HD Joven: Acceso a la abogacía: lo “posimposible”

super lawyerCon motivo de la publicación en el BOE del pasado viernes 13 de Febrero de 2015 (pulse aquí) sobre el Examen de Acceso a la Abogacía (que ha acotado el temario con respecto al de la primera convocatoria), los editores de HD Joven hemos creído oportuno comentar cómo puede uno llegar a ser abogado desde que entró en vigor en nuestro país el Plan Bolonia (tema tratado esta semana aquí).

Anteriormente, con el plan de estudios antiguo, uno se matriculaba en la Licenciatura de Derecho, estudiaba cinco años con asignaturas anuales, pagaba la tasa, se colegiaba y ya podía ejercer.

A día de hoy, para poder llegar a ejercer como abogado hay que: (i) cursar cuatro años de Grado en Derecho en una Universidad (ya no existen las licenciaturas), (ii) hacer el Máster de Acceso a la Abogacía, de nueve meses de duración, en una Universidad o escuela de práctica jurídica debidamente acreditada, (iii) superar un período de prácticas externas tuteladas, remuneradas o no, y, por último, (iv) superar un Examen de Acceso a la Abogacía del que, de momento, sólo ha habido una convocatoria. Si no se superan todos estos requisitos, uno no puede colegiarse.

Este cambio, que supone, claramente, un mayor número de barreras de entrada para los aspirantes, está tratando de “europeizar” nuestro sistema universitario. En la mayoría de países europeos, los profesionales han tenido que cursar un período de estudios denominado “Bachelor” y, si desean completar su formación, un “Master”. Recientemente, se ha propuesto un nuevo modelo de estudios, aún por aprobar, mediante la reforma del Ministro Wert, pero de esto ya discutiremos en otra ocasión (pulse aquí). Paralelamente, con este sistema parece que se le está tratando de atribuir a la abogacía el carácter de profesión elitista, condición con la que se le identifica en muchos otros países, para poder tratar de olvidar aquello de “en España le das una patada a una piedra y te salen cien abogados”. Por poner un ejemplo, sólo en el ICAM en 2013 estaban colegiados el doble de abogados que en toda Francia, teniendo en cuenta el rol que juega la diferenciación entre abogado y abogado de empresa que hacen allí (pulse aquí).

El Grado, al que muchos tachan de “más fácil”, considero que forma mejor a los alumnos ya que les obliga a ir a clase y a realizar casos prácticos semanales (método didáctico que en las licenciaturas casi no se utilizaba). Se ven ya pocas cafeterías universitarias llenas de “licenciados en Mus” o parcelas de césped con “tomadores de sol” y “bebedores de cerveza”.

Una vez obtenido el Grado en Derecho, los aspirantes deben superar la siguiente barrera: el Máster de Acceso. En cualquier otra profesión, un Máster genera en el alumno una mayor especialización en alguna de las materias a las que puede dedicarse, creando, por tanto, una mejora en su currículum. Con este Máster “obligatorio”, esa posible mejora deja de existir, salvo que se haga en escuelas en las que se ofrezca la posibilidad de hacer un Doble Máster, pudiendo el alumno simultáneamente especializarse en un campo que le interese, a la vez que culmina uno de los requisitos para acceder a la profesión.

Este Máster supone, en gran medida, un repaso, durante todo un curso académico, de todas las asignaturas de mayor importancia de la carrera junto con el estudio de la deontología profesional, asistencia jurídica gratuita, organización colegial, etc., antes de “saltar al ruedo”.  A simple vista, parece algo positivo y que mejorará la profesionalidad de las nuevas generaciones. Indudablemente, trabajando se aprende tanto, o incluso más, que estudiando, pero lo que se busca con este nuevo plan es la mejor preparación posible.

Sin embargo, uno de los problemas que puede acarrear el Máster es su precio, ya que, en algunas universidades públicas puede llegar a superar los 5.000 euros, y en escuelas privadas llega a las cinco cifras. Dentro de la esfera pública, es desproporcionado que tengan más o menos el mismo precio cuatro años de Universidad que un solo año de “recapitulación obligatoria”.  En este sentido, conozco a compañeros que, debido a estos precios, han optado por opositar, lo que implica que si aprueban la oposición, podrán desarrollar su profesión jurídica, pero, si no, tendrán que realizar el Máster después de haber estado opositando, si es que quieren llegar a ejercer como abogado algún día, decisión completamente comprensible después de haber estudiado Derecho. Es cierto que se otorgan becas a los alumnos más brillantes, pero, a pesar de ello, no parece que sea suficiente para resolver esta cuestión. Por no hablar del número de plazas públicas que, en muchos casos, no llega a cubrir la demanda de sus graduados (por ejemplo pulse aquí).

Una vez finalizado el Máster, se debe cumplir un período de prácticas externas tuteladas. Al ser un requisito obligatorio, el centro en el que se haya cursado el Máster tiene la obligación de, si el alumno no encuentra donde poder realizarlas, ofrecerle algunas opciones en las entidades con las que tienen convenios. Obviamente, si uno encuentra las prácticas por sí mismo, será una mejor solución que optar por las que le pueda ofrecer el centro, ya que seguramente serán remuneradas y con opciones reales de continuar. En el caso de elegir las prácticas “concedidas”, las entidades, al tener que “acoger” cada cinco meses a un aspirante que no ha tenido suerte en su búsqueda, pueden permitirse el lujo de ofrecerlas sin remuneración y sin posibilidades de futuro.

Habiendo superado todos estos requisitos, llegamos al meollo de la cuestión, el Examen de Acceso a la Abogacía, conocido como “el MIR de los abogados”. Así pues, para los que desconozcan cómo es este Examen, procedo a citar el siguiente resumen del ICAM: “Esta prueba de evaluación supondrá el 70% de la calificación final y el 30% restante corresponderá a la nota obtenida en el curso de formación especializada. La prueba de evaluación consistirá en un ejercicio  escrito de 4 horas con 50 preguntas sobre materias  comunes al ejercicio de la profesión de abogado y 25 preguntas sobre materias específicas a elegir: civil y mercantil; penal; administrativo y laboral. Cada pregunta tendrá 4 respuestas de las cuales sólo una es correcta. Las preguntas contestadas correctamente sumarán 1 punto, las contestadas incorrectamente restarán – 0´33 puntos y las no contestadas no puntuarán”. De tal modo que, haciendo la media ponderada entre la nota obtenida en el Examen y la nota media obtenida en el Máster, se obtendrá como resultado la calificación de APTO o NO APTO.

Es un tema muy polémico, del que ya dio de qué hablar la primera convocatoria, que tuvo lugar el 28 de junio de 2014, por la que se llegó a convocar una manifestación en su contra promovida por la plataforma de Abogados Sin Toga (actualmente JAM), quienes han conseguido que se convoque la segunda edición del Examen (pulse aquí).

Con este “Bar Exam” parece que nos acercamos más al modelo americano, pero salvando las distancias, ya que en EEUU los salarios de los abogados son mucho más altos, pero ese es otro tema (pulse aquí).

Por otro lado, lo que resulta incomprensible es que sólo haya una convocatoria al año y que ésta sea en Mayo o Junio. Tras la realización de las prácticas, los pre-abogados reúnen todos los requisitos necesarios para poder presentarse, pero deben esperar entre cuatro y seis meses para poder realizar el Examen y, por tanto, para poder colegiarse. Esto genera un período de tiempo en el que simplemente pueden optar a un contrato de prácticas. Lo lógico sería que hubiera, al menos, dos convocatorias anuales, una a finales de Enero o principios de Febrero (pensada para los alumnos que han realizado sus prácticas de Septiembre a Enero) y otra a finales de Mayo o principios de Junio (pensada para los alumnos que realicen sus prácticas de Enero a Mayo).

¿Cuál sería mi propuesta? En primer lugar, para dotar a la profesión de unos candidatos más competitivos, subiría la nota de corte de acceso a la carrera de Derecho. Por otro lado, establecería que el Grado tuviera una duración de cuatro años, con un quinto año al que se le podría denominar Máster, en el que se recuerden las materias más indispensables, añadiendo algunas cuestiones más directamente relacionadas con el ejercicio de la abogacía, pero en el que la matrícula tuviera el mismo precio que la de un curso del Grado (en las universidades públicas). Seguidamente, y no casi un año después, el alumno debería realizar un Examen común para todos los aspirantes o bien una “Reválida” de la propia Universidad. Después de esto, ya sí que se podría fijar el período de prácticas de cinco  meses y que, una vez concluido, el aspirante, por fin, se pueda colegiar. Poner el Examen después de las prácticas sólo dificulta que el alumno pueda prepararse para el mismo, ya que al estar trabajando, puede que no disponga del tiempo necesario para poder presentarse en condiciones de aprobar.

Así pues, sólo me queda decir que “el sabio puede rectificar, el necio nunca”. Si algo se puede mejorar, por qué no hacerlo. Con toda esta carrera de obstáculos que se les ha puesto a los letrados del futuro, queda claro que estarán mejor preparados que los ya consagrados por el plan antiguo, pero dentro de este proceso por conseguir una mayor profesionalidad, es necesario un ligero reajuste en este nuevo método. ¿Cambiará a mejor o seguirá como hasta ahora? Hagan sus apuestas.

Elisa de la Nuez e Ignacio Gomá hablan de la Fundación en El Búho

El miércoles 4 de marzo de 2015 Elisa de la Nuez e Ignacio Gomá comparecieron en el programa de tertulia política El Búho de Radio Siglo XXI en una sesión dedicada a la regeneración. El programa es conducido por Mariano Alonso y participan en él José García Domínguez, ayer ausente por imposibilidad accidental, y Cristina Losada. Los patronos de la Fundación Fernando e Ignacio Gomá participan también en él alternativamente y con periodicidad quincenal.

La tertulia, de una hora, dio para hablar de la independencia de la justicia, las tasas, concepto de Estado de Derecho, corrupción, algunos temas de rabiosa actualidad y también, por supuesto, el origen de la Fundación y sus proyectos.

Pueden escuchar el programa entero AQUI.

Elisa de la Nuez e Ignacio Gomá hablan de la Fundación en El Búho

El miércoles 4 de marzo de 2015 Elisa de la Nuez e Ignacio Gomá comparecieron en el programa de tertulia política El Búho de Radio Siglo XXI en una sesión dedicada a la regeneración. El programa es conducido por Mariano Alonso y participan en él José García Domínguez, ayer ausente por imposibilidad accidental, y Cristina Losada. Los patronos de la Fundación Fernando e Ignacio Gomá participan también en él alternativamente y con periodicidad quincenal.

La tertulia, de una hora, dio para hablar de la independencia de la justicia, las tasas, concepto de Estado de Derecho, corrupción, algunos temas de rabiosa actualidad y también, por supuesto, el origen de la Fundación y sus proyectos.

Pueden escuchar el programa entero AQUI.

¿La utopía de la independencia de los reguladores?

La independencia de los reguladores es un tema recurrente en el análisis de la fortaleza de un estado de derecho y de una arquitectura institucional. En este blog se ha tratado en repetidas ocasiones, ver por ejemplo aquí o aquí.

Es un vídeo grabado y difundido por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el que nos permite volver a reflexionar sobre el concepto de independencia de los reguladores, y los diseños institucionales parar lograrla. El vídeo puede verse aquí. Es un vídeo corto, 2 minutos, accesible tanto a través del portal de la Casa Blanca, como en la plataforma YouTube, que expresa la posición del gobierno de los Estados Unidos en el tema de la neutralidad de red. Por ponerlo en contexto, cuando Obama graba este vídeo, acababa de sufrir un notable revés en las elecciones al Congreso y al Senado celebradas en noviembre del 2014. El presidente, en su intento por revitalizar su mandato, toma varias iniciativas en áreas como inmigración, salud, e Internet. En el caso de Internet elige una intervención grabada en vídeo para impulsar su acción de gobierno.

Los temas relacionados con Internet no son temas que en nuestro país suelan mover al electorado, pero en Estados Unidos sí es un tema que levanta pasiones. Valga como muestra este vídeo, del programa de John Oliver, que se emite en la cadena HBO americana como un late-night show semanal. Puede imaginarse un programa similar a lo que sería “El Intermedio” de La Sexta con Wyoming. En el vídeo, sin duda divertido, Oliver acaba pidiendo a todos los espectadores que escriban una respuesta a la consulta que en ese momento tenía abierto el regulador americano de las telecomunicaciones, la FCC, sobre el tema de la neutralidad de red. Esta intervención originó que el regulador recibiera más de 300.000 mensajes y 45.000 respuestas al día siguiente, colapsando sus sistemas. En los días posteriores superaron el millón. ¿Pueden imaginarse en España que presentadores como Pablo Motos, o El Gran Wyoming en sus programas pidieran que todos los espectadores respondieran a una consulta pública de un organismo regulador en España? Un pensamiento divertido.

Situado el contexto, y volviendo al vídeo del presidente Obama, si en el primer minuto hace una declaración de la posición de su gobierno sobre el tema de la neutralidad de la red. En el minuto 1:08, indica que “pide a la FCC que haga, … “. Al final del vídeo, suaviza la afirmación indicando que “la FCC es un regulador independiente …”, y por tanto “debe tomar su propia decisión”, pero que debería escuchar al pueblo americano.  No quiero entrar en el fondo del debate sobre la neutralidad de red, una solución en busca de un problema, que ya fue abordado recientemente en este post. El tema que nos ocupa es el de la independencia de los reguladores.

Sería difícil encontrar en cualquier país europeo una intromisión por parte del poder político tan clara, directa y explícita sobre un regulador independiente. En el “modo europeo”, la forma de proceder sería realizar la presión en un modo menos evidente. Cuando sucede de forma tan explícita, lo cual sin duda se da también con cierta frecuencia, se producirá una reacción por parte de los medios y los partidos de la oposición denunciando la intromisión. Por eso sorprende el vídeo visto desde la óptica europea. A diferencia de lo que hubiera sucedido en cualquier país europeo, donde la grabación y emisión de este vídeo hubiera sido considerado un escándalo y una intolerable intromisión en la independencia del regulador, en Estados Unidos no tuvo este tratamiento, ni por parte de la prensa, ni por parte de los ciudadanos. La reacción invita a la reflexión.

Pueden darse muchas interpretaciones, pero la que más se acerca, en mi opinión, a la realidad es que a diferencia de lo que sucede en un país como España, en Estados Unidos la confianza en los organismos reguladores es muy superior. Si en nuestro país, cualquier regulador está siempre bajo sospecha de servilismo al poder político, esta situación no se percibe en la misma forma en Estados Unidos. Es el prestigio de la institución, y en particular de su presidente, la que queda en entredicho con una intromisión de este tipo, y lo que llevó a muchos medios americanos a valorar que podría tener un efecto contraproducente, y obligar a la FCC a mostrar su independencia separándose de la petición realizada por el presidente Obama. Sin embargo, al final de esta historia, la declaración de Obama ha tenido una influencia clara en la decisión adoptada por la FCC el pasado 26 de febrero, y el regulador ha cambiado en gran medida su planteamiento inicial. Nada es perfecto.

No voy a profundizar en la importancia que se da en la arquitectura institucional de las democracias modernas a la independencia de los organismos reguladores. La introducción de reguladores independientes para la política monetaria, competencia, el mercado de valores, o sectores tradicionalmente oligopolísticos (energía, telecomunicaciones, …) está bien asentada en la teoría económica. Baste recordar cómo se introducen la independencia en la política monetaria de los bancos centrales como medio de evitar la tentación de los gobiernos de imprimir dinero para solucionar sus problemas presupuestarios y de deuda, generando no pocas crisis de inflación a lo largo de la historia.

¿Por qué la sociedad americana tiene mayor confianza en sus reguladores independientes? La respuesta que tradicionalmente se escucha, se analiza y se debate, se centra en el modo en que se eligen los cargos públicos en esas instituciones. Si la elección por parte del gobierno, o del presidente, siempre resulta demasiado difícil de aceptar para un organismo independiente, esa tarea suele asignarse al parlamento como depositario de la representación de los ciudadanos. Ciertamente que sea el parlamento o el gobierno quien los elige, desde un punto de vista práctico y realista presenta pocas diferencias. A veces esta situación genera incluso debate sobre si el organismo regulador debería ser independiente del gobierno que lo nombra, o de las empresas que debe regular. No serán pocos los que defiendan que un organismo regulador no puede hacer política, y por tanto debería seguir las directrices que debe marcarle el gobierno elegido democráticamente. Un debate que puede parecer sencillo, pero que plantea no pocas cuestiones sobre los depositarios de la legitimidad democrática.

En España vemos una y otra vez, como la elección por parte del parlamento de puestos como los miembros del consejo de RTVE, de los vocales del CGPJ, o de los consejeros de los organismos reguladores, justifica que los políticos afirmen y defiendan que no puede haber nada más democrático que su elección por parte del parlamento, como depositario de la legitimidad que otorgan los votos. El reparto de esos puestos entre los partidos políticos mimetizando la composición del parlamento refleja la hipocresía de esas afirmaciones. Estos modelos han conducido a una progresiva desprofesionalización y politización de todos estos organismos. Si los primeros nombramientos en la etapa tras la transición, aún bajo los mismos modelos de elección, incorporaron profesionales de reconocido prestigio y trayectoria profesional, el paso de los años ha conducido a nombramientos cada vez más politizados y más afines a los partidos que los proponen. Conviene recordar que los nombramientos en Estados Unidos los realiza en muchos casos directamente el presidente, y el resto los designa el Congreso.

Esta situación ha llevado a proponer que en casos como el CGPJ los nombramientos se hagan por sorteo sobre los jueces que cumplen los requisitos exigidos. Lo que podría sonar a una propuesta frívola, tiene bastantes adeptos. Podríamos entrar en discusiones más técnicas sobre los períodos de nombramiento o la valoración y aceptación de los candidatos. En casos como el Tribunal Supremo americano, aun cuando la designación es presidencial, los puestos son vitalicios, lo que sin duda facilita la independencia de los nombrados. Por supuesto el presidente propondrá a aquellos que entiende pueden ser más afines a sus valores y principios, pero un puesto vitalicio garantiza mayor independencia que las reelecciones cada 4 o 5 años.

Al final, los debates sobre los modelos de elección son pura retórica. Lo cierto es que el único elemento que garantiza la verdadera independencia de los organismos reguladores, y el gran elemento diferencial entre los nombramientos en países como Estados Unidos, y España, es el prestigio y trayectoria profesional de las personas designadas. Lo único que puede evitar realmente la intromisión política, y asegurar que las decisiones de un organismo regulador serán tomadas con independencia es el prestigio profesional de las personas que deben tomar y firmar esas decisiones. Si la persona elegida no tiene una trayectoria profesional y un reconocimiento en el sector que debe regular, y por tanto, tiene claro que su cargo se lo debe al gobierno que le ha nombrado, y que nunca podría haber soñado con un cargo similar si no fuera por su afinidad a un partido, será difícil que esa persona por muy honesta y bien intencionada que sea, pueda tomar decisiones independientes. Solo el prestigio, y el riesgo a perder un respeto ganado a lo largo de una trayectoria profesional de muchos años suponen un contrapeso suficiente para evitar la intromisión del poder político. No hay otro. Sea el que sea el modelo de elección.

Para que el modelo realmente funcione es preciso que la trayectoria y los logros profesionales tengan también reconocimiento y prestigio social. España no es especialmente generosa en este punto. Poder y prestigio tienden a confundirse, y en nuestro país, plegarse a los deseo del poder siempre parece un camino más sencillo para alcanzar el reconocimiento social.

Solo unos estrictos requisitos sobre la trayectoria profesional de las personas que van a ocupar determinados cargos en los organismos públicos puede garantizar la independencia profesional. Solo la introducción de competencia y transparencia en los mecanismos de selección puede mejorar los procesos. Solo unos mecanismos claros y ágiles para verificar el cumplimiento de estos requisitos y para rechazar candidatos que no estén a la altura pueden transmitir el deseo de los gobiernos de garantizar la independencia de los reguladores. Los debates sobre los modos de elección no son más que cortinas de humo retóricas y estériles.

Si quiere valorar el respeto de un gobierno por la independencia de los reguladores, no debería mirar el mecanismo de elección, debería mirar el currículo de los candidatos propuestos.