La lentitud del Tribunal Constitucional y sus consecuencias

El Tribunal Constitucional tiene el deber de interpretar y proteger la Constitución Española. Para ese fin, se han puesto diferentes mecanismos a disposición de diversos sujetos para poder solicitar, en distintas situaciones, la intervención del órgano constitucional.

Desde hace varios años, el Tribunal Constitucional realiza su actividad de forma lenta e ineficiente, dejando indefensos a los ciudadanos que se ven perjudicados por normas legales o actuaciones administrativas o judiciales que atentan contra lo establecido por la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Es importante señalar que Eduardo García de Enterría ya comentó en 2003 que la duración de los procesos que se desarrollan ante el intérprete supremo de la Constitución era “exorbitante”. La Ley Orgánica 6/2007 sirvió para reformar el recurso de amparo con el objetivo de reducir el numero de procesos de amparo, ya que había que luchar contra dos circunstancias:

  1. El crecimiento del número de recursos de amparo, que ocupan gran parte del tiempo y los medios materiales y personales del Tribunal Constitucional.
  2. La lentitud de los procesos que se desarrollan ante el máximo intérprete de la Constitución Española.

La Ley Orgánica intenta solucionar los problemas que se derivan de la realidad práctica del funcionamiento y de la organización del Tribunal Constitucional, adecuando la normativa, aunque el problema de la saturación sigue existiendo en la actualidad y podría decirse que se ha agravado.

Es necesario tener presente, cuando se comenta la lentitud del desarrollo de las labores del Tribunal Constitucional y sus consecuencias, que existen dos grandes tipos de procesos constitucionales para proteger, por un lado, la vertiente de la norma suprema que afecta a los ciudadanos a nivel colectivo y, por otro, la vertiente que los afecta a nivel individual. Estos dos tipos son:

  1. Los procesos de declaración de inconstitucionalidad, cuyos procedimientos se encuentran regulados en el Título II de la Ley Orgánica 2/1979. Es posible encontrar muchos ejemplos de lo que se se podría considerar como un ineficiente trabajo del Tribunal Constitucional por su falta de agilidad en el desempeño de sus funciones de control de la constitucionalidad, ya que, en el año 2012, el máximo intérprete de la Constitución Española llegó a acumular retrasos de hasta trece años en procesos de inconstitucionalidad sobre leyes polémicas. Existen casos de sentencias ya dictadas tardíamente y casos de resoluciones que todavía deben ser emitidas por el órgano constitucional:a) El Tribunal Constitucional ha dictado resoluciones de casos que tardaron años en resolverse, como sucedió con la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, que puso fin al proceso sobre la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuyos elementos fundamentales fueron impugnados mediante un recurso de inconstitucionalidad interpuesto el 31 de julio de 2006, o con la Sentencia 198/2012, de 6 de noviembre, que declaró constitucional el matrimonio homosexual, implantado a través de la Ley 13/2005, que fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado el 30 de septiembre de 2005. Otro de los procesos de control de la constitucionalidad ya finalizados que duró más de lo adecuado fue el relativo al Real Decreto-Ley 5/2002, que fue declarado inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 68/2007, de 28 de marzo.b) Hay procesos de declaración de inconstitucionalidad que todavía no han sido resueltos, como el de la Ley 10/2012, que estableció unas tasas judiciales que deben ser declaradas inconstitucionales por los motivos expuestos por Verónica del Carpio Fiestas, o el de la actual Ley del aborto.
  2. Los procesos de amparo constitucional, cuyo procedimiento se encuentra regulado en el Título III de la Ley Orgánica 2/1979. El recurso de amparo es la figura que más se ha visto afectada por la saturación del máximo intérprete de la norma suprema española, ya que el Tribunal Constitucional inadmitió a trámite 7.298 recursos de amparo en el año 2012 y el 97,73% de los 7.376 recursos de amparo presentados en 2013 fueron inadmitidos a trámite. Lo más preocupante es que los recursos de amparo que están siendo estimados tardan años en resolverse, como ya sucedió en la situación de Diego Soto Sánchez. Hay otros ejemplos, como el del caso en el que el Tribunal Constitucional tardó cuatro años en reconocer que un justiciable sufrió dilaciones indebidas en un proceso.El dato más curioso es que la saturación del Tribunal Constitucional causada por los recursos de amparo intentó frenarse con la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo. Sin embargo, como ya se ha comentado, la reforma normativa, que fue analizada por Ana Espinosa Díaz en “El recurso de amparo: problemas antes, y después, de la reforma”, no ayudó a extinguir el exceso de asuntos originados por demandas de amparo. Al hablar de este aspecto del tema, debe ser destacada la propuesta de Jesús González Pérez, que estima que es necesario eliminar el recurso de amparo en “La reforma del Tribunal Constitucional”.

La lenta resolución por parte del Tribunal Constitucional de los procesos de constitucionalidad y de amparo tiene diversas consecuencias, que implican:

  1. Que los entes legislativos puedan crear leyes cuya constitucionalidad sea dudosa, debido a que el control de constitucionalidad siempre termina efectuándose mucho tiempo después del nacimiento de las normas enjuiciadas por el máximo intérprete de la Carta Magna española. Este hecho produce inseguridad jurídica.
  2. El fomento de actividades realizadas por los poderes públicos que puedan vulnerar derechos fundamentales.

Deben hacerse las reformas oportunas para lograr que los procesos que debe resolver el Tribunal Constitucional no tarden tanto en finalizar, sino que terminen adecuadamente en el menor tiempo posible. Para conseguir este objetivo sería adecuado tener presente las propuestas que han sido presentadas por los especialistas.

La Constitución Española no será respetada completamente mientras los mecanismos procesales del control constitucional de las normas legales y de las actuaciones de los poderes públicos no funcionen con eficacia y eficiencia, desarrollando sus funciones en breves periodos de tiempo.

¿De donde salen los más de 10.000 millones de ahorro gracias a la reforma de las Administraciones Públicas?

El pasado 18 de septiembre, Mariano Rajoy presidió la presentación del informe del primer año de ejecución de las medidas de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
Sobre la reforma de las Administraciones Públicas (AAPP) hemos hablado mucho en este blog,  pero en esta ocasión no repasaremos el estado de las 222 medidas de la CORA ni tampoco vamos a analizar los avances en el proceso de reordenación de entes públicos de las Comunidades Autónomas (se dice se comenta que han reducido ya 675 entes autonómicos), sino que nos vamos a centrar en las cifras de ahorro que aparecen en el citado informe de la CORA y que el Presidente del Gobierno resaltó en su discurso de presentación del mismo.
Gracias a las reformas emprendidas, a 30 de junio de este año 2014 (y desde el 1 de enero de 2012, es decir en la actual legislatura), el ahorro acumulado para las Administraciones Públicas asciende a un total de 10.417 millones de euros, de los cuales 2.684 millones corresponden al Estado (AGE), 5.535 millones a las Comunidades Autónomas (CCAA) y 2.198 millones a las Entidades Locales.
Estas cifras anunciadas por Rajoy son muy impactantes, sobre todo cuando los ciudadanos (al menos algunos) no percibimos que se esté acometiendo una reforma profunda de las AAPP. Lo que percibimos hasta ahora es que hay menos médicos, profesores… pero no acabamos de visualizar una administración más ágil y sin duplicidades como nos están diciendo. O seremos solo algunos, pesimistas o desencantados, quien sabe.
El caso es que en el discurso del Presidente se destacaron estos ahorros (los ordeno de mayor a menor en función de la cuantía del ahorro):

  • Plan de Gestión del patrimonio inmobiliario: doscientos millones de euros entre ventas y renegociaciones de alquileres.
  • Centralización de compras y servicios dentro de cada Ministerio: 176 millones de euros
  • Contratación conjunta entre Departamentos (77,5 millones): treinta millones en comunicaciones postales, veinticuatro millones en limpieza, dieciséis millones en automóviles o siete millones y medio en combustibles de automoción.
  • Las Comunidades Autónomas han ahorrado hasta la fecha en 54 millones de euros gracias a la compra centralizada de medicamentos y el desarrollo de la plataforma de compras del Ministerio de Sanidad.

Si nos ponemos a sumar nos salen unos ahorros de 453,5 millones en la AGE y 54 millones en las CCAA. Estas medidas suman en total 507,5 millones de euros pero ¿de dónde salen los más de 9.900 millones restantes? Lo desconocemos, desde luego en el informe de la CORA no aparece la explicación y es que todo el detalle del informe desparece cuando se habla de los ahorros que se van a conseguir: el apartado 3 del informe “La Reforma de la Administración en Cifras” no llega a media página, tiene tres párrafos en un informe que tiene 76 páginas (por falta de hueco no será desde luego) y se limita a dar “titulares” sin más explicación.
De hecho el otro “titular” que ofrece el informe de la CORA es que, a finales del 2015, el ahorro que se alcanzará va a ascender a un montante total de 37.620 millones de euros. Y no solo nos hablan del ahorro público, también han estimado lo que los ciudadanos y empresas nos ahorraremos gracias a las reformas emprendidas en las administraciones públicas: se están dejando de gastar 766 millones en trámites y procedimientos que se han eliminado y cuando acaben las reformas, nos vamos a ahorrar los ciudadanos y empresas 16.295 millones al año (esta última cifra solo aparece en el informe de la CORA y no la incluyeron en el discurso del Presidente, quizás les dio un poco de reparo quien sabe).
Como me decía un antiguo jefe cuando hacía estimaciones en mi etapa de consultor: cualquier parecido con la realidad puede ser pura coincidencia. Yo creo que estas estimaciones son una consecuencia más del “marketing político” al que estamos sometidos (en este caso parece que hay que buscar el titular cueste lo que cueste) y al que desgraciadamente nos hemos acostumbrado y aceptamos como algo normal, pero deberíamos plantarnos y demandar en este caso un poco de rigor cuanto menos.
Si ustedes confían en  la veracidad de las cifras, yo estoy equivocado y lo mejor está por llegar porque en año y medio (jun’14 a dic’15) el ahorro público va a sumar 27.203 millones de euros (recordemos que en 2 años y medio el ahorro ha sido de “solo” 10.417 millones).
El problema es que, por lo menos un servidor, no se cree esas cifras y con eso no estoy diciendo que el Gobierno del PP no haya hecho nada en esta materia. Sería una afirmación falsa, ya que basta repasar las 76 páginas del informe de la CORA para ver que se han materializado muchas medidas de racionalización de las AAPP (a junio de 2014, 101 de las 222 previstas). Pero el momento era el idóneo para una verdadera reforma, que consiga que las administraciones e instituciones públicas funcionen ágil y eficientemente (en todos los niveles, sin duplicidades, etc) y estén al servicio de la ciudadanía y no respondan a intereses políticos. En mi opinión esa oportunidad se ha perdido. Y es que seguimos viendo cosas como que el ex Ministro Gallardón nos comunica un 3 en 1 (dimite, deja el PP y abandona la política) y 48 horas después ingresa en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid en calidad de consejero permanente por ser expresidente de la Comunidad. Pero lo de Gallardón es solo un ejemplo más, por lo que tenemos la sensación (yo por lo menos) de que seguimos contando con instituciones públicas al servicio de dirigentes políticos y no de la ciudadanía. Y ya me pueden decir que nos hemos ahorrado 5, 10, 15 ó 20 mil millones de euros, que si no me explican de donde salen, no me lo creo la verdad.