Reproducción del post de Elisa de la Nuez en Voz Populi: La transparencia de las instituciones: el caso del Consejo General del Poder Judicial

La transparencia es el nuevo paradigma, eso está claro. Y hay una cierta competencia para ser más transparente, aunque quizá sea mejor decir para parecer más transparente, que no es exactamente lo mismo. En todo caso, lo primero que hay que decir es que el flamante portal de transparencia estatal previsto en la Ley de Transparencia y buen Gobierno http://transparencia.gob.es/ deja bastante que desear, no tanto desde el punto de vista del contenido (está más o menos lo que la ley exige con carácter obligatorio) sino sobre todo desde el punto de vista de la usabilidad. Es muy complicado que alguien que no conozca bien el funcionamiento de las Administraciones Públicas se maneje bien con la información que allí se ofrece. En definitiva, es un portal que parece concebido por funcionarios y para funcionarios, y otra oportunidad perdida para facilitar de verdad el acceso a la información pública a los ciudadanos.

Pero en esta carrera nadie impide que otras instituciones especialmente las más afectadas por la desconfianza y la desafección ciudadana –que a estas alturas son prácticamente todas- hagan un esfuerzo para intentar mejorar el aprobado raspado del portal de transparencia estatal e intentar recuperar una parte de la legitimidad que se han ido dejando por el camino en estos últimos años. Es el caso de un órgano constitucional como el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, que tiene probablemente el mejor portal de transparencia institucional que hay ahora mismo en España.     http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia  Está muy bien diseñado no solo por la información que proporciona sino por como la proporciona. Pueden encontrarse desde los gastos de viajes (la sombra del caso Divar es alargada) hasta la agenda del Presidente pasando por las remuneraciones de los Vocales, las contrataciones que hace y las subvenciones que otorga. Por encontrar, se puede encontrar hasta un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas del ejercicio 2010 realizado en julio del 2014; ya saben que el Tribunal de Cuentas muy rápido no es.

Pero la pregunta es ¿será suficiente tanta transparencia para recuperar la credibilidad del órgano de gobierno de los jueces? Porque ya saben que a estas alturas el Consejo General del Poder Judicial es sinónimo de de reparto de cromos partitocrático: unos cuantos vocales conservadores para ti, otros progresistas para mí, alguno para los nacionalistas y el Presidente para el partido que tenga la mayoría en el Parlamento. 

Quizás no esté de más recordar que, según el art. 122 de la la Constitución, la función esencial de este órgano es la de garantizar a los Jueces y Magistrados el ejercicio independiente de sus funciones. Pero creo que no es exagerado decir que en este momento y gracias a su ocupación por los partidos políticos el Consejo puede ser considerado como uno de los principales enemigos de la independencia judicial, por lo menos cuando puede afectar negativamente a los partidos políticos que son los auténticos “jefes”. Episodios como el de la decisión de no prorrogar la comisión de servicios del Juez Ruz, instructor del caso Gürtel sacando a concurso su plaza para ver si conseguían un juez más “cómodo” para el PP en pleno año electoral dejan bastante claro cual es la preocupación principal del Consejo General del Poder Judicial.

Y es que lo que nos enseña tanta transparencia o política de puertas abiertas es que algunas de las habitaciones de la casa, particularmente las traseras, están bastante sucias, aunque quizás sus ocupantes todavía no se hayan dado cuenta. La sensibilidad social ha cambiado mucho  y lo que antes pasaba desapercibido, o incluso se toleraba ahora resulta sencillamente insoportable.

En este sentido resulta muy ilustrativa la lectura del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas al que hemos hecho referencia.  Por decirlo suavemente, lo que pone de manifiesto es el poco control, tanto en materia de dietas, viajes, contrataciones públicas, contratación de personal o en otras cuestiones como las subvenciones a las Asociaciones Judiciales. Me interesa destacar que estas asociaciones llegaron a tener superávit gracias a la generosidad del Consejo, es decir, al dinero de los contribuyentes españoles. En el ejercicio auditado recibieron más dinero del que necesitaban para sus gastos corrientes, lo que está expresamente prohibido por la Ley de Subvenciones. Salta a la vista el mecanismo clientelar que une a las asociaciones judiciales con el Consejo y por tanto con los partidos políticos. No hace falta justificar nada, se pide el dinero y se consigue en base al número de afiliados de cada Asociación y a correr.

Por supuesto la cosa no acaba aquí. Conviene también destacar que el hecho de pertenecer a una Asociación judicial –“conservadora” “progresista” o “de centro”- parece ser un mérito importante a la hora de obtener un puesto de libre designación en la carrera judicial, como se desprende de los informes sobre nombramientos judiciales de carácter discrecional que elabora la Plataforma Cívica por la Independencia del Poder Judicial http://pcij.es/tercer-informe-del-observatorio-sobre-nombramientos-judiciales/  de manera que el número de jueces asociados que son promovidos a este tipo de puestos es proporcionalmente  mucho mayor que el de los no asociados.

Por supuesto en el portal de transparencia del CGPJ hay una completa información de los procedimientos seguidos para el nombramiento de los puestos de libre designación de la carrera judicial. Otra cosa es que el resultado sea conforme a los principios de mérito y capacidad, únicos a los que –según las normas vigentes- hay que atender dado que, por ahora, la normativa no contempla como” mérito” la pertenencia a una Asociación judicial “progresista” o “conservadora”. Claro que no faltarán las voces que defiendan que esto es  de lo más democrático” por aquello de que hay que manchar las togas con el polvo del camino, ya saben. Afortunadamente en los países más avanzados prefieren llevar las togas bien limpias, porque la independencia del Poder Judicial es un elemento fundamental del Estado democrático de Derecho.

En fin, que a veces la transparencia sirve para poner de manifiesto lo sucia que está la casa por dentro. Que no es poco.

3 comentarios
  1. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    Estimada Elisa: “La opaca transparencia” (www.fundaciónemprendedores) es, como dices, el paradigma que se supone debemos aceptar porque, al fin y al cabo, es una concesión más desde los poderes públicos. Mientras no entiendan que ellos están sometidos a la desconfianza o confianza real del soberano (y no al revés) todo serán gestos formales de cara a la galería. Ayer comentaba en otro post de este mismo blog la necesidad de aplicar la lupa con más énfasis sobre las actividades y gastos públicos que sobre los privados. En el primer caso son dineros de todos los contribuyentes, en el segundo es un problema de carácter particular. Ahora bien, en esta confusión de intereses públicos y privados en que han derivado las AA.PP. (el caso de las subvenciones públicas es otra lista Falciani que debería estar en la primera página del portal de transparencia, así como los criterios de interés público por el que se conceden). Puro clientelismo político. “No es una crisis” se decía en el 15M; es simplemente eso: la perversión de lo público en función de intereses privados; la política al servicio de la economía. Así nos va con las deudas y los déficits. Un saludo.

  2. E.Villaverde
    E.Villaverde Dice:

    El centro de todo son las contrataciones publicas , la corrupción se mueve alrededor de los departamentos de supervisión  y contratación de obras y que es básico para su control,  el “dominio” de los técnicos que en la mayor parte de los casos, hacen el pariré de informar. Decenas  de años de presión han hecho su labor. Cuando surge alguien díscolo se utilizan múltiples maneras de neutralizarlo y hacer ver en su entorno que no es un camino a seguir si se pretende “prosperar” en la administración.
    Las jefaturas de sección son en teoría los últimos reductos para que los funcionarios puedan por sus méritos conseguir un puesto, a partir de ahí todo son LD a dedo. Pues incluso ese ultimo reducto se ha saltado en la administración del Sr. Feijoo y Seguro ke en otras. La manera de colocar a alguien “dócil” es saltarse el concurso y a través de una comisión de servicio en ese puesto y deber el favor de ocupar un puesto al que no llegaría en caso de concurso ¿se puede decir que se garantiza la igualdad, el merito y capacidad?
     
    Hace poco se ha cubierto de esa manera el puesto de Jefe de sección para el departamento de obras de Deportes, se presentaron cuatro personas con sus curriculums, parece obvio que debería primarse la experiencia en obras y según la Ley también merito y capacidad.
     
    De las cuatro personas solo una, con una  dilatada experiencia en obras, tiene el mismo nivel de la plaza solicitada, por tanto va a ganar lo mismo y la única que ha ocupado un puesto similar ocho años, sin embargo se le adjudica a un funcionario sin apenas experiencia en obra, nula experiencia en un departamento similar y nivel 3 grados inferior, lo que le supone unos 300€ al mes a mayores. ¿Creen ustedes que se puede garantizar en esas condiciones que la plaza ha sido ocupada por la persona idónea? ¿Qué puede realizar su trabajo con independencia y profesionalidad?

    • O,Farrill
      O,Farrill Dice:

      Totalmente de acuerdo sobre el asunto de las contrataciones públicas. En mi época (cuando había controles públicos reales y los funcionarios eran compañeros en lugar de competidores a navajazos) el sistema era simple: la convocatoria publica y la subasta en igualdad de condiciones técnicas. No se admitían gastos que excedieran el ejercicio y, desde luego, pocos planteaban “reformados” que duplicaran o triplicaran el presupuesto inicial. Pero, como ya se ha dicho en este blog, los controles se neutralizaron o eliminaron en la época del primer gobierno del PSOE y se pasó al clientelismo político y a los intereses personales de quienes lo ejercían. El problema es que nadie dijo nada y se fue convirtiendo en habitual eso de echar mano a la caja directamente o a través de un sistema de intervención sumiso. Si el Interventor de la Junta de Andalucía al detectar los ERE y sus diseños lo hubiera enviado directamente a la Fiscalía del Estado probablemente no habría servido para nada; si lo hubiera hecho al Tribunal de Cuentas tampoco y si lo hubiera hecho a la Intervención Gral. del Estado con un gobierno que acapara todo los poderes, se habría buscado más complicaciones que agradecimientos. De ahí todos los déficits y deudas acumuladas a hombros de todos los ciudadanos: todo sea por el estado de bienestar. Tenía que llegar el el 15 M para que la reacción social despertara, y tenía que surgir “Podemos” para que la reacción política también lo hiciera.

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