La confidencialidad de los datos tributarios

La comparecencia parlamentaria del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas el pasado día dos  de septiembre en referencia al llamado “caso Jordi Pujol”, ha presentado algunas cuestiones dignas de mención en relación con el uso de los datos tributarios y su innegable carácter reservado.

Nuestro derecho tributario regula ampliamente tanto en la Ley General Tributaria (LGT) como en el Reglamento General de Actuaciones y Procedimientos ( Ley 58/2003 de 17 diciembre y Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio), las obligaciones de suministrar información dentro del llamado deber de colaboración sustentado en el superior deber de contribuir del artículo 31 de la Constitución. Pero si bien la obtención de información tanto por suministro como por requerimiento individualizado se encuentra regulada y con abundantes pronunciamientos judiciales, en cambio la normativa es más lacónica en cuanto a la posibilidad de publicar o trasladar esa misma información. En resumen, la Administración tributaria obtiene información de muy diversas formas, pero ¿ puede publicarla? y ¿en qué supuestos?.

En la actualidad el art. 95 de la LGT  indica que “Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros”;  acto seguido enumera los supuestos excepcionados de esta obligación.  La relación de salvedades cada vez se va ampliando y es una cuestión merecedora de reflexión aunque casi todas ellas están vinculadas al deber de colaboración entre Administraciones y con organismos jurisdiccionales.

El corolario de esta limitación es el apartado tercero del mismo artículo donde se impone la obligación de sigilo, estricto y completo, de tal forma que su incumplimiento puede constituir falta disciplinaria muy grave, solo para funcionarios,  o iniciar la exigencia de responsabilidad penal o civil.

Un supuesto concreto de sigilo se regula en el artículo 7 de la Orden de HAP/1182/2012 de 31 de mayo, donde se establece que los datos relativos a la declaración tributaria especial obtenidos por la Administración tributaria tendrán carácter reservado. Como todos los demás hasta ahora, pero en este caso parecía necesario en ese momento remarcarlo.

En el caso concreto de la comparecencia, se recurrió a la llamada por la prensa “doctrina Bárcenas” según la cual, si el propio contribuyente publica su situación fiscal, en supuestos de tanta repercusión, se puede manifestar sobre la veracidad de lo indicado, como por ejemplo si se acogió a la declaración tributaria especial. Tema este de doctrina (cuesta llamarla de esta forma tan académica) dudosa por mucho que nos molesten, o algo más, los comportamientos de determinadas personas, porque habría que determinar si estamos en presencia de un derecho renunciable o impera sobre la Administración la obligación legal de confidencialidad, con lo cual tal vez deberíamos plantearnos una modificación normativa con ciertas cautelas.

A grosso modo nos encontramos con este esquema legal y conocemos el anteproyecto de la reforma de la LGT donde se incluye un artículo 95.Bis titulado “Publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias”. Este artículo incorporado autoriza a la publicación periódica de listados comprensivos de los deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) que el importe total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso supere el importe de 1.000.000 de euros;

b) que respecto de dichas deudas o sanciones tributarias haya transcurrido el plazo de ingreso en período ejecutivo;

c) que para las deudas y sanciones, cuyo importe represente al menos el 25% de la cuantía total pendiente de ingreso a tener en consideración, haya transcurrido al menos un año desde la finalización del plazo de ingreso señalado con anterioridad.

d) no será de aplicación cuando las deudas y sanciones tributarias se encuentren aplazadas o suspendidas.

El resto del artículo desarrolla el procedimiento administrativo. De su redacción se deduce que se penaliza sobre todo el incumplimiento de la falta de pago. Es decir, si un contribuyente es objeto de una elevada regularización fiscal y hace frente al pago o fracciona, no habrá publicación de ningún tipo. Si es condenado por delito fiscal y paga la deuda y la sanción tampoco, amén de otras penas que se impongan. El legislador penaliza y hace público principalmente la ausencia de pago, no  aquellos incumplimientos fiscales de cuantía elevada si el contribuyente ingresa o fracciona la deuda.

El carácter reservado de los datos suministrados a la Administración tributaria, es algo recogido y sometido al principio de legalidad y de tal manera se debe acatar por la Administración, aunque poco a poco van proliferando las excepciones. Tal vez se vislumbre un cambio de visión por la propia dinámica de los hechos que origine modificaciones normativas. Junto al principio de legalidad se encuentra la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pero no debería de existir colisión pese al diferente rango normativo, si una ley ordinaria habilita determinadas cesiones tal y como regula el art. 11.

En este escenario normativo y en este momento debe valorarse la posibilidad de publicar anualmente la declaración del IRPF así como el origen de los fondos declarados de todos los cargos públicos electos y de aquellas personas sometidas a transparencia tal y como se indica en la Ley 19/2013, de 9 diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta práctica se va abriendo poco a poco camino en el resto de Europa y también en España, pero no es un imperativo. Por ejemplo si entramos en la página Web del Congreso de Diputados y accedemos a uno de ellos, podemos ver su declaración de bienes y derechos que no es igual a su declaración del IRPF.

Tampoco debemos engañarnos, no se debería simplemente publicar o depositar la declaración del IRPF (solo se  efectúa voluntariamente en la actualidad), indicando el montante de ingresos y gastos, se debe completar indicando quién los pagó. Este cambio sería un paso adelante en la idea de ejemplaridad y buen gobierno y aunque no sea la solución definitiva. Al fin y al cabo, se otorga presunción de veracidad a lo declarado pero sin que se haya comprobado e investigado. Como se ha visto últimamente, no existe certidumbre absoluta de que no haya rentas, herencias, cuentas etc… no declaradas y que puedan aflorar en el futuro. Pero no es desdeñable la información suministrada y además, tiene una vocación de cortafuegos relevante en esa lucha contra la corrupción y en la  búsqueda de la necesaria confianza del ciudadano.

A modo de ejemplo y para entender su trascendencia, el dato de la existencia de unos pagos por parte de una empresa determinada al cónyuge de un cargo electo o público relevante, puede ser trascendente aunque no tiene  que ser negativo. Puede ser lícito y dentro de una relación laboral, empresarial o profesional normal. Pero la luz evita elucubraciones. O también puede poner de manifiesto una forma indirecta de retribución al menos poco “ética”. Hace unos años se publicaba en prensa como un alto cargo de una Comunidad Autónoma cobraba comisiones mediante la venta de unos cuadros pintados por su cónyuge a unos precios que corresponderían a una firma o artista de prestigio, lo cual evidentemente no era el caso. El dinero de las ventas se declaraba pero ese no era el ilícito, la pregunta versaba sobre por que esta empresa empleaba esos importes en unos cuadros de autor sin prestigio alguno y como a su vez se beneficiaba de determinados prebendas de la Administración. De ahí la importancia no tanto del dato como del origen, no nos engañemos ni nos dejemos engañar.

La tensión entre la privacidad y la transparencia debe buscar un equilibrio sin que se produzca un menoscabo de los derechos individuales ni tampoco de los colectivos o de la sociedad. La publicación de todas las declaraciones del IRPF sería un ejercicio sin paragón del principio de igualdad del art. 31 de la Constitución. Pero tal vez aún no sea el momento y debamos empezar por nuestros dirigentes y todos los obligados a la Ley de Transparencia. Al fin y al cabo, al igual que poseen derechos como el tan traído aforamiento, sobre ellos se puede ceñir una obligación añadida o superior a la de cualquier ciudadano. No perdamos de vista que sus ingresos provienen de la caja común de todos los contribuyentes.

 

 

¡Que nombren rey, que lo nombren ya!

[NOTA: este post reproduce, en gran parte, un correo acalorado que me ha enviado un amigo catalán que expresamente me ha pedido ocultar su nombre…, por temor a represalias. No es ninguna broma. Es literal. Se trata además de un señor de lengua materna catalana y ¡ocho apellidos catalanes! A pesar de ello, me dice que está harto de que le tomen el pelo, y que no sabe qué hacer porque “allí” publicar estas cosas tiene pena de exclusión social, como mínimo. Reproduzco el correo tal cual, eliminando las partes donde acusa directamente de algún delito, y añadiendo simplemente algún dato menor o cláusula de estilo]
Resulta que el actual Jefe de la Casa Real de los Habsburgo, Carlos de Habsburgo-Lorena, fue miembro del Parlamento Europeo, en representación del Partido Popular austriaco y sigue en activo en la Unión Paneuropea austriaca. En teoría, sería este señor el descendiente directo del Archiduque Carlos, el pretendiente al trono derrotado en la Guerra de Sucesión en 1714. Parece ser que debería ser a este señor a quien deberían dirigirse los miembros de ERC y sus afines en el proceso independentista, como futuro Jefe de Estado para su sueño estatal, pues han hecho bandera de los episodios de 1714.

Por parte del sector soberanista, esta etapa histórica es reivindicada como una gesta heroica propia por la base independentista (da igual sea o se diga republicana, o de izquierdas, o lo que sea), sin entrar a cuestionarse que en realidad, no fue ni más ni menos que una cuestión dinástica de casas reales, en la que algunos Reinos de España (los integrantes de la Corona de Aragón) apostaron por el bando “equivocado” (el que perdió, simplemente, sin entrar en más valoraciones).
Pero me temo, que hoy día, al Señor Carlos de Habsburgo-Lorena, que sería Carlos II, no le ha ido a buscar nadie. Y a nadie le interesa. Los episodios del 1714 sólo tienen un carácter instrumental de movilización de las masas, creación de una épica, recreación histórica a la medida y poco más. Precisamente, y de manera paradójica, él habla de unidad, de hacer una Europa más unida y más fuerte.
Claro que aquí no acaba la cosa. Hete aquí, que un miembro de la mencionada línea sucesoria es Baltasar de Habsburgo-Lorena, persona normal y corriente, ciudadano español, que vive de su trabajo en Lérida como agricultor, y que es ¡¡el número dos de la candidatura de Ciutadans por Lleida!!!
Bueno, claro, se dirá, pero no hay necesidad de nombrar a un Habsburgo, a quien tanto se defendió en la gran batalla de las batallas. Volvamos pues a la casa dinástica autóctona: los Berenguer. Pues nada, resulta que hoy hay once berenguers sucesores de Ramón Berenguer IV, casi todos viven en Madrid, uno es Grande de España y otro concejal de UPYD. Y es que a los soberanistas les extrañe la historia no es una foto fija.

Claro todo esto sería probablemente baladí, si no fuera por todo lo que está cayendo, y porque estas veleidades históricas de construcción de gestas, le cuestan mucho al contribuyente, al menos de manera declarada, 3 millones de euros para 2014, que es lo que se ha publicado en los medios, el presupuesto del “Comissari” para la conmemoración del 1714. Aunque en el desarrollo por programas dels Pressuposts de la Generalitat, aparezcan enmascarados (página 835) estos gastos en un partida funcional con un monto de 15 millones, mezclado con otros gastos propios de la Presidencia. Son gastos de propaganda. ¿O de fomento del “asociacionismo”…? Y todos sabemos del tipo de Asociaciones estamos hablando. Resulta que quizá no sean tan espontaneas, como nos quieren hacer ver.

El “Comissari” es un señor nombrado directamente por el President Mas para sacar adelante los fastos, la épica y la gesta de lo ocurrido hace 300 años, si la hubo, y si no la hubo, crearla. El nombre Comisario, la verdad, ya inquieta mucho (en el mundo de la política, si de una galería de arte hablamos, en cambio me tranquiliza, si de lo que verdaderamente se ocupa es del arte, y no de la política). Este señor ha mutado, conforme nos acercábamos al tricentenario, su apellido “Calzada” a “Calçada” (no hay más que ver cómo firmaba una colaboración en “La Vanguardia” en la Diada de hace dos años). La verdad, es que para tener esta oportunidad hay que ir dando “carnets” de catalanidad y declarando qué localidad catalana es “refugio borbónico” o no lo es. Asombroso.
Lo que importa es la eficacia, pero no la eficacia en la racionalidad administrativa (la deuda de la Generalitat sigue aumentando) sino la eficacia en la propaganda, la eficacia en los mensajes. Es mucho más rentable invertir 15 millones en propaganda y movilización para evitarme 6.000 millones en mi justa contribución al sostenimiento común.  Y quien así lo ve de rentable, lo hace. Otra cosa es si tiene derecho hacerlo. Seguimos en la misma diatriba.

 Por último, una idea. Algunos independentistas han criticado que el Instituto Cervantes no dejara a un escritor (¿famoso?) catalán exponer en sus instalaciones una novela que defendía una mistificación más de la guerra de 1714 donde España quedaba mal parada. Algún columnista (¿reputado?) incluso ha acusado a los responsables del Instituto Cervantes de hacer una publicidad innecesaria a la novela. Perfecto. Sería interesante promover una gesta literaria y mediática, más ajustada a la realidad, del Decreto de Nueva Planta de 1715 escrita originalmente en catalán, traducida posteriormente al castellano, y solicitar a la librería “Blanquerna” (Madrid) o los centros “Ramón Llull” de la Generalitat en el exterior, su presentación pública por parte del autor, de su edición en castellano (o de su original en catalán). Sería divertido ver qué ocurre. Y de paso qué se dice de la libertad de expresión por tantos voceros de repente entusiastas de la misma.
Después de todo, tal vez los catalanes debiéramos reconocer que comparados con otros lares (y no hay que mirar mucho más arriba, por ejemplo, a Francia) no se vivía tan mal con el borbón español. Y si no, ¡que nombren otro rey, pero que lo nombren ya!