¿La utopía de la independencia de los reguladores?

La independencia de los reguladores es un tema recurrente en el análisis de la fortaleza de un estado de derecho y de una arquitectura institucional. En este blog se ha tratado en repetidas ocasiones, ver por ejemplo aquí o aquí.

Es un vídeo grabado y difundido por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el que nos permite volver a reflexionar sobre el concepto de independencia de los reguladores, y los diseños institucionales parar lograrla. El vídeo puede verse aquí. Es un vídeo corto, 2 minutos, accesible tanto a través del portal de la Casa Blanca, como en la plataforma YouTube, que expresa la posición del gobierno de los Estados Unidos en el tema de la neutralidad de red. Por ponerlo en contexto, cuando Obama graba este vídeo, acababa de sufrir un notable revés en las elecciones al Congreso y al Senado celebradas en noviembre del 2014. El presidente, en su intento por revitalizar su mandato, toma varias iniciativas en áreas como inmigración, salud, e Internet. En el caso de Internet elige una intervención grabada en vídeo para impulsar su acción de gobierno.

Los temas relacionados con Internet no son temas que en nuestro país suelan mover al electorado, pero en Estados Unidos sí es un tema que levanta pasiones. Valga como muestra este vídeo, del programa de John Oliver, que se emite en la cadena HBO americana como un late-night show semanal. Puede imaginarse un programa similar a lo que sería “El Intermedio” de La Sexta con Wyoming. En el vídeo, sin duda divertido, Oliver acaba pidiendo a todos los espectadores que escriban una respuesta a la consulta que en ese momento tenía abierto el regulador americano de las telecomunicaciones, la FCC, sobre el tema de la neutralidad de red. Esta intervención originó que el regulador recibiera más de 300.000 mensajes y 45.000 respuestas al día siguiente, colapsando sus sistemas. En los días posteriores superaron el millón. ¿Pueden imaginarse en España que presentadores como Pablo Motos, o El Gran Wyoming en sus programas pidieran que todos los espectadores respondieran a una consulta pública de un organismo regulador en España? Un pensamiento divertido.

Situado el contexto, y volviendo al vídeo del presidente Obama, si en el primer minuto hace una declaración de la posición de su gobierno sobre el tema de la neutralidad de la red. En el minuto 1:08, indica que “pide a la FCC que haga, … “. Al final del vídeo, suaviza la afirmación indicando que “la FCC es un regulador independiente …”, y por tanto “debe tomar su propia decisión”, pero que debería escuchar al pueblo americano.  No quiero entrar en el fondo del debate sobre la neutralidad de red, una solución en busca de un problema, que ya fue abordado recientemente en este post. El tema que nos ocupa es el de la independencia de los reguladores.

Sería difícil encontrar en cualquier país europeo una intromisión por parte del poder político tan clara, directa y explícita sobre un regulador independiente. En el “modo europeo”, la forma de proceder sería realizar la presión en un modo menos evidente. Cuando sucede de forma tan explícita, lo cual sin duda se da también con cierta frecuencia, se producirá una reacción por parte de los medios y los partidos de la oposición denunciando la intromisión. Por eso sorprende el vídeo visto desde la óptica europea. A diferencia de lo que hubiera sucedido en cualquier país europeo, donde la grabación y emisión de este vídeo hubiera sido considerado un escándalo y una intolerable intromisión en la independencia del regulador, en Estados Unidos no tuvo este tratamiento, ni por parte de la prensa, ni por parte de los ciudadanos. La reacción invita a la reflexión.

Pueden darse muchas interpretaciones, pero la que más se acerca, en mi opinión, a la realidad es que a diferencia de lo que sucede en un país como España, en Estados Unidos la confianza en los organismos reguladores es muy superior. Si en nuestro país, cualquier regulador está siempre bajo sospecha de servilismo al poder político, esta situación no se percibe en la misma forma en Estados Unidos. Es el prestigio de la institución, y en particular de su presidente, la que queda en entredicho con una intromisión de este tipo, y lo que llevó a muchos medios americanos a valorar que podría tener un efecto contraproducente, y obligar a la FCC a mostrar su independencia separándose de la petición realizada por el presidente Obama. Sin embargo, al final de esta historia, la declaración de Obama ha tenido una influencia clara en la decisión adoptada por la FCC el pasado 26 de febrero, y el regulador ha cambiado en gran medida su planteamiento inicial. Nada es perfecto.

No voy a profundizar en la importancia que se da en la arquitectura institucional de las democracias modernas a la independencia de los organismos reguladores. La introducción de reguladores independientes para la política monetaria, competencia, el mercado de valores, o sectores tradicionalmente oligopolísticos (energía, telecomunicaciones, …) está bien asentada en la teoría económica. Baste recordar cómo se introducen la independencia en la política monetaria de los bancos centrales como medio de evitar la tentación de los gobiernos de imprimir dinero para solucionar sus problemas presupuestarios y de deuda, generando no pocas crisis de inflación a lo largo de la historia.

¿Por qué la sociedad americana tiene mayor confianza en sus reguladores independientes? La respuesta que tradicionalmente se escucha, se analiza y se debate, se centra en el modo en que se eligen los cargos públicos en esas instituciones. Si la elección por parte del gobierno, o del presidente, siempre resulta demasiado difícil de aceptar para un organismo independiente, esa tarea suele asignarse al parlamento como depositario de la representación de los ciudadanos. Ciertamente que sea el parlamento o el gobierno quien los elige, desde un punto de vista práctico y realista presenta pocas diferencias. A veces esta situación genera incluso debate sobre si el organismo regulador debería ser independiente del gobierno que lo nombra, o de las empresas que debe regular. No serán pocos los que defiendan que un organismo regulador no puede hacer política, y por tanto debería seguir las directrices que debe marcarle el gobierno elegido democráticamente. Un debate que puede parecer sencillo, pero que plantea no pocas cuestiones sobre los depositarios de la legitimidad democrática.

En España vemos una y otra vez, como la elección por parte del parlamento de puestos como los miembros del consejo de RTVE, de los vocales del CGPJ, o de los consejeros de los organismos reguladores, justifica que los políticos afirmen y defiendan que no puede haber nada más democrático que su elección por parte del parlamento, como depositario de la legitimidad que otorgan los votos. El reparto de esos puestos entre los partidos políticos mimetizando la composición del parlamento refleja la hipocresía de esas afirmaciones. Estos modelos han conducido a una progresiva desprofesionalización y politización de todos estos organismos. Si los primeros nombramientos en la etapa tras la transición, aún bajo los mismos modelos de elección, incorporaron profesionales de reconocido prestigio y trayectoria profesional, el paso de los años ha conducido a nombramientos cada vez más politizados y más afines a los partidos que los proponen. Conviene recordar que los nombramientos en Estados Unidos los realiza en muchos casos directamente el presidente, y el resto los designa el Congreso.

Esta situación ha llevado a proponer que en casos como el CGPJ los nombramientos se hagan por sorteo sobre los jueces que cumplen los requisitos exigidos. Lo que podría sonar a una propuesta frívola, tiene bastantes adeptos. Podríamos entrar en discusiones más técnicas sobre los períodos de nombramiento o la valoración y aceptación de los candidatos. En casos como el Tribunal Supremo americano, aun cuando la designación es presidencial, los puestos son vitalicios, lo que sin duda facilita la independencia de los nombrados. Por supuesto el presidente propondrá a aquellos que entiende pueden ser más afines a sus valores y principios, pero un puesto vitalicio garantiza mayor independencia que las reelecciones cada 4 o 5 años.

Al final, los debates sobre los modelos de elección son pura retórica. Lo cierto es que el único elemento que garantiza la verdadera independencia de los organismos reguladores, y el gran elemento diferencial entre los nombramientos en países como Estados Unidos, y España, es el prestigio y trayectoria profesional de las personas designadas. Lo único que puede evitar realmente la intromisión política, y asegurar que las decisiones de un organismo regulador serán tomadas con independencia es el prestigio profesional de las personas que deben tomar y firmar esas decisiones. Si la persona elegida no tiene una trayectoria profesional y un reconocimiento en el sector que debe regular, y por tanto, tiene claro que su cargo se lo debe al gobierno que le ha nombrado, y que nunca podría haber soñado con un cargo similar si no fuera por su afinidad a un partido, será difícil que esa persona por muy honesta y bien intencionada que sea, pueda tomar decisiones independientes. Solo el prestigio, y el riesgo a perder un respeto ganado a lo largo de una trayectoria profesional de muchos años suponen un contrapeso suficiente para evitar la intromisión del poder político. No hay otro. Sea el que sea el modelo de elección.

Para que el modelo realmente funcione es preciso que la trayectoria y los logros profesionales tengan también reconocimiento y prestigio social. España no es especialmente generosa en este punto. Poder y prestigio tienden a confundirse, y en nuestro país, plegarse a los deseo del poder siempre parece un camino más sencillo para alcanzar el reconocimiento social.

Solo unos estrictos requisitos sobre la trayectoria profesional de las personas que van a ocupar determinados cargos en los organismos públicos puede garantizar la independencia profesional. Solo la introducción de competencia y transparencia en los mecanismos de selección puede mejorar los procesos. Solo unos mecanismos claros y ágiles para verificar el cumplimiento de estos requisitos y para rechazar candidatos que no estén a la altura pueden transmitir el deseo de los gobiernos de garantizar la independencia de los reguladores. Los debates sobre los modos de elección no son más que cortinas de humo retóricas y estériles.

Si quiere valorar el respeto de un gobierno por la independencia de los reguladores, no debería mirar el mecanismo de elección, debería mirar el currículo de los candidatos propuestos.

 

La democracia, los partidos políticos y la democracia en los partidos políticos

Observando las bases del Derecho Público español vigente, es posible comprobar la existencia de una estructura jurídico-política que procede de la idea de que España es un Estado social y democrático de Derecho conforme al artículo 1.1 de la Constitución Española, siendo los partidos políticos una manifestación de la expresión del pluralismo político, que es un valor superior del ordenamiento jurídico, y un instrumento fundamental para la participación política. Por eso, los partidos tienen una gran importancia en el sistema constitucional español, como indica la Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1981, que señala que su “relevancia viene justificada por la importancia decisiva que esas organizaciones tienen en las modernas democracias pluralistas, de forma que se ha podido afirmar por algunos Tribunales extranjeros que «hoy día todo Estado democrático es un Estado de partidos» o que éstos son «órganos casi públicos», o conceptos similares”.

Es necesario destacar que el artículo 6 de la Carta Magna española establece que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos. Este precepto deriva de la acertada idea de que, para que una sociedad sea adecuadamente democrática, los partidos que en ella se encuentran también deberán ser democráticos, ya que, de lo contrario, será imposible, en todo caso, que la ciudadanía pueda tener verdaderamente el poder.

El principal problema existente en la actualidad, en lo que a la actividad de los partidos políticos y a la toma de decisiones se refiere, es que la organización de los mismos se ha establecido de forma vertical y no de forma horizontal, de modo que las decisiones de ciertos miembros del partido prevalecen sobre la voluntad de los demás, que tendrán que elegir entre aceptar las ideas o revelarse, siendo la sumisión la opción mas cómoda en muchas ocasiones en las que determinados militantes pretenden escalar dentro del entramado organizativo de la formación política.

La situación existente en la mayoría de los principales partidos políticos del panorama nacional es que se ha creado una casta dentro de cada formación, de manera que unos pocos controlan o intentan controlar en el aspecto ideológico y en el aspecto organizativo todo el aparato del partido, que incluye a los militantes que están en las bases.

La casta que existe en cada partido está configurada, partiendo de la explicación de César Molinas en “Una teoría de la clase política española“, como una élite extractiva que intenta instrumentalizar la formación política, en lugar de como un medio para hacer efectiva la democracia, como una herramienta para lograr la consecución de fines de naturaleza particular con el objetivo de beneficiar a un sujeto o a un grupo de sujetos determinados, sacrificando, en muchas ocasiones, el interés del partido por satisfacer deseos privados que pretenden alcanzar un plano que supera al ámbito de la formación y que se manifiestan como el sueño de ser parte de una oligarquía política. Ese hecho provoca que, en muchas situaciones, bastantes militantes vean frenada su capacidad decisoria por la fuerza de las corrientes oficialistas, que intentan ejecutar en los órganos deliberativos las ideas de las personas que controlan los órganos directivos, de modo que, como dice Paloma Biglino Campos, “los partidos políticos siguen siendo los nervios del sistema democrático, pero están perdiendo capacidad para llevar la opinión de los ciudadanos a la vida del Estado”.

Los mecanismos empleados para controlar cada partido, que se constituye como un pequeño sistema dentro del sistema político nacional, son incompatibles con la democracia interna y suelen verse materializados en figuras como la disciplina de voto, que produce la alienación ideológica de muchos dirigentes en determinados asuntos debatidos en el seno del partido en el momento de desarrollar su actividad parlamentaria, aunque el artículo 67.2 de la Constitución Española indica que “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. Distanciarse de las actuaciones dirigidas por la cúpula de cada partido puede tener consecuencias negativas, ya que, como Alfonso Guerra dijo, “el que se mueve no sale en la foto”, aunque, como afirma Francisco Sosa Wagner, “el deber fundamental de todo afiliado debe ser el de respetar el credo ideológico básico de la concreta organización y su derecho más fundamental el de criticar las concretas estrategias de los dirigentes para poner en práctica el ideario”.

En el seno de determinados partidos políticos se están produciendo luchas para obtener el control de la asociación que deberían servir para fortalecer a las formaciones pero que, realmente, parecen perjudiciales. Este hecho puede ser útil para comprobar que, ciertamente, los partidos no están construidos sobre unos cimientos ideológicos y jurídicos sólidos, que deben estar presididos por la libertad ideológica y por la libertad de expresión.

No hay duda alguna de que es necesario realizar algunas modificaciones normativas que son indispensables, como las que se refieren a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y a otros cambios, como el que debe hacerse para tipificar adecuadamente la financiación ilegal de las formaciones políticas. Las alteraciones legislativas correctas, si se hicieran bien, resolverían muchos problemas y servirían para poder crear un verdadero sistema democrático en el que los partidos y sus dirigentes sean una parte de la solución en lugar de constituir una parte del problema. No puede dejar de tenerse presente que los partidos políticos son un reflejo de la realidad social existente.

Para que España pueda ser un Estado social y democrático de Derecho, es necesario que los partidos políticos sean fieles a los principios que sustentan la estructura jurídica existente, ya que son un elemento de ella y sus actuaciones condicionan el desarrollo de la práctica judicial, la creación de la legislación y la actividad administrativa, por culpa de las distorsiones que se han ido produciendo por los fallos que tienen los pilares constituciones, que no han logrado garantizar el establecimiento de una fuerte división de poderes, aunque no hace falta modificar la Constitución, sino mejorar algunas normas esenciales y garantizar su cumplimiento.

La democracia, los partidos políticos y la democracia en los partidos políticos

Observando las bases del Derecho Público español vigente, es posible comprobar la existencia de una estructura jurídico-política que procede de la idea de que España es un Estado social y democrático de Derecho conforme al artículo 1.1 de la Constitución Española, siendo los partidos políticos una manifestación de la expresión del pluralismo político, que es un valor superior del ordenamiento jurídico, y un instrumento fundamental para la participación política. Por eso, los partidos tienen una gran importancia en el sistema constitucional español, como indica la Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1981, que señala que su “relevancia viene justificada por la importancia decisiva que esas organizaciones tienen en las modernas democracias pluralistas, de forma que se ha podido afirmar por algunos Tribunales extranjeros que «hoy día todo Estado democrático es un Estado de partidos» o que éstos son «órganos casi públicos», o conceptos similares”.

Es necesario destacar que el artículo 6 de la Carta Magna española establece que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos. Este precepto deriva de la acertada idea de que, para que una sociedad sea adecuadamente democrática, los partidos que en ella se encuentran también deberán ser democráticos, ya que, de lo contrario, será imposible, en todo caso, que la ciudadanía pueda tener verdaderamente el poder.

El principal problema existente en la actualidad, en lo que a la actividad de los partidos políticos y a la toma de decisiones se refiere, es que la organización de los mismos se ha establecido de forma vertical y no de forma horizontal, de modo que las decisiones de ciertos miembros del partido prevalecen sobre la voluntad de los demás, que tendrán que elegir entre aceptar las ideas o revelarse, siendo la sumisión la opción mas cómoda en muchas ocasiones en las que determinados militantes pretenden escalar dentro del entramado organizativo de la formación política.

La situación existente en la mayoría de los principales partidos políticos del panorama nacional es que se ha creado una casta dentro de cada formación, de manera que unos pocos controlan o intentan controlar en el aspecto ideológico y en el aspecto organizativo todo el aparato del partido, que incluye a los militantes que están en las bases.

La casta que existe en cada partido está configurada, partiendo de la explicación de César Molinas en “Una teoría de la clase política española“, como una élite extractiva que intenta instrumentalizar la formación política, en lugar de como un medio para hacer efectiva la democracia, como una herramienta para lograr la consecución de fines de naturaleza particular con el objetivo de beneficiar a un sujeto o a un grupo de sujetos determinados, sacrificando, en muchas ocasiones, el interés del partido por satisfacer deseos privados que pretenden alcanzar un plano que supera al ámbito de la formación y que se manifiestan como el sueño de ser parte de una oligarquía política. Ese hecho provoca que, en muchas situaciones, bastantes militantes vean frenada su capacidad decisoria por la fuerza de las corrientes oficialistas, que intentan ejecutar en los órganos deliberativos las ideas de las personas que controlan los órganos directivos, de modo que, como dice Paloma Biglino Campos, “los partidos políticos siguen siendo los nervios del sistema democrático, pero están perdiendo capacidad para llevar la opinión de los ciudadanos a la vida del Estado”.

Los mecanismos empleados para controlar cada partido, que se constituye como un pequeño sistema dentro del sistema político nacional, son incompatibles con la democracia interna y suelen verse materializados en figuras como la disciplina de voto, que produce la alienación ideológica de muchos dirigentes en determinados asuntos debatidos en el seno del partido en el momento de desarrollar su actividad parlamentaria, aunque el artículo 67.2 de la Constitución Española indica que “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. Distanciarse de las actuaciones dirigidas por la cúpula de cada partido puede tener consecuencias negativas, ya que, como Alfonso Guerra dijo, “el que se mueve no sale en la foto”, aunque, como afirma Francisco Sosa Wagner, “el deber fundamental de todo afiliado debe ser el de respetar el credo ideológico básico de la concreta organización y su derecho más fundamental el de criticar las concretas estrategias de los dirigentes para poner en práctica el ideario”.

En el seno de determinados partidos políticos se están produciendo luchas para obtener el control de la asociación que deberían servir para fortalecer a las formaciones pero que, realmente, parecen perjudiciales. Este hecho puede ser útil para comprobar que, ciertamente, los partidos no están construidos sobre unos cimientos ideológicos y jurídicos sólidos, que deben estar presididos por la libertad ideológica y por la libertad de expresión.

No hay duda alguna de que es necesario realizar algunas modificaciones normativas que son indispensables, como las que se refieren a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y a otros cambios, como el que debe hacerse para tipificar adecuadamente la financiación ilegal de las formaciones políticas. Las alteraciones legislativas correctas, si se hicieran bien, resolverían muchos problemas y servirían para poder crear un verdadero sistema democrático en el que los partidos y sus dirigentes sean una parte de la solución en lugar de constituir una parte del problema. No puede dejar de tenerse presente que los partidos políticos son un reflejo de la realidad social existente.

Para que España pueda ser un Estado social y democrático de Derecho, es necesario que los partidos políticos sean fieles a los principios que sustentan la estructura jurídica existente, ya que son un elemento de ella y sus actuaciones condicionan el desarrollo de la práctica judicial, la creación de la legislación y la actividad administrativa, por culpa de las distorsiones que se han ido produciendo por los fallos que tienen los pilares constituciones, que no han logrado garantizar el establecimiento de una fuerte división de poderes, aunque no hace falta modificar la Constitución, sino mejorar algunas normas esenciales y garantizar su cumplimiento.

Jueces y corruptos

(Reproducimos a continuación el artículo publicado el viernes pasado por nuestro colaborador Jorge Trías en El País)

 

Si alguien no sólo tiene que ser honrado sino parecerlo más que nadie son los jueces. El espectáculo que están dando una buena porción de jueces madrileños, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Francisco José Vieira al frente, al descubrirse que la empresa que debe modernizarles les paga dietas por asesorarles por cuenta de la Comunidad, es penoso. Lo más probable es que el llamado “promotor de acción disciplinaria” nombrado por el Consejo General del Poder Judicial para esclarecer los hechos concluya con un si es no es si, sino todo lo contrario. Es decir: nada. Corporativismo puro y duro.

Vieira, junto al singular Emilio Fernández Castro, se enfrentó al magistrado Suárez Robledano cuando se trataba de dilucidar si se anulaban o no del sumario de la Gürtel las escuchas ordenadas por Baltasar Garzón que, como se sabe, fue el juez que inició la instrucción del más escandaloso caso de corrupción política que ha habido en España, sin que los verdaderos responsables hayan dado explicación alguna. Suárez Robledano, un magistrado conservador, mantuvo la dignidad del poder judicial. Gracias a esa anulación que propiciaron esos otros dos magistrados del TSJM, el Tribunal Supremo terminó condenando a Garzón por un delito de prevaricación y le expulsaron de la carrera judicial. En cambio no se siguió actuación alguna contra Antonio Pedreira ni contra Suárez Robledano, el primero porque les dio pena debido a su enfermedad y el segundo porque les traía sin cuidado.

Así se escribe la justicia en España cuando la política, en sus estratos más altos, se interfiere en su camino. Si el lector coge el libro de Ernesto Ekaizer, “El caso Bárcenas”, en su página 119 se dice lo siguiente: “El 23 de marzo de 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuncia que ha decidido anular por dos votos contra uno todas las grabaciones, excepto una, realizadas en la cárcel de Soto del Real por orden del juez Garzón y prorrogada por el juez Pedreira. Dos votos, el de Vieira y de Fernández Castro, contra uno, de Suárez Robledano, que presenta un voto particular en el que justifica la grabación de las conversaciones. Aunque los jueces no entran en la existencia del delito de prevaricación, Trillo está eufórico. Dice que es una prueba de lo que él sostiene”. ¿Y qué es lo que Trillo sostenía entonces? También lo cuenta Ekaizer un poco más adelante: “Yo creo –dice Trillo- que aquí el papel fundamental es el de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lo tenemos bajo control. Tengo una relación personal con Vieira. El problema es la instrucción del juez Pedreira”. Efectivamente, el problema era el de unos jueces, Garzón o Pedreira, que se atrevieron a investigar las finanzas de un partido. En la cárcel acabó “el sargento Vázquez”.  Los oficiales y generales estaban a resguardo. Cuando los jueces se dejan tentar por prácticas corruptas o por corruptelas se pierde la confianza en ellos.

Jueces y corruptos

(Reproducimos a continuación el artículo publicado el viernes pasado por nuestro colaborador Jorge Trías en El País)

 

Si alguien no sólo tiene que ser honrado sino parecerlo más que nadie son los jueces. El espectáculo que están dando una buena porción de jueces madrileños, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Francisco José Vieira al frente, al descubrirse que la empresa que debe modernizarles les paga dietas por asesorarles por cuenta de la Comunidad, es penoso. Lo más probable es que el llamado “promotor de acción disciplinaria” nombrado por el Consejo General del Poder Judicial para esclarecer los hechos concluya con un si es no es si, sino todo lo contrario. Es decir: nada. Corporativismo puro y duro.

Vieira, junto al singular Emilio Fernández Castro, se enfrentó al magistrado Suárez Robledano cuando se trataba de dilucidar si se anulaban o no del sumario de la Gürtel las escuchas ordenadas por Baltasar Garzón que, como se sabe, fue el juez que inició la instrucción del más escandaloso caso de corrupción política que ha habido en España, sin que los verdaderos responsables hayan dado explicación alguna. Suárez Robledano, un magistrado conservador, mantuvo la dignidad del poder judicial. Gracias a esa anulación que propiciaron esos otros dos magistrados del TSJM, el Tribunal Supremo terminó condenando a Garzón por un delito de prevaricación y le expulsaron de la carrera judicial. En cambio no se siguió actuación alguna contra Antonio Pedreira ni contra Suárez Robledano, el primero porque les dio pena debido a su enfermedad y el segundo porque les traía sin cuidado.

Así se escribe la justicia en España cuando la política, en sus estratos más altos, se interfiere en su camino. Si el lector coge el libro de Ernesto Ekaizer, “El caso Bárcenas”, en su página 119 se dice lo siguiente: “El 23 de marzo de 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuncia que ha decidido anular por dos votos contra uno todas las grabaciones, excepto una, realizadas en la cárcel de Soto del Real por orden del juez Garzón y prorrogada por el juez Pedreira. Dos votos, el de Vieira y de Fernández Castro, contra uno, de Suárez Robledano, que presenta un voto particular en el que justifica la grabación de las conversaciones. Aunque los jueces no entran en la existencia del delito de prevaricación, Trillo está eufórico. Dice que es una prueba de lo que él sostiene”. ¿Y qué es lo que Trillo sostenía entonces? También lo cuenta Ekaizer un poco más adelante: “Yo creo –dice Trillo- que aquí el papel fundamental es el de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Lo tenemos bajo control. Tengo una relación personal con Vieira. El problema es la instrucción del juez Pedreira”. Efectivamente, el problema era el de unos jueces, Garzón o Pedreira, que se atrevieron a investigar las finanzas de un partido. En la cárcel acabó “el sargento Vázquez”.  Los oficiales y generales estaban a resguardo. Cuando los jueces se dejan tentar por prácticas corruptas o por corruptelas se pierde la confianza en ellos.