¿Existe la “discriminación legislativa”?

CcHace como cosa de un año me entrevistaban en varios medios sobre el tema de la legítima, y yo deba una serie de razones por las cuales sería preciso que en el Código civil se operara una reforma en el sentido de proporcionar una mayor libertad al testador (aquí y aquí). Terminadas esas sesudas reflexiones, el periodista me pregunta por qué esa reforma, si es tan beneficiosa, no se ha operado ya. Después de pensarlo un poco, respondí que probablemente era porque es una institución muy antigua y tradicional que probablemente da miedo cambiar por el arraigo que tiene. O algo parecido.

Pero la verdad es que no me quedé muy contento con mi respuesta. Parece evidente que hay cuestiones importantes en materia de Derecho civil, clave para el ciudadano de a pie, que podrían mejorarse sin demasiado esfuerzo y, sin embargo, esas mejoras no se acometen. Y seguro que muchos de ustedes, en sus respectivas especialidades, podrían decir lo mismo.

Aclaro que no quiero tratar hoy lo mal que, con carácter general, se hacen las leyes en España, ni preguntarme por qué no hay Libros Blancos que recojan estudios realizados durante años para saber exactamente lo que necesitamos y qué será lo más eficaz para conseguirlo; ni por qué no se hacen las memorias económicas correspondientes para prever lo que nos va a costar el asunto; ni tampoco por qué no se hacen seguimientos de los resultados de la ley, para comprobar si ha producido los efectos pretendidos. Es un tema sabroso, pero ya lo hemos tratado repetidamente en este blog y en el libro.

No, ahora quiero plantearme por qué hay algunas cosas en la agenda legislativa y otras que no lo están. Aparte de la legítima, que es un tema verdaderamente importante (y que traté más ampliamente aquí) hay muchísimas cuestiones que se podrían mejorar en la legislación civil común (la del Código civil) y en la mercantil pero que, simplemente no están en la agenda. Por mencionar algunas: la posibilidad de que para la venta de los bienes de menores, que conforme al art. 166 del Cc precisa autorización judicial, pueda hacerse con el consentimiento de los dos parientes más próximos, como establece la legislación catalana (art. 236-30 ); o que se regule el usufructo de fondos de inversión (art. 561-32), o la automática aceptación a beneficio de inventario que establece el art. 355 del Código Aragonés; o que en la sucesión abintestato el viudo tenga el usufructo universal, como en varias legislaciones, y no el raquítico tercio del que dispone; o por qué no nos planteamos los testamentos mancomunados o incluso la introducción del pacto sucesorio, que facilitaría la transición sucesoria de las empresas al evitar la apertura de un testamento, que nunca se sabe por donde saldrá; o la previsión de que las disposiciones testamentarias a favor del cónyuge queden revocadas en caso de divorcio (cosa que no pasa en el Código civil), como en el art. 422-13 del Código catalán, etc, etc.

Realmente no conozco bien el procedimiento legislativo en sus interioridades reales: el quién decide qué, el cómo y el cuándo. Pero me temo que el criterio de determinación de las materias sobre las que se legisla responda a la misma finalidad que rige cómo se hacen: su capacidad para engrandecer a su impulsor y permitirle ganar las próximas elecciones. Las leyes se hacen rápido y mal porque es necesario acomodarlas a las necesidades políticas del momento; pero también los temas que se eligen responden a ese mismo propósito. O sea, que hay reformas que si no son bellas y atractivas, por mucho que pudieran ser muy efectivas y eficientes, no se les adjudicará el “trabajo” legislativo. Una verdadera discriminación….legislativa.

Obsérvese que hay otras materias, más resultonas y de buen ver que, en cambio, sí gozan de tal beneficio, y son “contratadas” por nuestros gobernantes. No digo que tales reformas no sean justas y necesarias, ni que incluso en ocasiones no hayan sido bien hechas y hayan resultado efectivas; simplemente hago notar que hay otras que también podrían serlo y no están en la agenda. En 2005 se modificó el Código civil para introducir el divorcio express y el matrimonio de personas del mismo sexo, cuestión que evidentemente entraba en el programa ideológico del partido entonces en el poder y no cabe duda de que reforzaba sus planteamientos. Pero lo cierto es que de eso hace ya diez años, y pocas revisiones se han hecho de otras cosas menos vistosas en ese plazo (y eso que la Disp. Adicional 3ª del Cc exige precisamente esa revisión decenal). En el ámbito mercantil la actividad es fulgurante: la ley de sociedades de capital, promulgada en 2010, ha tenido ya diez revisiones. También hemos sufrido unas cuantas leyes de emprendedores de las que hemos tenido oportunidad de reírnos, por no llorar, en este blog varias veces, por su inutilidad y evidente finalidad ad pompam vel ostentationem. O sea, que es para ponerse medallas con algo que no sirve para nada, o para muy poco. Recuerden el “éxito” legislativo del emprendedor de responsabilidad limitada, del que nos informaba recientemente Luis Cazorla, haciéndonos notar que se habían constituido 51 durante el año 2014. Pero una reforma del Código de Comercio de 1885 que contemple las nuevas realidades mercantiles parece que no es tan urgente, a salvo el intento del Código Mercantil, que vamos a ver dónde queda y que además responde a otras finalidades.

También la materia concursal ha sido reformada, si no cuento mal, en 23 ocasiones desde la ley de 2003, y aunque quizá la cosa sea comprensible porque las circunstancias de la crisis lo han hecho necesario, sin embargo un asunto como el de la Segunda Oportunidad, no se ha tratado, tras varios intentus interruptus, hasta la reciente reforma de hace dos semanas, y por decreto-ley, porque “urge mucho” después de siete años de crisis, curiosamente justo cuando ya anuncian –los que promulgan ese decreto-ley- una rampante recuperación.

Es decir, cuestiones que podrían servir para mejorar la vida de los ciudadanos, que no costaría mucho acometer y que probablemente no generarían dificultades parlamentarias, no se acometen porque son sosas y poco mediáticas y encima no molestan al contrario, dando la oportunidad de diferenciarse ideológicamente.

Me pueden ustedes poner dos objeciones: Primera: que precisamente eso es hacer política, elegir las cuestiones prioritarias que hay que acometer y luego llevarlas a cabo. Pero es que esa es la cuestión: ¿Prioritarias para quién? En definitivita volvemos a lo que siempre tratamos en este blog: se patrimonializa la función pública para conseguir servir a los intereses de quienes gobiernan.

Segunda: que no es verdad que no se regule en materias importantes de Derecho civil, porque muchas soluciones que he apuntado arriba se han introducido en el nuevo Código civil catalán y otras legislaciones autonómicas. Pero lamentablemente creo que esto no hace sino confirmar mis temores: sobre materia civil se legisla –aunque sea bien- cuando interesa por motivos políticos, en este caso reforzar una identidad propia y diferente, en contra de la del Estado.

En resumen, no es sólo que se legisle demasiado en cantidad y calidad. Es que hay cuestiones que podrían redundar fácilmente en beneficio de los ciudadanos pero que quedan preteridas porque son poco lucidas para quienes las promueven y además quitan tiempo para hacer las que si son vistosas y representativas. Y fíjense que no me refiero a aquéllas que podrían afectar directamente al status y comodidad de nuestros gobernantes, pero que serían muy útiles para la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática, como la figura del whistleblower o la reforma de la financiación de los partidos. No, me refiero incluso a materias indiferentes y poco conflictivas que podrían facilitar la vida a la gente y cuya ausencia en el BOE se debe a que lo ocupan otras de más relumbrón.

Pienso que la sociedad civil debe tomar conciencia de esta “discriminación legislativa” y requerir a nuestros representantes para que en la formación de las agendas se vuelva la vista a las necesidades reales de los ciudadanos. Seguramente nuestra Fundación podrá hacer algo al respecto.

Esperanza, candidata

Como muchos de ustedes saben, la palabra “candidato” proviene del latín candidatus, a su vez relacionada con candidus, que no significa lo que ustedes están pensando, no, sino “blanco radiante”. Ello es debido a la toga candida, sin macula, que lucían en la antigua Roma los candidatos en las elecciones, incluidas las locales a aediles y duoviri.

Pienso que hasta aquellos que tienen ya decidido votar a Esperanza Aguirre al ayuntamiento de Madrid, estarán totalmente de acuerdo conmigo en que su toga no es radiante, sino más bien bastante sordida (es decir, sucia). Es verdad que desde el estricto punto de vista de la responsabilidad penal la toga está limpia, aunque en algunos casos sonados simplemente por la campana, como en el escándalo Fundescam y en el de la huida de la policía municipal de Madrid. Pero me parece difícil imaginar otro candidato que presente una hoja de servicios tan desastrosa desde el punto de vista de la responsabilidad política. Su toga proclama a viva voz lo peor de los años de política clientelar y corrupta que nos ha conducido a dónde estamos y, sin embargo, el Partido Popular, el partido de gobierno amenazado de ser expulsado de prácticamente todas las instituciones, la presenta de nuevo como su mejor oferta a los electores.

Pues bien, la pregunta que quiero tratar en este post es, precisamente, ¿cómo es posible que una democracia supuestamente moderna y avanzada un partido de gobierno pueda permitirse el lujo de presentarse con una toga en estas lamentables condiciones?

Vayamos por partes. Primero, resumidamente, los hechos.

Esperanza Aguirre ha sido Presidenta de la Comunidad de Madrid de 2003 a 2012 y Presidenta del PP de Madrid desde 2004. Durante esos años algunos de sus más destacados colaboradores, aliados y subordinados tejieron varias redes de corrupción mafiosa (Gürtel y Púnica) sin precedentes en España y que poco tiene que envidiar a las peores tramas del sur de Italia o de Argentina. Entre ellos cabe destacar a Alberto López Viejo, cabeza de la Gürtel, que colaboraba con Esperanza Aguirre desde que esta se encontraba en el ayuntamiento de Madrid (al que aspira ahora a volver). Posteriormente se lo llevó al gobierno de la Comunidad, nombrándolo viceconsejero de presidencia y consejero de deportes. No nos podemos olvidar, por supuesto, de Francisco Granados, cabeza de Púnica, al que nombró consejero de presidencia, justicia e interior (¡nada menos!) y apoyó hasta el final. Ambos se encuentran hoy en la cárcel, junto con otras decenas de compañeros de partido. Todo ello al margen de otros casos “menores”, como la recalificación urbanística realizada en Villanueva de la Cañada por su director general de urbanismo, Enrique Porto, en beneficio del propio director y de algunos familiares de la sra. Aguirre.

Esperanza Aguirre estuvo envuelta en un escándalo de financiación ilegal de su campaña de 2003-2004 a través de la fundación Fundescam, de la que ella era presidenta. Recibía donaciones de empresas a las que luego su gobierno adjudicó más de 200 contratos, la mayoría por vía directa. La Agencia Tributaria denunció el hecho tras localizar facturas falsas de empresas de Gürtel a Fundescam, pero posteriormente la Fiscalía Anticorrupción archivó el caso por considerar prescrito el delito.

Durante su presidencia de la Comunidad, su gobierno funcionaba como una organización mafiosa, ya no solo por la explotación de los negocios Gürtel y Púnica, sino entre ellos mismos. Los empleados de seguridad de la Comunidad, pagados con el dinero de los contribuyentes, se dedicaban a espiar por cuenta de algunos altos cargos a otros compañeros de gobierno. Designaban en puestos de libre designación –casi todos- a los respetivos amigos. No existía el menor criterio para seleccionar personal, fuera del amiguismo (en los órganos consultivos) o del impacto mediático (caso Neira). Siempre muy bien remunerados, por supuesto. No es de extrañar, por tanto, que ya fuese por complicidad o incompetencia, el fraude de las subvenciones para los cursos de formación (caso Aneri) repartiese millones de euros de dinero público en bolsillos privados ante la vista, ciencia y paciencia de ese gobierno.

En el año 2012 abandona la presidencia de la Comunidad de Madrid (no del partido) dejando como presidente a otro estrecho colaborador de siempre, Ignacio González (el del famoso ático) a quién previamente había querido nombrar presidente de Caja Madrid. No explicó en ese momento de manera clara las razones de su decisión de abandonar el cargo. Desde luego era muy libre de hacerlo, pues cuando uno se va no tiene que explicar nada… salvo cuando pretende volver, claro. Entonces a los ciudadanos nos gustaría conocer qué razones jugaron entonces que ya no concurren ahora. Pero sobre esto ni hay explicación convincente ni creo que la vayamos a tener, al menos de su propia voz…

Ya fuera de la presidencia, una mañana Esperanza Aguirre aparca su coche en el carril bus de la Gran Vía y se va tranquilamente a sacar dinero del cajero. Cuando unos policías municipales pretenden multarle, arranca su coche, derriba una moto y se vuelve tranquilamente a su casa. Hoy el PP la presenta a la alcaldía de ese ayuntamiento. Todo verdaderamente ejemplar.

Y yo me pregunto, en cualquier país serio, ¿esto sería posible? No. Entonces, ¿qué lo hace posible en el nuestro?

En el nuestro, la candidata escribe columnas todos los lunes en un importante periódico nacional (“Los lunes, Esperanza”) desde las que pontifica contra la corrupción y hace gala de su condición de liberal. Debe pensar que se puede pontificar contra la corrupción cuando uno no ha robado para sí. Yo, por mi parte, creo que es imposible hacerlo cuando uno es el responsable político del entramado más corrupto que nunca ha existido en España, del que se han beneficiado compañeros, amigos y familiares. Cuando con su complicidad y/o incompetencia (y no sé cuál de las dos cosas es peor) se ha robado tanto dinero público y se ha lesionado de manera gravísima las instituciones democráticas de la nación. Podemos da miedo, sin duda, pero nadie puede dudar que los/las Esperanzas de este país han sido sus principales fulminantes.

Debe pensar, también, que para que uno se las pueda dar de liberal basta decirlo o tener un retrato de Margaret Thatcher en el despacho. Yo, por mi parte, creo que es imposible hacerlo si bajo su mandato clientelar se han destruido totalmente los criterios de mérito, competencia y capacidad, pilares sagrados de cualquier liberalismo digno de ese nombre. Verdaderamente, entender que la competencia es deseable para los demás, pero no para uno mismo, difícilmente puede merecer el calificativo de liberal.

Segundo, la explicación.

En el fondo es muy sencilla: la han elegido porque creen que usted, querido lector, la va a votar, con independencia de lo sordida que tenga la toga.

No se moleste, no es nada personal. En muchas democracias se votan todos los días togas sordidae con total normalidad. En Nigeria, Argentina, Italia, Grecia y en otros países democráticos, diría que en la mayoría, se vota –ya sea por razones clientelares, étnicas, grupales o religiosas- siempre a “nuestras” togas, con independencia de su estado. Ha sido frecuente también en otros países avanzados que ya han superado esta fase del desarrollo democrático, como en EEUU (basta recordar la gloriosa época de las political machines).

La razón es evidente: en un sistema institucionalmente débil, el elector que busca maximizar su interés particular a través de su voto no puede confiar en el funcionamiento imparcial del sistema. Sospecha que siempre va a ser capturado, por unos o por otros, por lo que elige que lo capturen aquellos más próximos, respecto de los cuales podrá conseguir mayor beneficio indirecto (no siempre material, sino a veces meramente sentimental). Como descuenta la captura, no penaliza ni el robo, ni la corrupción, ni la falta de responsabilidad, ni las inmoralidades manifiestas; bajo el presupuesto de que todo el mundo se comporta igual, solo se fija en ese beneficio indirecto. Así ha funcionado la política española durante muchos años y el PP lo sabe muy bien (basta recordar el caso Camps en Valencia, reelegido después del escándalo Gürtel por mayoría absoluta).

La conclusión, entonces, es que para el PP nada ha cambiado: seguimos siendo el país de siempre, uno más del insigne montón que acabo de citar, y, por eso, la apuesta por una persona como Esperanza Aguirre, capaz de movilizar con tanta eficacia esas querencias grupales, resulta muy razonable.

La cuestión a dilucidar, sin embargo, es si también va a funcionar otra vez ahora, cuando ciertas circunstancias están empezando a cambiar en España de manera muy sensible. La crisis ha puesto de manifiesto una situación real todavía más corrupta de lo que nos imaginábamos (y lo que puede todavía venir). Durante un tiempo habíamos preferido no mirar, pero ahora resulta imposible. El elector no directamente capturado por las redes clientelares encuentra cada vez más resistencias íntimas a identificar ese grupo como “propio”. Por otra parte, existe cada vez más conciencia de que la incompetencia e ineficacia de esos gestores (más preocupados por lo particular que por lo público) junto con los escándalos de corrupción, tienen una incidencia directa en la dificultad de la recuperación económica, que al final terminamos pagando todos, los propios y los ajenos. Por último, el concurso de nuevos partidos políticos -es cierto que en cuanto políticos siempre sospechosos- pero, al menos algunos, no manchados directamente por la corrupción, ofrece una alternativa que antes no existía.

¿Será esto suficiente o, como ocurre en Nigeria y Argentina, seguiremos votando togas sordidae?

La respuesta, en poco tiempo.