Sobre el artículo de Luis Garicano “Los cisnes negros y la tarea de Rajoy”

Ayer viernes publicaba nuestro querido colaborador Luis Garicano en el diario El Mundo un artículo, titulado “Los cisnes negros y la tarea de Rajoy”, en el que, como se resume en la entradilla, sostiene que el presidente del gobierno tiene que ofrecerle una vía a Artur Mas para dejar el separatismo y que, para evitar una supuesta declaración de independencia unilateral, deben cederse más competencias a Cataluña.
Usa como punto de arranque la conocida tesis de Nassim Taleb, en “El cisne negro”, en el que partiendo de la escasísima posibilidad de encontrar estos animales, concluye que hay determinados acontecimientos insospechados e imprevisibles que pueden cambiar el rumbo de la historia. Para él ese cisne negro sería esa declaración unilateral de independencia después de un proceso de elecciones plebiscitarias, con las consecuencias que ello tendría, y que hay que evitar.
Ya en las redes sociales he mostrado mi desacuerdo con esa idea, con el poco valor que ello pueda tener; pero me gustaría explicar y matizar aquí mis motivos con el objeto de incitar al debate. Mi opinión es poliédrica y muy poco unidireccional, y ya he dejado un atisbo en Apotegmas para la resolución alternativa del conflicto catalán. Pienso que el artículo de Luis expresa ideas defendibles, pero tiene el inconveniente de que no distingue dos escenarios:
1) La amenaza concreta y específica surgida a consecuencia de la convocatoria para el 9-N.
2) El “problema catalán” en toda su dimensión.
En cuanto al escenario 1), no debe olvidarse que el Estado de Derecho es clave en una democracia y que no debe cederse en el cumplimiento de la ley; y no por una pulsión kantiana dogmática, sino porque el Derecho es uno de los instrumentos del poder (en este caso democrático) y si deterioramos ese instrumento deterioramos el poder, y con ello el cumplimiento general de las normas y la convivencia. Y eso es el caos y la inseguridad total incluso para la supervivencia como tal Estado. Por tanto, la ley ha de cumplirse en este tema del referéndum, y si es ilegal, como a todas luces parece, debe impedirse. Ahora bien, el Derecho ha de ser proporcionado. Yo no veo que sea posible mandar un destacamento de la guardia civil a cada uno de los pueblos de Cataluña para coger la mano de los ciudadanos que están intentando introducir la papeleta en la urna para impedírselo. Aquí si dice bien Luis Garicano que “el clamor del queremos votar ha ganado la guerra psicológica”. Y ciertamente no es lo mismo un grupo de radicales intentando linchar al delegado del gobierno –eso justificaría el uso de la violencia- que impedir que la gente exprese su opinión, aunque el procedimiento de hacerlo sea ilegal. Eso no es presentable a nivel internacional, me temo. Ahora bien, eso no significa que, pasado un 9-N en el que se celebre una farsa folklórica o no tan folklórica , se saque la libreta y se empitone a todo funcionario, político o particular que se haya saltado la ley, o se le retiren competencias a la comunidad catalana vía art. 155 de la Constitución si se considera necesario.
Ahora bien, ¿eso resuelve el problema catalán? Para nada, el escenario 2) es mucho más antiguo y complejo y exige también mucho más esfuerzo para su resolución; esfuerzo que, con ser político, ha de hacerse también por vía del Estado de Derecho, en el cual las normas no se incumplen, sino que se reforman, como recientemente decía el escritor Javier Cercas en El País.
No creo que Luis diga otra cosa que esto que digo yo, lo que pasa es que se ha situado directamente en el escenario 2) y piensa que para la resolución de esta grave cuestión es preciso hacer ciertos reconocimientos y otorgar más competencias, y aquí sin duda discrepo. En mi criterio, con el mundo nacionalista la cesión no ha funcionado nunca y, muy probablemente, tampoco va a funcionar ahora. Lo acreditan fehacientemente 30 años de un goteo sucesivo de concesiones para aplacar esas ansias, con el resultado evidente de que esas ansias se han acrecentado. De acuerdo con el sistema de prueba-error lo que procedería es cambiar de estrategia. De hecho, el independentismo no es ningún cisne negro, sino un acontecimiento muy previsible y últimamente omnipresente en nuestras vidas, hasta la saciedad. Por ello estimo que más cesiones al dictado de los acontecimientos será ineficaz, aparte de indigno. Recuérdese lo de Churchill: con la indignidad queríamos evitar el conflicto, y tendremos el conflicto y la indignidad. Una cesión recurrente a Cataluña (y posteriormente a las demás autonomías, claro) supondrá el desquiciamiento de un Estado, incapaz -quizá ya lo es- de garantizar un mínimo de derechos, de libertad e igualdad y de controlar uniformemente un poder disgregado y autónomo: ¿Unidad de mercado? ¿igualdad de derechos? Pura palabrería vacua.
¿La solución entonces es seguir igual? En absoluto, lo que pasa es que la cuestión se plantea en otros términos, distintos de la cesión de competencias. Ya hemos dicho en este blog muchas veces, pero es necesario repetirlo, que en democracia al final puede ser necesario consultar a los ciudadanos y puede que incluso sea inevitable la independencia de Cataluña. Pero eso ha de plantearse en el marco de una reforma constitucional en la que todos los ciudadanos, partiendo de la actual soberanía del pueblo español, se planteen si esa mínima uniformidad del Estado, la que es precisa para que éste sea eficaz y útil en la defensa de los derechos de los ciudadanos y del Estado de Derecho, es compatible con ese anhelo de autogobierno que algunos al parecer necesitan. Si no es posible mantener ese mínimo común denominador con una distribución de competencias clara, no repetitiva y no negociable, y el precio de mantener unida a España es tener que resignarse un Estado disfuncional y troceado, incompetente para mantener la igualdad de los ciudadanos de las diversas regiones y con ella tantas otras cosas (entre ellas la economía y el bienestar, no lo olvidemos), quizá haya que plantearse si no será mejor la independencia de Cataluña.
Aunque, por supuesto, eso en ningún caso debe ocurrir cuando al presidente Mas lo diga o a ERC le venga bien: es algo que debe discutirse en condiciones de racionalidad y mucha menor tensión emocional (y a ver cómo se descuentan de ello casi 30 años de intoxicación educativa y en los medios de comunicación), en un régimen de verdadera igualdad entre los ciudadanos, que habrán de decidir con conocimiento de causa, bien informados de las consecuencias -bastante graves- de esa determinación, aceptando que quizá Cataluña no tendría los límites que tiene ahora, sino los que decidieran sus ciudadanos en una votación y por supuesto con preguntas claras y no unilaterales. Una reforma constitucional, en definitiva, que introdujera un marco preciso de competencias y un procedimiento de separación con condiciones claras, a modo de la famosa la ley de la claridad canadiense, que se ha revelado muy útil para centrar los problemas y buscar soluciones sensatas y prácticas. La prueba es que el referéndum no se ha vuelto a plantear desde entonces.
¿Obstáculos para ello? Pues hay uno importante: que para hacer eso el la Democracia y el Estado de Derecho tendrían que funcionar al cien por cien en España y no lo hacen. Porque si se acusa al Tribunal Constitucional de partidismo, algo de razón se tiene; y si es a la justicia de estar politizada, pues también; de que haya nepotismo, corrupción y cortoplacismo, no le faltaría razón. El inconveniente es que en política no vale sólo la legalidad, sino que es imprescindible la legitimidad, que se consigue cuando tú te aplicas la misma medicina que quieres aplicar a los demás: la ejemplaridad, en definitiva. Y de eso estamos muy faltos en España, al punto de que muy probablemente una solución de este tipo exigiría una reforma de la Constitución más amplia que regenerara muchas más cosas.
Seguro, no obstante, que estará de acuerdo Luis  conmigo en una cosa, que creo deducir de su artículo: el problema, a largo plazo, no se arregla con leyes –por mucho que no podamos prescindir de estas- ni probablemente con modificaciones del marco organizativo, sino que aquí subyace algo más profundo. El otro día, Tomás Viejo nos decía en El Pais que el fracaso del Estado-nación español no tiene que ver con la organización del Estado sino con la construcción de la nación, y no se resuelve con ingeniería constitucional sino con políticas de construcción de identidad compartida, sean éstas del tipo que sean. ….El problema, si acaso, sería el de unas élites políticas, las españolas actuales, cuya ausencia de un proyecto de nación, no de Estado, resulta casi pavorosa.
Me temo que es así y que tenemos una importante tarea por delante. Pero creo que nada se adelanta cediendo ante el peligro.