La paradoja de la corrupción política en España

El saber popular ha construido una sentencia que, a modo de infalible regla de tres, se presenta como indubitada: no puede haber políticos corruptos sin ciudadanos corruptos. La realidad científica por el contrario es reiterativa en contradecir esta afirmación, pues los estudios sobre nuestro país muestran un mayor grado de deshonestidad entre la clase política que en otros sectores como los funcionarios públicos. A modo de ejemplo, los últimos informes GRECO se preocupan especialmente de la financiación ilegal de los partidos políticos (2013) y la injerencia política en las instituciones (2014), o el último Barómetro Global de la Corrupción TI’2013 muestra una peor valoración de los políticos y la judicatura que de los sectores administrativos como la sanidad o la educación. La consecuencia práctica es que mientras para muchos ciudadanos sería casi impensable pagar un soborno para acceder a los servicios públicos básicos, para un empresario no es tan extraño plantearse prácticas colusorias con las autoridades políticas en materia de contratación y urbanismo.

En este mismo blog se ha acreditado recientemente la viabilidad científica de la existencia de distintos umbrales de deshonestidad dentro de una misma sociedad dependiendo de circunstancias coyunturales como la clase de actividad o la cultura de grupo. Como bien dice el Papa Francisco (2013, Corrupción y pecado), la corrupción más que un pecado es un estado en el que se conjuga la formación ética personal con la cultura moral de la institución. Por ello, encontramos casos de funcionarios con intachable trayectoria profesional que, tras su salto al escalón político, participan de los males que padecen nuestro sistema partitocrático: sobresueldos no transparentes, regalos y prebendas onerosos, o, en el peor de los casos, coimas sustanciosas.

La causa de esta aparente contradicción hay que buscarla en el distinto tratamiento de la integridad moral de las autoridades políticas y los funcionarios públicos en esta etapa democrática. Curiosamente, la clase política comenzó esta andadura con un mayor crédito ético a nivel popular, pues los nuevos o reconvertidos líderes políticos de principios de los 80 gozaban de cierto halo de honestidad consecuencia de su ropaje democrático que parecía romper con la viciada clase política anterior. Como tuvo ocasión de denunciar tempranamente NIETO (1984, La organización del desgobierno), esta aureola pronto se quebró con los escándalos de corrupción ligados en buena parte a la financiación de los partidos políticos. Cabe recordar un caso paradigmático de principios de los 80 en el que un valiente teniente-alcalde del Ayuntamiento de Madrid (Alonso Puerta) denunció la exigencia a los adjudicatarios de contratas de comisiones ilegales a favor del PSOE, obteniendo como frustrante resultado su expulsión del partido y de la corporación municipal. Consecuencia de este problema no resuelto, los sucesos de corrupción ligados directa o indirectamente a la actividad de los partidos políticos se han reiterado en los últimos treinta años, sin que las sucesivas reformas legislativas iniciadas en 1987 hayan atajado el problema.

Por el contrario, los funcionarios públicos han seguido el camino inverso, pues estos servidores públicos se encontraban mal considerados socialmente al inicio de la andadura democrática, siendo considerados un grupo corrupto e incompetente, del que únicamente se podían salvar algunos cuerpos de élite. La vivencia diaria de los ciudadanos corroboraba esta percepción, pues en su contacto con la Administración era habitual que se vieran envueltos en tratos al menos poco éticos para obtener los servicios públicos: desde el pago de una propina al funcionario de ventanilla, una iguala o suplido al médico del seguro o, en el peor de los casos, la entrega al gestor público de un sustancioso presente a cambio de una buena recomendación. La democracia española actuó con rapidez mediante la reforma de función pública impulsada por el gobierno socialista en 1984 que prohibió todo tipo de ingresos atípicos a quienes prestan servicios públicos (curiosamente, tal recordatorio sigue figurando treinta años después en las LPGE), reguló de forma estricta las incompatibilidades entre actividades públicas y privadas, y en el caso de los cuerpos más reticentes se abrieron macro-investigaciones judiciales para terminar con perniciosas costumbres como los pagos de engrase (las llamadas “astillas”) que circulaban impunemente por las oficinas judiciales. El éxito de esta política anticorrupción ha sido evidente: hoy en día más de una generación de funcionarios no sabe lo que es recibir regalos por su actividad profesional, y para muchos ciudadanos contarles que hubiera que pagar algún dinero “bajo cuerda” por recibir una atención médica o de otro tipo le sonaría a ciencia ficción.

En todo caso, una visión absolutamente positiva de nuestros funcionarios públicos no sería totalmente cierta y no sólo porque siempre pueden denunciarse ejemplos concretos de malas prácticas. En primer lugar, aún persisten sectores administrativos en el que las medidas de regeneración democrática no lograron acabar con las execrables costumbres, singularmente en el ámbito de las licencias urbanísticas municipales donde el recurso a los “pagos acelerador” ha seguido siendo desgraciadamente demasiado habitual. En segundo lugar, como también se ha comentado en este blog, los cuerpos de funcionarios están actuando como auténticos colaboracionistas para que los cargos políticos puedan repartir ilícitamente concesiones y negocios públicos, mediante su participación sumisa en la elaboración de los expedientes administrativos que dan cobertura de legalidad a estas operaciones bajo el principio, y de nuevo recurrimos al Papa Francisco, de que “el corazón no quiere líos”.

Deloitte, Bankia y la excusa de la cuestión de Estado

En Bankia ha fallado el sistema. Es un grupo bancario de importancia sistémica y su rescate ha costado a los contribuyentes más de veinte mil millones de euros. Muchos de sus administradores han metido la mano en la caja utilizando tarjetas en negro, pero este hecho con ser grave pudiera no ser más que un incentivo para que incumplieran su función  de vigilancia. Las grandes entidades bancarias disponen de una red de seguridad destinada a prevenir las dificultades y en particular el fraude. En materia contable las Cajas de Ahorros contaban con una comisión interna y un auditor externo. La comisión de control estaba encargada de analizar la gestión económica y financiera de la entidad, y de elevar al Banco de España cualquier irregularidad detectada. A su vez el auditor debía velar por la transparencia y fiabilidad de la información económico financiera, elemento consustancial al sistema de economía de mercado recogido en el artículo 38 de la Constitución. Pero ni la comisión de control ni el auditor han cumplido su función preventiva. La comisión de control anestesiada por las tarjetas y otros dependencias políticas, el auditor por conflictos de interés y falta de independencia.
Deloitte ha sido sancionado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC ) con una multa de 12,4 millones de euros  por falta de independencia en la auditoría de Bankia al realizar al mismo tiempo trabajos de asesoría. Deloitte hizo de cocinero y al mismo tiempo daba las estrellas al restaurante. Quienes acudieron a la salida a Bolsa de Bankia confiaron en sus cuentas. No fueron avisados del tongo. El fiasco de Bankia es de tal envergadura y de tal gravedad que merece la mayor de las sanciones. Dicha conducta debería ser sancionada con la retirada de la licencia para operar en España.
Fue la CNMV quien encargó a Deloitte que ayudara a Bankia a preparar sus cuentas antes de auditarlas. Por esta razón, la CNMV con el apoyo del Banco de España se ha opuesto con vehemencia a la sanción a Deloitte. Se han proferido incluso ataques personales a la presidenta del ICAC por cumplir con su función. Los responsables de estos organismos piensan que el ICAC no está a la altura de las circunstancias. En su opinión estamos ante una cuestión de Estado. Había que salvar Bankia. Estaba en juego nuestro sistema financiero y la economía en su conjunto. La colocación de preferentes entre los clientes ahorradores había dado un respiro. Había que reforzar el capital de la entidad. La salida a Bolsa podía ser la solución definitiva. Sin ningún rubor, en contra de la independencia que debe presidir la auditoría de cuentas, la CNMV encargó a Deloitte servicios de consultoría incompatibles con su independencia. El fin justifica los medios. Se trataba de salvar al sistema aunque hubiera que poner en riesgo el ahorro de los clientes. Se permitió incluso que Deloitte incluyera una cláusula de indemnidad. Consciente de que su actuación era contraria al principio de independencia del auditor Bankia se obligada por eta cláusula a mantener indemne a Deloitte de cualquier responsabilidad. Una cláusula nula de pleno Derecho por ser contraria al orden público.
Los responsables de la CNMV no son conscientes de haber hecho algo incorrecto. Piensan que han actuado de buena fe en interés general. No se sienten culpables. Las pérdidas en preferentes y en acciones son daño colaterales. Lo importante era evitar el rescate. Pero este planteamiento es contrario al Estado de Derecho.  Un supervisor no puede comprometer la independencia del auditor encargándole trabajos de maquillaje contable. Debe velar por la transparencia de los mercados de valores y la protección de los inversores. Fraudes masivos como el de las preferentes y el de la salida a Bolsa de Bankia son demoledores para el sistema financiero. La confianza, base del sistema, se resquebraja y es difícil restaurarla. Es como un vaso de cristal, que roto no sirve para beber. El sistema se gripa y deja de canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. La actuación de Deloitte actuando por encargo de la CNMV preparando las cuentas de Bankia antes de auditarlas ha causado un daño mucho mayor que el que trataba de evitarse. Ha propiciado un fraude en masa al ahorro popular que ha lesionado la confianza del público en el sistema financiero. La excusa de la cuestión de Estado no justifica la conducta del Banco de España y de la CNMV en el caso Bankia.
Lo paradójico es que el sacrificio del ahorro de cientos de miles de clientes de Bankia no ha servido para evitar el rescate. Han sido necesarios decenas de miles de millones de euros para cubrir las pérdidas. No se ha conseguido el fin perseguido, evitar el rescate, y sin embargo se ha sacrificado lo más valioso, la confianza del público en el sistema financiero.