D. José Barea y las malas prácticas de responsabilidad fiscal

En un reciente homenaje a D. José Barea en la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas se recordaba su labor en la Oficina Presupuestaria del Gobierno entre 1996 y 1998 como supervisor de la política fiscal que permitió cumplir con los criterios de convergencia para formar parte de la Unión Económica y Monetaria en 1999. No obstante, tras alcanzar esta meta, el Gobierno dejó de lado la senda de la responsabilidad fiscal y, de nuevo, el viejo profesor, tras abandonar su cargo público, hubo de advertir repetidamente que la mala praxis fiscal amparada en las burbujas económicas nos llevarían a una nueva crisis de las finanzas públicas. Como es conocido, sus cautelosas advertencias se vieron claramente cumplidas a partir de 2008.

Como si fuese un maldición bíblica, parecemos condenados a repetir este camino, y tras tan solo dos ejercicios de una política de consolidación fiscal que ha respetado sustancialmente los objetivos de déficits programados y los instrumentos de gobernanza creados legalmente, en el recientemente cerrado ejercicio 2014 se ha producido, como han tenido ocasión de denunciar numerosos analistas (v. gr., John Müller desde su tribuna de El Mundo o Ignacio Conde-Ruiz y Juan Rubio Ramírez en Nada es Gratis), una auténtica derogación tácita de los mecanismos de seguimiento y control de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. En primer lugar, se ha dejado en letra muerta la aplicación de las medidas preventivas y correctivas previstas en el capítulo IV de la citada norma, desde la casi generalizada aprobación tardía a finales de diciembre de los Planes Económico-Financieros para 2014 necesarios para rectificar las desviaciones del ejercicio anterior, la no adopción de medidas preventivas desde el momento que en los primeros trimestres del año se observó claramente el incumplimiento fiscal de muchas Administraciones autonómicas, e inclusive la falta de aprobación por parte del Departamento de Hacienda del informe de seguimiento del único plan aprobado en plazo de la Comunidad Autónoma de Aragón. Como estrambote final, por parte del Gobierno central se ha anunciado la creación de los nuevos Fondos de Financiación Autonómica y Local que convierten en ordinario un instrumento extraordinario y temporal con el que se puede considerar derogado de facto el principio de responsabilidad fiscal individual de cada Administración Pública establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica.

Desgraciadamente, ya no contamos en el Gobierno con la insobornable independencia de D. José Barea que nos recuerde la irresponsabilidad de volver a incurrir en malas prácticas fiscales. No obstante, ante la falta de una figura tan ejemplar, en el pasado ejercicio ha surgido una institución que, como reza su denominación, asume la misión de ser la Autoridad Independiente que debe velar por la Responsabilidad Fiscal. Desde luego que es arduo el trabajo que debe acometer, pues los gobernantes públicos han demostrado en este año preelectoral la facilidad con que esquivan su responsabilidad fiscal, lo que sin duda no augura que vuelvan a retomarla en este nuevo ejercicio repleto de convocatorias legislativas. No obstante, conviene recordar dos de los principales retos que se deberían afrontar para no desviar el rumbo de la consolidación fiscal. Por una parte, la aprobación en plazo de los Planes Económico-Financieros de las Administraciones Públicas que no hayan cumplido con los objetivos de déficit del ejercicio 2014 y la adopción de medidas preventivas incluso con antelación para aquellas Comunidades Autónomas cuyos nuevos presupuestos ya resultan indicativos de la imposibilidad de su cumplimiento, en línea con lo que han advertido los informes y opiniones de la AIREF de 30 de julio y 16 de diciembre de 2014. Por añadidura, no se puede volver a obviar que la normativa de la estabilidad presupuestaria no sólo establece la obligación de dictar medidas correctoras cuando se observen claros indicios de desviación en los objetivos de déficit, sino que sanciona como falta muy grave en el artículo 28 de la Ley de Transparencia la no elaboración en plazo o la falta de puesta en marcha de los planes económico-financieros, por lo que las autoridades competentes deberían valorar si su aprobación a finales del ejercicio no ha supuesto una vulneración de facto del cumplimiento de la norma.

Nos decía Juan Velarde en 2007 con motivo de un homenaje, aún en vida, a D. José Barea, que “mil veces me planteo qué hubiese sucedido, en el último medio siglo en nuestra economía, si no se hubiese dispuesto de un José Barea”. Es de esperar que aún no pudiendo contar ya con sus maestras advertencias, nuestros gobernantes por sí mismos o instados por las recomendaciones de la nueva autoridad independiente, retomen la senda de las buenas prácticas de responsabilidad fiscal y no volvamos a recaer en el viejo vicio de esperar a que un nuevo repunte de la crisis se encargue de recordarnos las virtudes que garantizan unas cuentas públicas saludables y sostenibles.

Crisis y corrupción (también) en los medios de comunicación

En el repaso regeneracionista que este blog está realizando a todas las instituciones cuyo funcionamiento deja bastante que desear en nuestro país, creo que debe llegarle también su merecido turno -nadie se salva de nuestro afilado bisturí- a los medios de comunicación. Poca gente habrá capaz de discutir el fundamental papel que los medios desempeñan en cualquier nación o sociedad moderna. De hecho, resulta oportuno recordar la famosa reflexión del autor de la Declaración de la Independencia, tercer Presidente y eminente filósofo político norteamericano Thomas Jefferson, uno de los más grandes pensadores que han dado los Estados Unidos de América, cuando dijo: “si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo”.  Y la frase no venía, precisamente,  de un don nadie en materia política. De hecho cuando su sucesor John Fitzgerald Kennedy dio la bienvenida en su residencia a los 49 ganadores del Premio Nobel en al año 1962, dijo muy gráficamente: “creo que ésta es la colección más extraordinaria de talento y del saber humano que jamás se haya reunido en la Casa Blanca, con la posible excepción de cuando Thomas Jefferson cenaba solo “.

En esa misma línea argumental no podemos olvidar, especialmente en una época y en un Estado como el nuestro cuyos mecanismos de control y regulación -los denominados “checks and balances” en el mundo anglosajón- han sido notoria y concienzudamente desactivados durante las últimas décadas, que la prensa, la radio y la televisión han jugado un papel esencial, como un verdadero “cuarto poder”, en su función de investigar, denunciar y poner negro sobre blanco el detallado relato de las disfunciones,  imperfecciones y corruptelas que afectan a nuestro sistema político.  Pero, asumido lo anterior, es también necesario comentar, y este blog resulta especialmente adecuado para ello, que no siempre es oro todo lo que reluce en el mundo de los medios de comunicación, especialmente tras estos difíciles tiempos de crisis económica. El interesado y prolongado silencio por parte de un buen número de medios, e incluso su ensalzamiento durante años, ante conocidos políticos notoriamente corruptos, y su complicidad manifiesta con situaciones anómalas que ahora están empezando a salir a la luz debe movernos a realizar una reflexión profunda sobre su verdadera función en la sociedad, sobre las causas de esta situación, y sobre sus delicadas consecuencias para todos nosotros.

Antes que nada es preciso aclarar, para los más ingenuos o menos avisados, que los coloquialmente llamados “medios de comunicación” son en realidad “empresas” o “grupos” de comunicación a todos los efectos. Esta aclaración es fundamental para entender que la mayoría de medios actúa básicamente –aunque a unos se les nota bastante más que a otros- no en la búsqueda y publicación de la “verdad” en sí misma, sino bajo estrictos criterios económicos, defendiendo una línea editorial próxima a aquellas opciones políticas que más convienen a la supervivencia y a los intereses de su grupo empresarial. Resulta de gran importancia contar todo esto porque sigue habiendo en España mucha gente de buena fe que, en sus conversaciones cotidianas, dice “lo he oído en la tele (o en la radio)” o “lo dice el periódico” como muestra de indiscutible autoridad en los argumentos que utiliza, sin pararse a pensar, con la mirada un poco más allá de lo que ha leído u oído, en quién lo dice, o en quién lo escribe, y con qué verdaderas intenciones lo publica en este concreto momento. Y ello se aprecia mucho no sólo en las pequeñas empresas de prensa local, siempre más cercanas necesariamente al gobernante de turno, sino también en los grandes grupos multimedia -aquéllos que agrupan prensa escrita, radio, televisión e internet- y cuyo devenir económico-financiero depende en gran medida de la generosidad, directa o indirecta, de los gobiernos centrales, autonómicos o municipales del momento. En pocas palabras, cuando la economía o la propia viabilidad financiera del “controlador” (el medio de comunicación) deja de ser autónoma y pasa a depender de sus “controlados”(los políticos que gobiernan en su territorio), la tentación de acomodarse o dejarse influir en lo que se publica o se deja de publicar se hace realmente grande, por no decir inevitable.

Muchos medios de comunicación se habían habituado en los últimos tiempos en nuestro país, tanto en el ámbito estatal como en los autonómicos o locales, a sobrevivir y cuadrar sus balances directamente gracias a las subvenciones públicas y a la publicidad institucional, especialmente ante el enorme bajón que experimentó la publicidad procedente de las empresas privadas y de las actividades comerciales en general. Ello generó una peligrosa dependencia de los gobernantes de turno, pues resulta muy difícil –en España realmente casi heroico- que los periodistas critiquen a las instituciones con cuyo dinero se sustenta el equilibrio económico de su empresa y, en definitiva, su propio puesto de trabajo. Y a la hora de los recortes, que dada la situación del país han ido llegando inexorablemente a todos los ámbitos de la actividad económica, ha sucedido algo todavía más peligroso. Cuando la esencia del buen periodismo consiste en ser crítico con el poder, del color que sea, para corregir sus disfunciones, en España se está produciendo, de una forma lamentable, justo el fenómeno contrario: los gobernantes que han derrochado el dinero público a manos llenas regando generosamente a muchos medios de comunicación se han acabado convirtiendo para éstos en los héroes, mientras que los que han venido después con las tijeras en la mano, racionalizando, reduciendo y poniendo orden en el anterior despilfarro económico-mediático han sido tratados como los villanos. Justo lo contrario de lo que debería ser.

Hace escasos días un amigo metido en política me comentaba que su partido, ahora en el poder en la autonomía en la que vivo, vive una complicada situación porque ha colocado involuntariamente en estos últimos años a casi todos los medios locales en contra, no tanto por el contenido de su actuación política -que con sinceridad no ha sido tan mala dada la situación general y las cuentas heredadas- sino porque las circunstancias económicas actuales les han convertido en el  “partido de los recortes”, de forma que, al haber eliminado las millonarias cantidades que percibían los grupos mediáticos locales, se han transformado para la mayoría de los medios y, consecuentemente, para sus lectores y espectadores, en “los peores políticos de la democracia”. Y eso, dado el enorme poder que acumulan los medios de comunicación, resulta tremendamente peligroso, y revelador, en el fondo, de una mezquina y torticera irresponsabilidad. Únase a ello el hecho de que, como antes hemos comentado, la mayoría de los lectores, oyentes y espectadores de prensa, radio y televisión resultan de una notable credulidad, no siendo muchos de ellos capaces de realizar una lectura comparativa crítica de toda la diversa información que continuamente reciben. Por ello, ante esta lamentable actitud de algunos medios, la mayoría de las personas que a diario abren un periódico, ponen la radio o encienden su televisor con su mejor buena fe resultan, en muchas materias importantes, realmente engañadas. Ello significa, sin más rodeos, que muchos medios de comunicación no critican a los políticos que lo hacen realmente mal en su gestión o derrochan dineros públicos, sino a aquéllos que, aunque actúen con responsabilidad, perjudican los intereses económicos de su grupo empresarial. Y eso, que muy pocos lo saben o son capaces de intuirlo, nos lo desayunamos todos los españoles un día detrás de otro en los últimos años. También es cierto que existen honrosas excepciones en el mundo de los medios, que dignifican enormemente a su profesión, y que muchos periodistas de a pie se encuentran colocados en una comprometida posición laboral y profesional, no siendo ellos responsables de la mayoría de sesgos informativos, que emanan directamente de las directrices dadas por sus empresas.

Pues bien, esta situación, como muchas otras existentes en nuestro país, no puede sostenerse más, y debe ser denunciada de forma pública y contundente. Ya sé que resulta harto difícil que todo esto se publique en los propios medios de comunicación, pues en el fondo atenta contra sus más íntimos intereses, especialmente los económicos, pero debemos hacerlo aquí. Por algo somos independientes, y para ello existe este blog. Queda formulada esta denuncia y planteada esta delicada reflexión. ¿Qué podemos hacer para corregirla?