Protocolo de crisis y Banco Madrid

España dispone de un buen protocolo para la gestión de las crisis bancarias. Pero no se cumple. Según el protocolo, el Banco de España debe dar la alerta temprana, valorar la situación a tendiendo a la importancia de la entidad para el sistema financiero, diagnosticar con ayuda del FROB la viabilidad de la entidad para reestructurar los bancos viables y liquidar de forma ordenada los inviables. Los casos de menor importancia pueden dejarse a la liquidación societaria o concursal con nombramiento como administrador concursal de la persona propuesta por el FROB.

El Banco de España conocía que Banco Madrid tenía graves deficiencias de control interno en materia de blanqueo de capitales. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que actúa en coordinación permanente con el Banco de España, inspeccionó Banco Madrid entre abril y mayo de 2014. Es cierto que el informe no se terminó hasta el 25 de febrero de 2015, pero la gestión de las dificultades de un banco no se condiciona a la apertura de un procedimiento sancionador. Conocidas las dificultades debieron ser resueltas mediante un plan de actuación temprana.

Todo se precipita cuando el Tesoro de Estados Unidos publica que BPA, matriz andorrana de Banco Madrid, blanquea capitales. En una semana el Banco de España interviene la entidad, sustituye al consejo de administración, solicita la suspensión de pagos, suspende la operativa de la entidad y declara la insolvencia de Banco Madrid, con ejecución de la garantía de los depósitos hasta un importe por titular de 100.000 euros. En esta cadena de decisiones deja abiertas las cajas durante unos días permitiendo la fuga masiva de depósitos. La torpeza del Banco de España ha convertido un caso puntual de blanqueo en una crisis bancaria. Esto ha ocurrido por no cumplir el protocolo. No ha funcionado la alerta temprana y los supervisores se ven desbordados por los acontecimientos.

  • No ha existido plan de alerta temprana

El Banco de España conociendo desde hace meses, por su participación en los órganos de prevención del blanqueo de capitales,las graves deficiencias de organización y de control interno de Banco Madrid no puso en marcha un plan de actuación temprana. Las dificultades se deberían haber gestionado en una operación de fin de semana coordinada con los demás supervisores financieros. La alerta pública suena con la nota del Tesoro de Estados Unidos y el Banco de España se limita a nombrar interventores, dejando la caja abierta a la fuga de depósitos. Era una fuga previsible ante la alarma creada por la denuncia de blanqueo con cierre del acceso a la financiación interbancaria.

  • No se valoró la medida adecuada hasta que el juez lo solicita

Según el protocolo, el Banco de España debía haber valorado con el FROB si el caso Banco Madrid era un caso relevante para el sistema financiero para determinar su viabilidad y decidir la reestructuración con eventuales ayudas públicas, o, en caso de ser inviable, la resolución con liquidación ordenada sin necesidad de dar ayudas públicas. Las declaraciones públicas recogidas por los medios contraponen el rescate público por el FROB a dejar caer el banco, cuando lo cierto es que la resolución por el FROB no entraña ayudas públicas.

En contra del protocolo, el Banco de España se olvida valorar la relevancia del caso y solicitar del FROB que decida sobre una eventual reestructuración o resolución de la entidad, o ante la falta de relevancia proponer al juez un administrador concursal. Es el juez al que el Banco de España había solicitado la declaración del concurso quien se ve obligado a requerir al FROB que se pronuncie sobre la medida adecuada para resolver la crisis.

  • Se ha pretendido dejar en manos del juez el caso solicitando el concurso

En caso de optar por el concurso, el FROB sigue tutelando los intereses generales y particulares de los clientes afectados por la crisis pues está obligado a proponer al juez la persona que debe ser designada como administrador concursal. El FROB y el Banco de España nunca pueden lavarse las manos en la crisis de un banco, por muy pequeño que sea.

  • No ha existido coordinación con los demás supervisores financieros

El Banco de España debía haber coordinado sus decisiones con la CNMV y la Dirección General de Seguros. Banco Madrid es gestor y depositario de fondos de inversión y de pensiones. La insolvencia del gestor o depositario de un fondo no tiene por qué afectar a los partícipes más allá del bloqueo transitorio hasta que se traspasan las posiciones a otra entidad. Los tres supervisores deberían haberse coordinado para traspasar las posiciones en el mismo momento de la declaración de insolvencia del banco, que debería haber tenido lugar en el momento de hacerse público el cierre de la financiación interbancaria consecuencia de la nota del Tesoro de Estados Unidos. En ese mismo momento, la CNMV debería haber valorado las consecuencias de la declaración de insolvencia de Banco Madrid sobre su filial Interdin, sociedad de valores del grupo, para proteger a sus clientes. En todo este asunto, la CNMV actúa a remolque de las circunstancias provocadas por la actuación tardía del Banco de España.

En suma, hay protocolo para gestionar la crisis de un banco, pero hay que tener voluntad de cumplirlo. Razones políticas y personales derivadas de las puertas giratorias condicionan las decisiones de los supervisores, sacrificando el interés general en una solución rápida al menor coste para el contribuyente.

La crisis de Banco Madrid es la primera bajo el nuevo protocolo de crisis bancarias de la Unión Europea. Permite distinguir lo sistémico de lo que no lo es, y sacrificar a los depositantes con importes elevados. Los focos están de nuevo sobre nuestro mercado financiero y el Banco de España no ha estado a la altura de las circunstancias. Debería rendir cuentas en el Parlamento para que no vuelva a producirse una chapuza como la del Banco Madrid.

 

 

Herencias de extranjeros en España y españoles en el extranjero: grandes cambios en la ley aplicable

Este año 2015 hay una novedad importante en materia de sucesiones mortis causa, como es la entrada en pleno funcionamiento del Reglamento Europeo 650/2012, de sucesiones y de creación del certificado sucesorio europeo, que será aplicable a las sucesiones de las personas que fallezcan a partir del día 17 de agosto de 2015, y que afecta, de manera muy esencial, a la determinación de cuál va a ser la normativa que se va a aplicar a las herencias (ver artículos 20 a 22).

Hasta ahora, en España la regla general ha sido la del artículo 9.8 del Código Civil, es decir, que la ley aplicable a una herencia es la ley nacional que tuviera el causante en el momento de fallecer, con algunos matices que también establece este precepto. De modo que la herencia de un francés o brasileño, a efectos de España, se rige por la normativa de estos países, residan donde residan. Y si un español de nacimiento ha perdido esta nacionalidad y ostenta otra en el momento de fallecer, por ejemplo rusa, será la ley rusa la que se aplicará a su herencia. Hasta este momento, el testador no podía elegir directamente qué ley es la que deseaba que se aplicara a su herencia, estaba predeterminada por su nacionalidad.

Todo esto cambia con el Reglamento europeo. Para las personas que fallezcan a partir del 17 de agosto de 2015, la ley aplicable a su herencia en principio ya no será la de su nacionalidad, sino la de su residencia habitual en el momento de fallecer. Esta variación del criterio tiene mucha importancia. Pensemos en el caso, enormemente frecuente, de ingleses que tienen residencia habitual en España, por ejemplo en Andalucía, que es territorio en el que aplica el derecho común. Hasta ahora, les era aplicable la legislación inglesa de sucesiones, que como es sabido carece de legítimas de obligado cumplimiento. Pero ahora se le va a aplicar la ley española de derecho común, con sus tercios de legítima, mejora y libre disposición y demás normativa. Esto puede chocar con disposiciones testamentarias que hubiera otorgado esta persona en uso de su total libertad de testar, con la previsible sorpresa de los herederos.

Pueden darse en el futuro, por tanto, las típicas situaciones que jurídicamente tienen explicación, pero que para el ciudadano medio resultan completamente inexplicables: un matrimonio inglés, por seguir con el mismo ejemplo en cuanto a la nacionalidad, que tiene su residencia habitual en Málaga y que han hecho testamento nombrándose recíprocamente herederos, y no a los hijos, se encontrarían ahora con que nada menos que dos tercios de su herencia, los de legítima y mejora, tendrían que ir adjudicados a sus hijos y además de manera obligatoria. Y todo sin haber cambiado de nacionalidad.

Y ello sin contar con las estrictas normas que establece nuestro Código Civil en materia de preterición, que podrían determinar incluso que en caso de que ninguno de los legitimarios (conforme a la ley española de Derecho Común, ahora aplicable por el nuevo reglamento) hubiera sido mencionado en el testamento, quedara todo él anulado (814.1 del Código Civil). No obstante, estimo que aun en caso de preterición total, y dadas las circunstancias, este efecto de anulación total no debería nunca producirse, sino que se tendría que aplicar el artículo 9.8 del mismo Código, que establece un principio general de conservación de lo dispuesto por el testador, a salvo las legítimas.

Hay que reseñar en todo caso que el concepto de qué sea la residencia habitual a efectos del Reglamento no está del todo claro. El mismo Reglamento no ofrece una definición del mismo, y no existe homogeneidad en todos los países que integran la Unión. Esto puede plantear problemas y, en muchos casos, pleitos, cuando entre los interesados en una herencia no exista consenso acerca de cuál era la verdadera residencia del fallecido. Como comentario personal a este respecto, parece un tanto sorprendente que si una nueva norma cambia un criterio por otro, no especifique bien qué está queriendo decir. La claridad ha de ser uno de los principios esenciales que ha de tener cualquier texto legal, y lo contrario, la ambigüedad o la redacción incorrecta, provoca problemas, gastos y tensiones completamente innecesarias entre los destinatarios de la misma. Y desde el punto de vista notarial, es previsible que genere dificultades a la hora de formalizar en documento público las herencias afectadas por el Reglamento.

La normativa del Reglamento también afecta a los españoles que residan fuera, de modo que si un nacional español reside habitualmente en Rusia, por ejemplo, la ley aplicable a su herencia sería la de este país. El reglamento alcanza a nacionales tanto de países de la Unión Europea, como de fuera de la misma (un japonés en España, por ejemplo). Dinamarca, Reino Unido e Irlanda no lo aplican, pero sí es de aplicación a los nacionales de esos países cuando residan habitualmente en España o cualquier otro país de la Unión.

No obstante, la regla de que la ley de residencia habitual es la que rige la sucesión tiene dos excepciones. La primera es que, para casos muy concretos, resultare claramente de todas las circunstancias del caso que, en el momento del fallecimiento, el causante mantenía un vínculo manifiestamente más estrecho con un Estado distinto del Estado cuya ley fuese aplicable, en cuyo caso la ley que sería aplicable es la de ese primer Estado. No se indica cuáles son los criterios para determinar ese vínculo, pero sí parece que debe ser de interpretación restringida, para supuestos como el alguien que se encuentre trabajando en otro Estado durante el tiempo suficiente para adquirir la residencia habitual, pero que mantenga la familia y sus intereses en el de su nacionalidad. Pero de cualquier modo es algo que debería determinarse caso por caso y por mecanismos que no se fijan en el Reglamento.

Y la segunda excepción es por el contrario de carácter e interés general. El propio reglamento permite evitar estos efectos jurídicos, por medio de una declaración expresa hecha en testamento. En él, el testador podrá ordenar que la ley que se aplique a su herencia no sea la de la residencia habitual cuando fallezca, sino la de su nacionalidad en el momento de otorgar testamento. Y si tuviera varias en ese momento, podrá elegir cualquiera de ellas. Por tanto, es conveniente, para los extranjeros que residan habitualmente en España y que quieran que sea la ley de su país la que rija su sucesión, así como para los españoles que en su caso residan fuera, el otorgar un testamento en el que, aparte las disposiciones de rigor, indiquen expresamente su voluntad en tal sentido. Tales testamentos pueden otorgarse ya, antes de la entrada en vigor del propio Reglamento.