La dimisión del Fiscal General

 

Fíjense en el libro que lleva en la mano. El detalle me parece muy interesante. Esta foto publicada en El Mundo del viernes está tomada apenas unas horas después de anunciar su dimisión. El libro tiene un par de señales, por lo que parece trabajado. Comprensible, yo me lo he leído y no es de fácil lectura, precisamente. Sí, se trata de Ejemplaridad Pública, el ensayo escrito por Javier Gomá, hermano de dos coeditores de este blog.

Torres Dulce ha manifestado que dimite por causas personales. No es descartable, pero las fuentes mejor informadas alegan que dicho motivo es una excusa para no perjudicar excesivamente al Gobierno que le nombró y abandonar así el cargo de la manera más elegante posible. Según se afirma, la verdadera causa son los constantes desencuentros con ese Gobierno desde casi el comienzo de su mandato, tanto desde el punto de vista estratégico como táctico. Por desencuentro estratégico entiendo la total divergencia a la hora de afrontar algunas de las reformas imprescindibles que necesita la justicia española. Cualquier interesado por su opinión al respecto debería leer el valiente e interesante artículo que publicó en la revista El Notario del Siglo XXI en julio de 2013 con el título La inevitable reforma de la Administración de Justicia y comprobar de esa manera lo alejado que el Gobierno ha terminado por estar de esas propuestas. Por desencuentro táctico entiendo su postura firme frente a las presiones de los dirigentes del PP en determinados casos muy sensibles, especialmente en el caso Bárcenas, pero también su resistencia a hacer los deberes políticos del Gobierno con ocasión de la querella contra Mas. Pedir la prisión incondicional del tesorero causó estupor entre los que le acababan de nombrar, pero su (lógica) lentitud a la hora de presentar la querella, con esos días de ominoso silencio en los que se hizo tan patente la asombrosa incuria y estulticia de nuestros dirigentes políticos, produjo verdadera desazón.

Ya se sabe que nuestros políticos al mando consideran que, puesto que el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la CNMV y el Tribunal Constitucional, por citar algunos órganos irrelevantes de nuestro Estado de Derecho, están casi a sus órdenes, el que un Fiscal General mindundi pueda oponer cierta resistencia a sus interesadas voluntades resulta verdaderamente afrentoso y casi incomprensible. No están acostumbrados. El problema con esta dimisión, sin embargo, es que van a seguir sin estarlo. Y eso, lamentablemente, hay que apuntárselo al debe del ya ex Fiscal General.

Torres Dulce es un hombre honesto e inteligente, sin ningún género de dudas. Se corresponde a un tipo de persona que afortunadamente no ha sido nada infrecuente en el funcionariado español: el que considera que su deber consiste en realizar en todo momento una labor seria, responsable y abnegada, “en el oficio y en la casa”, como dice Javier Gomá en el ensayo arriba mencionado. Seguro que aceptó el cargo ofrecido por sus amigos, ideológicamente próximos, con la mejor intención de aprovechar la oportunidad para impulsar las reformas que la Justicia de nuestro país necesitaba. Pero lo cierto es que, aunque estoy seguro también de que no era tan ingenuo como para  considerar que ingresaba en un mundo de caballeros servidores del interés público, lejos estaba de imaginar el profundo pozo de corrupción en el que se encontraba inmersa la política española, de la Corona para abajo, pero especialmente el partido del Gobierno. Es entonces, al hacerse evidente, cuando sus otrora amigos descubren súbitamente que sus intereses personales a corto plazo se encuentran gravemente amenazados, y que esas reformas tan bonitas sobre el papel, y que esas instrucciones penales contra la corrupción política, empiezan a resultar bastante incómodas y peligrosas.

En este ambiente minado, la labor seria, responsable y abnegada, “en el oficio y en la casa”, se convierte en algo extraordinariamente complicado y lleno de difíciles dilemas, de los que no resulta nada sencillo salir de manera airosa. Baste recordar que la fiscalía estos años ha hecho algunas cosas un poco raras. Por ejemplo, no es frecuente leer en un auto de Audiencia Provincial referido a un escrito del Fiscal la expresión “Termina el Fiscal su alegato defensivo…”, como ocurrió en el caso de la Infanta. Haberse plegado a la razón de Estado hizo un flaco favor a la institución, en un momento, además, muy delicado para nuestro Estado de Derecho, porque aquí lo verdaderamente responsable hubiera sido dar una imagen de absoluta imparcialidad. De ahí que, en este ambiente corrosivo, uno termine por descubrir tarde o temprano que para lo que creyó aceptar el cargo se revela de ejecución imposible. Y  que, a mayor abundamiento, está pagando un precio elevado por ello. Por eso, desde esta perspectiva, cuando el desempeño ordinario del oficio amenaza convertirse en una pesadilla cotidiana sin apenas resultados, cuando en el Gobierno de la nación uno no encuentra colaboradores, sino enemigos, y cuando las propuestas de reforma son ninguneadas de mala manera, parecería que no hay nada más digno y lógico que volver a otros ambientes mucho más propicios para desarrollar un trabajo serio, fructífero, abnegado… y, por eso mismo, ejemplar.

Pues bien, incorrecto. En mi modesta opinión, España ya no se puede permitir que sus mejores elementos sigan respondiendo a este estereotipo, seguro que extraordinario para la normalidad de la historia, pero poco efectivo en tiempos de grave crisis sistémica, como la que atraviesa nuestro país en estos momentos. El tiempo se agota. Y la dimisión de Torres Dulce ni siquiera es un aldabonazo capaz de derribar un edificio corrupto, sino un nimio rasguño en el curtido caparazón del PP. Por contra, la regeneración institucional, absolutamente perentoria si queremos salir adelante con mínimas garantías, sigue esperando siquiera comenzarse, y uno de los que se suponía que podía ayudar en el fundamental ámbito de la Justicia ya está en la reserva.

Hoy no es tiempo de ejemplaridad privada en el oficio y en la casa -bajo el presupuesto cuasi providencialista de que ha de convertirse en pública en el largo plazo- sino de lucha urgente por nuestra supervivencia institucional, que no admite demora de ninguna especie. No es tiempo de ejercicio “ordinario” del oficio, sino de combate en una plaza asediada a la que, desde luego, no se va a hacer amigos ni a respetar fidelidades personales. Hoy la ejemplaridad que necesitamos es la cívica que antepone por encima de cualquier consideración personal, propia y ajena, el interés público, pero el interés de las épocas de crisis, no de las de normalidad. Hacerse enemigos, perder oportunidades y quedarse más solo que la una, suele ser el precio habitual. Desde esa perspectiva la Infanta no merece ningún trato especial, las presiones se denuncian públicamente y en ejercicio pleno de la propia autonomía institucional (consagrada legalmente) se llega hasta el final. Tampoco, por tanto, y salvo que existan efectivamente esas razones personales, se dimite, porque está claro que con el que venga no se van a equivocar otra vez, máxime en un año electoral y con tantos frentes judiciales abiertos. Seré sincero: me alegro por él pero lo lamento por nosotros.

Por fín entra en vigor la ley de Transparencia y Buen Gobierno pero ¿van a cambiar las cosas?

Podemos decir que para determinar qué nivel de democracia o de buen gobierno tiene una sociedad basta con analizar su nivel de transparencia. La transparencia nos permite alcanzar la madurez como ciudadanos. Es una idea política con un gran potencial de transformación de sistemas políticos y administrativos rígidos y de sociedades donde predomina todavía en gran medida entre sus élites o clases dirigentes la cultura de la opacidad o del secreto.  El funcionario como dueño de la información, el político que desconfía de sus electores, de sus afiliados y de los periodistas y prefiere el plasma o las preguntas pactadas, los acuerdos políticos entre bambalinas, los lobbies “de facto” (nada de registros ni de publicidad de las agendas) el predominio de las relaciones personales sobre las institucionales son todos síntomas de la existencia de este tipo de sistemas. El nuestro los tiene todos.
La transparencia supone que los ciudadanos tenemos derecho a conocer toda la información y los datos que manejan los Poderes Públicos, por considerarse activos que pertenecen a todos los ciudadanos. Las excepciones son muy pocas, como hay muy poca información que hay que ocultar a una persona mayor de edad “por su bien” a diferencia de lo que sucede con un niño o incluso un adolescente. La transparencia por tanto permite alcanzar una mayor madurez democrática.
Vivimos en España y en Europa un momento histórico muy especial: la necesidad de garantizar un buen gobierno y de luchar contra la corrupción resultan cruciales no solo por razones económicas, sino por razones de credibilidad institucional, de justicia, igualdad y hasta de coexistencia pacífica. La desilusión con la democracia está ahí y no olvidemos que hay modelos alternativos emergentes que proclaman que pueden conseguirse mejores resultados sin democracia, en la medida en que han conseguido sacar a una parte muy importante de su población de la pobreza y cuentan por eso con una legitimidad nada desdeñable a ojos de sus ciudadanos y de los de otros países. El mandarinato chino es el mejor ejemplo. Y los datos avalan que una democracia por sí misma no garantiza un mejor gobierno aunque tenga elecciones libres y periódicas si no incorpora mecanismos de checks and balances, transparencia y rendición de cuentas.
Para que se hagan una idea, ahí tienen un gráfico comparativo entre el descontento con el funcionamiento de la democracia en España y en Europa.  Si en el año 2004 la satisfacción estaba 20 puntos por encima de la media europea, en el año 2013 la insatisfacción está 20 puntos por abajo. Es decir, los españoles nos hemos caído del guindo.(El gráfico me lo ha cedido Manuel Villoria de una presentación que realizó en un reciente Congreso en Valencia sobre corrupción y transparencia)

A mi juicio esta decepción tan notable se debe a la percepción del ciudadano de que no controla a sus representantes políticos y que éstos “le toman el pelo” por decirlo coloquialmente. Y es que el éxito de una democracia representativa depende, en definitiva, de la posibilidad del control ciudadano del poder, como ya dijo Stuart Mill en el siglo XIX. James Madison, uno los “Founding fathers” de Estados Unidos había avisado en los “Federalist papers” que “El conocimiento siempre gobernará a la ignorancia. Aquellos que se quieran gobernar a sí mismos deberán armarse con el poder que el conocimiento ofrece. Un gobierno popular sin información popular o sin los medios para conseguirla es el prólogo de una farsa, de una tragedia o quizá de ambas”. Si como dice el también jurista norteamericano Louis Brandeis el cargo más importante en una democracia es el de ciudadano para desempeñarlo bien está claro que hay que estar muy bien informado.
La idea subyacente es muy simple: los ciudadanos tienen que tener toda la información disponible para estar vigilantes y poder asegurarse de que el Poder se ejerce en beneficio de todos y no solo de unos pocos, ya se trate de oligarquías, cúpulas de partidos o grupos de interés. Y para poder exigir, en su caso, la rendición de cuentas en los casos en que de esa información se desprenda que las conductas de los dirigentes se apartan de los conceptos de buena gestión o constituyen supuestos de despilfarro o corrupción.
Pues bien, el día 10 de diciembre entra en vigor la ley estatal de transparencia y buen gobierno, ley 19/2013 de 9 de diciembre, después de un año entero de “vacatio legis”, aunque solo para el sector público estatal, porque las CCAA y entes locales tienen otro añito más de gracia.  ¿Van a cambiar mucho las cosas? Pues me temo que no. Porque una cosa son las leyes, o los papeles, y otra cosa son los hechos, o la cultura. En España sigue sin haber cultura de la transparencia (recuerden el reciente episodio del pacto para no publicar los viajes de diputados y senadores salvo agregados trimestralmente) y los políticos y gestores públicos se resisten como gato panza arriba a publicar aquellos datos que encuentran incómodos o que no cuadran con lo que ellos quieren que se sepa. Está claro que la demanda de transparencia en la ciudadanía va en aumento, y esto es una muy buena señal, pero falta por ver si el Gobierno y las Administraciones están a la altura. Porque parafraseando a Orwell, que recordaba que el periodismo consiste en publicar algo que alguien preferiría no ver publicado y que lo demás es relaciones públicas, la transparencia consiste en informar de algo que alguien preferiría mantener oculto, y lo demás es propaganda