Es el mejor momento para reformar las actuales tasas judiciales

Junto con la implantación de las tasas judiciales -una verdadera aberración democrática y un atentado al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva-, hubo otra reforma de la época de Zapatero que pasó desapercibida. Hablo de la efectuada por la Ley 37/2011 de medidas de agilización procesal, que eliminó de cuajo la posibilidad de recurrir las sentencias dictadas en los juicios verbales cuando la cuantía en disputa no supere los 3.000 euros. Y para argumentar esa decisión, en la Exposición de Motivos de esa ley hace estas dos aseveraciones:
“La Ley que ahora se presenta continúa la línea de reformas procesales iniciada con las reformas que se acaban de mencionar, tratando ahora de introducir en la legislación procesal mejoras que permitan agilizar los distintos procedimientos, sin merma de las garantías para el justiciable.”
“Se excluye el recurso de apelación en los juicios verbales por razón de la cuantía, cuando ésta no supere los 3.000 euros, tratando con ello de limitar el uso, a veces abusivo, y muchas veces innecesario, de instancias judiciales.”
Dice la ley que se trata de “limitar el uso, a veces abusivo, y muchas veces innecesario, de instancias judiciales“. Un par de consideraciones al respecto. En primer lugar, pareciera que el ciudadano se levante por la mañana pensando a quién demandar, deseando complicarse la vida por diversión, y en recurrir posteriormente toda sentencia que recaiga en su contra. En segundo lugar, si ese abuso fuera real -cabría esperar que para hacer esa afirmación se hubiera realizado algún análisis previo-, las estadísticas lo corroborarían. Comprobémoslo.
Según los datos del propio CGPJ, en 2012, tras llevar ya un año en vigor la reforma legal, se recurrieron 16 de cada 100 sentencias de los Juzgados de 1ª Instancia de la Jurisdicción Civil. ¿Y qué ocurría en años anteriores? Pues que en 2011 fue el 15,9%, en 2010 el 15,1%, en 2009 el 16,4% y en 2008 el 16,8%.¿De verdad el problema del colapso de nuestro sistema judicial es que sólo el 16% de las sentencias civiles de primera instancia sean recurridas? Creo que las cifras hablan hasta por los codos.
Por otro lado, con datos también del CGPJ, que un 64% de las sentencias recurridas en segunda instancia no sean confirmadas, da una idea de la fiabilidad de algunas sentencias de primera instancia, lo que viene a agravar aún más las consecuencias de la supresión del derecho a recurrir de los ciudadanos.
Saludos

Llevo muchos siglos ejerciendo como abogado en ejercicio y es unánime el criterio de los Jueces y de todas las Asociaciones (de escasa representación en el total de jueces, todo hay que decirlo) en rechazar las tasas judiciales implantadas pues supone una vulneración de la tutela judicial efectiva y va contra el principio de igualdad ante la ley. Inicialmente se propuso para sufragar la Justicia Gratuita. Nunca se llevó a cabo. Era un sistema más de recaudación fiscal que afecta como siempre al más debi.

Propondría cambiar los Juzgados por una moneda, una mesa y dos sillas, con un Notario al frente. A cara o cruz. Será la fortuna la que decida, y nadie debería sentirse agraviado.
Irresponsabilidad -cada vez menos enmascarada- de la Judicatura, definida constitucionalmente como responsable.
Pero peores son las sirenas que advierten, hace tiempo ya, de las intenciones confesas de excluir el Derecho Fundamental a un Juicio Justo del los Derechos Fundamentales susceptibles de Recurso de Amparo Constitucional.
A veces pienso -con fundamento, como el cocinillas de la tele- que la verdadera función de los Derechos Fundamentales constitucionalmente declarados no es otra que facilitar la absolución de los delincuentes sistémicos, como Los Albertos, Los Aliertas, Los Botines …
Porque los demás, ni los olemos de lejos.
Con la excepción, eso sí, de aquéllos asuntos respecto de los que el Gran Poder Mediático en que se fundamenta el corrupto sistema, decida su difusión general. Pero aquí, la Justicia no es el fin, evidentemente.
Con este estado de los asuntos judiciales, no es de extrañar que surjan -y se compartan- afirmaciones como la reciente de Sabino Cuadra, “La Transición no solo nos legó una Monarquía, un Ejército, una Policía y una Banca que fueron sostén de una dictadura criminal, sino también una Judicatura que acató dócilmente sus leyes y calló ante sus atropellos. Después de aquello, sus togadas señorías fueron recolocadas sin depuración alguna en la nueva Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, etc.., y allí crearon escuela. No sorprende por ello la actitud benévola de la actual judicatura en relación con los desmanes realizados por las llamadas fuerzas de seguridad, cuya impunidad es total. Y no lo digo yo, que conste, sino que lo afirman las reiteradas condenas (desapariciones, torturas,…) al Estado español hechas por distintos Comités de la ONU y el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea”.
Pues si.

Creo que no es un problema sólo de tasas judiciales, sino de la administración de Justicia en situación de inseguridad jurídica total. Como en la medicina, el 80% de los casos judiciales en materia civil se podrían resolver con una mediación previa que evite el farragoso proceso judicial. Dicho esto también podría aceptarse la demanda directa sin tener que recurrir a los servicios profesionales correspondientes dejándolos como opción libre para el demandante o el demandado que son los que de verdad conocen los “hechos” y el fondo de sus demandas. Los fundamentos de Derecho casi siempre son los mismos, salvo claro está la posibilidad (y aquí entra lo profesional) de aportar elementos jurídicos originales. En todo caso las tasas sólo deberían aplicarse en los casos de obtención de beneficios del servicio público requerido.