El pasado viernes día 30 de mayo el Ministro de Educación y Cultura anunció en rueda de prensa las líneas generales de las nuevas directrices sobre las que habrá que diseñar los títulos universitarios oficiales. Su contenido concreto lo hemos podido conocer, finalmente, a través  del Real Decreto 43/2015, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 3 de febrero, que modifica tanto el Real Decreto 1393/2007 como el Real Decreto 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas de doctorado. Es el momento, pues, de efectuar algunas reflexiones sobre la oportunidad de esta reforma y sobre las consecuencias que para la formación de nuestros alumnos podría, en mi opinión, acarrear. Todo ello sin perder de vista que el proceso de adaptación al Plan Bolonia -o, en términos técnicos, Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)-, comenzado hace pocos años, no ha culminado todavía en muchas titulaciones y que aún resuenan las críticas, los problemas y las dudas que entonces se generaron y que, inevitablemente, se siguen planteando a día de hoy.

En la actualidad, los Grados universitarios, que sustituyeron a las antiguas Licenciaturas, constan por lo general de 240 créditos a realizar en cuatro años, a razón de 60 créditos por año. Con ello, teóricamente, el alumno adquiere los conocimientos, las destrezas y las competencias necesarias para acceder al mercado laboral, mientras que aquellos que deseen una mayor especialización pueden cursar algunos de los másteres oficiales (60 créditos) que las Universidades ofrecen, dando como resultado una formación que responde a la famosa estructura de 4+1 años, con un total de 300 créditos. Superadas estas etapas el alumno puede acceder a los estudios de Doctorado –no especialmente demandados- que le introducen en las actividades de investigación y que culminan con la obtención del título de Doctor.La reforma que ahora se nos presenta, en cambio,abre la puerta a la existencia de grados de 180 créditos, es decir, de tres años de duración, en cuyo caso los másteres de especialización habrían de contar con 120 créditos (dos años) con los que completar los 300 que se exigen para el acceso al Doctorado.  Con ello, se reconoce la posibilidad de que las universidades adopten la fórmula del 3+2 que, por ser voluntaria para éstas, podría convivir  con la del 4+1 actual.

Al mismo tiempo, el RD 43/2015 establece que “cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España–en donde se incluirían, por ejemplo, Derecho o Medicina-, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable”. Por lo tanto, como es posible que próximamente nos encontremos con una normativa particular para este tipo de titulaciones, habrá que ser especialmente cautelosos hasta comprobar cómo queda su situación particular.

Así las cosas, el profano en cuestiones universitarias seguramente pensará que el revuelo provocado carece de justificación puesto que, en la práctica,daría lo mismo optar por un 4+1 que por un 3+2 pues el alumno, a la postre, obtendría una formación de cinco años lectivos en ambos supuestos. Pero, ciertamente, y por mucho que desde la óptica de las matemáticas nos pueda parecer lo contrario, en el caso de la educación de nuestros universitarios, el resultado no es el mismo según se adopte una u otra opción.

La reforma que se acaba de aprobar se nos ha pretendido vender como una medida encadenada a converger con la mayoría de los países del EEES. La primera reacción que se me viene a la cabeza, que por evidente no es menos importante, es la de que podrían habérselo pensado mejor en el año 2007, cuando se obligó a las universidades a que, para adaptarnos a Europa, nuestras titulaciones pasaran a tener una duración de cuatro años y a contar con 240 créditos, proceso que exigió un esfuerzo sobrehumano para todos los que conformamos la comunidad universitaria.

Con todo, el nuevo sistema sí que favorecería la movilidad del estudiante y el reconocimiento de títulos si impusiera que todos los grados universitarios dentro de una misma materia tuvieran igual estructura de años y créditos. Pero lo cierto es que cada Universidad podrá decidir lo que considere oportuno -adoptar el 3+2 o mantenerse en el 4+1- de tal modo que, al final, esa pretendida equivalencia entre titulaciones se hará muy difícil incluso dentro de nuestro propio país. Así, ya no podremos hablar de un sistema universitario en cada Comunidad Autónoma, como ocurre ahora, sino de uno propio de cada una de las 88 universidades que existen en España. Desde la perspectiva internacional, por su parte, hay que tener en cuenta que muchos países europeos con grados de tres años están sopesando su conversión a cuatro e, incluso, que en Estados Unidos muchas de las universidades más prestigiosas tienen, precisamente, titulaciones de esa misma duración.

El Ministro señala, por otra parte, que con la reducción de un año en la duración de los grados los costes de matrícula serán menores, pero esconde que la gran mayoría de los estudiantes tendrán que realizar un máster para completar sus estudios si pretenden encontrar un puesto de trabajo. Si ya en el momento actual cualquier empresa u organismo exige una formación especializada, con mucho mayor motivo se precisará cuando el grado estudiado únicamente conste de tres años y sus contenidos sean más genéricos. Máxime cuando hasta hace pocos cursos nuestras titulaciones eran licenciaturas de cinco años. Como el coste por crédito es mayor en los másteres (65 euros frente a 33 en los grados, con carácter general), la factura para las familias crecerá y solo aquellos que puedan costeárselo obtendrán una formación que efectivamente les habilite para posicionarse adecuadamente el mercado laboral.

No debe olvidarse, en este orden de cosas, que el Ministro que ahora habla de ahorrar dinero a los estudiantes –eso sí, a costa de estudiar un año menos- ha sido el responsable de las subidas generalizadas de tasas que los alumnos han sufrido en los últimos años –a través del Real Decreto 14/2012 que permitió a las Comunidades Autónomas fijar los precios públicos de los estudios-, del endurecimiento de los requisitos para la obtención de becas y, en definitiva, de los continuos recortes que hemos venido sufriendo en la universidad pública. Al mismo tiempo, no se puede obviar que el establecimiento de grados de menor duración requerirá menos docentes, por lo que auguro despidos a medio plazo en el apartado de personal así como, consecuentemente, en la financiación de las universidades públicas vía transferencias de las Comunidades Autónomas.

Todo ello por no hablar de los costes de gestión que la adaptación a los nuevos grados generará y que, nuevamente, recaerán, en gran parte, en el profesorado. Recuérdese que la adaptación a Bolonia ni siquiera se hizo al tan cacareado “coste cero” que inicialmente se nos exigió, pues la falta de contratación de nuevos docentes y la exigua tasa de reposición de vacantes impuesta por el Gobierno hizo que tuviéramos que abordar el cambio sin los medios materiales y humanos suficientes y asumiendo tareas administrativas, en muchos casos, sobrehumanas. Gran parte de nuestro tiempo, que debería dedicarse en su integridad a la docencia e investigación, lo tenemos que emplear ahora a actividades de lo más variopintas, convirtiéndonos, en muchas ocasiones, en meros cumplimentadores de papeles, impresos y aplicaciones informáticas de todo tipo y condición para finalidades de lo más peregrinas.

A mi juicio, apostar por una educación de calidad no pasa por una reducción de créditos y años formativos, de tal manera que el alumno se vea abocado a un mercado laboral, duro de por sí, sin las armas – formación- suficientes. Lo que se precisa es  una decidida inversión en infraestructuras, dotaciones y profesorado que mejore la educación de nuestros estudiantes, junto a una oferta de becas que permita tener, al que carezca de recursos, las mismas posibilidades que los demás. Tampoco pasa por estar modificando el sistema universitario permanentemente, respondiendo así a las ansias que todo Gobierno parece tener por aniquilar todo lo que el anterior haya establecido en materia de educación, sin esperar a que las nuevas estructuras se asienten y se pueda acometer la solución de las deficiencias detectadas. Y no se puede criticar que nuestras universidades no aparezcan en los primeros puestos de los rankings internacionales cuando de manera continuada los presupuestos destinados a investigación se ven mermados sin piedad para situarnos en una situación completamente agónica.

¿No sería mucho más razonable no precipitarse, ver resultados y analizar las tendencias internacionales, antes de fijar un nuevo sistema cuando, además, la Universidad aún se esta lamiendo las heridas provocadas por la adaptación a Bolonia? Me temo, desgraciadamente, que esta no será la última medida que en los próximos meses afecte a la Universidad, ahora que parece que nos hemos convertido en la nueva bestia  negra de nuestros políticos.

Eduardo Serrano

Profesor Titular de Derecho Civil. Universidad Complutense. Vicedecano de Grado de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Director del Anuario de Propiedad Intelectual. Vicepresidente de la Asociación para el Estudio y la Enseñanza del Derecho de Autor.