Un pasito p’alante, un pasito p’atrás. De nuevo sobre la tutela de los consumidores en los procesos de ejecución

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado el 21 de enero de 2015 (asuntos acumulados C-482/13, C-484/2013, C-485/2013 y C-487/13) una nueva sentencia en materia de tutela de consumidores, en la que concretamente analiza la posible colisión entre la Directiva 93/13 CEE y la normativa española en materia de ejecución. La resolución tiene mucho interés y cierto morbo dado que es la segunda ocasión en la que el TJUE tiene la oportunidad de pronunciarse sobre la ley española 1/2013, de 14 de mayo, sobre medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, restructuración de deuda y alquiler social, una Ley que ya hubo de dictarse con cierta premura para adaptar nuestra legislación hipotecaria y procesal a los requerimientos de otra sentencia del TJUE.

Conviene centrar cual ha sido el objeto de debate de la cuestión prejudicial: El artículo 114 de la Ley Hipotecaria española – en la redacción dada por la Ley 1/2013 – establecía que:” «Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. Dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

La disposición transitoria de dicha ley fijaba un régimen transitorio para las hipotecas constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma: “dicha limitación [la de tres veces el interés legal] será de aplicación a los intereses de demora previstos en los préstamos con garantía de hipoteca sobre vivienda habitual, constituidos antes de la entrada en vigor de la Ley, que se devenguen con posterioridad a la misma, así como a los que habiéndose devengado en dicha fecha no hubieran sido satisfechos. En los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta Ley, y en los que se haya fijado ya la cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta extrajudicial, el Secretario judicial o el Notario dará al ejecutante un plazo de 10 días para que recalcule aquella cantidad conforme a lo dispuesto en el apartado anterior“.

Consideraba el juez que planteó la cuestión que este régimen transitorio que permite recalcular la cantidad conforme a los nuevos parámetros podría contravenir no sólo la Directiva 93/13, sino también la jurisprudencia del propio TJUE (por todas la Sentencia C-618/10, asunto Banco Español de Crédito), en la que el Tribunal había considerado que cuando se declaraba la nulidad de una cláusula por abusiva el juez no podía moderar los efectos modificando el contenido de las cláusulas abusivas y aplicando un interés distinto del pactado.

Un análisis de urgencia de la STJUE de 21 de enero de 2015 permite considerar que dicho Tribunal ha dictado una resolución un tanto ambigua (ya lo había hecho en alguna otra ocasión también en materia de consumidores) pues entiende que no se opone a la Directiva la normativa española que obliga al juez a requerir al ejecutante para que recalcule las cantidades debidas, por lo tanto considera que la Ley 1/2013 española no contraviene el cuerpo normativo y jurisprudencial comunitario; sin embargo establece que ese recalculo no debe prejuzgar por parte del juez el carácter abusivo de la cláusula en cuestión, y no debe impedir que el juez pueda con ello determinar las consecuencias de esa declaración de abusividad.

Este pronunciamiento debe interpretarse como “un si, pero no, sino todo lo contrario” ya que hecho el recálculo inicial, sin embargo si declara la cláusula finalmente abusiva la resolución en cuestión deberá deshacer los efectos del recalculo inicialmente requerido. Este pronunciamiento encaja bien en una vieja canción de verano que decía: “Un pasito p’alante, un pasito p’atrás”, en la medida en la que el recálculo no debe suponer la sustitución de una cláusula abusiva por una disposición legal que establece los parámetros de abusividad; el recálculo deberá servir para poder despachar ejecución por una cantidad cierta, pero no restringe el posible debate sobre la abusividad de la cláusula que fija los intereses moratorios.

Tanto en esta como en otras cuestiones prejudiciales planteadas por los jueces españoles respecto de la Ley 1/2013 subyace la sensación y la preocupación de que dicha norma no satisface en modo los requerimientos derivados del desarrollo jurisprudencial de la Directiva 93/13 CEE. La Ley 1/2013 ha desnaturalizado completamente el procedimiento de ejecución sin que con ello haya conseguido un escenario procesalmente confortable para el consumidor.

Estamos pendientes de nuevas sentencia en materia de consumidores que podrán ayudarnos clarificar la situación actual, que sigue siendo procesal y materialmente confusa.

Post de nuestra coeditora Elisa de la Nuez en Vox Pópuli: ¿No nos representan? Pues puede ser que no

Hace unas semanas, el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Transparencia Internacional, Manuel Villoria, en una conferencia en Valencia nos recordaba con unos datos muy expresivos la distancia que media hoy entre nuestros representantes políticos y la ciudadanía, y no solo en España aunque quizá aquí el fenómeno, por lo brusco y relativamente reciente, sorprende más. Sobre todo a la clase política. El caso es que de las encuestas del CIS resulta nada más y nada menos que tres de cada cuatro españoles creen que el Parlamento no les representa, el 80% desaprueba el trabajo del Congreso y el 85% consideran que los diputados no trabajan con honestidad.  Vamos, que no nos representan.

Pero quizá lo más curioso es comparar estos resultados con los de otra encuesta (que sirvió de base a un estudio del CIS del año 2005) hecha a los propios diputados. Resulta que es otro mundo. El 93% de los diputados contestaron que tenían en cuenta bastante o mucho la opinión de los ciudadanos de su circunscripción al tomar sus decisiones (frente a un 38,8 % de ciudadanos que pensaba así) y el 85,8% afirmaron que sí tenían en cuenta bastante o mucho la opinión pública a la hora de tomar sus decisiones (solo un 34% de los ciudadanos pensaba así). Eso sí,  el 83% de los diputados reconocía que tenían en cuenta bastante o mucho la opinión de los miembros de sus partidos al tomar las decisiones. Por el contrario y de forma harto sorprendente, los ciudadanos solo pensaban así en un 50%.

Vistos estos datos (probablemente de repetirse ahora la encuesta arrojaría todavía una divergencia todavía mayor) a nadie le puede sorprender que nuestros representantes anden tan despistados a la hora de planificar sus campañas electorales. O lo que es casi peor; parece que lo único que le preocupa de verdad es la confección de las listas, confirmando así el sentir ciudadano de que  los políticos y los partidos van “a lo suyo” (es decir, a repartirse cargos y puestos más o menos lucrativos) y que “pasan” de los problemas que agobian a los ciudadanos. Véase el caso de la reciente decisión sobre el adelanto de las elecciones catalanas donde las grandes discusiones han versado sobre lista conjunta sí o lista conjunta no. Hasta “el procés” parecía algo secundario frente a la urgencia de saber a cuantos escaños se toca. Así las cosas, parece complicado venderle a la gente que los políticos se interesan de verdad por los intereses generales, o que están dispuestos a reflexionar y a debatir con seriedad sobre las grandes cuestiones que van a marcar nuestro futuro, ya se trate de paro, educación, sanidad, corrupción, organización territorial, etc, etc.

El problema es que debatir con honestidad y rigor sobre estas cuestiones no es tarea fácil. De entrada hay que hacer un diagnóstico que supone reconocer la parte correspondiente de responsabilidad. Y luego hay que ponerse a buscar gente preparada, que sepa del tema y que proponga soluciones realistas, y estos perfiles no abundan en nuestros partidos, para qué nos vamos a engañar. Así que es bastante más sencillo reducir las discusiones a quien va a ir de candidato y en qué puesto. Lo de menos es qué piensa o qué dice el candidato sobre estos grandes temas; probablemente porque ni dice ni piensa nada más allá del argumentario que tenga a bien proporcionarle el partido

Es verdad que hasta hace relativamente pocos años las épocas electorales, pese a todo, daban lugar a una cierta reflexión en el seno de los partidos – incluso con colaboración de expertos externos e independientes- sobre  temas importantes, reflexiones que se volcaban normalmente en un programa electoral más o menos sesudo. Pero ya hemos comprobado que a la hora de gobernar los programas electorales son papel mojado  para el líder político que se enfrenta con la dura realidad -con la que la parecer no se contaba cuando se realizaban esos ejercicios teóricos- como explicó nuestro actual Presidente del Gobierno antes de tirar el suyo a la basura. Así  no hay que extrañarse de que la gente desconfíe de programas y promesas electorales. Así que previsiblemente el periodo electoral se centrará más en las personas que en las ideas.

No parece muy difícil entender entonces que haya pocos ciudadanos (más allá de los afectados directamente, claro está, y de los periodistas de salón a los que les gustan las intrigas cortesanas) que estén interesados en esta laboriosa tarea de elaborar las listas electorales dado que, aparte de votarlas o no, no se puede gran cosa con unas listas bloqueadas y cerradas. Las ideas sobre qué hacer con España, que diría Cesar Molinas, dan bastante más de sí pero suponen también un riesgo, especialmente para los que no las tienen o para los que incluso teniéndolas temen que las suyas no coincidan con las del líder de cuyo dedo dependen.

Los motivos por los cuales nuestros viejos partidos están tan lejos de las preocupaciones de la ciudadanía son múltiples y variados y van desde la falta de la democracia interna hasta su conversión en agencias de colocación a costa de las instituciones, pasando por la falta de mecanismos de participación de afiliados y simpatizantes, la falta de transparencia y la financiación irregular. Pero a mi juicio es en su incapacidad para servir como cauce de participación y de reflexión política sobre los grandes temas que tanto nos preocupan donde encontramos el síntoma más preocupante de su creciente falta de representatividad.

No en vano en su magnífico libro “Ruling the void”  (subtitulado “The hollowing of western democracy”)  su autor Peter Mair, ya desaparecido, subraya que el fracaso de los partidos políticos es el propio fracaso de las modernas democracias representativas.