HD Joven: Acceso a la abogacía: lo “posimposible”

super lawyerCon motivo de la publicación en el BOE del pasado viernes 13 de Febrero de 2015 (pulse aquí) sobre el Examen de Acceso a la Abogacía (que ha acotado el temario con respecto al de la primera convocatoria), los editores de HD Joven hemos creído oportuno comentar cómo puede uno llegar a ser abogado desde que entró en vigor en nuestro país el Plan Bolonia (tema tratado esta semana aquí).

Anteriormente, con el plan de estudios antiguo, uno se matriculaba en la Licenciatura de Derecho, estudiaba cinco años con asignaturas anuales, pagaba la tasa, se colegiaba y ya podía ejercer.

A día de hoy, para poder llegar a ejercer como abogado hay que: (i) cursar cuatro años de Grado en Derecho en una Universidad (ya no existen las licenciaturas), (ii) hacer el Máster de Acceso a la Abogacía, de nueve meses de duración, en una Universidad o escuela de práctica jurídica debidamente acreditada, (iii) superar un período de prácticas externas tuteladas, remuneradas o no, y, por último, (iv) superar un Examen de Acceso a la Abogacía del que, de momento, sólo ha habido una convocatoria. Si no se superan todos estos requisitos, uno no puede colegiarse.

Este cambio, que supone, claramente, un mayor número de barreras de entrada para los aspirantes, está tratando de “europeizar” nuestro sistema universitario. En la mayoría de países europeos, los profesionales han tenido que cursar un período de estudios denominado “Bachelor” y, si desean completar su formación, un “Master”. Recientemente, se ha propuesto un nuevo modelo de estudios, aún por aprobar, mediante la reforma del Ministro Wert, pero de esto ya discutiremos en otra ocasión (pulse aquí). Paralelamente, con este sistema parece que se le está tratando de atribuir a la abogacía el carácter de profesión elitista, condición con la que se le identifica en muchos otros países, para poder tratar de olvidar aquello de “en España le das una patada a una piedra y te salen cien abogados”. Por poner un ejemplo, sólo en el ICAM en 2013 estaban colegiados el doble de abogados que en toda Francia, teniendo en cuenta el rol que juega la diferenciación entre abogado y abogado de empresa que hacen allí (pulse aquí).

El Grado, al que muchos tachan de “más fácil”, considero que forma mejor a los alumnos ya que les obliga a ir a clase y a realizar casos prácticos semanales (método didáctico que en las licenciaturas casi no se utilizaba). Se ven ya pocas cafeterías universitarias llenas de “licenciados en Mus” o parcelas de césped con “tomadores de sol” y “bebedores de cerveza”.

Una vez obtenido el Grado en Derecho, los aspirantes deben superar la siguiente barrera: el Máster de Acceso. En cualquier otra profesión, un Máster genera en el alumno una mayor especialización en alguna de las materias a las que puede dedicarse, creando, por tanto, una mejora en su currículum. Con este Máster “obligatorio”, esa posible mejora deja de existir, salvo que se haga en escuelas en las que se ofrezca la posibilidad de hacer un Doble Máster, pudiendo el alumno simultáneamente especializarse en un campo que le interese, a la vez que culmina uno de los requisitos para acceder a la profesión.

Este Máster supone, en gran medida, un repaso, durante todo un curso académico, de todas las asignaturas de mayor importancia de la carrera junto con el estudio de la deontología profesional, asistencia jurídica gratuita, organización colegial, etc., antes de “saltar al ruedo”.  A simple vista, parece algo positivo y que mejorará la profesionalidad de las nuevas generaciones. Indudablemente, trabajando se aprende tanto, o incluso más, que estudiando, pero lo que se busca con este nuevo plan es la mejor preparación posible.

Sin embargo, uno de los problemas que puede acarrear el Máster es su precio, ya que, en algunas universidades públicas puede llegar a superar los 5.000 euros, y en escuelas privadas llega a las cinco cifras. Dentro de la esfera pública, es desproporcionado que tengan más o menos el mismo precio cuatro años de Universidad que un solo año de “recapitulación obligatoria”.  En este sentido, conozco a compañeros que, debido a estos precios, han optado por opositar, lo que implica que si aprueban la oposición, podrán desarrollar su profesión jurídica, pero, si no, tendrán que realizar el Máster después de haber estado opositando, si es que quieren llegar a ejercer como abogado algún día, decisión completamente comprensible después de haber estudiado Derecho. Es cierto que se otorgan becas a los alumnos más brillantes, pero, a pesar de ello, no parece que sea suficiente para resolver esta cuestión. Por no hablar del número de plazas públicas que, en muchos casos, no llega a cubrir la demanda de sus graduados (por ejemplo pulse aquí).

Una vez finalizado el Máster, se debe cumplir un período de prácticas externas tuteladas. Al ser un requisito obligatorio, el centro en el que se haya cursado el Máster tiene la obligación de, si el alumno no encuentra donde poder realizarlas, ofrecerle algunas opciones en las entidades con las que tienen convenios. Obviamente, si uno encuentra las prácticas por sí mismo, será una mejor solución que optar por las que le pueda ofrecer el centro, ya que seguramente serán remuneradas y con opciones reales de continuar. En el caso de elegir las prácticas “concedidas”, las entidades, al tener que “acoger” cada cinco meses a un aspirante que no ha tenido suerte en su búsqueda, pueden permitirse el lujo de ofrecerlas sin remuneración y sin posibilidades de futuro.

Habiendo superado todos estos requisitos, llegamos al meollo de la cuestión, el Examen de Acceso a la Abogacía, conocido como “el MIR de los abogados”. Así pues, para los que desconozcan cómo es este Examen, procedo a citar el siguiente resumen del ICAM: “Esta prueba de evaluación supondrá el 70% de la calificación final y el 30% restante corresponderá a la nota obtenida en el curso de formación especializada. La prueba de evaluación consistirá en un ejercicio  escrito de 4 horas con 50 preguntas sobre materias  comunes al ejercicio de la profesión de abogado y 25 preguntas sobre materias específicas a elegir: civil y mercantil; penal; administrativo y laboral. Cada pregunta tendrá 4 respuestas de las cuales sólo una es correcta. Las preguntas contestadas correctamente sumarán 1 punto, las contestadas incorrectamente restarán – 0´33 puntos y las no contestadas no puntuarán”. De tal modo que, haciendo la media ponderada entre la nota obtenida en el Examen y la nota media obtenida en el Máster, se obtendrá como resultado la calificación de APTO o NO APTO.

Es un tema muy polémico, del que ya dio de qué hablar la primera convocatoria, que tuvo lugar el 28 de junio de 2014, por la que se llegó a convocar una manifestación en su contra promovida por la plataforma de Abogados Sin Toga (actualmente JAM), quienes han conseguido que se convoque la segunda edición del Examen (pulse aquí).

Con este “Bar Exam” parece que nos acercamos más al modelo americano, pero salvando las distancias, ya que en EEUU los salarios de los abogados son mucho más altos, pero ese es otro tema (pulse aquí).

Por otro lado, lo que resulta incomprensible es que sólo haya una convocatoria al año y que ésta sea en Mayo o Junio. Tras la realización de las prácticas, los pre-abogados reúnen todos los requisitos necesarios para poder presentarse, pero deben esperar entre cuatro y seis meses para poder realizar el Examen y, por tanto, para poder colegiarse. Esto genera un período de tiempo en el que simplemente pueden optar a un contrato de prácticas. Lo lógico sería que hubiera, al menos, dos convocatorias anuales, una a finales de Enero o principios de Febrero (pensada para los alumnos que han realizado sus prácticas de Septiembre a Enero) y otra a finales de Mayo o principios de Junio (pensada para los alumnos que realicen sus prácticas de Enero a Mayo).

¿Cuál sería mi propuesta? En primer lugar, para dotar a la profesión de unos candidatos más competitivos, subiría la nota de corte de acceso a la carrera de Derecho. Por otro lado, establecería que el Grado tuviera una duración de cuatro años, con un quinto año al que se le podría denominar Máster, en el que se recuerden las materias más indispensables, añadiendo algunas cuestiones más directamente relacionadas con el ejercicio de la abogacía, pero en el que la matrícula tuviera el mismo precio que la de un curso del Grado (en las universidades públicas). Seguidamente, y no casi un año después, el alumno debería realizar un Examen común para todos los aspirantes o bien una “Reválida” de la propia Universidad. Después de esto, ya sí que se podría fijar el período de prácticas de cinco  meses y que, una vez concluido, el aspirante, por fin, se pueda colegiar. Poner el Examen después de las prácticas sólo dificulta que el alumno pueda prepararse para el mismo, ya que al estar trabajando, puede que no disponga del tiempo necesario para poder presentarse en condiciones de aprobar.

Así pues, sólo me queda decir que “el sabio puede rectificar, el necio nunca”. Si algo se puede mejorar, por qué no hacerlo. Con toda esta carrera de obstáculos que se les ha puesto a los letrados del futuro, queda claro que estarán mejor preparados que los ya consagrados por el plan antiguo, pero dentro de este proceso por conseguir una mayor profesionalidad, es necesario un ligero reajuste en este nuevo método. ¿Cambiará a mejor o seguirá como hasta ahora? Hagan sus apuestas.