Gürtel, carrera e imparcialidad judicial: cuidado con el pollo, señoría
En los años 30, mi abuelo Fernando era Juez en Sos del Rey Católico y se cuenta en casa que mi abuela Pilar, su mujer, se aburría mucho porque su marido no le dejaba relacionarse con nadie y le obligaba a rechazar todos los pollos, gallinas y diversos productos de la tierra que al parecer los paisanos tenían la costumbre de regalar: “¡Devuelve eso inmediatamente, Pilar!”, le decía.
Hoy siguen existiendo pollos como en los años 30, lo que pasa es que ahora se entregan en el palco del Bernabéu y como la estructura ética actual se ha reblandecido un poco parece que el CGPJ se va a ver obligado a prohibirlo. Pero hoy no quiero hablar de esos pollos externos, sino de esos pollos internos que derivan del propio CGPJ y que ya se han comido previamente o se espera uno comer en el futuro.
Viene esto a propósito de este artículo publicado en El País, en el que se cuenta que el asunto Gürtel va a ser juzgado por un tribunal que presidirá una juez que formó parte del CGPJ a instancias del PP, es condecorada con la Raimunda por la Sra. Cospedal, que aprovecha la ocasión para elogiarla profusamente; esta señora, nombrada por el CGPJ en circunstancias especiales, según el texto, ha logrado cambiar los criterios de formación de la sala, de manera que ella va a ser presidente de todos y cada uno de los juicios, incluido éste. También se mencionan otras actuaciones suyas como presidenta de la Audiencia que, aparentemente, favorecieron la política o intereses del PP.
Pero no quiero discernir aquí si procesalmente esto se incluye en alguna de las dieciséis causas de abstención o recusación que se recogen en el artículo 219 de la ley Orgánica del Poder Judicial, algunas de las cuales son tan amplias, por cierto, como tener “amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes” (causa 9) o “tener interés directo o indirecto en el pleito o causa” (causa 10); esto excede de mis competencias y, por otro lado, parece haber sido ya excluido por la misma indicada juez, o al menos así se deduce de dicho artículo. Y seguro que todos estaremos de acuerdo en la necesaria imparcialidad del juzgador, que ha de ser ajeno a la cosa litigiosa y a las partes y que eso está en la Constitución y bla, bla, bla.
Este post va de otra cosa: de si hay supuestos que no encajan literalmente en la norma pero pueden afectar a la imparcialidad, si hay sesgos cognitivos (es interesante este artículo de Arturo Muñoz) que pueden condicionar la labor judicial y particularmente si el legítimo deseo de progresar profesionalmente puede crearlos si el sistema ascensos está lleno de malos incentivos, no fáciles de detectar y probablemente ignorados hasta por los propios afectados.
Y digo ello porque el sistema de ascensos judiciales se cuece en la lucha de los principales actores del sistema político partitocrático por controlar aquellos órganos destinados precisamente a controlarles a ellos. Y usan para ello una buena pantalla: el expediente artero y falso -al menos como principio absoluto- de considerar que lo más democrático es que el pueblo, consagrado en la representación parlamentaria, muestre en todos y cada uno de los órganos del Estado esa misma representación. La consecuencia de ello es la afuncionalidad del órgano controlador en la mayoría de los asuntos políticos verdaderamente relevantes precisamente porque es evidente que sus miembros han sido nombrados por aquellos que finalmente han de ser controlados.
El caso más evidente es el de los aforamientos, porque esta institución, hablando mal y pronto, al final se reduce a conseguir que los políticos sean juzgados por las altas magistraturas judiciales cuyo nombramiento corresponde a un órgano, el CGPJ, cuyos miembros son nombrados por los partidos a los que pertenecen esos que tienen que ser juzgados. Y, por supuesto, en esos nombramientos pueden predominar fácilmente -aunque no debieran- criterios de afinidad, aunque revestidos formalmente de profesionalidad que, por otro lado, tampoco falta en los candidatos. Es, pues, una situación perversa difícil de constatar y combatir. Quizá no entrará en el art. 219 de la LOPJ, pero no es bonito.
El caso Gürtel no es exactamente igual, pero presenta los mismos incentivos perversos, bajo una capa de legalidad formal: una juez que ha formado parte del CGPJ por el PP va a presidir, por nombramiento de ese órgano, el Tribunal que juzga el mayor caso de corrupción del PP. Haber formado parte del máximo órgano judicial quizá debiera ser un mérito importante para ello, pero –y aquí está el meollo- en la práctica no lo es porque es evidente y de todos conocido que para entrar en él, tras la reformas que se hicieron en su momento (no rectificadas por el dimisionario Gallardón, pese a sus promesas), es preciso merecer la confianza del partido a instancia del cual se te nombra. Es más, esa dependencia perdura después del nombramiento, como lo acredita palmariamente la exacta representación parlamentaria de las votaciones en el seno del CGPJ, lo que no tiene más que dos explicaciones: o la monolítica catadura ideológica y mental de los nombrados que es tan firme y clarividente que no da lugar a la mínima discrepancia en asunto alguno o que simplemente albergan la secreta esperanza de que su carrera triunfal no termina en el CGPJ sino que es posible que el partido que los nombró tenga en consideración su juventud y méritos indudables en otros de los muchos cargos que están a disposición del Estado por designación digital y que, en general, son más satisfactorios para la felicidad personal y patrimonial que los tediosos expedientes judiciales.
Perfecto Andrés Ibáñez analiza en “Imparcialidad judicial e independencia judicial” este fenómeno. Trayendo a colación un antiguo trabajo de Calamandrei, “Los peligros de la carrera”, habla del “gusanillo” que la dinámica de la promoción inoculan al juez, empujándole a la subalternidad y minando su capacidad de autonomía en el juicio, de tal modo que ni siquiera el se da cuenta porque las “indicaciones o sugerencias” -cuya existencia se rechaza airadamente- en realidad ya están impresas en el mismo complejo organizativo y su dinámica, por lo que preactúan a la política de nombramientos, haciendo innecesarias las ordenes explícitas. Y aunque nuestra Constitución previó una “carrera” (art. 122), también la existencia del CGPJ, que aunque supuso el fin del gobierno de la judicatura por el Ministerio de Justicia, lo cierto es que la política de nombramientos de aquel ha neutralizado este positivo impulso (ver. págs 24-29).
Si esto es así, y sin perjuicio de tener en cuanto a esta juez concreta –y de los demás en situación parecida- las mejores presunciones de legalidad, honradez y buena fe individual (no la conozco de nada), hay que concluir que las instituciones que proclaman la imparcialidad en las leyes son zombis, están más muertas que vivas, porque siguen sobre el papel pero en la práctica, mucho más compleja, el fin que persiguen no se cumple o puede ser burlado por razones estructurales o de sistema.
Y hay algo más. En un caso como Gürtel -en realidad en todos los casos, pero en este mas- no solo queremos que los jueces sean imparciales, es que necesitamos urgentemente que lo parezcan, si queremos que esto no se desmande. Decía yo sarcásticamente en twitter hace unos meses que hoy en día las izquierdas y derechas ya no se distinguen demasiado bien por sus políticas: Zapatero liberalizando cosas o haciendo recortes y Rajoy subiendo impuestos y siguiendo en muchas cosas las políticas de Zapatero confunden el electorado tradicional. No, los partidos se distinguen hoy mejor por cómo se corrompen: los de derechas prefieren sacar el dinero de la iniciativa privada (Gurtel) mientras que los de izquierda se decantan más bien por corromperse a través de las instituciones publicas (ERES). Hoy es el criterio más seguro.
El ciudadano normal es ya muy consciente de esta putrefacta realidad y por ello necesita psicológicamente que le confirmen que está haciendo bien -y que no es un tonto- siendo honrado, no defraudando a Hacienda ni estafando a sus clientes o jefes, porque ve que quienes no lo hacen reciben su merecido y que no sale a cuenta desviarse del recto proceder. Y para ello hacen falta jueces sin condicionamientos, jueces a quienes el sistema no les incite a querer ascender en la carrera en un pacto fáustico de contenido sobreentendido. Lo malo es que para ello tendrán que cambiar algunas cosas estructurales de importancia y mientras tanto tendremos que seguir confiando en la integridad de las personas involucradas, o en semi-héroes como Alaya o Ruz o tantos otros -la gran mayoría de jueces- que no tenemos el gusto de conocer y que simplemente renuncian a cualquier aspiración -o a cualquier pollo o gallina- si ello va a afectar a su buen juicio o, simplemente, a que alguien piense que algo ha afectado a su buen juicio.
Presidente Fundación Hay Derecho. Notario de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1979-1984). Oposiciones a Notarías aprobadas en 1988, oposiciones restringidas, entre Notarios, en 1991-1992. En twitter @ignaciogoma
Sr. Gomá, estupendo y muy acertado artículo. Lo reenviaré para que lo lea el mayor nº de personas posible. Garacias a Usted y a toda la dirección, es un placer leer los artículos que publican y espero que tengan efecto en la conciencia de los ciudadanos
Desde que se abrieron portillos diferentes a la oposición para acceder a la judicatura, vienen produciéndose situaciones como ésta, sin duda escandalosa, en que personas que han accedido a puestos muy relevantes de la carrera judicial lo han hecho por nombramiento político. Y son quienes van a juzgar a los que les han nombrado. Es preciso volver a la oposición como único medio de acceso a la judicatura, pues, si bien no asegura la absoluta probidad ulterior de los nombrados, al menos sí garantiza sus conocimientos jurídicos y la ausencia de partidismo ideológico en su designación.
Sr. Gomá, estupendo y muy acertado artículo. Lo reenviaré para que lo lea el mayor nº de personas posible. Garacias a Usted y a toda la dirección, es un placer leer los artículos que publican y espero que tengan efecto en la conciencia de los ciudadanos
Desde que se abrieron portillos diferentes a la oposición para acceder a la judicatura, vienen produciéndose situaciones como ésta, sin duda escandalosa, en que personas que han accedido a puestos muy relevantes de la carrera judicial lo han hecho por nombramiento político. Y son quienes van a juzgar a los que les han nombrado. Es preciso volver a la oposición como único medio de acceso a la judicatura, pues, si bien no asegura la absoluta probidad ulterior de los nombrados, al menos sí garantiza sus conocimientos jurídicos y la ausencia de partidismo ideológico en su designación.
Permíteme discrepar, porque creo que el riesgo de corruptibilidad no se da por la forma de entrar en la Carrera, sino por la forma de progresar una vez que se está dentro de ella. Se nombra “a dedo” para presidencias varias, o las plazas de magistrado del T. Supremo. A las mismas se presentan tanto quienes entraron por oposición como quienes entraron en su día por tercer o cuarto turno.
Vamos, las “zanahorias” que se ofrecen (la palabra no es mía, sino del Sr. Lesmes) tientan tanto a los que entran por la puerta A como los que entran por la puerta B. Que luego, como ellos saben a quien deben el puesto, no precisan de llamadas para saber lo que tienen que votar a cada momento.
No desconfío del Juez de pueblo, que generalmente sabe que tiene que rechazar gallinas, que las zanahorias están fuera de su alcance y que toda su habilidad deberá dejarla para saber sortear los palos.
Pero aquellos que deben el cargo a una decisión discrecional (por no decir arbitraria) de alguien nombrado a dedo por un partido político, que entra dentro de un intercambio de cromos cuando le “toca”,… Creo que es legítimo plantearse si aparentan o no la misma imparcialidad.
Peor aún es la situación de los jueces que van y vienen de cargos políticos a la judicatura. Debería evitarse que posteriormente enjuiciaran nada que tuviera que ver con los partidos políticos o la gestión ejecutiva, es decir, que se dediquen a las órdenes de protección y los juicios de tráfico, pero no a temas que implican a personas de partidos con cuya confianza tuvo que contar para que lo eligieran para determinado cargo.
Los jueces y magistrados son la ‘ultima trinchera del estado de derecho. Pero como vemos en esta entrada los malos van minando poco a poco esa trinchera.
Por eso, la sociedad civil debe actuar, no podemos permanecer impasibles, las asociaciones de jueces deben protestar. Los colegios de abogados, procuradores, todas las instituciones alrededor de la justicia deben decir algo. Gracias a los editores de ¿Hay Derecho?
Ha puesto Ud. el clavo en la crujía, Sr. Gomá. Aunque estoy esperando ya los comentarios de sus señorías y de sus asociaciones diciendo que la mayoría de los jueces son independientes e imparciales. Hay mucha documentación sobre este tema en el Consejo Consultivo de Jueces Europeos http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/default_en.asp ). Con todo, a contrario sensu, permítasenos manifestar admiración a los jueces rectos que rechazan pollos de cualquier tipo, porque la Justicia es voluntad constante y perpetua (constas et perpetua voluntad..), porque Ulpiano no ponía palabras porque sí en sus definiciones, estrictamente matemáticas (en el sentido etimológico de “matemática”), esto es, en cada caso y en todos los casos, de dar a cada uno su derecho y, si no, es otra cosa, pero no Justicia. Sin embargo, no me parece que haya Ud. escogido un ejemplo de un juez sin sesgo cognitivo, pero esto puede ser un sesgo cognitivo mío, no se sabe.
Leyendo este estupendo post he recordado aquella entrevista de Jordi Évole a un ex-fiscal (¿Jiménez Villarejo? no estoy seguro). En entrevistador preguntó “¿En España los jueces se venden?” y el entrevistado respondió “No, en España los jueces no se venden, se regalan”.
El ex-fiscal entrevistado era José María Mena y en este enlace se cuenta la historia completa
http://ecodiario.eleconomista.es/television/noticias/3776399/02/12/Jose-Maria-Mena-ex-fiscal-jefe-del-TSJ-de-Cataluna-en-Salvados-Los-jueces-no-se-venden-se-regalan.html#.Kku8Oipx24eIOMO
En Resumen que todo juez en <España si quiereprogresar adecuadamente es un corrupto potencial y seguro cuando llega a la meta, mejor cerrar todas las facultades de derecho y mandar a estudiar esta carrera a Usa, el Obispo de San Sebastian cerro el seminario y los ha enviado al seminario de Toledo, es un proceso lento, pero dara buenos resultados
No, el resumen no es ese en absoluto.
Ya lo dejo claro en el texto: “sin perjuicio de tener en cuanto a esta juez concreta –y de los demás en situación parecida- las mejores presunciones de legalidad, honradez y buena fe individual”
El resumen es que no hay que dejar que los jueces tengan que luchar individualmente contra los elementos y que el sistema de ascensos y de gobierno debería permitirles ser independientes, incluso de aquellos condicionamientos sutiles como el de la carrera.
Pido disculpas porque, entre el pollo y la metáfora, se me ha ido el santo al cielo y se me han saltado las lágrimas al recordar el pollo del abuelo de Ignacio. El pollo ibérico de antaño. Manjar de fiesta grande.
Estos pollos se regalaban vivos y el agradecimiento del conocedor era eterno. Como un pacto de sangre, una hermandad perdurable entre el benefactor y el agradecido.
Era un animal hermoso, como de cuatro kilos, lustroso, de pluma recia, plumón suave y brillo esplendoroso. Espolones bien plantados, pico agreste, mirada capaz de discernimiento instantáneo y una cresta roja imperial.
Esta raza egregia se perdió a partir de los años 60 del siglo pasado, con la llegada de los piensos, las hormonas, los gallineros industriales y los sexadores japoneses.
Decía mi abuela, Soledad, que tuviésemos cuidado porque algo parecido nos podría suceder a nosotros.
Saludos.
El CGPJ se creó como órgano de Gobierno de los jueces con la finalidad de velar por la independencia judicial frente a los otros poderes (principalmente, el Ejecutivo) y frente a presiones sociales. Eso no impide que la independencia judicial se deba cumplir incluso frente al CGPJ. Lamentablemente, el sistema actual no garantiza la primera (difícilmente se puede garantizar la independencia frente a quien te nombra), y hace muy difícil la segunda. Como bien escribe Ignacio la gran mayoría de los jueces rechazan los “pollos” (en Madrid hay 696 jueces, claramente no invitan a todos pues ocuparían el palco y los boxes enteros ellos solos, el por qué el Sr. Pérez invita a unos sí y a otros no sería una interesante pregunta), esa misma mayoría que está en la trinchera, que ejerce la potestad jurisdiccional con los ciudadanos, ese último bastión y que lamentablemente es la más preparada aunque no siempre llegue a altos cargos por no prestarse a ciertos juegos. En ello influye el sistema de nombramientos y ascensos, el tradicional reparto político y de asociaciones y el acceso mediante cuarto turno directamente a ese fin. Frente a la potestad del CGPJ sobre los ascensos y nombramientos, mantener la independencia es fácil, quedarse uno donde está. En el juzgado o en un puesto que no requiera mucha maniobra, y si uno tiene inquietudes o es medianamente bueno, irse al sector privado. Más preocupante es el tema de inspección, vigilancia, sanciones y régimen disciplinario, cuando casi la mitad de los juzgados sufren sobrecarga de trabajo.
Buen artículo, valiente y certero. Gracias
Las “Normas de Reparto”, por afectar, no ya al artículo 117 de la pobre constitución sino al Derecho Fundamental a un proceso con todas las garantías (y, entre ellas, señaladamente, la independencia -y su corolario, la imparcialidad- del juzgador), del artículo 24, 21 de nuestro desdibujado texto fundamental, deberían ser aprobadas por Ley orgánica.
La Falta de Imparcialidad Objetiva, por otra parte, es mucho más amplia que el catálogo de causas de abstención (o recusación); se basa en las dudas que el justiciable -y la entera sociedad- puede, fundadamente, albergar acerca de un concreto juzgador, basada en datos objetivos (sin necesidad de estudios psicológicos o disecciones cerebrales para el estudio de la sinapsis del juez).
Y “Concha”, la cospedalera, no solo resulta objetivamente sospechosa, sino que reconoce su cercanía con el objeto de imputación en estos autos; la corrupción del PP. Incluso hay quien se pantea si lo sospechoso de “Concha”, se reduce solo a su imparcialidad, en el contexto del proceso a la corrupción política del partido que la ha aupado al poder judicial que ahora pretende impartir.
Aunque, quizás no estará de más recordar la Sentencia de 29/2008, de 20 de febrero de 2008, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, cuyo ponente fue ¡¡Pascual Sala!!, más conocida como la Sentencia de LOS ALBERTOS (añadiré, que los Albertos de Deutsche Bank, vía Zaragozano). Sentencia que vino a destruir el instituto de la Prescripción a la vez que la seguridad jurídica con el claro objetivo de evitar a tan bigtoojail delincuentes en ingreso en prisión.
Más allá de que siempre es necesario recordar este tipo de casos, interesa ahora advertir que tan grande dislate (que pudiera haber quien defina como corrupción constitucional), fue perpetrado por el TC, ajeno al Poder Judicial.
Luego, el problema no esta solo en dicho Consejo Impúdico que gobierna a los jueces. El problema es mucho mayor; afecta a todas nuestras instituciones, parasitadas secularmente por el poder político/económico.
Como Hamlet, me pregunto cual es más digna acción del ánimo, oponerse a este torrente de calamidades o darles fin con atrevida resistencia. Porque la resistencia más que atrevida, se nos antoja suicida.
Buscamos justicia en donde no está ni se la espera.
Sin embargo, la maltrecha Constitución ¿vigente? nos da las pautas para solucionar en buena medida estos problemas: Reponsabilidad Judicial y Tribunal del jurado. Pero seguimos mirando al dedo.
Los jueces y magistrados son la ‘ultima trinchera del estado de derecho. Pero como vemos en esta entrada los malos van minando poco a poco esa trinchera.
Por eso, la sociedad civil debe actuar, no podemos permanecer impasibles, las asociaciones de jueces deben protestar. Los colegios de abogados, procuradores, todas las instituciones alrededor de la justicia deben decir algo. Gracias a los editores de ¿Hay Derecho?
Ha puesto Ud. el clavo en la crujía, Sr. Gomá. Aunque estoy esperando ya los comentarios de sus señorías y de sus asociaciones diciendo que la mayoría de los jueces son independientes e imparciales. Hay mucha documentación sobre este tema en el Consejo Consultivo de Jueces Europeos http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/default_en.asp ). Con todo, a contrario sensu, permítasenos manifestar admiración a los jueces rectos que rechazan pollos de cualquier tipo, porque la Justicia es voluntad constante y perpetua (constas et perpetua voluntad..), porque Ulpiano no ponía palabras porque sí en sus definiciones, estrictamente matemáticas (en el sentido etimológico de “matemática”), esto es, en cada caso y en todos los casos, de dar a cada uno su derecho y, si no, es otra cosa, pero no Justicia. Sin embargo, no me parece que haya Ud. escogido un ejemplo de un juez sin sesgo cognitivo, pero esto puede ser un sesgo cognitivo mío, no se sabe.
Leyendo este estupendo post he recordado aquella entrevista de Jordi Évole a un ex-fiscal (¿Jiménez Villarejo? no estoy seguro). En entrevistador preguntó “¿En España los jueces se venden?” y el entrevistado respondió “No, en España los jueces no se venden, se regalan”.
El ex-fiscal entrevistado era José María Mena y en este enlace se cuenta la historia completa
http://ecodiario.eleconomista.es/television/noticias/3776399/02/12/Jose-Maria-Mena-ex-fiscal-jefe-del-TSJ-de-Cataluna-en-Salvados-Los-jueces-no-se-venden-se-regalan.html#.Kku8Oipx24eIOMO
En Resumen que todo juez en <España si quiereprogresar adecuadamente es un corrupto potencial y seguro cuando llega a la meta, mejor cerrar todas las facultades de derecho y mandar a estudiar esta carrera a Usa, el Obispo de San Sebastian cerro el seminario y los ha enviado al seminario de Toledo, es un proceso lento, pero dara buenos resultados
No, el resumen no es ese en absoluto.
Ya lo dejo claro en el texto: “sin perjuicio de tener en cuanto a esta juez concreta –y de los demás en situación parecida- las mejores presunciones de legalidad, honradez y buena fe individual”
El resumen es que no hay que dejar que los jueces tengan que luchar individualmente contra los elementos y que el sistema de ascensos y de gobierno debería permitirles ser independientes, incluso de aquellos condicionamientos sutiles como el de la carrera.
Permíteme discrepar, porque creo que el riesgo de corruptibilidad no se da por la forma de entrar en la Carrera, sino por la forma de progresar una vez que se está dentro de ella. Se nombra “a dedo” para presidencias varias, o las plazas de magistrado del T. Supremo. A las mismas se presentan tanto quienes entraron por oposición como quienes entraron en su día por tercer o cuarto turno.
Vamos, las “zanahorias” que se ofrecen (la palabra no es mía, sino del Sr. Lesmes) tientan tanto a los que entran por la puerta A como los que entran por la puerta B. Que luego, como ellos saben a quien deben el puesto, no precisan de llamadas para saber lo que tienen que votar a cada momento.
No desconfío del Juez de pueblo, que generalmente sabe que tiene que rechazar gallinas, que las zanahorias están fuera de su alcance y que toda su habilidad deberá dejarla para saber sortear los palos.
Pero aquellos que deben el cargo a una decisión discrecional (por no decir arbitraria) de alguien nombrado a dedo por un partido político, que entra dentro de un intercambio de cromos cuando le “toca”,… Creo que es legítimo plantearse si aparentan o no la misma imparcialidad.
Peor aún es la situación de los jueces que van y vienen de cargos políticos a la judicatura. Debería evitarse que posteriormente enjuiciaran nada que tuviera que ver con los partidos políticos o la gestión ejecutiva, es decir, que se dediquen a las órdenes de protección y los juicios de tráfico, pero no a temas que implican a personas de partidos con cuya confianza tuvo que contar para que lo eligieran para determinado cargo.
Pido disculpas porque, entre el pollo y la metáfora, se me ha ido el santo al cielo y se me han saltado las lágrimas al recordar el pollo del abuelo de Ignacio. El pollo ibérico de antaño. Manjar de fiesta grande.
Estos pollos se regalaban vivos y el agradecimiento del conocedor era eterno. Como un pacto de sangre, una hermandad perdurable entre el benefactor y el agradecido.
Era un animal hermoso, como de cuatro kilos, lustroso, de pluma recia, plumón suave y brillo esplendoroso. Espolones bien plantados, pico agreste, mirada capaz de discernimiento instantáneo y una cresta roja imperial.
Esta raza egregia se perdió a partir de los años 60 del siglo pasado, con la llegada de los piensos, las hormonas, los gallineros industriales y los sexadores japoneses.
Decía mi abuela, Soledad, que tuviésemos cuidado porque algo parecido nos podría suceder a nosotros.
Saludos.
El CGPJ se creó como órgano de Gobierno de los jueces con la finalidad de velar por la independencia judicial frente a los otros poderes (principalmente, el Ejecutivo) y frente a presiones sociales. Eso no impide que la independencia judicial se deba cumplir incluso frente al CGPJ. Lamentablemente, el sistema actual no garantiza la primera (difícilmente se puede garantizar la independencia frente a quien te nombra), y hace muy difícil la segunda. Como bien escribe Ignacio la gran mayoría de los jueces rechazan los “pollos” (en Madrid hay 696 jueces, claramente no invitan a todos pues ocuparían el palco y los boxes enteros ellos solos, el por qué el Sr. Pérez invita a unos sí y a otros no sería una interesante pregunta), esa misma mayoría que está en la trinchera, que ejerce la potestad jurisdiccional con los ciudadanos, ese último bastión y que lamentablemente es la más preparada aunque no siempre llegue a altos cargos por no prestarse a ciertos juegos. En ello influye el sistema de nombramientos y ascensos, el tradicional reparto político y de asociaciones y el acceso mediante cuarto turno directamente a ese fin. Frente a la potestad del CGPJ sobre los ascensos y nombramientos, mantener la independencia es fácil, quedarse uno donde está. En el juzgado o en un puesto que no requiera mucha maniobra, y si uno tiene inquietudes o es medianamente bueno, irse al sector privado. Más preocupante es el tema de inspección, vigilancia, sanciones y régimen disciplinario, cuando casi la mitad de los juzgados sufren sobrecarga de trabajo.
Buen artículo, valiente y certero. Gracias
Las “Normas de Reparto”, por afectar, no ya al artículo 117 de la pobre constitución sino al Derecho Fundamental a un proceso con todas las garantías (y, entre ellas, señaladamente, la independencia -y su corolario, la imparcialidad- del juzgador), del artículo 24, 21 de nuestro desdibujado texto fundamental, deberían ser aprobadas por Ley orgánica.
La Falta de Imparcialidad Objetiva, por otra parte, es mucho más amplia que el catálogo de causas de abstención (o recusación); se basa en las dudas que el justiciable -y la entera sociedad- puede, fundadamente, albergar acerca de un concreto juzgador, basada en datos objetivos (sin necesidad de estudios psicológicos o disecciones cerebrales para el estudio de la sinapsis del juez).
Y “Concha”, la cospedalera, no solo resulta objetivamente sospechosa, sino que reconoce su cercanía con el objeto de imputación en estos autos; la corrupción del PP. Incluso hay quien se pantea si lo sospechoso de “Concha”, se reduce solo a su imparcialidad, en el contexto del proceso a la corrupción política del partido que la ha aupado al poder judicial que ahora pretende impartir.
Aunque, quizás no estará de más recordar la Sentencia de 29/2008, de 20 de febrero de 2008, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, cuyo ponente fue ¡¡Pascual Sala!!, más conocida como la Sentencia de LOS ALBERTOS (añadiré, que los Albertos de Deutsche Bank, vía Zaragozano). Sentencia que vino a destruir el instituto de la Prescripción a la vez que la seguridad jurídica con el claro objetivo de evitar a tan bigtoojail delincuentes en ingreso en prisión.
Más allá de que siempre es necesario recordar este tipo de casos, interesa ahora advertir que tan grande dislate (que pudiera haber quien defina como corrupción constitucional), fue perpetrado por el TC, ajeno al Poder Judicial.
Luego, el problema no esta solo en dicho Consejo Impúdico que gobierna a los jueces. El problema es mucho mayor; afecta a todas nuestras instituciones, parasitadas secularmente por el poder político/económico.
Como Hamlet, me pregunto cual es más digna acción del ánimo, oponerse a este torrente de calamidades o darles fin con atrevida resistencia. Porque la resistencia más que atrevida, se nos antoja suicida.
Buscamos justicia en donde no está ni se la espera.
Sin embargo, la maltrecha Constitución ¿vigente? nos da las pautas para solucionar en buena medida estos problemas: Reponsabilidad Judicial y Tribunal del jurado. Pero seguimos mirando al dedo.
Escandalo clamoroso contra el deber de preservar las apariencias de imparcialidad es la participacion de esa juez como presidenta de sala. Tiene algo bueno, acelera el hundimiento del sistema y los tribunales populares contra los abusos de los jueces.
Tribunales populares… Dios Santo… Sin abogados, sin testigos, sin garantías, sin profesionales, sin derechos ni leyes ni presunción de inocencia, ¿verdad? Culpable porque lo dice la turba. Culpable porque lo ordena el pueblo. Culpable por ser casta. Tribunales populares, las purgas del Gulag. Culpable porque no es de los nuestros. ¿Y quién lo decide? El pueblo, por supuesto. ¿Y quién es el pueblo? Nosotros ¿Podemos?
http://youtu.be/i-dJPoSlPfU
“La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ..”.
Así comienzan muchos de los párrafos que los abogados plasmamos en nuestros escritos procesales. “La Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo”.
Y la razón no es otra que el inmenso prestigio de los excelsos juristas que allí han prestado -y prestan- servicio.
Allí, es donde se reúne -o donde se debería reunir- lo más valioso de nuestra disciplina, que a menudo se define como “Ciencia del Derecho”. Las mejores mentes jurídicas concentradas en un mismo punto: Nuestro Tribunal Supremo.
Desde las Cortes de Cádiz, por su Presidencia han pasado los más finos juristas que ha dado este país; desde Montero Ríos hasta Castán Tobeñas, han venido construyendo la historia de nuestro Derecho moderno, en base a su autoridad, en base a sus razonamientos y análisis jurídicos, brillantes en ocasiones, discutibles las más; pero siempre motivadas, siempre en base al plantemiento del silogismo jurídico oportuno, y su resolución.
Desde allí se ha forjado, primero en la mente de sus grandes juristas, y luego en su Doctrina Jurisprudencial, el Derecho que rige nuetra convivenicia social, fuente del Derecho, cúspide de la interpretación, adaptándola al devenir de los tiempos de nuestra historia moderna.
Elaborador de una jurisprudencia que el Código Civil ya en 1888, situó entre las fuentes del derecho; una jurisprudencia que, más que las leyes, ha construído nuestras relaciones sociales en sus momentos de crisis: el conflicto.
Montero Ríos, CastánTobeñas, … ¿Divar? ¿Lesmes? ¿No les pitan los oídos?
¿A donde nos conduce este desastre? ¿A donde llevará a nuestra jurisprudencia la POLÍTICA de nombramientos a que ya nos ha acostumbrado el Colegio de COMISARIOS POLÍTICOS que conocemos como Consejo General del Poder Judicial?
¿Que será de nuestra práctica judicial dentro de unos pocos años?
Estimado Sr. Elhabi, yendo, como vamos, pendiente abajo, si no protegemos lo que queda de nuestra más valiosa -y también dúctil- ciencia del derecho en nuestro más alto tribunal, creo que llegará -y pronto- un momento en que los Tribunales Populares sin garantías resultarán más respetables que unos Tribunales insertos en una política (general, no solo judicial) corrupta que solo viste la infamia con ropajes místicos; una vuelta a los Pontíficex Máximos, cuya palabra es ley, sin importar su razón, sino sólo su formalismo; mera litúrgia judicial.
Lo cierto es que las injusticias son la norma cuando un poderoso agrede a un ciudadano “común”. O a muchos. Lo cierto es que la Justicia ha dejado de ser ciega, para pasar a ser “personalizada”, dependiente su razón de quienes sean en cada caso los concretos justiciables, el concreto problema jurídico (y por tanto social) enfrentado en el caso concreto. Una justicia conminúsculas, tramposa, que mira por debajo de la venda que ciega sus ojos, para ver, con el rabillo, quien es cada justiciable. Porque, según quien sea, la Justicia será una u otra.
Y lo cierto e que, de la pérdida del inmenso prestigio y, sobre todo, de AUTORIDAD, de las decisiones del Tribunal Supremo que venimos padeciendo en las últimas décadas, es responsabilidad de quienes en sus estrados se sientan; y entre todos ellos, señaladamente, de sus Magistrados.
¿Tribunales Populares? No, gracias. Pero, ¿Tribunales sin autoridad, solo basados en el poder de la fuerza estatal, sólo revestidas sus decisiones del Poder coactivo? Pues, que le voy a decir: Tampoco.
“LA Justicia ha hablado, ¡¡que se calle la razón!!”. Ese es el derecho al que nos vemos avocados. El Derecho desprovisto de la autoridad de la razón; desnudo y desarmado ante el Poder Político; controlado por este, de la misma manera que éste lo está por ese “gobierno en la sombra” que, con excusas de economistas perversos, dirige inmisericordemente nuestros destinos.
Saludos cordiales