Se rompe la omertá universitaria: el caso de la Rey Juan Carlos

 

En este blog no hemos conseguido nunca que un profesor de una universidad pública española escriba, con su nombre y apellidos, sobre cómo se contrata –de verdad, no sobre el papel- al profesorado y también, de paso, al personal administrativo o personal auxiliar de servicios, más conocido como PAS. Por supuesto que en cafeterías y pasillos varios no hay problema para escuchar las historias de sagas enteras de familiares “colocados” en departamentos –preferentemente “de letras”, eso sí- o de  rectores que manejan universidades pagadas con el dinero de los contribuyentes como un cortijo y/o como una plataforma para alcanzar otros objetivos, ya sean políticos, sociales o vaya usted a saber cuáles. El caso de la Universidad Rey Juan Carlos ha saltado ya a los medios de forma explosiva, pero no es, desde luego, el único. Su ex rector magnífico durante once años, Pedro Gonzalez-Trevijano, tejió según esta noticia (aquí) una magnífica red clientelar, lo que sin duda contribuyó en alguna medida a garantizarle una plaza en el Tribunal Constitucional a propuesta del PP, principal beneficiado por su munificencia. Plaza que conlleva, por cierto, un cómodo aforamiento por lo que pueda pasar, que la vida es muy larga y los jueces se están poniendo muy pesados.

De hecho, el ex rector tiene ahora una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo precisamente fundada en la contratación irregular de profesores. En todo caso, no es la primera vez que Gonzalez-Trevijano tiene que resolver sus problemas en los tribunales de justicia, si bien el haber hecho tantos favores y tener tantas conexiones con gente importante le ha facilitado mucho las cosas… por lo menos cuando ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional del que hoy forma parte.

Efectivamente, como ya contamos en este mismo blog hace más de dos años (aquí) los Tribunales de Justicia consideraron que Gonzalez-Trevijano se había presentado de forma irregular a las últimas elecciones que ganó, ya que  el TSJ de Madrid  en su sentencia de 3 de junio de 2011  afirma que en dichas elecciones, convocadas en 2005, “se consumó la limitación estatutaria” de dos mandatos, por lo que declaró en el fallo que “Los actos de proclamación impugnados (por Ríos Insua) relativos a las elecciones convocadas en 2009 son contrarios a derecho, ya que (González-Trevijano) no podía concurrir a ellas”. Por tanto, en su resolución firme, el tribunal estimó el planteamiento del recurrente, anuló la candidatura del actual Magistrado del Tribunal Constitucional en los comicios de 2009 y exigió que el proceso electoral debe llevarse con efecto retroactivo “al momento inmediato anterior al de la proclamación provisional”. ¿Se cumplió esta sentencia? Pues a estas alturas ya no les sorprenderá saber que no.

Raudo y veloz el ex Rector interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y aunque en principio es harto complicado que te admitan un recurso de amparo y no digamos ya que se suspenda la ejecución de una sentencia firme, él tuvo mucha suerte, tanta más o menos como Carlos Fabra con la lotería. Le admitieron el recurso y le suspendieron la ejecución de la sentencia con una celeridad inusitada. Conviene recordar, para apreciar en su justa medida la suerte que tuvo, lo estricto que es el Tribunal Constitucional con respecto a la admisión de los recursos de amparo y lo que tarda en decidir si los admite o no. Para que se hagan una idea, el número de recursos de amparo pendientes  simplemente del trámite de admisión, según los datos de la Memoria del 2011 del propio TC eran 2.032 ante la Sala Primera y 1.338 ante la Sala Segunda. Lo que supone que existían 3.420 recursos pendientes de admisión a trámite en el año 2011. La papeleta del ex rector llevaba el nº 5714/2011 pero oye, fue llegar, ver, y vencer.  Ya hemos comentado también en otro post (aquí) la discrecionalidad con la el Tribunal Constitucional “adelanta” o “retrasa” la resolución de los recursos que le interesa o que no le interesa resolver, con las consecuencias que esto tiene.

Claro que no fue solo el Tribunal Constitucional el que se volcó con el ex rector. Qué decir de los desvelos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, al mando de Dª Lucía Figar, para garantizarle la reelección. Ya se sabe que la Universidad Rey Juan Carlos es la niña bonita del PP regional, pero la entrega fue total, no se merecía menos alguien que había colocado a tantos y tantos familiares de cargos importantes del PP y de paso de otros partidos.  Así la Consejería emitió -según dice la propia contestación a la demanda de los abogados del ex Rector- nada menos que un “dictamen vinculante previo favorable a la presentación a las elecciones de González Trevijano”, para asegurar que no hubiera problemas legales con lo de los dos mandatos. En fin, la creatividad jurídica de esta Consejería en beneficio de los suyos se ve que no tiene límites. El caso es que según la ley sólo hay dictámenes vinculantes y no vinculantes, y además con carácter general -según el art. 83 de Ley 30/1992- los dictámenes son no preceptivos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario que aquí no hay. Es decir, que ni es obligatorio pedir informes en casos como éste, ni hay que hacerles caso si se piden. Salvo que haya que devolverle un favor a un amigo, claro. En todo caso, al Tribunal Superior de Justicia este dictamen no le impresionó mucho, por lo que resolvió en contra de Gonzalez-Trevijano. De ahí que hubiera que impedir la ejecución de la sentencia a toda costa, y solo quedaba jurídicamente la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Al final de esta historia, Gonzalez-Trevijano fue elevado a los altares de la gloria partitocrática como magistrado del Tribunal Constitucional y sus problemas con las elecciones a rector de la Rey Juan Carlos pasaron a mejor vida, no sin antes dejar un digno sucesor, D. Fernando Suarez, al frente de la institución. El nuevo rector no le ha ido a la zaga a su antecesor en cuanto a este tipo de prácticas, e incluso sus desvelos le han llevado a ser imputado por amenazas a disidentes (gente que no quería votar al candidato correcto, vamos) aunque la Audiencia Provincial ha sobreseído la causa por amenazas que tenía incoada por entender que no tenían entidad suficiente para ser constitutiva de delito. La grabación de la conversación de estilo mafioso –por el fondo y por la forma- donde insta a ciertos profesores a no apoyar al candidato alternativo al ex Rector Gonzalez-Trevijano no tiene desperdicio y su transcripción parcial la pueden disfrutar aquí. Comprobarán que no es el tipo charla que uno puede escuchar en cualquier despacho de la Ivy League.

Pero más allá de la anécdota concreta la pregunta es la de siempre: ¿Cómo pueden pasar estas cosas en Universidades públicas financiadas mayoritariamente con dinero de los contribuyentes? Y la contestación es también la misma: falta de transparencia, falta de rendición de cuentas e impunidad garantizada. Nada muy distinto de lo que pasa en otras administraciones, aunque quizás incluso peor. Porque en este caso la autonomía universitaria es el manto que cubre las vergüenzas, y el modelo de gobernanza multiplica los incentivos perversos para que los rectores tengan que hacer muchos favores a diestro y siniestro para ganar votos como sea, y para que la Consejería de turno les facilite la financiación con independencia de sus resultados, que en el caso concreto de esta Universidad son más bien pobres (¿cómo podía ser de otra manera?). Y es que la buena gestión, la excelencia universitaria o el puro y simple cumplimiento de las leyes no puntúan, y la financiación pública lamentablemente no depende de ese tipo de criterios. El resultado es la absoluta “patrimonialización” (en terminología de Fukuyama) de la universidad pública: sagas familiares y clientelares en lugar de meritocracia. A costa, por supuesto, de la educación de nuestros jóvenes (parados).

Para romper definitivamente la perniciosa omertá que reina en la universidad española se necesita un mínimo de masa crítica organizada al margen de la casta universitaria (porque, precisamente para esto, no vamos a contar con Podemos, me parece).  Por nosotros, desde luego, no va a quedar.

 

Reproducción del post de Elisa de la Nuez en Voz Pópuli: De debates, argumentarios, desconfianza y control ciudadano

El otro día participé en TVE en un debate sobre la corrupción con dos representantes de los partidos políticos todavía mayoritarios, en concreto uno del PP y otro del PSOE, junto con otras personas que sí hablaban en nombre propio. Con esto lo que quiero decir es que los representantes de los grandes partidos (da igual sus nombres, porque eran intercambiables con cualquier otro representante del PP o del PSOE dado que hubieran dicho exactamente lo mismo) acudían con un “argumentario” previo que había que colocar sí o sí y con independencia de lo que allí se escuchase. Parece que esta es también la manera de funcionar en el Congreso de los Diputados, donde ningún grupo parlamentario o diputado cambia jamás de opinión (al menos dentro de la Cámara) a consecuencia de lo que allí se dice. Si acaso se alcanzan acuerdos siempre se hacen en los pasillos, fuera del hemiciclo y sobre todo sin luz y taquígrafos.
En todo caso hay que reconocer –al menos desde el punto de vista de un profano- que para un debate sobre el tema que sea esto de los argumentarios de los políticos da poco juego. En el fondo, ellos saben que no se trata de convencer a nadie, que todo es un teatrillo donde lo importante es quedar bien con la cúpula del partido que te ha enviado al programa o al hemiciclo. De no meter la mata, vamos, no vaya a ser que no repitas en las listas. Para eso lo más seguro es ceñirse al argumentario. Que al respetable –es decir, a la sufrida ciudadanía- le parezca un espectáculo lamentable hasta el punto de abuchear a los actores es lo de menos.
Claro que el problema es que actualmente el público se ha vuelto mucho más exigente; hasta le ha dado por pensar –nada más y nada menos- que los argumentos de los políticos le tienen que convencer a él, con independencia de lo que digan “los arriolas” de turno. Lo nunca visto vamos. Así que ya no se toleran ciertos argumentos (esos “y tú más” tan socorridos siempre) ni tampoco esos escaqueos tan convenientes frente a las preguntas incómodas  (“ya he dicho todo lo que tenía que decir”, “me remito a mis declaraciones anteriores” “eso no toca”). Las defensas en clave victimista (“quien me ataca a mí ataca a… póngase aquí la Comunidad Autónoma que toque) resultan insoportables. Para rematar, la gente empieza a exigir datos objetivos, de forma que ya no vale hablar de oídas o por aproximación. Hasta los periodistas menos cortesanos se han ido animando y ya parecen periodistas de verdad. Toda una revolución para la que claramente la clase política, no solo la actual sino la emergente, no está nada bien preparada. Como botón de muestra, véase la reciente reacción de Pablo Iglesias frente a los primeros tropiezos en los medios de su novísimo partido o la torpeza con que se ha manejado la comunicación de la ruptura de la negociación de Ciutadans y UPYD por ambos partidos.
El que la desconfianza y el escepticismo frente a los mensajes “enlatados” de la clase política vaya en aumento frente a lo que pudiera parecer en un principio es una buena señal. La ciudadanía de una democracia avanzada debe desconfiar de sus políticos, porque esa desconfianza es lo que la mantiene alerta y vigilante frente a sus posibles excesos o corruptelas. Frente a lo que les gusta decir, los políticos no gozan de ninguna presunción de inocencia en cuanto a su actividad política; eso se queda para los  delitos y los procedimientos penales que puedan cometer, donde tienen la misma que cualquier otro ciudadano. En política lo sano es precisamente lo contrario. Hay que ser desconfiando y hay que ser exigente.
Por tanto conviene rebelarse frente al tipo de declaraciones del tipo “la mayoría de los políticos somos honestos”, “son solo unas pocas manzanas podridas” o “los ciudadanos pueden confiar en nosotros” porque precisamente para que sea así es muy importante no creerlo. De ahí que no sean admisibles declaraciones como las del Presidente del Congreso Jesús Posadas que justifican, por ejemplo, que no haya transparencia ni control de los viajes de sus Señorías –después del escándalo Monago- alegando que los diputados son mayores de edad, que saben lo que deben hacer y que el mejor control es el que pueden realizar los propios grupos parlamentarios a los que pertenecen. En resumen que hay que darles un voto de confianza. Pues de eso nada. O la transparencia es total y los controles son objetivos y externos (en último término pueden ser comisiones “ad hoc” no formadas por políticos las que pueden validar este tipo de gastos como sucede en otros países)  o no podemos hablar de verdaderos controles.
De la misma forma las explicaciones a la opinión pública de cualquier decisión importante, aunque no se refiera al último escándalo tienen que ser analizadas con lupa, nada de justificaciones “prefabricadas”. Y hay que estar muy atento para exigir responsabilidades políticas no ya por los casos de corrupción, nepotismo, despilfarro, etc, etc –estén o no judicializados, porque algunos no lo estarán nunca- sino por cualquier tipo de acuerdo con trascendencia si al final se demuestra que fue un error. Por ejemplo, en caso de que la decisión de no llegar a un pacto entre ciertos partidos tenga un coste electoral elevado para uno de los dos, o para ambos, lo razonable es exigir que los que han tomado esta decisión asuman sus responsabilidades políticas, aunque la hayan adoptado con toda la buena voluntad del mundo. Porque de los errores, en política como en la vida, también hay que responder.
Dicho esto, y dado el actual bloqueo de nuestro sistema político, tanto en términos electorales como en términos de falta de democracia interna y control cupulocrático (que afecta tanto a los viejos partidos como a los nuevos, no nos engañemos) le toca a la ciudadanía ejercitar esta vigilancia y presionar todo lo que pueda en esta dirección. El primer paso ya lo hemos dado: no se admiten más argumentarios, el que tenga que dar explicaciones de cualquier tipo lo mejor que puede hacer es dejarlos en casa, aún a riesgo de incurrir en las iras de la cúpula, porque si no incurrirá en las iras de la ciudadanía.  Y es que la mejor política de comunicación consiste en creer en lo que se cuenta.
La creciente politización de la sociedad española, su mayor conciencia del respeto –intelectual y moral- que se debe a la ciudadanía en una democracia y su creciente desconfianza frente a los mensajes enlatados y prefabricados me parecen una excelente señal de salud y madurez democrática en un momento en que para la regeneración de nuestro país es imprescindible. Tan imprescindible como despolitizar la Administración Pública y las instituciones. Y es que como recordaba el juez del Tribunal Supremo americano Louis Brandeis en democracia el cargo más importante es el de ciudadano. 

Reproducción del post de Elisa de la Nuez en Voz Pópuli: De debates, argumentarios, desconfianza y control ciudadano

El otro día participé en TVE en un debate sobre la corrupción con dos representantes de los partidos políticos todavía mayoritarios, en concreto uno del PP y otro del PSOE, junto con otras personas que sí hablaban en nombre propio. Con esto lo que quiero decir es que los representantes de los grandes partidos (da igual sus nombres, porque eran intercambiables con cualquier otro representante del PP o del PSOE dado que hubieran dicho exactamente lo mismo) acudían con un “argumentario” previo que había que colocar sí o sí y con independencia de lo que allí se escuchase. Parece que esta es también la manera de funcionar en el Congreso de los Diputados, donde ningún grupo parlamentario o diputado cambia jamás de opinión (al menos dentro de la Cámara) a consecuencia de lo que allí se dice. Si acaso se alcanzan acuerdos siempre se hacen en los pasillos, fuera del hemiciclo y sobre todo sin luz y taquígrafos.

En todo caso hay que reconocer –al menos desde el punto de vista de un profano- que para un debate sobre el tema que sea esto de los argumentarios de los políticos da poco juego. En el fondo, ellos saben que no se trata de convencer a nadie, que todo es un teatrillo donde lo importante es quedar bien con la cúpula del partido que te ha enviado al programa o al hemiciclo. De no meter la mata, vamos, no vaya a ser que no repitas en las listas. Para eso lo más seguro es ceñirse al argumentario. Que al respetable –es decir, a la sufrida ciudadanía- le parezca un espectáculo lamentable hasta el punto de abuchear a los actores es lo de menos.

Claro que el problema es que actualmente el público se ha vuelto mucho más exigente; hasta le ha dado por pensar –nada más y nada menos- que los argumentos de los políticos le tienen que convencer a él, con independencia de lo que digan “los arriolas” de turno. Lo nunca visto vamos. Así que ya no se toleran ciertos argumentos (esos “y tú más” tan socorridos siempre) ni tampoco esos escaqueos tan convenientes frente a las preguntas incómodas  (“ya he dicho todo lo que tenía que decir”, “me remito a mis declaraciones anteriores” “eso no toca”). Las defensas en clave victimista (“quien me ataca a mí ataca a… póngase aquí la Comunidad Autónoma que toque) resultan insoportables. Para rematar, la gente empieza a exigir datos objetivos, de forma que ya no vale hablar de oídas o por aproximación. Hasta los periodistas menos cortesanos se han ido animando y ya parecen periodistas de verdad. Toda una revolución para la que claramente la clase política, no solo la actual sino la emergente, no está nada bien preparada. Como botón de muestra, véase la reciente reacción de Pablo Iglesias frente a los primeros tropiezos en los medios de su novísimo partido o la torpeza con que se ha manejado la comunicación de la ruptura de la negociación de Ciutadans y UPYD por ambos partidos.

El que la desconfianza y el escepticismo frente a los mensajes “enlatados” de la clase política vaya en aumento frente a lo que pudiera parecer en un principio es una buena señal. La ciudadanía de una democracia avanzada debe desconfiar de sus políticos, porque esa desconfianza es lo que la mantiene alerta y vigilante frente a sus posibles excesos o corruptelas. Frente a lo que les gusta decir, los políticos no gozan de ninguna presunción de inocencia en cuanto a su actividad política; eso se queda para los  delitos y los procedimientos penales que puedan cometer, donde tienen la misma que cualquier otro ciudadano. En política lo sano es precisamente lo contrario. Hay que ser desconfiando y hay que ser exigente.

Por tanto conviene rebelarse frente al tipo de declaraciones del tipo “la mayoría de los políticos somos honestos”, “son solo unas pocas manzanas podridas” o “los ciudadanos pueden confiar en nosotros” porque precisamente para que sea así es muy importante no creerlo. De ahí que no sean admisibles declaraciones como las del Presidente del Congreso Jesús Posadas que justifican, por ejemplo, que no haya transparencia ni control de los viajes de sus Señorías –después del escándalo Monago- alegando que los diputados son mayores de edad, que saben lo que deben hacer y que el mejor control es el que pueden realizar los propios grupos parlamentarios a los que pertenecen. En resumen que hay que darles un voto de confianza. Pues de eso nada. O la transparencia es total y los controles son objetivos y externos (en último término pueden ser comisiones “ad hoc” no formadas por políticos las que pueden validar este tipo de gastos como sucede en otros países)  o no podemos hablar de verdaderos controles.

De la misma forma las explicaciones a la opinión pública de cualquier decisión importante, aunque no se refiera al último escándalo tienen que ser analizadas con lupa, nada de justificaciones “prefabricadas”. Y hay que estar muy atento para exigir responsabilidades políticas no ya por los casos de corrupción, nepotismo, despilfarro, etc, etc –estén o no judicializados, porque algunos no lo estarán nunca- sino por cualquier tipo de acuerdo con trascendencia si al final se demuestra que fue un error. Por ejemplo, en caso de que la decisión de no llegar a un pacto entre ciertos partidos tenga un coste electoral elevado para uno de los dos, o para ambos, lo razonable es exigir que los que han tomado esta decisión asuman sus responsabilidades políticas, aunque la hayan adoptado con toda la buena voluntad del mundo. Porque de los errores, en política como en la vida, también hay que responder.

Dicho esto, y dado el actual bloqueo de nuestro sistema político, tanto en términos electorales como en términos de falta de democracia interna y control cupulocrático (que afecta tanto a los viejos partidos como a los nuevos, no nos engañemos) le toca a la ciudadanía ejercitar esta vigilancia y presionar todo lo que pueda en esta dirección. El primer paso ya lo hemos dado: no se admiten más argumentarios, el que tenga que dar explicaciones de cualquier tipo lo mejor que puede hacer es dejarlos en casa, aún a riesgo de incurrir en las iras de la cúpula, porque si no incurrirá en las iras de la ciudadanía.  Y es que la mejor política de comunicación consiste en creer en lo que se cuenta.

La creciente politización de la sociedad española, su mayor conciencia del respeto –intelectual y moral- que se debe a la ciudadanía en una democracia y su creciente desconfianza frente a los mensajes enlatados y prefabricados me parecen una excelente señal de salud y madurez democrática en un momento en que para la regeneración de nuestro país es imprescindible. Tan imprescindible como despolitizar la Administración Pública y las instituciones. Y es que como recordaba el juez del Tribunal Supremo americano Louis Brandeis en democracia el cargo más importante es el de ciudadano.