Post de nuestra coeditora Elisa de la Nuez en Vox Pópuli: ¿No nos representan? Pues puede ser que no
Hace unas semanas, el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Transparencia Internacional, Manuel Villoria, en una conferencia en Valencia nos recordaba con unos datos muy expresivos la distancia que media hoy entre nuestros representantes políticos y la ciudadanía, y no solo en España aunque quizá aquí el fenómeno, por lo brusco y relativamente reciente, sorprende más. Sobre todo a la clase política. El caso es que de las encuestas del CIS resulta nada más y nada menos que tres de cada cuatro españoles creen que el Parlamento no les representa, el 80% desaprueba el trabajo del Congreso y el 85% consideran que los diputados no trabajan con honestidad. Vamos, que no nos representan.
Pero quizá lo más curioso es comparar estos resultados con los de otra encuesta (que sirvió de base a un estudio del CIS del año 2005) hecha a los propios diputados. Resulta que es otro mundo. El 93% de los diputados contestaron que tenían en cuenta bastante o mucho la opinión de los ciudadanos de su circunscripción al tomar sus decisiones (frente a un 38,8 % de ciudadanos que pensaba así) y el 85,8% afirmaron que sí tenían en cuenta bastante o mucho la opinión pública a la hora de tomar sus decisiones (solo un 34% de los ciudadanos pensaba así). Eso sí, el 83% de los diputados reconocía que tenían en cuenta bastante o mucho la opinión de los miembros de sus partidos al tomar las decisiones. Por el contrario y de forma harto sorprendente, los ciudadanos solo pensaban así en un 50%.
Vistos estos datos (probablemente de repetirse ahora la encuesta arrojaría todavía una divergencia todavía mayor) a nadie le puede sorprender que nuestros representantes anden tan despistados a la hora de planificar sus campañas electorales. O lo que es casi peor; parece que lo único que le preocupa de verdad es la confección de las listas, confirmando así el sentir ciudadano de que los políticos y los partidos van “a lo suyo” (es decir, a repartirse cargos y puestos más o menos lucrativos) y que “pasan” de los problemas que agobian a los ciudadanos. Véase el caso de la reciente decisión sobre el adelanto de las elecciones catalanas donde las grandes discusiones han versado sobre lista conjunta sí o lista conjunta no. Hasta “el procés” parecía algo secundario frente a la urgencia de saber a cuantos escaños se toca. Así las cosas, parece complicado venderle a la gente que los políticos se interesan de verdad por los intereses generales, o que están dispuestos a reflexionar y a debatir con seriedad sobre las grandes cuestiones que van a marcar nuestro futuro, ya se trate de paro, educación, sanidad, corrupción, organización territorial, etc, etc.
El problema es que debatir con honestidad y rigor sobre estas cuestiones no es tarea fácil. De entrada hay que hacer un diagnóstico que supone reconocer la parte correspondiente de responsabilidad. Y luego hay que ponerse a buscar gente preparada, que sepa del tema y que proponga soluciones realistas, y estos perfiles no abundan en nuestros partidos, para qué nos vamos a engañar. Así que es bastante más sencillo reducir las discusiones a quien va a ir de candidato y en qué puesto. Lo de menos es qué piensa o qué dice el candidato sobre estos grandes temas; probablemente porque ni dice ni piensa nada más allá del argumentario que tenga a bien proporcionarle el partido
Es verdad que hasta hace relativamente pocos años las épocas electorales, pese a todo, daban lugar a una cierta reflexión en el seno de los partidos – incluso con colaboración de expertos externos e independientes- sobre temas importantes, reflexiones que se volcaban normalmente en un programa electoral más o menos sesudo. Pero ya hemos comprobado que a la hora de gobernar los programas electorales son papel mojado para el líder político que se enfrenta con la dura realidad -con la que la parecer no se contaba cuando se realizaban esos ejercicios teóricos- como explicó nuestro actual Presidente del Gobierno antes de tirar el suyo a la basura. Así no hay que extrañarse de que la gente desconfíe de programas y promesas electorales. Así que previsiblemente el periodo electoral se centrará más en las personas que en las ideas.
No parece muy difícil entender entonces que haya pocos ciudadanos (más allá de los afectados directamente, claro está, y de los periodistas de salón a los que les gustan las intrigas cortesanas) que estén interesados en esta laboriosa tarea de elaborar las listas electorales dado que, aparte de votarlas o no, no se puede gran cosa con unas listas bloqueadas y cerradas. Las ideas sobre qué hacer con España, que diría Cesar Molinas, dan bastante más de sí pero suponen también un riesgo, especialmente para los que no las tienen o para los que incluso teniéndolas temen que las suyas no coincidan con las del líder de cuyo dedo dependen.
Los motivos por los cuales nuestros viejos partidos están tan lejos de las preocupaciones de la ciudadanía son múltiples y variados y van desde la falta de la democracia interna hasta su conversión en agencias de colocación a costa de las instituciones, pasando por la falta de mecanismos de participación de afiliados y simpatizantes, la falta de transparencia y la financiación irregular. Pero a mi juicio es en su incapacidad para servir como cauce de participación y de reflexión política sobre los grandes temas que tanto nos preocupan donde encontramos el síntoma más preocupante de su creciente falta de representatividad.
No en vano en su magnífico libro “Ruling the void” (subtitulado “The hollowing of western democracy”) su autor Peter Mair, ya desaparecido, subraya que el fracaso de los partidos políticos es el propio fracaso de las modernas democracias representativas.
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985). Accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 1988
En la Administración pública ha ostentando cargos tales como Abogado del Estado-Jefe de la Secretaría de Estado de Hacienda; Subdirectora General de Asuntos Consultivos y Contenciosos del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; Abogada del Estado-Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid; Abogada del Estado-Jefe Servicio Jurídico de la Rioja; Letrada en la Dirección General Registros y Notariado; Abogada del Estado ante el TSJ de Madrid; Abogada del Estado en la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado del Ministerio de Justicia
En la actualidad compatibiliza su trabajo en los Juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con otras labores profesionales.
En el sector público, ha ostentado muchos años el puesto de Secretaria General de una entidad pública empresarial.
En su dedicación al sector privado es socia fundadora de la empresa de consultoría Iclaves y responsable del área jurídica de esta empresa.
Destaca también su experiencia como Secretaria del Consejo de administración de varias empresas privadas y públicas, Secretaria del Consejo de Eurochina Investment,
de la de la SCR Invergestión de Situaciones Especiales, y de la SCR Renovalia de Energía; ha sido también Consejera de la sociedad estatal Seyasa y Secretaria de la Comisión de Auditoria Interna; Secretaria del Consejo de la sociedad estatal SAECA.
En el área docente ha colaborado en centro como ICADE; la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad San Pablo-CEU o el Instituto de Estudios Fiscales. Ha publicado numerosas colaboraciones en revistas especializadas, de pensamiento y artículos periodísticos.
Es coeditora del blog ¿Hay derecho? y del libro del mismo nombre editado por Península junto con otros coautores bajo el pseudónimo colectivo “Sansón Carrasco” y Secretaria General de la Fundación ¿Hay Derecho?