Cancelaciones de hipoteca y Servicio de Reclamaciones del Banco de España

El señor X.S.C. pagó su préstamo hipotecario en el año 2011, y confiado acudió a la oficina bancaria donde lo había contratado, y fue allí donde empezaron las desventuras que les paso a relatar.

Pidió que le cancelasen la hipoteca y que por parte de sus apoderados, se pusiesen en contacto con una notaría, para otorgar la correspondiente escritura de carta de pago y que sería él quien recogería la escritura y gestionaría su inscripción en el Registro de la Propiedad.

El primer contratiempo vino porque en la oficina bancaria, le informan que, además del pago de una comisión de 55 euros, debía de someterse al procedimiento de cancelación que tiene constituido el Banco, que consiste en acudir a su notario, y que sea la gestoría del banco la que recoja la escritura y la presente en la oficina liquidadora correspondiente y en el Registro de la Propiedad, lo cual supondría, unos gastos de 300 euros, además, del pago de la Notaría y del Registro de la Propiedad y de los 55 euros antes señalados, todo lo cual debe abonar por adelantado, para lo cual le piden una provisión de fondos, de 800 euros. Evidentemente, todo se dice verbalmente al cliente, pues es perfectamente consciente de que ello es contrario a ley, pero, en cualquier caso, no otorga la escritura de cancelación que le habían solicitado.

No conforme con lo que le dicen, nuestro ciudadano decidió acudir al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, que dicta una resolución (expediente R2011329138), que empieza muy bien pero acaba muy mal.

En primer término, parece ser un auténtico defensor del cliente bancario, pues dice:

1.- Las entidades financieras, no están legitimadas, con arreglo al artículo 82 de la ley hipotecaria y acorde con criterios de buena práctica bancaria, para el cobro de importe alguno por la simple emisión de un certificado de cancelación económica de la deuda ni, alternativamente, por su comparecencia en Notaría, si la declaración de aquella se incorpora en escritura pública.
2.- Que los clientes pueden llevar a cabo por si mismos los trámites necesarios para la cancelación registral de su hipoteca, obtenida la certificación de haberse pagado la deuda.
3.- Que las comisiones que puedan exigir la entidades financieras por la preparación de la documentación necesaria para la cancelación de hipoteca, tienen como presupuesto que se haya prestado un verdadero y efectivo servicio al cliente, sin que quepa incluir en este concepto la entrega al cliente de la documentación relativa a la extinción de la deuda ni el desplazamiento del apoderado de la entidad a la Notaría que indique el cliente.

Decíamos que la resolución acaba muy mal, porque después de lo manifestado, dice que su pronunciamiento, exclusivamente, versa sobre las cuestiones sobre las que ha existido acreditación documental y como ni en el momento de presentación de la reclamación ni en el plazo transcurrido hasta la presentación por el reclamante de su escrito de contra-alegaciones se ha producido la cancelación de la hipoteca controvertida, no puede someter a valoración la conducta de la entidad.

Estos son los hechos, cuyo análisis requiere explicar, previamente, dos cuestiones:

1.- En primer lugar, qué es una cancelación de hipoteca, para lo cual me remito a la exposición que tiene hecha en todos sus aspectos, Francisco Rosales, en la entrada de su blog “Cancelación de hipoteca mitos y leyendas” , que muy gráficamente dice que pagada la hipoteca esta está muerta, y hay que enterrarla, como cualquier muerto; pero igual que cuando se entierra a alguien, resulta que hay unos gastos por entierro y funeral, el “entierro” de la hipoteca lleva aparejado unos gastos.

2.- Siguiendo con el símil funerario, hay entidades financieras, que piden vela en entierros para los que nadie les llama, y así hay que hacer referencia a la práctica de centralizar todo el volumen de sus cancelaciones, incluso a nivel nacional, en uno o determinados notarios, e imponer una gestoría para que lleve a cabo los trámites antes explicados, lo quiera o no lo quiera, el que consiguió pagar la hipoteca. Todas las entidades financieras tienen constituido el sistema, la diferencia está en que algunas, simplemente lo sugieren a sus clientes, mientras que otras lo imponen.

Todos estos hechos vamos a intentar analizarlos cotejándolos con los mecanismos existentes de protección de los consumidores frente a posibles abusos bancarios y comprobar si efectivamente cumplen su función.

Con arreglo a la normativa que lo rige, la actuación del SERVICIO DE RECLAMACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA debe de ajustarse a los principios de independencia, transparencia, contradicción, eficacia, legalidad, libertad y representación. El principal problema deriva de que el servicio no tiene funciones ejecutivas y por tanto sus actuaciones no son actos administrativos, y tampoco es una instancia judicial. Sus informes son meras recomendaciones, que no obligan a las entidades financieras, añadiendo a esto, que tiene como regla no aceptar manifestaciones verbales que no sean admitidas por ambas partes ya que lo contrario, se alega, implicaría dar más credibilidad a una parte que a la otra, lo que no podría hacer puesto que la valoración de pruebas es tarea exclusiva de los tribunales.

Esta forma de actuar es muy cómoda, pero es manifiestamente ineficiente (no quiero hablar de injusta) en el caso del tema que nos ocupa de las cancelaciones de hipoteca, por la facilidad de llegar a probarse el hecho de que el banco no ha cumplido la petición del cliente y respecto de la que se ha manifestado que tiene razón.

Dicho esto, habría que hacerse la siguiente pregunta, ¿y entonces para que sirve el servicio de reclamaciones?. Se argumenta, que a pesar de la falta de vinculación para las partes de sus Resoluciones tienen la fuerza derivada de la auctoritas que representa un Servicio independiente y que a veces los abogados utilizan el Servicio de Reclamaciones con objeto de preconstituir una prueba pseudopericial.

Pero lo cierto, es que el servicio de reclamaciones tal y como está articulado, lejos de ser una solución administrativa para los afectados por abusos bancarios, lo que hace es retrasar la reclamación judicial. Esto hace que las resoluciones que dicta no se cumplan, y así según la memoria del año 2012, la banca española ignoró el 82 por ciento de las reclamaciones favorables a clientes.

Se ha dicho que el problema de fondo no es la normativa, sino que es la actitud del organismo la que es manifiestamente mejorable. A mi entender el Servicio de Reclamaciones peca de falta implicación cuando no usa las facultades que tiene atribuidas que le permiten, si en la tramitación de los expedientes de reclamaciones o quejas revela datos que puedan constituir indicios de conductas sancionables, en particular, cuando se dedujese el quebrantamiento grave o reiterado de normas de transparencia o protección a la clientela, poner los hechos en conocimiento del departamento u organismo competente en la materia a los efectos oportunos. He intentado informarme a través del Banco de España si me podían dar datos de haber utilizado esta facultad, y me han contestado que no, pero intuyo que poco uso se ha hecho de la misma.

En mi opinión para que este SERVICIO DEL BANCO DE ESPAÑA pueda cumplir la función que puede desprenderse le corresponde de su denominación, debe de tener una configuración distinta, en el sentido de que sus decisiones sobre las reclamaciones de los ciudadanos deben de ser vinculantes y tener potestades sancionadores en caso de incumplimientos reiterados.

La configuración de este servicio no deja de ser una decisión política pues la normativa europea ha dado libertad a los estados sobre el carácter que deben tener las decisiones de los sistemas de resolución alternativa de disputas de sus estados miembros –entre los que se encuentra, por ejemplo, el Servicio de Reclamaciones del Banco de España- y se limita a determinar que sus resoluciones pueden ir desde “recomendaciones no vinculantes a decisiones vinculantes, solo para el prestador del servicio o para ambas partes y el acuerdo de las partes.

Volviendo a nuestro ciudadano nos encontramos que tiene una resolución favorable, en el sentido de que su reclamación es correcta, pero no le sirve de nada, porque el banco no cumple. Ante esta situación, sus alternativas serían dos: a) pagar y luego reclamar, como es la máxima en el ámbito del derecho administrativo; b) o bien acudir a la vía judicial.

El problema es que la entidad financiera no es un órgano administrativo y si paga, y accede a pasar por el sistema de la entidad para cancelar la hipoteca, ésta se habrá curado en salud, obligándole firmar todos los documentos precisos para que se pueda acreditar en todo momento su conformidad con la práctica y las comisiones que le están cobrando, lo cual dificultaría –no anularía- una posterior vía judicial.

Si acude directamente a la vía judicial, sería para exigir el otorgamiento de una escritura pública de cancelación, cuya procedencia estaría acreditada por la resolución del Banco de España, seguro que se planteará la pregunta, ¿por una comisión de 300 euros me merece la pena meterme en pleitos?.

Del conocimiento de esta situación se valen las entidades financieras, porque a la larga, el cliente se verá obligado a pasar por el aro, pues llegará el momento en que tenga que acreditar la cancelación de la hipoteca, frente a un posible comprador o por el motivo que sea.

Es por ello, y como han señalado otros comentarios de este blog, que la protección de los consumidores queda huérfana si no está acompañada de los mecanismos procesales oportunos, a lo que yo añado si tampoco se dotan a los tribunales de los medios legales necesarios para desincentivar posibles prácticas “dudosas”. La vía procesal existente y con todas las limitaciones que tiene son las llamadas acciones de clase a las que se ha referido Matilde Cuena en ese mismo blog “Defensa colectiva de los consumidores y protección de datos personales”; pero para que los tribunales pudiesen ejercer una labor de protección de consumidores, sería deseable que tuvieren reconocidas facultades semejantes a los punitive damages del derecho anglosajón, “for the purpose of punishing the defendant, o teaching him no to do it again, and of deterring others form following his example”. Sin embargo, en el Civil Law la posibilidad de interponer sanciones está vedada a los Tribunales, razón por la cual es preciso que el SERVICIO DE RECLAMACIONES tenga las facultades ejecutivas.

Epílogo. A fecha de hoy la hipoteca sigue sin haberse cancelado, y por la información que me ha dado el interesado, una empleada de la entidad se ha apiadado de él, e intentará que solo le cobren 160 euros por la gestión de la cancelación.

Cambios en la tributación en IRPF de las ganancias de capital

Se avecinan cambios en el tratamiento que van a recibir las ganancias de capital obtenidas por la enajenación de bienes inmuebles en el IRPF a partir del ejercicio que comienza el 1 de enero de 2015. La situación procesal en el momento en que escribo estas líneas es la siguiente. El proyecto de ley ha sido aprobado ya por el Congreso de los Diputados y remitido al Senado. No obstante, debido a cierta oposición popular, parece que el Gobierno puede haber decidido que se realicen modificaciones, o al menos eso ha dejado caer el Secretario de Estado de Hacienda en una reciente intervención pública. Por lo tanto, aún pueden esperarse novedades sobre la cuestión.
Lo que se ha propuesto el Gobierno, con el proyecto de ley, es ir dando cumplimiento a las propuestas contenidas en el llamado “Informe Lagares” o de la Comisión de “expertos” para la reforma del sistema tributario español. Especialmente, en lo que atañe a nuestro asunto, las propuestas 18.a) y 18.b).
Dos son las medidas que incorpora el proyecto de ley que merecen atención. La primera da cumplimiento a la propuesta 18.a) del Informe Lagares: “Debería suprimirse la corrección de los valores de adquisición de bienes inmuebles con índices que reflejen la depreciación monetaria experimentada entre el momento de su compra y el de su enajenación a efectos del cálculo de las ganancias y pérdidas patrimoniales“.
La tributación de las ganancias de capital (beneficio obtenido al vender bienes patrimoniales) no es pacífica en la doctrina. Como dice el propio Informe Lagares, “tales ganancias y pérdidas no se computan en el PIB“; es decir, no forman parte de la renta nacional como concepto económico lo que hace planear la duda sobre su pertinencia de ser consideradas “renta”. Sea como fuere, tanto la comodidad de gravar esa renta, como la facilidad para transformar ciertos rendimientos de los activos en “ganancias de capital”, ha llevado a que tradicionalmente se graven esas “ganancias”. Pero el Informe Lagares expone otra razón para ese gravamen: “esas ganancias y pérdidas constituyen una evidente manifestación de la capacidad tributaria“; sin embargo, no es tan evidente. Vender un bien no supone más que cambiar un elemento patrimonial por otro, lo que no altera en nada el monto del patrimonio, aunque sí altere su composición cualitativa; pero dicha alteración cualitativa no representa por sí misma capacidad de pago adicional alguna para el contribuyente respecto de la que tenía antes de vender. Tal vez sí podría hablarse de incremento de la capacidad de pago, o al menos de manifestación de dicho incremento, si con la venta se obtiene un beneficio real. Pero resulta, a mi parecer, obvio, que si el mayor importe de la enajenación sobre la adquisición es debido exclusivamente a la devaluación monetaria, es decir, al efecto de la inflación acumulada durante todos los años de tenencia del bien sobre su precio, sólo hay una ganancia en términos nominales, pero no en términos reales y, por tanto, no hay manifestación alguna de capacidad de pago. Ese efecto meramente nominal o inflacionario es lo que se pretendía corregir tradicionalmente con una tabla de actualización fiscal de los valores de adquisición de los bienes inmuebles tomados para calcular la ganancia de capital.
Pues bien, en el proyecto de ley actualmente en el Senado se suprime el artículo 35.3 de la ley del IRPF que contemplaba la aplicación sobre el valor de adquisición de los inmuebles de una tabla que era aprobada cada año en la LPGE. De tal forma que, a partir de 2015, también las ganancias de capital debidas a la inflación van a ser consideradas como objeto de tributación en IRPF a pesar de que es difícil ver ahí una capacidad de pago.
La segunda de las medidas se adopta siguiendo la propuesta 18.b del Informe Lagares: “Debería eliminarse, por su carácter residual y por el tiempo ya transcurrido desde su puesta en vigor, el procedimiento de cómputo que se establece en la Disposición transitoria novena de la vigente Ley del IRPF para la valoración de las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de elementos adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1994, sustituyéndose por las reglas generales“.
Se trata de una técnica que se introdujo hace algunos años. En vez de actualizar los valores de adquisición de los inmuebles mediante índices, existía una reducción de la ganancia de capital proporcional al número de años de tenencia del inmueble, de forma que un inmueble cuya adquisición se hubiera producido hacía 11 años, ya no tenía ganancia tributable; por eso se llamó a esa técnica, en la jerga profesional, “coeficientes de abatimiento”, porque la ganancia iba siendo abatida por el tiempo.
Cuando se derogó ese sistema y se volvió al tradicional de coeficientes de actualización para corregir la inflación, se consideró que había un cierto derecho adquirido por los contribuyentes y se introdujo una disposición transitoria (la novena) en la ley del Impuesto para consolidar tales derechos para los bienes adquiridos con anterioridad a 1995, de forma que la parte proporcional de la ganancia (determinada linealmente) obtenida hasta el 19 de enero de 2006 se calculaba con los coeficientes de abatimiento, y la parte proporcional obtenida después, con arreglo al sistema general de índices correctores de la inflación.
Fundamenta el Informe Lagares su propuesta en que “dados los 17 años transcurridos desde la citada fecha hasta hoy, afecta además a pocos bienes“. Y el proyecto de ley suprime la disposición transitoria novena, con lo que toda la ganancia de capital pasaría a tributar íntegramente, con independencia del momento de adquisición del bien.
El motivo que aduce la Comisión de expertos no deja de ser una apreciación subjetiva y desprovista de fundamento técnico. No sé si eso afecta a muchos o pocos inmuebles pero lo que sí está claro es que a los que afectaría sería a propiedades con finalidades no especulativas, precisamente las menos adecuadas para evaluar la capacidad de pago del contribuyente; es difícil pensar en que se vendan estas propiedades que han estado en manos de sus dueños durante más de 20 años si no es por cierta necesidad o por imposibilidad de mantener esas propiedades. Castigar a estos contribuyentes cuando precisamente más necesitados pueden estar no parece una medida muy correcta.
En resumidas cuentas, el Gobierno parece haberse puesto manos a la obra para ir desarrollando la “Operación Expertos”, seguir incrementando la presión impositiva utilizando como coartada una reforma técnica del sistema tributario. Aunque, en este asunto, puede haberse precipitado pues, con elecciones a la vista, no parece el momento más idóneo para subir los impuestos (o para intentar llevarse con una mano la rebaja impositiva que hace la otra).

Cambios en la tributación en IRPF de las ganancias de capital

Se avecinan cambios en el tratamiento que van a recibir las ganancias de capital obtenidas por la enajenación de bienes inmuebles en el IRPF a partir del ejercicio que comienza el 1 de enero de 2015. La situación procesal en el momento en que escribo estas líneas es la siguiente. El proyecto de ley ha sido aprobado ya por el Congreso de los Diputados y remitido al Senado. No obstante, debido a cierta oposición popular, parece que el Gobierno puede haber decidido que se realicen modificaciones, o al menos eso ha dejado caer el Secretario de Estado de Hacienda en una reciente intervención pública. Por lo tanto, aún pueden esperarse novedades sobre la cuestión.

Lo que se ha propuesto el Gobierno, con el proyecto de ley, es ir dando cumplimiento a las propuestas contenidas en el llamado “Informe Lagares” o de la Comisión de “expertos” para la reforma del sistema tributario español. Especialmente, en lo que atañe a nuestro asunto, las propuestas 18.a) y 18.b).

Dos son las medidas que incorpora el proyecto de ley que merecen atención. La primera da cumplimiento a la propuesta 18.a) del Informe Lagares: “Debería suprimirse la corrección de los valores de adquisición de bienes inmuebles con índices que reflejen la depreciación monetaria experimentada entre el momento de su compra y el de su enajenación a efectos del cálculo de las ganancias y pérdidas patrimoniales“.

La tributación de las ganancias de capital (beneficio obtenido al vender bienes patrimoniales) no es pacífica en la doctrina. Como dice el propio Informe Lagares, “tales ganancias y pérdidas no se computan en el PIB“; es decir, no forman parte de la renta nacional como concepto económico lo que hace planear la duda sobre su pertinencia de ser consideradas “renta”. Sea como fuere, tanto la comodidad de gravar esa renta, como la facilidad para transformar ciertos rendimientos de los activos en “ganancias de capital”, ha llevado a que tradicionalmente se graven esas “ganancias”. Pero el Informe Lagares expone otra razón para ese gravamen: “esas ganancias y pérdidas constituyen una evidente manifestación de la capacidad tributaria“; sin embargo, no es tan evidente. Vender un bien no supone más que cambiar un elemento patrimonial por otro, lo que no altera en nada el monto del patrimonio, aunque sí altere su composición cualitativa; pero dicha alteración cualitativa no representa por sí misma capacidad de pago adicional alguna para el contribuyente respecto de la que tenía antes de vender. Tal vez sí podría hablarse de incremento de la capacidad de pago, o al menos de manifestación de dicho incremento, si con la venta se obtiene un beneficio real. Pero resulta, a mi parecer, obvio, que si el mayor importe de la enajenación sobre la adquisición es debido exclusivamente a la devaluación monetaria, es decir, al efecto de la inflación acumulada durante todos los años de tenencia del bien sobre su precio, sólo hay una ganancia en términos nominales, pero no en términos reales y, por tanto, no hay manifestación alguna de capacidad de pago. Ese efecto meramente nominal o inflacionario es lo que se pretendía corregir tradicionalmente con una tabla de actualización fiscal de los valores de adquisición de los bienes inmuebles tomados para calcular la ganancia de capital.

Pues bien, en el proyecto de ley actualmente en el Senado se suprime el artículo 35.3 de la ley del IRPF que contemplaba la aplicación sobre el valor de adquisición de los inmuebles de una tabla que era aprobada cada año en la LPGE. De tal forma que, a partir de 2015, también las ganancias de capital debidas a la inflación van a ser consideradas como objeto de tributación en IRPF a pesar de que es difícil ver ahí una capacidad de pago.

La segunda de las medidas se adopta siguiendo la propuesta 18.b del Informe Lagares: “Debería eliminarse, por su carácter residual y por el tiempo ya transcurrido desde su puesta en vigor, el procedimiento de cómputo que se establece en la Disposición transitoria novena de la vigente Ley del IRPF para la valoración de las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de elementos adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1994, sustituyéndose por las reglas generales“.

Se trata de una técnica que se introdujo hace algunos años. En vez de actualizar los valores de adquisición de los inmuebles mediante índices, existía una reducción de la ganancia de capital proporcional al número de años de tenencia del inmueble, de forma que un inmueble cuya adquisición se hubiera producido hacía 11 años, ya no tenía ganancia tributable; por eso se llamó a esa técnica, en la jerga profesional, “coeficientes de abatimiento”, porque la ganancia iba siendo abatida por el tiempo.

Cuando se derogó ese sistema y se volvió al tradicional de coeficientes de actualización para corregir la inflación, se consideró que había un cierto derecho adquirido por los contribuyentes y se introdujo una disposición transitoria (la novena) en la ley del Impuesto para consolidar tales derechos para los bienes adquiridos con anterioridad a 1995, de forma que la parte proporcional de la ganancia (determinada linealmente) obtenida hasta el 19 de enero de 2006 se calculaba con los coeficientes de abatimiento, y la parte proporcional obtenida después, con arreglo al sistema general de índices correctores de la inflación.

Fundamenta el Informe Lagares su propuesta en que “dados los 17 años transcurridos desde la citada fecha hasta hoy, afecta además a pocos bienes“. Y el proyecto de ley suprime la disposición transitoria novena, con lo que toda la ganancia de capital pasaría a tributar íntegramente, con independencia del momento de adquisición del bien.

El motivo que aduce la Comisión de expertos no deja de ser una apreciación subjetiva y desprovista de fundamento técnico. No sé si eso afecta a muchos o pocos inmuebles pero lo que sí está claro es que a los que afectaría sería a propiedades con finalidades no especulativas, precisamente las menos adecuadas para evaluar la capacidad de pago del contribuyente; es difícil pensar en que se vendan estas propiedades que han estado en manos de sus dueños durante más de 20 años si no es por cierta necesidad o por imposibilidad de mantener esas propiedades. Castigar a estos contribuyentes cuando precisamente más necesitados pueden estar no parece una medida muy correcta.

En resumidas cuentas, el Gobierno parece haberse puesto manos a la obra para ir desarrollando la “Operación Expertos”, seguir incrementando la presión impositiva utilizando como coartada una reforma técnica del sistema tributario. Aunque, en este asunto, puede haberse precipitado pues, con elecciones a la vista, no parece el momento más idóneo para subir los impuestos (o para intentar llevarse con una mano la rebaja impositiva que hace la otra).

Las tiendas marcadas. Los carteles amarillos de los establecimientos amigos de la secesión.

No es fácil entender desde muchos lugares una campaña como la de la ANC, que promueve que las tiendas que colaboran con sus fines secesionistas lo señalen con un cartel amarillo de “establecimiento amigo”. Es decir, destinada en definitiva a identificarlos ideológicamente. Para los que no somos nacionalistas el fenómeno resulta cuando menos chocante. Pero un nacionalista considera que la promoción esta identificación identitaria es algo no solo legítimo sino deseable. Merece la pena tratar de explicar esa diferencia de visión. Lo que exige resolver algunas cuestiones previas.

¿Somos todos nacionalistas?

Es muy frecuente que cuando se discute con un nacionalista éste enseguida reproche a su interlocutor el ser tan nacionalista como él, aunque de un signo contrario. Considera que el que se opone a sus ideas lo hace porque, en definitiva, no deja de ser también “de la misma condición”. Condición de nacionalista, por supuesto, a la cual en su opinión pocos pueden escapar, si es que alguno lo hace.

Para los que consideramos al nacionalismo como una patología intelectual, que impide o perturba una correcta visión de la realidad, en esa acusación hay todo un reto. Es preciso, por elemental honestidad intelectual, hacer un análisis autocrítico de nuestras propias convicciones y descartar, en su caso, que estemos cayendo en lo mismo que denunciamos. Asegurarnos de que si esa acusación está motivada por la visión reduccionista que caracteriza al nacionalismo, frente a ello nosotros somos capaces de comprender mejor la complejidad humana y social. En definitiva, el saber por qué no somos nacionalistas es la única forma de asegurarnos de que realmente no lo somos. Y este asunto de los carteles es una buena ocasión para reflexionar sobre ello. Pero antes conviene destacar algo en lo que yo, y creo que otros muchos, coincidimos con ellos: el valor de lo emocional en la identificación colectiva (nacional) de las personas.

La idea de nación

Como muy bien explica Tomas Perez Viejo aquí, las naciones no son realidades objetivas, sino esencialmente subjetivas. Pueden tener un sustrato histórico-político, pero ni siquiera eso es suficiente. Una sencilla mirada a los mapas históricos nos destaca todo lo que ha desaparecido y todo lo nuevo que ha surgido en ellos. Este autor señala con acierto la esencia de la idea de nación: es un “mito de pertenencia”. Supone un sentimiento de formar parte de un proyecto común, un vínculo “sentido” que nos une a los demás (en nuestro caso) españoles en un aspecto de nuestra identidad colectiva y que no tenemos o sentimos hacia los que no lo son. Lo que no excluye, por supuesto, que podamos sentir hacia ellos, hacia los extranjeros, toda nuestra simpatía y solidaridad.

En la base de cualquier proyecto nacional hay, por tanto, un elemento sentimental. Un vínculo que es preciso afirmar y renovar para que la nación pueda subsistir. Lo que requiere de soportes emocionales que lo hagan posible, como un relato y unos símbolos (ritos, banderas, …) compartidos. Cuando se fracasa en ello la nación no puede subsistir, como no subsistieron, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro o la Gran Colombia.

En la raíz de nuestros problemas territoriales, como explica Pérez Viejo, está el no haber sabido comprender la necesidad de preservar ese vínculo. Y en habernos permitido, en consecuencia, renunciar a evitar que la idea (y el sentimiento) de España se difumine. Especialmente, aunque no solo, en las regiones de hegemonía nacionalista. La confusión intelectual padecida en el bajofranquismo y la transición, con la equivocada identificación del patriotismo y sus símbolos con un régimen que había que superar, causó al respecto un daño atroz. A lo que se añadió, en gran parte como consecuencia, la ausencia en nuestras élites gobernantes de un proyecto de nación a defender y robustecer.

El resultado ha sido que, por una estrategia política presidida por intereses mezquinos y cortoplacistas, los líderes de nuestros partidos mayoritarios hayan estado dispuestos a cualquier cesión en ese campo para conseguir y mantener el poder. Y que el Estado, como sustento de la nación, prácticamente haya desaparecido en Vasconia y Cataluña. Cedida la educación, controlados los medios masivos de comunicación, incluso los privados, y con todos los resortes del poder al servicio de la sustitución del vínculo común de pertenencia por otro nuevo y excluyente del anterior, los nacionalistas han ocupado el espacio del Estado en retirada. Y han conseguido desplazar la antigua y consolidada idea de España para sustituirla en gran parte por su nuevo proyecto nacional.

Tras décadas de cultivado el nuevo mito nacional, excluyente del antiguo, ha bastado una adecuada manipulación del miedo y la frustración generados por la crisis para generar la marea secesionista en Cataluña. La desaparición del manto orgánico de la idea nacional española en nuestras erosionadas laderas periféricas, la falta de un proyecto común sentido como ilusionante, ha convertido en esa región las lluvias de la crisis en la actual inundación independentista.

Pero eso no es nacionalismo.

Parto, por tanto, de que el sentimiento de pertenencia nacional es imprescindible, al menos para la mayoría de las personas, como un elemento esencial integrante de su identidad colectiva. Y que supone un vínculo emocional que es preciso recordar, sostener y renovarlo en el tiempo. Pero ese planteamiento ¿No me está haciendo también nacionalista? ¿No es algo sospechosamente cercano a los que sostienen los proyectos nacionalistas de “construcción nacional”?

Pues creo que no. El nacionalismo añade a todo ello un plus de elementos distorsionadores de los que los no nacionalistas creo que estamos libres. Y entre ellos podemos destacar algunos:

– El sentimiento victimista. Un nacionalista tiene una idea de nación mucho más absolutizadora que la expuesta. Para él las naciones son verdaderas realidades objetivas a las que se ha de conseguir dotar de estructuras de Estado y de un territorio necesario. Y si esto no se ha logrado aún, ha sido por la culpa de un enemigo exterior dedicado históricamente a impedir estas justas aspiraciones y a intentar destruir su nación. El nacionalismo, frente al patriotismo cívico, se define frente a un enemigo exterior del que se siente víctima. Lo necesita como el aire para subsistir.

– El maniqueísmo. Es a ese enemigo al que hay que imputar las responsabilidades esenciales. Psicológicamente es muy consolador el tener un “otro” al que atribuir las culpas, sobre todo porque eso libera de asumirlas siquiera sea en parte. En tiempos pasados ese chivo expiatorio se encontraba en minorías indefensas, como los judíos, objeto de masacres y persecuciones. En el ambiente nacionalista ese nuevo chivo expiatorio indefenso al que culpabilizar (“¡que hasta roba!”) es España.

-La intensidad del sentimiento identitario. En un nacionalista el sentimiento de pertenencia a su comunidad nacional, acendrado por la solidariadad a la que mueve ese sentimiento compartido de víctima, es especialmente intenso y, como tal, excluyente. Tanto que es esa pertenencia lo que conforma de forma esencial su identidad. Como ha señalado Francisco J. Laporta , lo que define la identidad en el ideario democrático es la individualidad libre y creadora. Y en el ideal nacionalista, por contraste, es la pertenencia a un todo nacional. Las raíces en ese ámbito pesan hasta configurar la personalidad y vincularla como una mera pieza integrante de un todo superior. Por eso hablan, por ejemplo, de los deseos y anhelos del pueblo catalán. Como si tal pueblo existiera como un ente único dotado de voluntad autónoma. Como si tal entelequia existiera de verdad.

Obviamente se trata de características muy interdependientes. Y que no se dan siempre en igual proporción. No solo existen el negro y el blanco en lo identitario. También en el nacionalismo, como en la fiebre, hay grados de intensidad y, por tanto, toda una escala de grises. Pero  son tendencias generales que creo que distinguen siempre al nacionalista del que no lo es.

A partir de estos principios un nacionalista puede sentirse legitimado para clasificar y calificar a sus conciudadanos. Puede distinguir (el nacionalista español) entre buenos y malos españoles, o (el nacionalista catalán) entre buenos y malos catalanes, según sus ideas de pertenencia, su “debida” conciencia nacional y su fidelidad a esa identidad colectiva impuesta como necesaria. El vecino no nacionalista será visto como peligroso y desleal. Como un quintacolumnista y potencial entreguista al enemigo exterior. Como cómplice de éste en su perversa labor de destrucción de la verdadera patria. Y, por ello, como merecedor al menos de sanción social. Como mínimo al disidente se le puede llegar a tolerar, pero sólo a cambio de renunciar a una exhibición de sus simbolos y a cualquier intento de difundir su (ilegítimo) ideal de pertenencia.

A identificarse.

Sólamente después de esta disgresión creo que puede entenderse la campaña de señalamiento de “comercios amigos” (de la secesión) con carteles amarillos que está promoviendo la Asamblea Nacional Catalana. Señalamiento que, por supuesto, implica también el de quienes se hayan resistido a ello.

Donde reina el patriotismo cívico no puede entenderse una campaña destinada a clasificar ideológicamente a los dueños de los comercios, y a conseguir con premios o sanciones sociales una pública declaración sobre su tendencia. Sus ideas políticas forman parte de una intimidad que se ha de respetar tanto como puede respetarse la de sus ideas religiosas o la de sus tendencias sexuales. No se considera legítimo pedir un pronunciamiento público sobre las mismas.

Pero donde reina el nacionalismo identitario, lo extraordinario se convierte en ordinario. La necesidad de salvar a la patria de sus enemigos exige tocar a rebato, exaltar los sentimientos, recelar del sospechoso, clasificar. Y encuadrar a la población en orden de combate ideológico. Porque lo que está en juego es tan importante que la libertad de las personas y su intimidad no pueden ser obstáculos para el proyecto. Para ellos son meros actos de defensa frente a lo que sienten como permanente agresión española.

Así pueden entenderse tanto iniciativas como la Megaencuesta puerta a puerta como ésta de promoción de la identificación ideológica/identitaria de los comercios. Y por eso puede deducirse que la división social, y una permanente violencia latente, y a veces expresa, contra el disidente, son consecuencias inevitables de cualquier nacionalismo que consigue desplegarse en todo su temible esplendor.

Las tiendas marcadas. Los carteles amarillos de los establecimientos amigos de la secesión.

No es fácil entender desde muchos lugares una campaña como la de la ANC, que promueve que las tiendas que colaboran con sus fines secesionistas lo señalen con un cartel amarillo de “establecimiento amigo”. Es decir, destinada en definitiva a identificarlos ideológicamente. Para los que no somos nacionalistas el fenómeno resulta cuando menos chocante. Pero un nacionalista considera que la promoción esta identificación identitaria es algo no solo legítimo sino deseable. Merece la pena tratar de explicar esa diferencia de visión. Lo que exige resolver algunas cuestiones previas.

¿Somos todos nacionalistas?

Es muy frecuente que cuando se discute con un nacionalista éste enseguida reproche a su interlocutor el ser tan nacionalista como él, aunque de un signo contrario. Considera que el que se opone a sus ideas lo hace porque, en definitiva, no deja de ser también “de la misma condición”. Condición de nacionalista, por supuesto, a la cual en su opinión pocos pueden escapar, si es que alguno lo hace.

Para los que consideramos al nacionalismo como una patología intelectual, que impide o perturba una correcta visión de la realidad, en esa acusación hay todo un reto. Es preciso, por elemental honestidad intelectual, hacer un análisis autocrítico de nuestras propias convicciones y descartar, en su caso, que estemos cayendo en lo mismo que denunciamos. Asegurarnos de que si esa acusación está motivada por la visión reduccionista que caracteriza al nacionalismo, frente a ello nosotros somos capaces de comprender mejor la complejidad humana y social. En definitiva, el saber por qué no somos nacionalistas es la única forma de asegurarnos de que realmente no lo somos. Y este asunto de los carteles es una buena ocasión para reflexionar sobre ello. Pero antes conviene destacar algo en lo que yo, y creo que otros muchos, coincidimos con ellos: el valor de lo emocional en la identificación colectiva (nacional) de las personas.

La idea de nación

Como muy bien explica Tomas Perez Viejo aquí, las naciones no son realidades objetivas, sino esencialmente subjetivas. Pueden tener un sustrato histórico-político, pero ni siquiera eso es suficiente. Una sencilla mirada a los mapas históricos nos destaca todo lo que ha desaparecido y todo lo nuevo que ha surgido en ellos. Este autor señala con acierto la esencia de la idea de nación: es un “mito de pertenencia”. Supone un sentimiento de formar parte de un proyecto común, un vínculo “sentido” que nos une a los demás (en nuestro caso) españoles en un aspecto de nuestra identidad colectiva y que no tenemos o sentimos hacia los que no lo son. Lo que no excluye, por supuesto, que podamos sentir hacia ellos, hacia los extranjeros, toda nuestra simpatía y solidaridad.

En la base de cualquier proyecto nacional hay, por tanto, un elemento sentimental. Un vínculo que es preciso afirmar y renovar para que la nación pueda subsistir. Lo que requiere de soportes emocionales que lo hagan posible, como un relato y unos símbolos (ritos, banderas, …) compartidos. Cuando se fracasa en ello la nación no puede subsistir, como no subsistieron, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro o la Gran Colombia.

En la raíz de nuestros problemas territoriales, como explica Pérez Viejo, está el no haber sabido comprender la necesidad de preservar ese vínculo. Y en habernos permitido, en consecuencia, renunciar a evitar que la idea (y el sentimiento) de España se difumine. Especialmente, aunque no solo, en las regiones de hegemonía nacionalista. La confusión intelectual padecida en el bajofranquismo y la transición, con la equivocada identificación del patriotismo y sus símbolos con un régimen que había que superar, causó al respecto un daño atroz. A lo que se añadió, en gran parte como consecuencia, la ausencia en nuestras élites gobernantes de un proyecto de nación a defender y robustecer.

El resultado ha sido que, por una estrategia política presidida por intereses mezquinos y cortoplacistas, los líderes de nuestros partidos mayoritarios hayan estado dispuestos a cualquier cesión en ese campo para conseguir y mantener el poder. Y que el Estado, como sustento de la nación, prácticamente haya desaparecido en Vasconia y Cataluña. Cedida la educación, controlados los medios masivos de comunicación, incluso los privados, y con todos los resortes del poder al servicio de la sustitución del vínculo común de pertenencia por otro nuevo y excluyente del anterior, los nacionalistas han ocupado el espacio del Estado en retirada. Y han conseguido desplazar la antigua y consolidada idea de España para sustituirla en gran parte por su nuevo proyecto nacional.

Tras décadas de cultivado el nuevo mito nacional, excluyente del antiguo, ha bastado una adecuada manipulación del miedo y la frustración generados por la crisis para generar la marea secesionista en Cataluña. La desaparición del manto orgánico de la idea nacional española en nuestras erosionadas laderas periféricas, la falta de un proyecto común sentido como ilusionante, ha convertido en esa región las lluvias de la crisis en la actual inundación independentista.

Pero eso no es nacionalismo.

Parto, por tanto, de que el sentimiento de pertenencia nacional es imprescindible, al menos para la mayoría de las personas, como un elemento esencial integrante de su identidad colectiva. Y que supone un vínculo emocional que es preciso recordar, sostener y renovarlo en el tiempo. Pero ese planteamiento ¿No me está haciendo también nacionalista? ¿No es algo sospechosamente cercano a los que sostienen los proyectos nacionalistas de “construcción nacional”?

Pues creo que no. El nacionalismo añade a todo ello un plus de elementos distorsionadores de los que los no nacionalistas creo que estamos libres. Y entre ellos podemos destacar algunos:

– El sentimiento victimista. Un nacionalista tiene una idea de nación mucho más absolutizadora que la expuesta. Para él las naciones son verdaderas realidades objetivas a las que se ha de conseguir dotar de estructuras de Estado y de un territorio necesario. Y si esto no se ha logrado aún, ha sido por la culpa de un enemigo exterior dedicado históricamente a impedir estas justas aspiraciones y a intentar destruir su nación. El nacionalismo, frente al patriotismo cívico, se define frente a un enemigo exterior del que se siente víctima. Lo necesita como el aire para subsistir.

– El maniqueísmo. Es a ese enemigo al que hay que imputar las responsabilidades esenciales. Psicológicamente es muy consolador el tener un “otro” al que atribuir las culpas, sobre todo porque eso libera de asumirlas siquiera sea en parte. En tiempos pasados ese chivo expiatorio se encontraba en minorías indefensas, como los judíos, objeto de masacres y persecuciones. En el ambiente nacionalista ese nuevo chivo expiatorio indefenso al que culpabilizar (“¡que hasta roba!”) es España.

-La intensidad del sentimiento identitario. En un nacionalista el sentimiento de pertenencia a su comunidad nacional, acendrado por la solidariadad a la que mueve ese sentimiento compartido de víctima, es especialmente intenso y, como tal, excluyente. Tanto que es esa pertenencia lo que conforma de forma esencial su identidad. Como ha señalado Francisco J. Laporta , lo que define la identidad en el ideario democrático es la individualidad libre y creadora. Y en el ideal nacionalista, por contraste, es la pertenencia a un todo nacional. Las raíces en ese ámbito pesan hasta configurar la personalidad y vincularla como una mera pieza integrante de un todo superior. Por eso hablan, por ejemplo, de los deseos y anhelos del pueblo catalán. Como si tal pueblo existiera como un ente único dotado de voluntad autónoma. Como si tal entelequia existiera de verdad.

Obviamente se trata de características muy interdependientes. Y que no se dan siempre en igual proporción. No solo existen el negro y el blanco en lo identitario. También en el nacionalismo, como en la fiebre, hay grados de intensidad y, por tanto, toda una escala de grises. Pero  son tendencias generales que creo que distinguen siempre al nacionalista del que no lo es.

A partir de estos principios un nacionalista puede sentirse legitimado para clasificar y calificar a sus conciudadanos. Puede distinguir (el nacionalista español) entre buenos y malos españoles, o (el nacionalista catalán) entre buenos y malos catalanes, según sus ideas de pertenencia, su “debida” conciencia nacional y su fidelidad a esa identidad colectiva impuesta como necesaria. El vecino no nacionalista será visto como peligroso y desleal. Como un quintacolumnista y potencial entreguista al enemigo exterior. Como cómplice de éste en su perversa labor de destrucción de la verdadera patria. Y, por ello, como merecedor al menos de sanción social. Como mínimo al disidente se le puede llegar a tolerar, pero sólo a cambio de renunciar a una exhibición de sus simbolos y a cualquier intento de difundir su (ilegítimo) ideal de pertenencia.

A identificarse.

Sólamente después de esta disgresión creo que puede entenderse la campaña de señalamiento de “comercios amigos” (de la secesión) con carteles amarillos que está promoviendo la Asamblea Nacional Catalana. Señalamiento que, por supuesto, implica también el de quienes se hayan resistido a ello.

Donde reina el patriotismo cívico no puede entenderse una campaña destinada a clasificar ideológicamente a los dueños de los comercios, y a conseguir con premios o sanciones sociales una pública declaración sobre su tendencia. Sus ideas políticas forman parte de una intimidad que se ha de respetar tanto como puede respetarse la de sus ideas religiosas o la de sus tendencias sexuales. No se considera legítimo pedir un pronunciamiento público sobre las mismas.

Pero donde reina el nacionalismo identitario, lo extraordinario se convierte en ordinario. La necesidad de salvar a la patria de sus enemigos exige tocar a rebato, exaltar los sentimientos, recelar del sospechoso, clasificar. Y encuadrar a la población en orden de combate ideológico. Porque lo que está en juego es tan importante que la libertad de las personas y su intimidad no pueden ser obstáculos para el proyecto. Para ellos son meros actos de defensa frente a lo que sienten como permanente agresión española.

Así pueden entenderse tanto iniciativas como la Megaencuesta puerta a puerta como ésta de promoción de la identificación ideológica/identitaria de los comercios. Y por eso puede deducirse que la división social, y una permanente violencia latente, y a veces expresa, contra el disidente, son consecuencias inevitables de cualquier nacionalismo que consigue desplegarse en todo su temible esplendor.

¿Hay Derecho?, en Barcelona

Cualquier oportunidad es buena para visitar un vez más esa maravillosa ciudad, pero todavía hace más ilusión si lo hacemos para presentar allí nuestro libro. Como Diógenes con su lamparita, hemos recorrido España preguntando si hay Derecho (es decir, si hay Estado de Derecho en algún sitio) y la respuesta ha sido siempre descorazonadora. El próximo día 5 de noviembre nos trasladamos a la capital catalana para continuar nuestra búsqueda, y confiamos entablar con los que quieran acercarse al acto un diálogo interesante y enriquecedor.
Día: Miércoles, 5 de noviembre de 2014
Hora: 19:30 – 21:00
Lugar: ESADEFORUM. Av. Pedralbes 60-62. Barcelona
 
Pueden ver el link de la convocatoria aquí:
http://www.esadealumni.net/ea/alumni_network/functional_sectorial_clubs/description_future_events?id_evento=305107
Aquellas personas que deseen asistir pueden comunicárnoslo a través del correo del blog al objeto de obtener la correspondiente invitación (número limitado). [email protected]

¿Hay Derecho?, en Barcelona

Cualquier oportunidad es buena para visitar un vez más esa maravillosa ciudad, pero todavía hace más ilusión si lo hacemos para presentar allí nuestro libro. Como Diógenes con su lamparita, hemos recorrido España preguntando si hay Derecho (es decir, si hay Estado de Derecho en algún sitio) y la respuesta ha sido siempre descorazonadora. El próximo día 5 de noviembre nos trasladamos a la capital catalana para continuar nuestra búsqueda, y confiamos entablar con los que quieran acercarse al acto un diálogo interesante y enriquecedor.

Día: Miércoles, 5 de noviembre de 2014

Hora: 19:30 – 21:00

Lugar: ESADEFORUM. Av. Pedralbes 60-62. Barcelona

 

Pueden ver el link de la convocatoria aquí:

http://www.esadealumni.net/ea/alumni_network/functional_sectorial_clubs/description_future_events?id_evento=305107

Aquellas personas que deseen asistir pueden comunicárnoslo a través del correo del blog al objeto de obtener la correspondiente invitación (número limitado). [email protected]

Dimisiones en la DGRN: ¿El regulador liberado?

Ya ha aparecido en la prensa la dimisión del director general de los Registros y del Notariado. La noticia podría ser la lógica consecuencia del cambio de ministro, pero quizá va más allá. Como en el propio texto de la noticia se indica, la dimisión de Joaquín Rodríguez, extensiva al subdirector, Javier Vallejo, y a los registradores que estaban en comisión de servicios como letrados de la DGRN es consecuencia de los cambios introducidos por el ministro Catalá en el anteproyecto de Ley de Registro Civil.
Del escándalo que esta cuestión suponía hemos hablado en este blog por extenso, en dos magníficos posts, uno de nuestro coeditor Rodrigo Tena y otro de un registrador mercantil, Andrés Ylla, que tuvieron la virtud no sólo de poner negro sobre blanco la tremenda opacidad de esta cuestión y lo que ello suponía para el Estado de Derecho, sino también la de ser soporte de comentarios enormemente reveladores, particularmente los de ciertos registradores partidarios de la iniciativa.
No voy a ocultar que esta cuestión del registro civil, en cuanto supone una forma de alterar el sistema de seguridad jurídica preventiva, tiene también una dimensión corporativa que afecta tanto a notarios como a registradores y que he tenido oportunidad tratar en otro blog (Transparencia Notarial). Pero aquí no querría centrarme en esta cuestión, pues el sistema puede ser perfectamente modificado –y a lo mejor hay que hacerlo- e incluso cabe que algunos de los intervinientes en el sistema resulten perjudicados, pues de lo que se trata no es de que los estos vivan bien sino de que el sistema funcione y tenga una adecuada relación precio-calidad en favor de los ciudadanos.
Tampoco  quiero tratar aquí la bondad o maldad de la decisión política de cambiar la titularidad del Registro Civil, desde el punto de vista del ciudadano, cuestión técnica que, con ser importante, es discutible. No, aquí querría centrarme en otra cosa, el aspecto de captura del regulador que ha tenido toda esta historia, de la que conviene hacer una pequeña crónica. Ya tuve oportunidad de apuntar este tema hace dos años y medio, casi al inicio de la legislatura, cuando escribí un post llamado Auge y caida de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el que después de hablar de otros aspectos técnicos, mencionaba la causas políticas de dicha decadencia, y entre las más recientes cabía mencionar el nombramiento de un Director General registrador de la propiedad muy significado en sus tendencias radicales (pertenece a ARBO, asociación registralista muy escorada en sus posiciones), secundado por un subdirector también de la misma tendencia, que prontamente comenzaron a arrinconar a los letrados procedentes del cuerpo de notarios y meter a numerosos registradores en comisión de servicios. No parecía demasiado presentable, existiendo un larvado conflicto entre los administrados –notarios y registradores- y siendo el presidente del gobierno registrador de la propiedad.
Pero, en fin, la vida es así y quizá no habría más remedio que aceptar ese cambio político en tanto en tanto no hubiera actuaciones concretas que pudieran considerarse rechazables. Lo malo es que, poco después, muchos de los afectados empezamos a notar un cambio radical en la DGRN a través de sus resoluciones que demostraba su escoramiento: una institución que estaba destinada a crear seguridad jurídica a través de la fijación de criterios inveterados, cuasi inmutables y enormemente respetado por todos los profesionales empieza a cambiar aquellos por otros, los que defendía cierta facción del mundo registral, casualmente entonces en el poder. Puede apreciarse en la lista de cambios elaborada por la revista El Notario del Siglo XXI que, por cierto, acogió el desmentido del propio Director. Bueno, todo es discutible, incluso si tales cosas son verdaderos cambios de criterio.
Pero, es que un año después nos encontramos con un proyecto de ley de “reforma integral de los registros” que ya se pueden ustedes imaginar por dónde iba: la creación de un Estado Registral cuya premisa fundamental era que lo que no está inscrito no existe y en la que los que ganaban eran los registradores como administradores de la nueva situación, consagrados como verdaderos “asignadores de derechos”, en la peculiar terminología del lobby en el poder. Pero fue una apuesta demasiado fuerte y cayó en desgracia, incluso entre el propio cuerpo de registradores que no veía nada claro el futuro de la iniciativa (ver aquí, aquí y aquí)
Pero, por supuesto, no se podía desaprovechar la oportunidad de estar amparado por el poder, con lo cual la maniobra subsiguiente consistió en trocear la ley e ir promulgando leyes sectoriales que consiguieran el mismo o parecido efecto: reforma del reglamento del registro mercantil e hipotecario, la ley de garantías posesorias de sobre bienes muebles, el catastro. Entre ellas estaba la absorción del Registro Civil que, como idea general, presentaba muchos menos flancos de crítica porque aparecía como una asunción gratuita y por amor al arte, sin mayor coste para el ciudadano –permítanme que me sonría- y se eliminaban los poco admisibles ribetes de registralización universal que presentaba la ley integral de reforma. Claro que sí presentaba –y de momento sigue presentando- otros aspectos muy feos relacionados con el proceso de adjudicación de la informatización de los registros civiles que hemos tratado aquí ampliamente en los posts enlazados arriba (y que beneficiaba sólo a cierta parte de los registradores, los mercantiles y a quienes resultaran adjudicatarios del contrato), aparte de no dejar de suscitar fundadas sospechas de que 1) la cosa no iba a salir gratis para el ciudadano (a través, quizá de la exigencia de certificaciones del registro civil para cualquier cosa) y 2) no iba a dejar de ser un paso más en un plan trazado muy antiguamente para registralizarlo todo (ver post en Transparencia Notarial antes enlazado)
Todo ello ha despertado, por supuesto,  importantes críticas, como no puede ser de otra manera porque, prescindiendo de normas legales, no es demasiado presentable que si el presidente del gobierno es registrador de la propiedad (y según parece conservando la plaza de Santa Pola), se acometan cambios estructurales en el sistema de seguridad jurídica preventiva que van a beneficiar claramente a la profesión de quien tiene la última palabra en el asunto, y encima de una manera opaca y a dedo en lo que se refiere a los contratos que se derivan de esa decisión.
Pero, me dirán ustedes, el hecho de que sea registrador de la propiedad el presidente no debe  impedir reformas que estén justificadas. Cierto, pero entonces debe extremarse el cuidado, la pureza formal y el consenso, con el objeto de evitar malos entendidos. Y no deben de haberse respetado mucho estos cuidados imprescindibles cuando el propio cuerpo registral se ha alzado airadamente contra las pretensiones del sector registral en el poder, produciendo un verdadero cisma interno que ha desembocado en un cisma jurídico porque la  norma legal que da pie a todo este despropósito consagra ¡una corporación pública destinada a albergar a los registradores mercantiles, que serían también civiles!
Quizá este asunto no sea de la relevancia de las enormes corrupciones con la que nos encontramos todos los días al abrir el periódico, la secesión catalana o la crisis económica. Pero si me parece que es un buen ejemplo de captura del regulador. El elemento de la regulación puede introducir un factor muy importante en la economía porque puede determinar una ventaja competitiva crucial a unos u otros. Por ello es tan importante la que exista una neta separación entre el poder y la sociedad, y tan grave la captura del regulador que se produce cuando este es absorbido por los planteamientos del regulado, sea por su proximidad, el compadreo, tráfico de influencias o a veces superioridad técnica o simple colaboración frecuente. En el presente caso hay una particularidad: la captura no es desde fuera, sino desde dentro, ocupando descaradamente, cual caballo de Troya, el lugar del regulador y poniendo a su servicio los resortes del Estado. Fíjense en esta noticia de Voz Populi en la que directamente se menciona a Enrique Rajoy. Es como si el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia fuera el señor Alierta, o el difunto Botín el del Banco de España. Ni más ni menos.
En fin, la dimisión de Gallardón como ministro de Justicia ha supuesto al final la salida del Director General y de los registradores que le acompañaban en su misión. No sabemos exactamente cuáles han sido las razones -quizá influya la cascada de escándalos y la aproximación de las elecciones- pero desde luego procede congratularse de ello y esperar que el ministro sepa cómo paralizar este desaguisado y designar un director general que restaure la cordura a un organismo que había sido un faro y referente de todo el Derecho privado. Eso sí, esperamos que el cambio de línea que marca el ministro sea una verdadera liberación del regulador y que el cambio de Director, las negociaciones con el Colegio de Registradores y la nueva plataforma informática que se mencionan en las noticias enlazadas no sean consecuencia simplemente de una lucha entre facciones de registradores y que habiendo triunfado los de la propiedad frente al montaje de Futuver, vayamos a desembocar en algo todavía peor: el mismo estado registral, pero con aranceles convenientemente modificados en un registro civil de pago.
Ojala vuelva a imperar el sentido común, como desean un gran número de notarios y registradores y otras muchas profesiones involucradas y, sobre todo, merecen los ciudadanos.

Dimisiones en la DGRN: ¿El regulador liberado?

Ya ha aparecido en la prensa la dimisión del director general de los Registros y del Notariado. La noticia podría ser la lógica consecuencia del cambio de ministro, pero quizá va más allá. Como en el propio texto de la noticia se indica, la dimisión de Joaquín Rodríguez, extensiva al subdirector, Javier Vallejo, y a los registradores que estaban en comisión de servicios como letrados de la DGRN es consecuencia de los cambios introducidos por el ministro Catalá en el anteproyecto de Ley de Registro Civil.

Del escándalo que esta cuestión suponía hemos hablado en este blog por extenso, en dos magníficos posts, uno de nuestro coeditor Rodrigo Tena y otro de un registrador mercantil, Andrés Ylla, que tuvieron la virtud no sólo de poner negro sobre blanco la tremenda opacidad de esta cuestión y lo que ello suponía para el Estado de Derecho, sino también la de ser soporte de comentarios enormemente reveladores, particularmente los de ciertos registradores partidarios de la iniciativa.

No voy a ocultar que esta cuestión del registro civil, en cuanto supone una forma de alterar el sistema de seguridad jurídica preventiva, tiene también una dimensión corporativa que afecta tanto a notarios como a registradores y que he tenido oportunidad tratar en otro blog (Transparencia Notarial). Pero aquí no querría centrarme en esta cuestión, pues el sistema puede ser perfectamente modificado –y a lo mejor hay que hacerlo- e incluso cabe que algunos de los intervinientes en el sistema resulten perjudicados, pues de lo que se trata no es de que los estos vivan bien sino de que el sistema funcione y tenga una adecuada relación precio-calidad en favor de los ciudadanos.

Tampoco  quiero tratar aquí la bondad o maldad de la decisión política de cambiar la titularidad del Registro Civil, desde el punto de vista del ciudadano, cuestión técnica que, con ser importante, es discutible. No, aquí querría centrarme en otra cosa, el aspecto de captura del regulador que ha tenido toda esta historia, de la que conviene hacer una pequeña crónica. Ya tuve oportunidad de apuntar este tema hace dos años y medio, casi al inicio de la legislatura, cuando escribí un post llamado Auge y caida de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el que después de hablar de otros aspectos técnicos, mencionaba la causas políticas de dicha decadencia, y entre las más recientes cabía mencionar el nombramiento de un Director General registrador de la propiedad muy significado en sus tendencias radicales (pertenece a ARBO, asociación registralista muy escorada en sus posiciones), secundado por un subdirector también de la misma tendencia, que prontamente comenzaron a arrinconar a los letrados procedentes del cuerpo de notarios y meter a numerosos registradores en comisión de servicios. No parecía demasiado presentable, existiendo un larvado conflicto entre los administrados –notarios y registradores- y siendo el presidente del gobierno registrador de la propiedad.

Pero, en fin, la vida es así y quizá no habría más remedio que aceptar ese cambio político en tanto en tanto no hubiera actuaciones concretas que pudieran considerarse rechazables. Lo malo es que, poco después, muchos de los afectados empezamos a notar un cambio radical en la DGRN a través de sus resoluciones que demostraba su escoramiento: una institución que estaba destinada a crear seguridad jurídica a través de la fijación de criterios inveterados, cuasi inmutables y enormemente respetado por todos los profesionales empieza a cambiar aquellos por otros, los que defendía cierta facción del mundo registral, casualmente entonces en el poder. Puede apreciarse en la lista de cambios elaborada por la revista El Notario del Siglo XXI que, por cierto, acogió el desmentido del propio Director. Bueno, todo es discutible, incluso si tales cosas son verdaderos cambios de criterio.

Pero, es que un año después nos encontramos con un proyecto de ley de “reforma integral de los registros” que ya se pueden ustedes imaginar por dónde iba: la creación de un Estado Registral cuya premisa fundamental era que lo que no está inscrito no existe y en la que los que ganaban eran los registradores como administradores de la nueva situación, consagrados como verdaderos “asignadores de derechos”, en la peculiar terminología del lobby en el poder. Pero fue una apuesta demasiado fuerte y cayó en desgracia, incluso entre el propio cuerpo de registradores que no veía nada claro el futuro de la iniciativa (ver aquí, aquí y aquí)

Pero, por supuesto, no se podía desaprovechar la oportunidad de estar amparado por el poder, con lo cual la maniobra subsiguiente consistió en trocear la ley e ir promulgando leyes sectoriales que consiguieran el mismo o parecido efecto: reforma del reglamento del registro mercantil e hipotecario, la ley de garantías posesorias de sobre bienes muebles, el catastro. Entre ellas estaba la absorción del Registro Civil que, como idea general, presentaba muchos menos flancos de crítica porque aparecía como una asunción gratuita y por amor al arte, sin mayor coste para el ciudadano –permítanme que me sonría- y se eliminaban los poco admisibles ribetes de registralización universal que presentaba la ley integral de reforma. Claro que sí presentaba –y de momento sigue presentando- otros aspectos muy feos relacionados con el proceso de adjudicación de la informatización de los registros civiles que hemos tratado aquí ampliamente en los posts enlazados arriba (y que beneficiaba sólo a cierta parte de los registradores, los mercantiles y a quienes resultaran adjudicatarios del contrato), aparte de no dejar de suscitar fundadas sospechas de que 1) la cosa no iba a salir gratis para el ciudadano (a través, quizá de la exigencia de certificaciones del registro civil para cualquier cosa) y 2) no iba a dejar de ser un paso más en un plan trazado muy antiguamente para registralizarlo todo (ver post en Transparencia Notarial antes enlazado)

Todo ello ha despertado, por supuesto,  importantes críticas, como no puede ser de otra manera porque, prescindiendo de normas legales, no es demasiado presentable que si el presidente del gobierno es registrador de la propiedad (y según parece conservando la plaza de Santa Pola), se acometan cambios estructurales en el sistema de seguridad jurídica preventiva que van a beneficiar claramente a la profesión de quien tiene la última palabra en el asunto, y encima de una manera opaca y a dedo en lo que se refiere a los contratos que se derivan de esa decisión.

Pero, me dirán ustedes, el hecho de que sea registrador de la propiedad el presidente no debe  impedir reformas que estén justificadas. Cierto, pero entonces debe extremarse el cuidado, la pureza formal y el consenso, con el objeto de evitar malos entendidos. Y no deben de haberse respetado mucho estos cuidados imprescindibles cuando el propio cuerpo registral se ha alzado airadamente contra las pretensiones del sector registral en el poder, produciendo un verdadero cisma interno que ha desembocado en un cisma jurídico porque la  norma legal que da pie a todo este despropósito consagra ¡una corporación pública destinada a albergar a los registradores mercantiles, que serían también civiles!

Quizá este asunto no sea de la relevancia de las enormes corrupciones con la que nos encontramos todos los días al abrir el periódico, la secesión catalana o la crisis económica. Pero si me parece que es un buen ejemplo de captura del regulador. El elemento de la regulación puede introducir un factor muy importante en la economía porque puede determinar una ventaja competitiva crucial a unos u otros. Por ello es tan importante la que exista una neta separación entre el poder y la sociedad, y tan grave la captura del regulador que se produce cuando este es absorbido por los planteamientos del regulado, sea por su proximidad, el compadreo, tráfico de influencias o a veces superioridad técnica o simple colaboración frecuente. En el presente caso hay una particularidad: la captura no es desde fuera, sino desde dentro, ocupando descaradamente, cual caballo de Troya, el lugar del regulador y poniendo a su servicio los resortes del Estado. Fíjense en esta noticia de Voz Populi en la que directamente se menciona a Enrique Rajoy. Es como si el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia fuera el señor Alierta, o el difunto Botín el del Banco de España. Ni más ni menos.

En fin, la dimisión de Gallardón como ministro de Justicia ha supuesto al final la salida del Director General y de los registradores que le acompañaban en su misión. No sabemos exactamente cuáles han sido las razones -quizá influya la cascada de escándalos y la aproximación de las elecciones- pero desde luego procede congratularse de ello y esperar que el ministro sepa cómo paralizar este desaguisado y designar un director general que restaure la cordura a un organismo que había sido un faro y referente de todo el Derecho privado. Eso sí, esperamos que el cambio de línea que marca el ministro sea una verdadera liberación del regulador y que el cambio de Director, las negociaciones con el Colegio de Registradores y la nueva plataforma informática que se mencionan en las noticias enlazadas no sean consecuencia simplemente de una lucha entre facciones de registradores y que habiendo triunfado los de la propiedad frente al montaje de Futuver, vayamos a desembocar en algo todavía peor: el mismo estado registral, pero con aranceles convenientemente modificados en un registro civil de pago.

Ojala vuelva a imperar el sentido común, como desean un gran número de notarios y registradores y otras muchas profesiones involucradas y, sobre todo, merecen los ciudadanos.

Corrupción normal y síndrome de inmunodeficiencia política

La normalidad presenta su amenaza política. Especialmente porque su faz amenazante no se percibe como tal. Quién podría temer ante lo normal: quién podría temer ante lo que acaba percibiéndose como cotidiano, habitual, extendido, previsible, lógico, esperado o inevitable. Cuando Adorno advirtió que la normalidad era “la enfermedad moral” del siglo XX, nos dejó una advertencia que conserva su vigencia en el XXI.
Las frases hechas alimentan acciones… por hacer. Esas frases hechas que subrayan la normalidad de la corrupción, alguna incidencia encerrarán en cuanto a la tolerancia que se le acaba brindando a esa corrupción. El caldo de cultivo que se gesta con palabras (a golpe de tópico y lugar común) presentará su plasmación práctica a través de los hechos. Al fin y al cabo, la primera función de los tópicos es “volvernos normales”: “acomodarnos al grupo, arroparnos con lo que se lleva (…)” (Aurelio Arteta, 2012. Tantos tontos tópicos. Ariel, 
Mi país se corrompe lo normal
Algunos estudiosos indican que la corrupción que se vive en España es equiparable a la de otros países de su entorno. Vienen a decir que si nos pusiéramos a comparar cifras, índices, variables y estadísticas, observaríamos un nivel “normal” de corrupción. A mí me cuesta comprender este tipo de afirmaciones. No estoy diciendo que quienes realizan ese diagnóstico estén justificando la corrupción. Tan sólo muestro mi perplejidad, puesto que medir la cantidad de corrupción no nos lleva al meollo del asunto.
Por una parte, porque la cantidad de corrupción detectada no nos clarifica la corrupción inadvertida. Pasa algo parecido a lo que sucede con el narcotráfico: los alijos de droga requisados no son el todo de la mercancía entrante.
Pero a su vez, convendrá subrayar que lo prioritario no es lo cuantitativo (cuánta cantidad de corrupción aflora), sino lo cualitativo (si funcionan o no los contrapesos democráticos que permiten detectar esa corrupción; y qué respuesta institucional y electoral se le brinda a la corrupción, una vez que ésta ha aflorado).
Dicho de otra forma. Dado que lo peor no es la corrupción, sino su impunidad, la mayor alarma debiera brotar cuando constatemos (a) impunidad de partida, (b) impunidad penal y (c) impunidad en las urnas:
(a) si en un país han sido erosionados los mecanismos de control y vigilancia (los clásicos checks and balances que caracterizan a toda democracia que se precie), habrá un porcentaje alto de corrupción que ni siquiera llega a visualizarse;
(b) si en un país la corrupción acaba saliendo gratis desde el punto de vista judicial, eso denotará el correspondiente deterioro de las instituciones, eso denotará que falla la división de Poderes, eso volverá a denotar, en definitiva, el mal funcionamiento del Estado de Derecho;
(c) si en un país la corrupción es votada en las elecciones, eso evidenciará que parte de la ciudadanía ha querido hacerse cómplice de tales manejos. La culpabilidad no será la misma, pero la responsabilidad (en tanto que ciudadanos) nos alcanza a todos.
En consecuencia, cabe desmontar esa supuesta normalidad que algunos atisban. Aunque el número de casos de corrupción estuviera en parámetros “normales” (entre comillas); no puede ser normal la existencia de agujeros negros en los que la corrupción resulte inescrutable; y no puede ser normal que la corrupción resulte impune en los tribunales; y no puede ser normal que la corrupción sea votada con el bochornoso alborozo con que ha venido votándose.
Asimismo, tampoco podrá eludirse la (d) impunidad corporativa ni la (e) impunidad mediática:
(d)  si en un país, la corrupción es amparada por el partido en el que surgió (o es amparada por el sindicato, patronal, ONG, confesión religiosa, colegio profesional o entidad correspondiente en la que pudiera haber surgido), eso mostraría que no funcionaron los mecanismos de autocontrol propios. Es decir, al margen de que pudieran haber fallado los controles legales externos, también habrían fallado los controles éticos internos (códigos de autorregulación, códigos de buenas prácticas, controles de calidad…). Puede que esos mecanismos internos de supervisión funcionaran hasta una fase, pero si finalmente las señales de alarma se encubren y las responsabilidades no se depuran, la resultante es ese clima de impunidad al que estamos apuntando.
(e) si en un país, ciertos medios de comunicación respaldan la corrupción de los suyos, eso ilustra que no preocupa la corrupción: al menos no tanto como los intereses que llevan a silenciarla. Cuando aludimos a la corrupción de los suyos nos referimos a la de sus afines y comparsas: aquellos a los que el medio de turno se siente ideológicamente cercano y/o aquellos a quienes debe la correspondiente contraprestación (contraprestación por haber recibido, o estar a la espera de recibir, favores para su grupo multimedia). Si ciertos medios se muestran combativos sólo con la corrupción que afecta a los otros (a los que no son próximos o a los que no van a potenciar sus intereses), eso ejemplifica que no preocupa la corrupción, sino el negociado. El respaldo mediático a la corrupción adquirirá variadas formas: desde la minimización de la información incómoda, hasta la directa ocultación de la misma, pasando por todo tipo de tergiversaciones o irracionales explicaciones, para acabar atemperando la gravedad o acabar desembocando en abstractas e injustas generalizaciones (dado que la corrupción está en todos-todísimos… sigamos apostando por los nuestros). Ese sectarismo e interesada pleitesía, esa desinformación y seguidismo, esa renuncia de los medios a su función de contrapoder (tan indispensable para el ejercicio democrático), vuelve a retroalimentar esa impunidad que nos ocupa.
Al igual que ocurría ante los puntos “a”, “b” y “c”, los puntos “d” y “e” tampoco pueden ser  contemplados con la parsimonia de la normalidad. Por habituales y cotidianas que pudieran ser esas derivas, por supuesto que no cabe catalogarlas como normales desde el punto de vista democrático. Y demos un paso más. Esos ejes que hemos presentado como hipotéticos, en el caso español son hipótesis manifiestamente contrastadas. Esos fenómenos paranormales de la política han sucedido y suceden  en España. Desde luego que sí.
Hace unos años, Miguel Lorente publicó un libro titulado Mi marido me pega lo normal (2003. Crítica:  El título refleja ese testimonio de tantas y tantas mujeres que por desgracia habían asumido el maltrato como algo natural y comprensible. Igual que toca seguir dando la batalla para que nunca (en modo alguno y bajo ninguna circunstancia) pueda percibirse con normalidad la violencia machista; también toca seguir dando esa otra batalla referida a la corrupción.
Frente a la idea de que “mi país se corrompe lo normal” (y “la democracia se desmorona, pero sin estrépito”; y “el Estado de Derecho se derrumba, pero sin alardes”), frente a esas tristes renuncias, también cabe algo más que dejadez, pasividad e indiferencia.
 
Corrupción hard y soft
La corrupción política es más, mucho más, que meter la mano en la caja. De ahí la división entre corrupción hard y corrupción soft. La primera tiende a estar tipificada. Siempre podrán encontrarse resquicios legales en los que cierta práctica corrupta escapa al Código Penal, pero en principio, dentro de un Estado de Derecho que merezca llevar tal nombre, esa corrupción hard resultará delictiva.
Más peligrosidad puede llegar a encerrar la versión dulce y amable de la corrupción. La corrupción de baja intensidad “me preocupa más, porque se extiende insidiosamente, penetra por todos los pliegues de la vida social o privada y acabamos por no detectarla y convertirnos en colaboracionistas” (José Antonio Marina, 20-11-2012. Corrupción de baja intensidad”:
Como se desprende del apunte de Marina, la mayor peligrosidad de la corrupción soft radica en su omnipresencia, en su invisibilidad y en su perverso potencial: el efecto multiplicador para suscitar alrededor complicidad (genera colaboracionismo, aunque sólo sea porque su aparente y cotidiana normalidad logra desactivar cualquier repulsa, cualquier rechazo y cualquier atisbo de reacción y de extrañeza).
La colonización partidista de las instituciones (desvirtuando la razón de ser de tales instituciones) es un preclaro ejemplo de corrupción soft. Son dinámicas legales (se apoyan en sesgadas interpretaciones de una vaga formulación y/o se apoyan en preceptos que directamente se legislaron para posibilitar la artimaña). Dinámicas legales que se ajustan a la letra, aunque desnaturalicen todo el espíritu que conllevan las reglas del juego democrático.
Para no hacer este artículo más extenso de lo razonable, bastará realizar una esquemática enumeración: okupación partidista del Consejo General del Poder Judicial, y del Tribunal Constitucional, y del Tribunal de Cuentas, y de la CNMV, y del Banco de España, y de RTVE… Todo ello no es el botón de una excepcional y esporádica muestra. Más bien estamos ante una flagrante y planificada botonadura, donde prevalecen unas directrices comunes:

  • los perfiles profesionales son sustituidos por perfiles partidistas, en los que la cualificación técnica y profesional pierde su relevancia[i];
  • los criterios de interés general (aquellos que dan sentido a la propia institución) son relegados por decisiones de interés particular y partidario; y, en suma,
  • los organismos supervisores son maniatados o dinamitados para que la barra libre campe por sus respetos.

A día de hoy ya es obvio el exitazo de que los partidos hayan monopolizado las Cajas de Ahorro. Esa hazaña que de forma tan bochornosa han librado los PpSOeIU nos permite vislumbrar lo acontecido en otras instituciones que tampoco debieran ser monopolizadas. Conocemos ya las perversiones, los destrozos, las tarjetas black y las preferentes ignominias que han venido produciéndose en las Cajas. Pues por poner un ejemplo: que el CGPJ se lo estén repartiendo PP y PSOE (con su correspondiente vocal para IU, PNV y CiU), en términos democráticos conlleva similares perversiones, similares destrozos, similares tarjetas y similares preferentes.
 
Síndrome de inmunodeficiencia política
Cuando falla el sistema inmunitario de una persona, los agentes patógenos encuentran facilidad para cumplir su misión destructiva. También en el ámbito social, en el escenario político, puede darse esa incapacidad para hacer frente al erosionador virus. Volvamos por un momento a Marina: “Una sociedad puede también perder esa capacidad y volverse incapaz de aislar, combatir, neutralizar o expulsar los elementos dañinos”
Todos los mecanismos por los que fluye la impunidad (todas esas posibilidades que hemos tratado de esbozar a lo largo de este artículo) ayudan a darle normalidad a esa corrupción. Tanto a la corrupción hard como a esa otra corrupción soft (más nociva, si cabe), que se viste de sutiles y disimulados ropajes.
Si la corrupción acaba camuflándose bajo la apariencia de `normalidad´, nada nos volverá más `normales´… que ser apáticos o comprensivos con la misma. Y a mayor `normalidad´, mayor inmunodeficiencia para combatir la metástasis política. Y a mayor `normalidad´, mayor anomalía democrática.
 


[i] Por citar alguna evidencia a este respecto. Elvira Rodríguez dejó su escaño del PP para pasar a ser presidenta de la CNMV. Y ya antes, su presidencia de la Asamblea de Madrid o su ministerio de Medio Ambiente (en el gobierno de Aznar) quizá tampoco ayuden a reforzar ese aire de independencia, freno y contrapeso que se le supondría (o que se le debiera presuponer) a un organismo como la CNMV. Y por añadir otros dos ejemplos: la bronca en público de Fernández de la Vega (vicepresidenta del gobierno de Zapatero) a Casas (presidenta en aquel momento del Tribunal Constitucional) resulta sobradamente significativa. Como subrayable significación adquiere que Pérez de los Cobos (actual presidente del Tribunal Constitucional) fuera afiliado del PP. Es de justicia deducir que no estamos ante irrelevantes anécdotas, sino ante una innegable categoría: “Llegados a este punto, el problema ya no es que a los magistrados se les presione y no se les deje ser independientes: ahora sencillamente es que ellos mismos no tienen ningún interés en serlo. La prueba es que el presidente del Tribunal Constitucional en el año 2013 no necesita ser coaccionado en absoluto: simplemente, está tan identificado con los interés del partido que le ha nombrado que ha sido afiliado suyo. (…) si los políticos piensan, con razón, que sus designados jamás habrían llegado a tan altos cargos sin su mediación, y por tanto que les deben un gran favor, no dudarán en reclamar que se lo devuelvan. Por el contrario, nadie llama a dar instrucciones a los magistrados del Tribunal Constitucional alemán, cuyo prestigio es tremendo, y menos todavía nadie les echa broncas en público. Las diferencias en cuanto al funcionamiento institucional a la vista están” (Sansón Carrasco, 2014. ¿Hay derecho? La quiebra del Estado de derecho y de las instituciones en España. Península, pp. 54-55).