Denuncia…si te atreves. Reproducción del post en Vox Pópuli de Elisa de la Nuez

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El reciente caso del acoso sexual y laboral a la capitana Zaida Cantero (defendida por la diputada Irene Lozano en la bochornosa comparecencia protagonizada por el Ministro de Defensa Morenés en el Congreso) vuelve a poner otra vez sobre la mesa el problema de la falta de protección de los “whistle-blowers” o denunciantes en España, un tema que nos ha preocupado mucho en el blog ¿Hay derecho?   y del que queremos hacer bandera en nuestra flamante Fundación ¿Hay Derecho?. Por la sencilla razón de que la mayoría de los casos de corrupción, delitos o malas prácticas en las instituciones son conocidos en los países serios a través de las denuncias de los que mejor los conocen, que suelen ser empleados “de la casa”.

En España no hay todavía  nada parecido a las legislaciones de otros países donde se recoge la protección de estos denunciantes frente a las más que previsibles represalias de sus jefes o/y compañeros denunciados. Y no será porque no se haya recomendado varias veces introducir esta protección desde numerosas instancias internacionales. Es interesante comprobar como esta medida, de cuya utilidad no tengo ninguna duda, no aparece nunca entre las múltiples propuestas regeneracionistas que manejan los Gobiernos de turno. A lo mejor es precisamente porque funciona muy bien.  Si intentar conseguir una protección eficaz para el denunciante parece hoy por hoy en nuestro país ciencia ficción no digamos ya pretender que, como en Suecia, esté penalizado intentar averiguar quién ha sido el “whistleblower” en un caso concreto.  No es casualidad que los países nórdicos estén a la cabeza en la lucha contra la corrupción y nosotros estamos donde estamos, por muchas reformas normativas que se hagan y se anuncien. El problema, como siempre, es de voluntad política para combatir la corrupción y no parece que haya mucha, salvo de boquilla.

Por ese motivo es indignante oír decir continuamente a nuestros gobernantes eso tan socorrido de  “pues que lo denuncie” cuando es bastante fácil conocer de primera mano los testimonios de los pocos héroes y heroínas que han estado dispuestos a asumir los costes profesionales y personales de denunciar delitos, abusos y malas prácticas en las instituciones. Tenemos los ejemplos de los denunciantes de tramas de corrupción que afectan a partidos políticos o a personas importantes (ahí está el caso de Ana Garrido frente al Ayuntamiento gurteliano de Boadilla del Monte o de los funcionarios que denunciaron al Consejero Blasco, en Valencia) a los que les fue francamente mal después de decidirse a denunciar. No solo por la persecución implacable de los denunciados sino también por el silencio ominoso de los compañeros, todo hay que decirlo.

En realidad, lo que dejan claro estos ejemplos es que en España no compensa nada denunciar un delito; todo lo contrario, compensa mucho más no hacerlo. De entrada, una denuncia en la Fiscalía hay que firmarla con nombre y apellidos. Me imagino que precisamente se trata de eso: de que el denunciante se sienta solo contra el mundo, y, de paso, de que tenga que gastarse un dineral en abogados para llevar a los juzgados a los denunciados, que, por su parte, están cómodamente defendidos por funcionarios públicos o por letrados privados pagados con dinero de los contribuyentes. Tan tranquilos porque incluso si al final pierden el juicio tampoco pasa nada: nadie les va a reclamar el dinero que han invertido los españoles en defenderlos. Es comprensible que en estas circunstancias se dispare la sensación de impunidad de unos y la sensación de impotencia de otros, de forma que cada vez tenga mayor coste denunciar y menor coste ser denunciado.  Es un círculo vicioso difícil de romper.

Así que cuando alguien les diga que no hay problemas en una institución porque no hay denuncias o denuncia sólo un ínfimo porcentaje de las personas que en ella trabajan recuerden lo difícil que es humanamente oponerse a toda una organización. El caso de la capitana Zaida o tantos otros similares lo deja muy claro. Por eso es tan importante que estos pocos valientes no se sientan solos, y por eso tiene tanta trascendencia el gesto de la diputada Irene Lozano de UPYD como representante de la soberanía popular.

Y por último no se crean eso de que “los trapos sucios se lavan en casa”. Cuando se dice eso es que los trapos sucios sencillamente no se lavan ni en casa ni en ninguna parte.  En mi modesta opinión si hay algo que afecta al prestigio y al buen nombre de una institución o de un colectivo es que haya tanta gente dispuesta a callarse y a tolerar la injusticia, el abuso y la corrupción. Empezando por los que la dirigen.