Nace la Fundación ¿Hay Derecho?

Hace hoy 4 años justos nació el blog ¿Hay Derecho? con el propósito de contribuir a la defensa del Estado de Derecho y de las instituciones en España, porque intuíamos ya entonces –lo que hemos confirmado ampliamente después- que tenían problemas muy serios. Cuatro años, 1661 entradas, un libro y 24.544  comentarios (algunos de tanto valor e interés como las propias entradas) más tarde,  hemos creído llegado el momento de dar un paso hacia adelante, lo que por otra parte nos pedían muchos colaboradores y lectores asiduos.  Por eso hemos constituido la Fundación ¿Hay Derecho? cuyo objetivo es, precisamente, la defensa del Estado de Derecho y las instituciones en nuestro país. Como dice el ideario del blog creemos que nadie puede discutir que en España el Estado de Derecho atraviesa hoy una situación delicada. Todo el entramado institucional creado para salvaguardarlo, desde el inicial proceso de generación de normas hasta su final aplicación por la Judicatura o por la Administración Pública está amenazado de derribo. Sin duda todavía se sostiene, pero en la actualidad ya es demasiado débil para taponar las grietas por las que se filtran los intereses particulares de los más poderosos, o simplemente de los más desvergonzados.

Para la clase política no es fácil, por demasiado comprometido o contrario a sus intereses, realizar el esfuerzo necesario para apuntalar el sistema y permitir su correcto funcionamiento. En definitiva, los viejos partidos tienen un claro conflicto de intereses a la hora de reformar un sistema político cerrado y partitocrático, pero que tantos réditos les ha dado en estos últimos años. Tenemos que ayudarlos.

Por si se lo están preguntando -como suele suceder con estos proyectos- la financiación inicial procede de “fools, friends and family”, lo que garantiza su total independencia. Pero esperamos y necesitamos contar en breve con la ayuda de más gente de distinta procedencia y formación, porque ciertamente esta es una tarea que no es exclusiva de juristas, nos incumbe a todos. En realidad, si unos pocos juristas comprometidos nos quedamos solos en la defensa de nuestro Estado de Derecho, está claro que no habrá nada que hacer. ¿Dónde está el poder de las leyes? Se preguntaba Demóstenes. Y contestaba: en ti, si tú las apoyas y las haces poderosas cuando alguien necesita su ayuda.

Efectivamente, en una sociedad democrática las leyes precisan de nuestra ayuda. Y durante mucho tiempo no se la hemos prestado. Probablemente, la prueba de resistencia que supone nuestra larga y grave crisis económica ha hecho estallar por las costuras una estructura que tenía muchas instituciones ensambladas de mala manera, haciendo que manen por las heridas abiertas todas las excrecencias que, al resguardo de la opacidad legal y abonadas por la desactivación de los controles tradicionales del Estado de Derecho, crecían y se desarrollaban en el interior de aquéllas. El ciudadano, deslumbrado con un crecimiento económico que parecía imparable, se dedicaba a su vida feliz, sin que las instituciones hicieran, como en el caso de Dorian Grey, el papel del espejo que les muestra la realidad envejecida: al contrario, fomentaron el engaño y la corrupción.

Eso es lo que creemos que ha ocurrido en estos años con la destrucción de las centenarias Cajas de Ahorro, a costa del erario público y con los tremendos escándalos que se derivan de ese proceso; el goteo constante de casos de corrupción, no ya individualizada sino organizada (ERES, Gürtel, Cataluña), el resquebrajamiento evidente del esquema constitucional en el diseño territorial con el proceso soberanista; la muerte de la separación de poderes con el incumplimiento de las promesas electorales de profundizar en la independencia de la justicia en su órgano rector, el CGPJ; el abuso de los indultos y aforamientos; el uso de la legislación masiva como modo de aparentar la ejecución de políticas o lo que llamamos “legislar para la foto” (leyes de Emprendedores); la revolving door, escandalosa en nuestro país; y tantas cosas más que han ido ustedes leyendo en este blog y otras que leerán.

Todo ello supone un gravísimo deterioro del Estado de Derecho, pilar esencial de cualquier país avanzado. La democracia sin Estado de Derecho es una quimera, porque no puede hablarse de expresión de la voluntad popular si ello no se hace por un procedimiento que nos asegure que quienes resulten elegidos van a someterse a las mismas normas que el resto de la ciudadanía, si no existen unos contrapesos efectivos al poder -unos verdaderos checks and balances– si no se reconocen unos derechos individuales. Nuestro país se encuentra en una encrucijada en la que las decisiones que se tomen pueden conducirnos a un modelo de país en el que haya votaciones pero no Estado de Derecho (piénsese en Venezuela, o Rusia, o Argentina) o a verdaderas democracias en las que la elección por el pueblo va acompañada de un sometimiento de todos a la ley.

Y es así porque corremos el riego que la justificada indignación de los ciudadanos conduzca a  opciones políticas que ofrecen un diagnóstico brillante y en buena parte acertado de lo que está ocurriendo, al menos en apariencia, pero que ofrecen soluciones mágicas para problemas complejos, que pueden tener la tentación de erosionar más aún las limitaciones y los contrapesos que impone el Estado de Derecho. O, de no triunfar estas opciones más extremas, quedar condenados a permanecer en una democracia de baja calidad, cada vez más degradada y con una creciente factura social. En definitiva, hemos de ser conscientes de la fragilidad de sistemas complejos, como es el de una democracia avanzada, y como lo son otras muchas instituciones en la que los delicados equilibrios de las acciones humanas pueden verse alterados por acontecimientos en apariencia nimios.

Por eso, los editores del blog, muchos colaboradores del mismo y otras personas independientes sentimos la necesidad de hacer algo más que usar la palabra y la crítica. Creemos que en una democracia no podemos esperar a que todo nos lo arreglen desde arriba: la sociedad civil debe comprometerse también en esta tarea. Y, si tenemos una visión ética de la vida, no debe intimidarnos la magnitud de la empresa, pues, como decía Burke, “el mayor error lo comete el que no hace nada porque sólo podría hacer un poco”.

Los fundadores somos los seis coeditores del blog (Elisa de la Nuez, Fernando Gomá, Rodrigo Tena, Ignacio Gomá, Fernando Rodríguez Prieto y Matilde Cuena), a los que se van uniendo un grupo de colaboradores y amigos entusiastas. La dirigirá nuestra coeditora Elisa de la Nuez con la inestimable ayuda de Nacho Gomá, quien cede además un espacio en su notaría como domicilio social, y de un Comité de Dirección. Queremos agradecer también la incorporación al Patronato de nuestros amigos regeneracionistas de NeG, que también han escrito alguna vez en este blog, como Jesús Fernández-Villaverde, inspirador de la idea, Luis Garicano y Cesar Molinas, así como de Roberto Blanco Valdés, que ha aceptado ser nuestro Presidente de honor.

En cuanto a las primeras actuaciones dependerá en gran medida de los medios que tengamos, pero somos ambiciosos. Nos planteamos realizar desde proyectos que en buena parte son continuidad de lo que ya hacemos a partir del blog –tareas de divulgación, conferencias, seminarios, presencia en los medios- hasta otras nuevas que requieren un mayor esfuerzo y profesionalización –por ejemplo, queremos hacer una evaluación comparativa de nuestras instituciones en particular de las de supervisión y control- sin olvidar las actuaciones en vía administrativa o incluso judicial si consideramos que son esenciales para el objeto de la Fundación. Estamos deseando estrenar la Ley de Transparencia y realizar informes sobre temas como el número de imputados en delitos de corrupción en las distintas CCAA y entes locales, o la situación jurídica de los interventores y los secretarios municipales en relación con sus tareas de supervisión y control (a sugerencia de algún lector, por cierto) pero también estamos abiertos a cualquier otra iniciativa que pueda demandar la sociedad civil o que nos puedan sugerir los muchos amigos y lectores del blog.

Queremos por último colaborar también activamente con otras iniciativas ciudadanas que están surgiendo en estos meses para aprovechar las sinergias y no duplicar los esfuerzos para lo que construiremos un mapa de todos los actores -que afortunadamente son cada vez- con los que la Fundación ¿Hay Derecho? pueda llevar a cabo iniciativas conjuntas.

Para todos aquellos interesados, tenemos aquí los Estatutos (aquí), los nombres de los primeros Patronos, del Comité de Dirección y del Consejo asesor (aquí). Disponemos también ya de una dirección de correo electrónico: [email protected] y de un perfil en twitter (@fundhayderecho). En breve esperamos tener una web propia, así como una presentación interactiva que nos va a donar un amigo diseñador y que a nosotros como juristas no se nos habría ocurrido nunca. Además para cualquier información adicional o para los que deseen colaborar con su tiempo o con su dinero se puede utilizar el contacto del blog.  Y, “last but non least”, tenemos también un número de cuenta de la Fundación, nada menos que en Bankia, a modo de justicia poética: es la  20381007046001225829, donde se pueden hacer las aportaciones. Para ser amigo de la Fundación pedimos una aportación mínima de 200 euros anuales, pagaderos en cómodos plazos, pero por supuesto si alguien se quiere “estirar” más, es bienvenido. También se puede contribuir aquí  

Y por supuesto nos comprometemos a la máxima transparencia en la gestión.

Se rompe la omertá universitaria: el caso de la Rey Juan Carlos


 
En este blog no hemos conseguido nunca que un profesor de una universidad pública española escriba, con su nombre y apellidos, sobre cómo se contrata –de verdad, no sobre el papel- al profesorado y también, de paso, al personal administrativo o personal auxiliar de servicios, más conocido como PAS. Por supuesto que en cafeterías y pasillos varios no hay problema para escuchar las historias de sagas enteras de familiares “colocados” en departamentos –preferentemente “de letras”, eso sí- o de  rectores que manejan universidades pagadas con el dinero de los contribuyentes como un cortijo y/o como una plataforma para alcanzar otros objetivos, ya sean políticos, sociales o vaya usted a saber cuáles. El caso de la Universidad Rey Juan Carlos ha saltado ya a los medios de forma explosiva, pero no es, desde luego, el único. Su ex rector magnífico durante once años, Pedro Gonzalez-Trevijano, tejió según esta noticia (aquí) una magnífica red clientelar, lo que sin duda contribuyó en alguna medida a garantizarle una plaza en el Tribunal Constitucional a propuesta del PP, principal beneficiado por su munificencia. Plaza que conlleva, por cierto, un cómodo aforamiento por lo que pueda pasar, que la vida es muy larga y los jueces se están poniendo muy pesados.
De hecho, el ex rector tiene ahora una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo precisamente fundada en la contratación irregular de profesores. En todo caso, no es la primera vez que Gonzalez-Trevijano tiene que resolver sus problemas en los tribunales de justicia, si bien el haber hecho tantos favores y tener tantas conexiones con gente importante le ha facilitado mucho las cosas… por lo menos cuando ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional del que hoy forma parte.
Efectivamente, como ya contamos en este mismo blog hace más de dos años (aquí) los Tribunales de Justicia consideraron que Gonzalez-Trevijano se había presentado de forma irregular a las últimas elecciones que ganó, ya que  el TSJ de Madrid  en su sentencia de 3 de junio de 2011  afirma que en dichas elecciones, convocadas en 2005, “se consumó la limitación estatutaria” de dos mandatos, por lo que declaró en el fallo que “Los actos de proclamación impugnados (por Ríos Insua) relativos a las elecciones convocadas en 2009 son contrarios a derecho, ya que (González-Trevijano) no podía concurrir a ellas”. Por tanto, en su resolución firme, el tribunal estimó el planteamiento del recurrente, anuló la candidatura del actual Magistrado del Tribunal Constitucional en los comicios de 2009 y exigió que el proceso electoral debe llevarse con efecto retroactivo “al momento inmediato anterior al de la proclamación provisional”. ¿Se cumplió esta sentencia? Pues a estas alturas ya no les sorprenderá saber que no.
Raudo y veloz el ex Rector interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y aunque en principio es harto complicado que te admitan un recurso de amparo y no digamos ya que se suspenda la ejecución de una sentencia firme, él tuvo mucha suerte, tanta más o menos como Carlos Fabra con la lotería. Le admitieron el recurso y le suspendieron la ejecución de la sentencia con una celeridad inusitada. Conviene recordar, para apreciar en su justa medida la suerte que tuvo, lo estricto que es el Tribunal Constitucional con respecto a la admisión de los recursos de amparo y lo que tarda en decidir si los admite o no. Para que se hagan una idea, el número de recursos de amparo pendientes  simplemente del trámite de admisión, según los datos de la Memoria del 2011 del propio TC eran 2.032 ante la Sala Primera y 1.338 ante la Sala Segunda. Lo que supone que existían 3.420 recursos pendientes de admisión a trámite en el año 2011. La papeleta del ex rector llevaba el nº 5714/2011 pero oye, fue llegar, ver, y vencer.  Ya hemos comentado también en otro post (aquí) la discrecionalidad con la el Tribunal Constitucional “adelanta” o “retrasa” la resolución de los recursos que le interesa o que no le interesa resolver, con las consecuencias que esto tiene.
Claro que no fue solo el Tribunal Constitucional el que se volcó con el ex rector. Qué decir de los desvelos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, al mando de Dª Lucía Figar, para garantizarle la reelección. Ya se sabe que la Universidad Rey Juan Carlos es la niña bonita del PP regional, pero la entrega fue total, no se merecía menos alguien que había colocado a tantos y tantos familiares de cargos importantes del PP y de paso de otros partidos.  Así la Consejería emitió -según dice la propia contestación a la demanda de los abogados del ex Rector- nada menos que un “dictamen vinculante previo favorable a la presentación a las elecciones de González Trevijano”, para asegurar que no hubiera problemas legales con lo de los dos mandatos. En fin, la creatividad jurídica de esta Consejería en beneficio de los suyos se ve que no tiene límites. El caso es que según la ley sólo hay dictámenes vinculantes y no vinculantes, y además con carácter general -según el art. 83 de Ley 30/1992- los dictámenes son no preceptivos y no vinculantes, salvo disposición expresa en contrario que aquí no hay. Es decir, que ni es obligatorio pedir informes en casos como éste, ni hay que hacerles caso si se piden. Salvo que haya que devolverle un favor a un amigo, claro. En todo caso, al Tribunal Superior de Justicia este dictamen no le impresionó mucho, por lo que resolvió en contra de Gonzalez-Trevijano. De ahí que hubiera que impedir la ejecución de la sentencia a toda costa, y solo quedaba jurídicamente la vía del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Al final de esta historia, Gonzalez-Trevijano fue elevado a los altares de la gloria partitocrática como magistrado del Tribunal Constitucional y sus problemas con las elecciones a rector de la Rey Juan Carlos pasaron a mejor vida, no sin antes dejar un digno sucesor, D. Fernando Suarez, al frente de la institución. El nuevo rector no le ha ido a la zaga a su antecesor en cuanto a este tipo de prácticas, e incluso sus desvelos le han llevado a ser imputado por amenazas a disidentes (gente que no quería votar al candidato correcto, vamos) aunque la Audiencia Provincial ha sobreseído la causa por amenazas que tenía incoada por entender que no tenían entidad suficiente para ser constitutiva de delito. La grabación de la conversación de estilo mafioso –por el fondo y por la forma- donde insta a ciertos profesores a no apoyar al candidato alternativo al ex Rector Gonzalez-Trevijano no tiene desperdicio y su transcripción parcial la pueden disfrutar aquí. Comprobarán que no es el tipo charla que uno puede escuchar en cualquier despacho de la Ivy League.
Pero más allá de la anécdota concreta la pregunta es la de siempre: ¿Cómo pueden pasar estas cosas en Universidades públicas financiadas mayoritariamente con dinero de los contribuyentes? Y la contestación es también la misma: falta de transparencia, falta de rendición de cuentas e impunidad garantizada. Nada muy distinto de lo que pasa en otras administraciones, aunque quizás incluso peor. Porque en este caso la autonomía universitaria es el manto que cubre las vergüenzas, y el modelo de gobernanza multiplica los incentivos perversos para que los rectores tengan que hacer muchos favores a diestro y siniestro para ganar votos como sea, y para que la Consejería de turno les facilite la financiación con independencia de sus resultados, que en el caso concreto de esta Universidad son más bien pobres (¿cómo podía ser de otra manera?). Y es que la buena gestión, la excelencia universitaria o el puro y simple cumplimiento de las leyes no puntúan, y la financiación pública lamentablemente no depende de ese tipo de criterios. El resultado es la absoluta “patrimonialización” (en terminología de Fukuyama) de la universidad pública: sagas familiares y clientelares en lugar de meritocracia. A costa, por supuesto, de la educación de nuestros jóvenes (parados).
Para romper definitivamente la perniciosa omertá que reina en la universidad española se necesita un mínimo de masa crítica organizada al margen de la casta universitaria (porque, precisamente para esto, no vamos a contar con Podemos, me parece).  Por nosotros, desde luego, no va a quedar.