HD Joven: El lado oscuro del fútbol

“En las calles de Europa sobreviven unos 20.000 jóvenes africanos traídos por agentes persiguiendo su sueño de jugar al fútbol”.

Con esta afirmación termina la película-documental “Diamantes Negros”, que plasma fielmente la realidad que asola al fútbol mundial. Realidad que poco tiene que ver con el halo de triunfo que siempre parece acompañar al deporte rey. Realidad que nos muestra su cara oculta y que año tras año conlleva la emigración de miles de niños de sus países natales en busca de un futuro, en las principales ciudades de Europa, ligado con su pasión. Futuro que, en la mayoría de ocasiones, se ve truncado y convertido en mendicidad, drogadicción o prostitución.

Por desgracia, este tráfico por parte de agentes, no es el único abuso que se comete con los niños en el mundo del fútbol. No son pocos los grandes clubes que fichan a multitud de menores todas las temporadas con la esperanza de que en el día de mañana se conviertan en los próximos Balones de Oro, sin importar si en el camino se han obviado algunas normas cometiendo sucesivas irregularidades. La “jugada” en ocasiones es positiva, ejemplo claro de Cesc Fábregas, que con tan solo 16 años los cazatalentos del Arsenal se lo llevaron a la capital inglesa y en menos de un año ya estaba debutando con el primer equipo. Pero en infinidad de casos, la “jugada” no sale como se esperaba, o es el propio club el que no puede hacerse cargo del futuro del jugador, provocando las consecuencias que fácilmente nos podemos imaginar. El último capítulo lo ha protagonizado el joven noruego Martin Odegaard que, a sus 16 años, fichó por el Real Madrid, pasando a cobrar unos desorbitantes cien mil euros semanales. ¿Saldrá cara la moneda esta vez?

Esta práctica, de sobra conocida por todos aquellos que se dedican a este deporte, parece que por fin ha tenido la repercusión mediática que se merece. La FIFA (máxima institución que gobierna las federaciones de fútbol de todo el mundo) en su lucha contra la vulneración de los derechos de los niños -tema que consideran de suprema importancia- sancionó, el pasado 2013, al todopoderoso F.C. Barcelona, así como, a la Federación española y a la catalana de fútbol, por supuestas irregularidades en la transferencia, inscripción y participación en competiciones de 31 jugadores menores de edad. Acontecimientos que se prolongaron entre los años 2004 a 2013. (Amplio resumen de la sanción de la FIFA, publicado en Iusport.es)

La sanción, impuesta por la Comisión disciplinaria de la FIFA, consistió en una multa económica y la imposibilidad de incorporar jugadores nuevos a la plantilla, durante dos de los periodos habilitados por el calendario (hasta enero de 2016). Esta sanción, ratificada por el TAD (Tribunal Administrativo del Deporte), se basa en la violación de varios de los artículos recogidos en el Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores (RETJ). Amén de dichas infracciones, la que nos interesa y entramos a valorar aquí es la del propio artículo 19, relativo a la protección de los menores, que en resumen viene a decir que las transferencias internacionales se permitirán únicamente cuando el jugador tenga 18 años o más, permitiendo, ante dicha regla, tres excepciones: cambio del domicilio de los padres al país donde reside el nuevo club por razones ajenas al fútbol, transferencia dentro de la UE o el EEE y que el jugador tenga entre 16 y 18 años, cumpliendo el nuevo club unas obligaciones mínimas necesarias para realizar la transferencia y, por último, que la distancia máxima entre el domicilio del jugador y el club sea de cien kilómetros. En este punto, es de suma importancia destacar, por la función que desempeña, la Comisión del Estatuto del Jugador, que a través del sistema TMS (Transfer Matching System) se encarga de controlar cualquier transferencia o inscripción que se quiera llevar a cabo de un jugador menor de edad. En el caso del Barcelona se obvió esta Comisión a la hora de realizar algunas de las 31 operaciones.

Nos encontramos así un sistema con el que se intenta cercar o regular el número de traspasos de jugadores menores de edad, sobre todo en el espacio internacional. No olvidemos que es la propia FIFA la que al definir el sistema de correlación de transferencias (TMS), en el Anexo 3 de dicho Reglamento, advierte que el mismo se creó para garantizar una mayor credibilidad y transparencia en las transferencias internacionales de jugadores, así como, para salvaguardar la protección de los menores de edad.

Desde mi punto de vista, y siendo consciente de lo complicado que es regular un tema tan difícil, considero que se está avanzando ampliamente en la materia y haciendo grandes esfuerzos por regular esta situación. Recientemente la FIFA ha desarrollado un nuevo sistema –FIFA Connect– que recoge el registro de todos los futbolistas y “partes interesadas”. Este mismo organismo, a partir del 1 de marzo de 2015, pasó a exigir el certificado de transferencia internacional (CTI) para los traspasos de futbolistas a partir de diez años, y no a partir de los doce años como estaba regulado hasta ahora, buscando así reducir el incremento de traspasos de menores producido en estas edades en los últimos años. La Federación Española de Fútbol también se ha puesto a trabajar en esta misma dirección, instaurando un nuevo sistema telemático de tramitación de solicitudes de autorización previa a la inscripción de futbolistas extranjeros o españoles no de origen, menores de diez años, negando y considerando nula de pleno derecho cualquier inscripción de futbolistas con dichas características que no cuenten con la autorización previa de la RFEF.

No obstante, dicho sistema, y en especial el art. 19 está generando mucha controversia, y más aún a raíz de la suspensión al FC Barcelona, la Real Federación Española de Fútbol y la Federación Catalana de Fútbol, que ha provocado que las Federaciones hayan endurecido sensiblemente sus procesos de inscripción de jugadores para la obtención de la correspondiente licencia.

Esta situación ha llevado, por ejemplo, a que a equipos “humildes” se les imposibilite inscribir a jugadores que tienen dificultades en demostrar o cumplir con algunos de los apartados del artículo 19, o a que se produzcan casos como el que se recoge en una resolución del SINDIC (Defensor de las personas en Cataluña), donde se negó la posibilidad de federar a dos menores tutelados por la Administración y residentes en un centro de acogida para que jugasen al fútbol, o que simplemente no se permita federar a miles de niños a los que les resulta imposible demostrar que han emigrado a un país como consecuencia de la búsqueda de empleo por parte de sus padres.

Asimismo, son muchos los que critican que las restricciones impuestas por la FIFA pueden estar provocando la vulneración de otros derechos fundamentales del niño. Como bien indica el SINDIC, este Reglamento podría suponer un obstáculo al derecho de los niños al juego y a la práctica deportiva, recogido en el art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas de los derechos de los niños. No olvidemos que el bien jurídico que se intenta proteger es la integridad del desarrollo del menor, incluyendo su salud física y mental. ¿Se está pues protegiendo el desarrollo de un menor al que no se le permite inscribirse porque simplemente está tutelado por la propia Administración o por una persona diferente a sus padres, y no por estos mismos? ¿No conseguirán estas medidas sino perjudicar la propia evolución de un gran número de menores, menores que en muchas ocasiones encuentran en el fútbol una forma de integración social o incluso un aliciente en sus ganas de progreso y futuro?. Y es que, a mi modo de ver, la propia normativa incurre en su regulación en una cierta discriminación. ¿No sería una medida prudente volver a revisar la norma?

Ampliando el concepto de “padres” (recogido en el art.19.2a) a otros tutores físicos o jurídicos, exigiendo parte de la partida presupuestaria a la ampliación, por parte de los clubes, de las conocidas escuelas futbolísticas, o incluso extendiendo los efectos del propio artículo 19.2 b a todos los menores internacionales entre 16 y 18 años, y no solo a los de la UE o EEE, exigiendo -eso sí- esas obligaciones mínimas entre las que se encuentran garantizar al jugador una formación escolar, asistencia sanitaria, o condiciones óptimas de vivienda, estaríamos acercándonos al fin que deseamos alcanzar.

Como hemos visto a lo largo del artículo, el fútbol, ese enorme mercado capaz de movilizar Estados enteros, capaz incluso de apaciguar a dos bandos bélicos enfrentados -todos recordamos la “Tregua de Navidad” entre soldados ingleses y alemanes durante la Primera Guerra Mundial-, tiene otra cara menos amable que pasa por estimular el dramático tráfico de menores. Este lastre que año tras año arrastra el deporte más practicado del mundo debe erradicarse, pero no se conseguirá apartando de su práctica a los propios menores que, libres de pecado, solo quieren jugar al deporte que aman.

Flash Derecho: de nuevo sobre la captura del Registro Civil

Leemos en El País a Fernando Garea un artículo del domingo en el que se dice que, a pesar de los repetidos mensajes en sentido contrario del Gobierno, los ciudadanos van a tener que costear los servicios del Registro Civil una vez que éste pase a control de los registradores mercantiles. Lo cierto es que lo que cuenta el periodista es verdaderamente escandaloso: enmiendas a la norma que lo va a regular, provenientes de los propios registradores, y en las que literalmente se  propone aumentar el número de actos incribibles, no para mejorar el servicio público, sino directamente para cobrar más, bajo el (realmente tenue) eufemismo de que sería “una fuente de financiación de la que no se puede prescindir”. Es decir, que hay que imponer a los ciudadanos más gestiones burocráticas innecesarias (porque hasta ahora no se llevaban a cabo y todo funcionaba perfectamente), para que paguen más. Desde luego no suena extraordinariamente ejemplar el asunto. Y mucho peor  sonaría si el Gobierno finalmente aprueba una norma que recoja estas exigencias.

Nos parece un tema verdaderamente grave, máxime teniendo en cuenta que, por si a alguien se le había olvidado, el presidente del Gobierno es registrador, de modo que es harto improbable que este tipo de actuaciones se estén desarrollando sin su consentimiento, o, al menos, sin esa característica y rajoniana manera de ponerse de perfil y hacer como que el asunto no va con él. Pero sí va, y mucho.

Sin perjuicio de seguir hablando del tema en el futuro, recordemos ahora lo que ya hemos escrito, editores y colaboradores, que no es poco. Y, desgraciadamente, parece que no estábamos muy equivocados…

Artículos sobre el Registro Civil

Flash Derecho: de nuevo sobre la captura del Registro Civil

Leemos en El País a Fernando Garea un artículo del domingo en el que se dice que, a pesar de los repetidos mensajes en sentido contrario del Gobierno, los ciudadanos van a tener que costear los servicios del Registro Civil una vez que éste pase a control de los registradores mercantiles. Lo cierto es que lo que cuenta el periodista es verdaderamente escandaloso: enmiendas a la norma que lo va a regular, provenientes de los propios registradores, y en las que literalmente se  propone aumentar el número de actos incribibles, no para mejorar el servicio público, sino directamente para cobrar más, bajo el (realmente tenue) eufemismo de que sería “una fuente de financiación de la que no se puede prescindir”. Es decir, que hay que imponer a los ciudadanos más gestiones burocráticas innecesarias (porque hasta ahora no se llevaban a cabo y todo funcionaba perfectamente), para que paguen más. Desde luego no suena extraordinariamente ejemplar el asunto. Y mucho peor  sonaría si el Gobierno finalmente aprueba una norma que recoja estas exigencias.

Nos parece un tema verdaderamente grave, máxime teniendo en cuenta que, por si a alguien se le había olvidado, el presidente del Gobierno es registrador, de modo que es harto improbable que este tipo de actuaciones se estén desarrollando sin su consentimiento, o, al menos, sin esa característica y rajoniana manera de ponerse de perfil y hacer como que el asunto no va con él. Pero sí va, y mucho.

Sin perjuicio de seguir hablando del tema en el futuro, recordemos ahora lo que ya hemos escrito, editores y colaboradores, que no es poco. Y, desgraciadamente, parece que no estábamos muy equivocados…

Artículos sobre el Registro Civil

La corrupción en la contratación pública en España es de libro

El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en su reunión de 5 de febrero de 2015, aprobó suInforme sobre el Análisis de la Contratación Pública en España: Oportunidades de mejora desde el punto de vista de la Competencia. El informe se publicó el 23 de febrero en la web del organismo, si bien sus principales conclusiones aparecieron antes en los medios.

La CNMC en su análisis identifica cinco áreas de mejora en la contratación pública:

  1. Necesidad de mayor acceso, transparencia y publicidad.
  2. Falta de evaluación de la eficiencia económica y de la competencia efectiva.
  3. Escaso aprovechamiento de las últimas tecnologías de la información.
  4. Déficit de cooperación administrativa.
  5. Necesidad de simplificación de los procedimientos de contratación pública.

Comparto plenamente el análisis del regulador y las deficiencias que ha puesto de manifiesto, sin embargo lo que más me ha llamado la atención de su informe es una cifra a la queel propio organismo no ha querido dar mucha visibilidad (ni rastro en la nota de prensa, ni en el post del  blog de la CNMC…). Me refiero a lo siguiente: Se estima que en ausencia de presión concurrencial se pueden originar desviaciones medias, al alza, del 25% del presupuesto de la contratación pública. En España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros/año.

La afirmación del regulador desde luego es impactante: nos podemos ahorrar al año 47.500 millones de los 194.000 que mueve la contratación pública en nuestro país. Se pone de manifiesto que muchos de los recortes que hemos estado sufriendo como consecuencia de la crisis se podrían haber evitado si no tuviésemos esa “desviación al alza” en la contratación pública…¿Cómo llega la CNMC a esa cifra?. La única explicación es una nota al pie que aparece en el informe: Por ejemplo, Transparencia Internacional estima en este porcentaje el daño derivado de la presencia de casos de corrupción en la contratación pública, en los que por definición, la competencia queda descartada.

Es curioso que la CNMC, para justificar una afirmación de tanto calado como es la existencia de ese 25% de sobrecoste en la contratación pública por fallos en la competencia, se limite a citar un manual de Transparencia Internacional (publicado en febrero de 2006) con recomendaciones para frenar la corrupciónen la contratación pública… Y ese manual ni siquiera da una cifra en concreto, lo que recoge es que el daño estimado de la corrupción en la contratación pública oscila entre el 10 y el 25%, y en algunos casos alcanza entre el 40 y el 50% del valor del contrato (la CNMC se ha quedado con el 25% para España).

La ausencia de competencia efectiva no está ligada necesariamente a la corrupción de los dirigentes públicos, pero la CNMC establece implícitamente esa conexión al referirse en su informe a ese manual de Transparencia Internacional.Ya puestosel reguladorpodría haberestablecido esa relación de forma explícita, sin embargo no menciona en su análisis ninguna de las prácticas corruptas que están apareciendo en los medios de comunicación alrededor de la contratación pública en nuestro país (en todos los niveles: central, autonómico y local).

Y es que la lectura del manual de Transparencia Internacional al que el regulador hace referencia,nos confirma que la corrupciónque estamos viviendo en nuestro país en la contratación pública es precisamente “de manual” (o de libro como prefieran).

El manual comienza con una definición de la corrupción ligada a la contratación pública: se trata de un mal uso del poder público para obtener ganancias privadas, entendiendo por privado no solo la ganancia personal, sino también la de familiares /amigos o la del propio partido político. Es decir, que como estamos viendo en España,  el corrupto no tiene por qué actuar siempre en beneficio propio, lo puede hacer en beneficio del partido en el que milita o simplemente para favorecer intereses de familiares o amigos (cualquier combinación de estas variantes es válida igualmente).

Transparencia Internacional continúa su informe detallando cómo afecta la corrupción de manera diferente a cada una de las fases del ciclo de la contratación pública. Por ejemplo, en la fase inicial de detección de necesidades, la principal forma de corrupción es iniciar una licitación pública sin que sea necesaria para los ciudadanos, es decir, se trata de casos donde la inversión pública no tiene una justificación ni desde un punto de vista social ni económico. Según leía estas frases, recordaba lostramos de AVE que se han tenido que cerrar o tapiar porque el trazado diseñado era inviable, estaciones de tren desiertas, aeropuertos fantasmas, etc, etc.

En la fase de adjudicación del contrato (selección de la oferta ganadora), la principal forma de corrupción se produce cuando el responsable público no es imparcial por la existencia de sobornos, comisiones, conflictos de intereses u otros motivos. Inevitable acordarse de los casos de comisiones por adjudicaciones públicas que están viendo la luz en los últimos meses en diferentes Comunidades Autónomas.Ni que decir tiene que un factor que contribuye a aumentar la corrupción en esta fase es el nivel de politización y enchufismo /amiguismo que tenemos en nuestras administraciones públicas (aconsejable la lectura de este artículo de Elisa de la Nuez).

En la fase de ejecución del contrato, el manual señala que la corrupción se manifiesta de muchas formas, por ejemplo que el adjudicatario realice los trabajos con una calidad inferior a la requerida, se modifiquen las especificaciones contratadas, se produzcan cambios sustanciales en el objeto del contrato, prórrogas injustificadas, etc, etc. El abanico de opciones es muy amplio y los sobrecostes que se generan durante la ejecución de muchos contratos públicos alcanzan unas cuantías muy relevantes. Aquí es inevitable acordarnos por ejemplo del sobrecoste en la línea del AVE a Barcelona que alcanzó los 1.732 millones, un 31,4% más de lo previsto.

Visto lo visto, a lo mejor Transparencia Internacional nos dedica un capítulo cuando actualice su manual sobre la corrupción en la contratación pública. Incluso a lo mejor la CNMC en su próximo informe nos da los detalles de cómo han calculado los 47.500 millones de euros que se podrían ahorrar cada año si se resuelven las deficiencias existentes en la contratación pública de nuestro país. Quién sabe.