En defensa de la Universidad: algunas ideas para su regeneración.

La universidad española languidece. Ha perdido el espíritu y el vigor que requiere la institución. Ninguna universidad española está entre las cien primeras del mundo. El daño es enorme para la sociedad y la economía, sobre todo en momentos de crisis en los que resulta más necesaria que nunca la formación superior y la aportación de buenos científicos. Las universidades se han convertido en fábricas de dar títulos que funcionan por el voluntarismo de unos pocos. Es cierto que los mejores talentos están en la universidad. Pero se ven abocados a luchar para poder investigar y dar clases en un ambiente mediocre en el que reina la endogamia y el amiguismo.

Las escuelas

A mediados del siglo pasado, en un ambiente de desolación, surgen las primeras escuelas dentro de la universidad, grupos de poder que perduran hasta nuestros días. Lo cierto es que no ha habido transición en la universidad española. No hay un problema de politización. Es cierto que hay universidades que han surgido a la sombra del gobierno de turno. Pero las escuelas conviven con los más diversos credos. Las plazas se pactan en buena armonía. No hay selección por el mérito y la capacidad. Las cátedras se nombran por afinidad con honrosas excepciones. Los más románticos se agarran a su vocación académica y no abandonan. Luchan por ganar una plaza hasta la extenuación. No entienden que la ciencia sea patrimonio de unos pocos. El amor a la universidad se abre paso en algunos departamentos aunque el ambiente sea hostil. Pero estos intentos de crear grupos de trabajo de relevancia internacional es raro que fructifiquen. Constituyen una amenaza al status quo de las escuelas quienes tienen la llave de la financiación.

La sucesión de leyes universitarias no ha abordado el problema de fondo, la endogamia que promociona al familiar. Los más realistas abandonan o emigran al extranjero. A pesar de estos obstáculos hay profesores íntegros, vocacionales, que forman excelentes equipos de investigación. También hay buenos docentes, individuos aislados que arrastran la ilusión de los alumnos. Son casos de pura voluntad en lucha contra las circunstancias. A pesar de estos grupos de excepcional valor, las universidades  españolas están en la cola de las universidades europeas y muy por debajo del lugar que corresponde a nuestro desarrollo económico y social. Las diferencias de productividad no son reconocidas en la carrera profesional. Existe poca relación entre productividad y poder dentro de la universidad. Se enseña mal y se investiga peor. Salvo casos puntuales no hay conexión de la empresa con la universidad. Como muestra de esta situación, España carece de mercado laboral para los doctores. Se hace el doctorado para acceder a la carrera universitaria y hay controles para que sólo accedan aquellos seleccionados por las propias escuelas. No hay oferta de doctorados para los outsiders. Con mucho esfuerzo se puede conseguir un director de tesis pero sin el visto bueno de las escuelas es difícil formar tribunal. “A los externos, nada de cum laude, aprobado y a la calle”, es el lema. Ante este panorama surgen escuelas de negocios que satisfacen con éxito esas necesidades de formación.

Selección del profesorado

El sistema de selección de profesorado debería basarse en la renovación generacional en condiciones de transparencia y méritos profesionales. Las contrataciones deberían ser llevadas a cabo por comités de expertos con presencia internacional. En la selección de jóvenes profesores, debería primar la capacidad de trabajar en equipos de diversas universidades, la creatividad, la autonomía y las habilidades de comunicación escrita y oral. La ética profesional debería ocupar un lugar central en la selección de los docentes. Nada de esto se requiere para acceder a las plazas. Basta con conocer una parte del programa y tener padrino o mejor escuela. Los talentos individuales son sacrificados. Muchos quedan en el camino. Son los daños colaterales que se pagan por mantener el statu quo de las escuelas. Sacar una plaza contra la voluntad de la escuela puede llegar a ser un infierno. “Desde que saqué la plaza no he dejado de llorar ni un solo día”, comentaba una profesora que se adentró en terreno vedado. El daño personal es enorme. No hay satisfacción personal ni tranquilidad para los mejores. El consuelo lo encuentran en los alumnos y en los contactos con investigadores de otros países. Pero cuidado con viajar que tras la estancia en el extranjero alguien de la escuela puede haber ocupado la plaza. Son los llamados para la gloria. Actúan como si supieran que va a caer en el examen. En meses se doctoran y en pocos años son titulares. Para la cátedra esperan su turno.  Cuando está mal visto designar al hijo, se permutan con un colega. “Tú haces catedrático a mi hijo y yo al tuyo”. Todo un orden endogámico.

¿Qué hacer?

Necesitamos una redefinición del papel de la universidad en la sociedad y un cambio del sistema de gobernanza.  Hay que recuperar la ética del trabajo. Debería haber leyes de incompatibilidades efectivas para los profesores que trabajan a tiempo completo. Los profesores universitarios deberían ser evaluados por su productividad tanto en docencia como en investigación. También se deberían tener en cuenta sus contribuciones a la gestión interna de las universidades y sus actividades profesionales de difusión científica en la sociedad civil. Estas evaluaciones deberían ser periódicas y en ellas deberían participar todos los estamentos universitarios, incluyendo a los alumnos. Además debería haber evaluaciones públicas de los estudiantes a los profesores y de  los profesores jóvenes a  los mayores. También es importante incentivar el trabajo. Se deberían dar premios a la productividad y periodos sabáticos a los profesores con buenas evaluaciones para mejorar la formación profesional y fomentar nuevos proyectos. Por último se debería exigir la máxima ética profesional. La falta de comportamiento ético, por ejemplo, el plagio o  el abuso de poder con alumnos o jóvenes en formación, deberían ser tramitados con procedimientos eficaces, acabando con la impunidad.  Los planes de estudios deben ser dinámicos, de acuerdo a la realidad y necesidades de la sociedad, y no al gusto de las escuelas. Por último pero no menos importante, los profesores deben estar bien remunerados y contar con los medios necesarios para investigar. Da pena pasearse por las bibliotecas universitarias con estanterías vacías por las bajas en las suscripciones a las revistas internacionales.

Leyes de acompañamiento y seguridad jurídica: novedades

Este blog ha sido muy crítico con esa forma de legislar tan poco respetuosa con la seguridad jurídica que es la promulgación de las llamadas “leyes escoba”, muy a menudo bajo la modalidad de Decreto-Ley, amparándose para ello el Gobierno en una presunta urgente necesidad que se invoca pero no se justifica. Entre ellas hay que incluir, como una modalidad específica de “leyes escoba” las famosas leyes de Acompañamiento, cuyo nacimiento se debió a varias sentencias del Tribunal Constitucional que pusieron en cuestión que en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado se regularan a manera de cajón de sastre todo tipo de materias ajenas a la cuestión presupuestaria.
Pues bien, aunque la práctica de las leyes escoba fue desapareciendo – quizá porque la mayoría de la legislación se convirtió en escoba- la continua degeneración del Estado de Derecho en nuestro país nos ha abocado a perder también algunos de los pocos logros formales que habíamos obtenido. Y decimos esto porque se anuncia para 31 de diciembre una rediviva ley de Acompañamiento, que además se promulgará bajo la forma de Decreto-Ley, tramitado con el máximo secretismo, y con entrada en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, a las 1,00 horas del 1 de enero.
Pero lo malo del asunto no es sólo la vuelta a esta lamentable técnica legislativa, que tan poco respeto muestra por el ciudadano, y por la seguridad jurídica, sino también su mismo contenido al que hemos tenido acceso por un cúmulo de casualidades: al parecer, un importante miembro del Gobierno se dejó olvidado el texto donde un conocido tuitero (@tevasaenterar), pudo hacerse con él. Y ha ido desgranando las novedades previstas en sucesivos tuits. Su contenido ha podido ser confirmado por ¿Hay Derecho? si bien extraoficialmente merced a la buena relación de sus coeditores y colaboradores con altos funcionarios de la Administración (especialmente del Ministerio de Justicia), seguidores todos ellos del blog (si bien en la intimidad). Creo que merece la pena resaltar algunas de las medidas “escoba” más llamativas:
LA CADUCIDAD PROCESAL PENAL.
Como de todos es sabido, el gobierno quiere limitar la instrucción de las causas a 6 meses (aquí). Pero parece que “con el objeto de lograr la aspiración ciudadana de que no figuren en las listas representantes políticos encausados” (sic, en la Exposición de Motivos) y sólo para la instrucción de procesos por corrupción, se estipula en el art. 47  que si el juez instructor no ha concluido en cinco meses desde la apertura de la causa, el cargo público quedará ¡automáticamente absuelto!. Se ha querido así poner remedio a la preocupación existente en las cúpulas del PP, PSOE, IU, CiU y PNV por la excesiva abundancia de políticos encausados. De hecho parece que oficiosamente todos esos partidos han ofrecido su apoyo a la medida. “En seis meses, para las elecciones, todos absueltos, señor Presidente. No quedará ni un sospechoso encausado”, podrían perfectamente haberle dicho a Rajoy, entre cuyas “70 medidas contra la corrupción” no nos consta que se mencionara este desaguisado.
Probablemente va a haber protestas por parte de quienes consideren esta novedad como un mero atajo hacia la impunidad. Para amortizarlas, la medida quiere combinarse con la promesa de dotar de medios a todos los jueces para que puedan concluir la instrucción en ese breve plazo. Pero nos aseguran que los portavoces elegidos para explicarlo no han sido capaces de aguantar la risa en los ensayos. “No nos pueden pedir que lo hagamos, ni siquiera a través de pantalla de plasma”, se dice que ha protestado uno de ellos, muy conocido y con amplia experiencia en explicar lo inexplicable.
EL CONTROL DE LAS REDES.
Otras de las disposiciones previstas afectan, paradójicamente, a twitter, precisamente el medio por el que hemos podido conocerlas. Se prevé una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  y de la Ley de Seguridad Ciudadana que permitirá intervenir las comunicaciones a través de las redes sociales, y sin previa intervención judicial, en supuestos de extremada gravedad. Señala la Exposición de Motivos que ”habida cuenta de los perniciosos efectos que pueden causarse por medio de la rápida transmisión de información “inexacta o disolvente” (términos por cierto demasiado amplios), se autorizará a la Policía para poder intervenir las cuentas que la generen o divulguen. Además la norma también prevé, “si hubiera urgente necesidad de ello a criterio de la Comisaría de Excesos en Redes ” (organismo que al efecto se crea), el modificar los tuits que se consideren contrarios al orden público, la moral y a las buenas costumbres (de nuevo estos conceptos jurídicos indeterminados con un cierto tufillo a épocas pretéritas) “para su debido ajuste y adaptación a lo admisible”.
El problema, como siempre, está en la interpretación de estos conceptos. ¿Es contrario al orden público, la moral y las buenas costumbres dudar de la recuperación económica? ¿Y manifestar escepticismo ante las manifestaciones oficiales sobre la voluntad de colaborar con la Justicia y acabar con la corrupción? ¿Usar la expresión “en diferido” o “Sé fuerte Zutanito” o “y tú más” en cualquier contexto puede estimarse como burla excesiva? ¿Y hablar de áticos tirados de precio y de jaguares invisibles? En fin, muchas dudas que nos tememos no son fáciles de resolver.
Algunos opinan que no será para tanto, y que se trata simplemente de convertir la desafección en las redes sociales para hacerla ininteligible. Así, si por ejemplo en un tuit alguien se atreviera a poner “Estos del PP son todos unos corruptos” sería posible su modificación para convertirlo por ejemplo en algo como “Estos del PP son todos unos productos”, que como frase carece de sentido, pero ha desactivado toda su carga disolvente, además de desconcertar a los lectores. El problema es que nadie sabe muy bien en qué consiste esto de “modificar”: ¿además de privar de sentido a la frase se puede dotarla de un nuevo sentido, contrario al originario?
La amplitud de las facultades que se otorgan al Comisario de Excesos en Redes supone un riesgo evidente. Sin embargo, portavoces de diversos partidos han quitado importancia al asunto. “No hay peligro”, nos han asegurado algunos de ellos. “Habrá un control del controlador”  y “ya nos hemos repartido por cuotas los cargos de la Junta de Vigilancia contra los Excesos de la Comisaría de Excesos”. Esta estrategia puede garantizar un apoyo parlamentario masivo a la medida. Pero no faltará quien lamente que una vez más el precio del consenso lo acabará pagando el contribuyente. Como siempre.
Alguna sorpresa ha causado que Podemos se haya descolgado de las críticas. Su lider máximo las ha apoyado, pero sólo tibiamente y con cierta ambiguedad. “Esa restricción a la libertad, en este momento, no nos gusta”, ha dicho Pablo. Pero para añadir que “aunque tenemos que decir que esa ley nos vendrá muy, pero que muy bien el día que tomemos el poder”.
MULTAS, MÁS MULTAS Y RECAUDACIÓN.
La norma prevé también cuantiosas multas para los tuiteros reincidentes, y como entra en vigor en plena Nochevieja puede pasar cualquier cosa, teniendo en cuenta que a las tradicionales celebraciones por la llegada del Año nuevo con sus correspondientes libaciones se une ahora el cabreo de la ciudadanía que reflejan de forma consistente los barómetros del CIS. Como las medidas no han sido, además, ni anunciadas ni explicadas, y la Ley va a prescindir de cualquier “vacatio legis”, algunos, cuando lleguen a su casa en la madrugada de Año Nuevo pueden encontrarse con la desagradable sorpresa de que por haberse desahogado a gusto contra el establishment, la casta, o las élites extractivas en general, o contra quienes aspiran a sustituirles en esas funciones, o contra alguno de sus componentes en particular, van a tener que abonar una suma importante de dinero. Como además es previsible que por el consiguiente cabreo estas actuaciones incrementen aún más el nivel de tuits susceptibles de sanción, se dice que el Ministro Montoro se frota las manos al haber descubierto una nueva vía recaudatoria. Incluso se plantea la posibilidad de enjugar por esta vía una parte importante del déficit autonómico, para regocijo de bastantes gobiernos regionales.
En la espera de que se concreten esas medidas, que no faltará quien considere como una nueva forma de censura, no queremos dejar de advertir a nuestros colaboradores y lectores: mucho cuidado, que el tuiter puede arruinarle. Y no nos referimos solo a su vida social. Si quiere opinar de nuestra clase política empiece a aprender a hacerlo “en positivo”.
¿Y EL FUTURO?
Con todo, lo peor está por venir: se dice que en el ministerio de Educación y Cultura y en el de Justicia se prepara una futura ampliación de esta normativa a otras redes sociales, como Instagram, e incluso a redes privadas, como Whatsapp. En la primera para evitar fotos que por las posturas o gestos de los que allí aparezcan pueda deducirse aún de modo meramente indiciario (?) un desprecio a partidos o políticos o a representantes de la soberanía popular. Lo que podría conllevar, como sanción leve, la obligación de modificarlo por medio de Photoshop, y como sanción grave, aparte de la pecuniaria, el sustituir la fotografía por otra proporcionada por la propia Administración. Y en el caso del Whatsapp, la sanción leve sería la desactivación del doble check, pero en otros casos cabría incluso ¡la alteración obligatoria de conversaciones ya producidas! ¡La retroactividad electrónica! El Gran Hermano se acerca…
NICOLASETES ESCONDIDOS.
Existen también otras cosas chocantes. ¿Qué nos dicen de la Disposición Adicional Cuarta?: “Las indemnizaciones que proceda satisfacer al personal laboral y eventual del Centro de Nacional de Inteligencia adscrito al grupo operativo 0009 (división “Charlie”) se abonaran en diferido con un coeficiente multiplicador del 5,37 y con carácter retroactivo al 14 de octubre de 2014”. Pero ¿se creen que no nos damos cuenta de que están ocultando pagos al Pequeño Nicolás? ¿Es tolerable que no sepamos que se oculta detrás de este joven individuo, quiénes le apoyan, quién le financia y nos encontremos ya casi en el BOE, que resulta que es personal laboral de la Administración? ¿Es esto política de transparencia cuando se acaba de aprobar una ley de transparencia?
SAQUEN USTEDES SUS CONCLUSIONES
Nos tememos que el miedo a Podemos y la presión mediática de blogs como este y de los procesos penales abiertos es la que ha propiciado este nuevo atentado contra el Estado de Derecho. Les instamos a que en este día tan señalado hagan como medio de protesta muchos comentarios y tuits en sus perfiles. No sean unos inocentes degollados por el Herodes Leviathanado en que se ha convertido nuestro establishment; sean veraces y encuéntrense a sí mismos pues, como dice el proverbio italiano, “se non è vero, è bene trovato