumuladas año a año y la deuda total de los equipos de Primera División. Se observa, como no puede ser de otra manera, la estrecha relación entre las pérdidas ordinarias acumuladas y la deuda total de los equipos (algo muy parecido a lo que mostramos en nuestro anterior post con respecto a los déficits públicos y el engrosamiento de la deuda pública). La deuda total a 30 de junio de 2013 ascendía a 3.253 millones de euros. La suma acumulada de las pérdidas ordinarias ascendía a 3.455 millones de euros.

 
Los ingresos ordinarios en Primera División rondan los 1.900 millones de euros, mientras que en Segunda División «A» no llegan al 10 por ciento de esta cantidad, lo que hace que se comprenda la catalogación de la Segunda como un «pozo» o «infierno», del que difícilmente se puede escapar con tan escasos recursos en juego. Con unos costes asumidos parecidos a los ingresos, el descenso a Segunda División «A» supone un colapso económico que todos los equipos intentan evitar a toda costa. ¿Cómo? Pues con la huida hacia adelante de asumir unos gastos que no van a poder pagar y que, por tanto, se transforman en deuda, deuda que habrá que devolver, con sus intereses, al acreedor o acreedores.
La posible renovación de la deuda, sine díe, por las entidades bancarias acreedoras podía aparentar una situación de normalidad, pero, además de por los motivos apuntados de la pérdida de categoría que puede acelerar la reclamación de lo debido o la ejecución de las garantías, la crisis financiera ha tenido un cierto efecto purificador al impedir a los interesados la aplicación de la estrategia de la indefinida «patada hacia adelante».
Presentamos, para finalizar, un gráfico con las deudas totales de los clubes de Primera División de la temporada 2012-2013. Se aprecia como la cifra total (3.249 millones de euros) no coincide exactamente con la del CSD (3.253 millones de euros), pequeña diferencia que puede obedecer a la diversa metodología seguida. También hay que tener en cuenta que los datos del Mallorca no hemos podido actualizarlos, por no haber sido difundidos, razón por la que se toman los de la temporada 2011-2012.

 
Quizá, el mundo del fútbol demande una mayor sujeción a la realidad económica de nuestra época y a las concretas circunstancias deportivas y financieras de cada entidad. Sin embargo, cuando por medio aparecen mezclados tantos intereses y sentimientos, la tarea puede ser titánica o sencillamente imposible.