Tú di que la culpa es del profesional (y a ver qué pasa)

En una entrada aquí publicada a finales del pasado mes de diciembre, que fue muy ampliamente comentada, me preguntaba a mí mismo y a los amables lectores del blog, a raíz de una anécdota que viví relacionada con una conocida marca de cápsulas de café, si los españoles tenemos en nuestro comportamiento cívico y social un cierto déficit ético. Pues bien, una serie de sucesos repetidos en los últimos tiempos en mi despacho profesional me han llevado a replantearme y corroborar buena parte de los argumentos y de la tesis entonces sustentada. Paso sin más dilación a contárselos.

Todos somos conscientes de los problemas que han existido en los últimos años con la Banca española, y de las dificultades económicas por las que hemos atravesado la mayoría de las familias de este país. Vaya, en primer lugar y sin reparo alguno, mi comprensión, solidaridad y absoluto apoyo personal y profesional hacia quienes han tenido problemas económicos debidos a la crisis y, especialmente, hacia quienes han sufrido los abusos de algunas entidades financieras que todos hemos podido conocer, y que ya han sido en este blog abundante y certeramente comentados. Pero esa situación de abuso, por criticable y extendida que haya podido ser, no debe permitir, ni para los particulares ni para ciertos aparentemente poco escrupulosos  asesores legales, el “vale todo” con tal de liberarse de una enojosa o inoportuna deuda, por mucho que ésta pueda estar asfixiando alguna economía familiar. Lo digo porque en el último año  se me ha repetido dos veces en el despacho, con unos meses de diferencia, un fenómeno similar: recibo la llamada de quien me dice ser un abogado (varón la primera vez, mujer la segunda) quienes me anuncian que han sido contratados por un solo cliente (mujer de cierta edad en ambos casos) que les ha contado que alguien ha firmado en mi oficina notarial, a la que ninguna de las dos clientas “habían acudido nunca ni siquiera sabían dónde estaba”, un préstamo hipotecario en su nombre, en un caso hace unos cuatro años y en otro casi seis, se supone que suplantando su identidad y falsificando su firma. En el segundo caso, incluso añadiendo la letrada que la supuesta escritura de hipoteca se había firmado ante mí en el mes de agosto del año 2009, lo cual era manifiestamente imposible porque agosto era un mes “inhábil a efectos notariales” (sic).

Yo, lógicamente alarmado, reacciono igual en ambos casos, superada mi perplejidad (aunque tengo que confesarles que más en el primer caso que en el segundo, que ya me pilló algo más curado de espantos): comunico a ambos letrados que tengo que consultar mi protocolo y la documentación que guardo en mi notaría, y que a la mayor brevedad les daré cumplida información de lo que encuentre al respecto. Y ¿qué encuentro? Pues, en ambos casos, una situación parecida: una escritura firmada por la presunta “ausente”(que era una sola prestataria en ambos casos) y por los apoderados de la respectiva entidad de crédito, una oferta vinculante de cada préstamo protocolizada con la escritura y también firmada por cada prestataria, sus respectivos Documentos Nacionales de Identidad, cuyas firmas eran casi idénticas en ambos casos a las que aparecían estampadas en las dos escrituras matrices, ambos escaneados y conservados en los archivos de la notaría (como manda la Ley) y, -oh sorpresa- que a la segunda prestataria “ausente” le habíamos cancelado el mismo día de su “presunto préstamo” -se supone que en un acto de máxima generosidad notarial-  y con un cheque bancario procedente del banco prestamista, una hipoteca anterior que tenía contratada otra entidad de crédito.

Ante tal apariencia de veracidad y acumulación de información, en ambos casos telefoneé a los letrados anunciantes de una supuesta denuncia contra mí. Tras explicarles exhaustivamente toda la documentación que conservamos en la oficina notarial y ofrecerles el testimonio adicional de los apoderados de las respectivas entidades bancarias y de los oficiales de mi despacho que habían preparado las escrituras, pasé a preguntarles cómo era posible que sus respectivas clientas llevaran en ambos casos pagando durante más de cuatro años en un caso y casi seis años en el otro unos préstamos hipotecarios que, presuntamente, nunca habían solicitado ni firmado y justo ahora caían de repente en la cuenta de una eventual suplantación, que cómo se explicaban que en mi oficina estuvieran escaneados los DNI de sus respectivas clientas si “nunca la habían pisado” como ellas decían y, en el segundo caso, además, que por qué caritativa razón iba yo a pagar y a cancelar una hipoteca anterior de una señora a la que no tenía el gusto de conocer, y que, además, no cayó tampoco en la cuenta de que repentinamente se le había dejado de cobrar por su banco. Y en ambos casos, con pequeñas variaciones de “estilo”, la reacción de los dos letrados fue similar. Bajo una actitud respetuosa en las formas, en ambos casos aparentaron cierta sorpresa –yo creo que más o menos impostada- con mi batería de respuestas, aventuraron una cierta disculpa del tipo “ya sabe usted, cosas de los clientes” y acabaron ambos su explicación con parecida y enigmática frase: “… lo cierto es que todo lo que usted me cuenta, señor notario, tiene apariencia de ser real, y probablemente lo sea, pero, en cualquier caso, tal como están en España las cosas de los bancos y la protección de los consumidores en los últimos tiempos…. ¿a su despacho no le convendría tener un escándalo público, verdad?”…. Y la segunda de ellos añadió la coletilla final de que “en el caso de que mi clienta hubiera firmado algo en su despacho, fue engañada y no se le explicó nada de lo que firmó”.

Imaginen ustedes en ambos casos mi reacción. Le anuncié a ambos letrados una inmediata querella contra sus respectivas clientas, les abochorné el hecho de que, mintiendo para liberarse de una deuda, estaban imputando uno o varios delitos a un funcionario público, cosa que me parecía muy grave y, además, profundamente inmoral y contrario a cualquier ética profesional, y les dije que, de seguir con sus intenciones, ya nos veríamos en el Juzgado sin ningún problema. Por ahora no he vuelto a tener noticias ni de ellos ni de sus “desmemoriadas” clientas, pero ahí está descrita la funesta estrategia para librarse de una seguramente molesta deuda bancaria. Desconozco si las mentirosas en ambos casos eran las clientas o habían sido “alentadas” para mentir, pero contra la crisis y los problemas económicos de la gente no debe “valer todo” aprovechando la actual hipersensibilidad social, y también de los Tribunales de Justicia, frente a todos los contratos de origen bancario. Esto que me ha sucedido a mí sería probablemente impensable en otros países, pero en España sucede, y no de forma aislada. Acabo esta entrada como terminé mi anterior post relacionado con este tema y al principio mencionado. Está muy bien que todos deseemos, especialmente en año electoral, un cambio a mejor en España y en nuestros políticos. Pero antes tenemos que empezar por cambiar bastantes cosas nosotros.

 

HD Joven: La bajada del IVA cultural ¿realidad o manipulación?

El pasado 9 de marzo se creó un gran revuelo cuando el diario ABC publicaba que el Presidente del Gobierno Mariano Rajoy había tomado la decisión de bajar el Impuesto sobre el Valor Añadido que grava los espectáculos y “al mundo de la cultura en general” del actual tipo impositivo del 21% a un 10% (aquí). Rápidamente empezaron las conjeturas y las declaraciones, pero lo cierto y verdad es que no hay nada firme al respecto según el propio Ejecutivo. A través de otros medios de comunicación se ha desmentido dicha reducción del tipo impositivo del IVA cultural, afirmando también que no obstante “es intención del Gobierno rebajar los costes fiscales de la actividad aunque a día de hoy no sea algo posible” (aquí).

En este sentido, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) opina que la economía española cuenta con un sistema impositivo tremendamente ineficiente y que no es capaz de recaudar suficientes recursos para financiar el Estado, teniendo un déficit estructural que ronda el 3%. En lo referente a IVA, propone un tipo único de IVA acompañándolo de medidas incentivadoras.

Recordemos que el IVA es un impuesto de naturaleza indirecta que grava el consumo. Se encuentran sujetas al impuesto con ciertas especialidades, que no analizaremos aquí, las entregas de bienes y las prestaciones de servicios realizados en el ámbito espacial del impuesto (en Canarias se aplica el Impuesto General Indirecto Canario y no el IVA). Es decir, es un impuesto que resulta muy gravoso para distintos sectores de la sociedad española, que parece quedan olvidados en el debate ya que no obtienen tanta difusión ni pueden ejercer la misma presión. Por ejemplo, para las profesiones liberales y más concretamente la abogacía su actividad se encuadra en “prestación de servicios” (operaciones de asistencia y asesoría jurídica) el tipo aplicable actual es también de un 21%, que se dice pronto, y sin embargo al respecto no hay generado debate alguno. ¿No es este sector sin embargo de vital importancia para el país? ¿No se encuentra también verdaderamente agobiado y perjudicado por lo elevado del tipo impositivo? ¿No es un sector del que viven muchos ciudadanos y que afecta directamente a más ciudadanos en distintas facetas de sus vidas? No es que no haya que rebajar el IVA cultural, no seré yo quien se oponga a una bajada de impuestos por muy parcial e interesada que esta sea, pero ¿Por qué solo está en la mesa bajar el tipo impositivo del IVA al sector de la cultura?

El denominado como sector de la “cultura” en este país viene ejerciendo en los últimos años unas presiones y reivindicaciones que para muchos resultan cuando menos improcedentes y fuera de tono. Se ha asociado la caída de las ventas a la subida del IVA (evidentemente sí que ha influido) pero no se ha hecho una merecida autocrítica de la calidad de los productos o de la influencia de la propia crisis que ha afectado a las ventas de todos los sectores. Se ha impuesto la idea de que el sector de la cultura sufría la imposición de un IVA “de lujo”, cuando en realidad se le impuso el IVA general. Es un sector que tiene fuerza y peso políticos, derivados sobre todo de la facilidad para comunicar y presionar a la ciudadanía que tiene, de ahí declaraciones como las del líder de la oposición. Pedro Sánchez, en la XXIX edición de la Gala de los Goya, que afirmó que si el PSOE ganaba las elecciones lo primero que haría sería reducir el IVA para la cultura del actual 21% al 5%.

Es cierto que es fundamental para la sociedad apoyar y promocionar la cultura, siendo una forma de hacerlo el que se le aplique un tipo impositivo de IVA más bajo para estimular su consumo. Pero cabe también preguntarse ¿es por ejemplo cualquier película un producto cultural? ¿Qué criterio seguimos para discriminar qué obras son culturales y merecen apoyo? En la actualidad, además, hay un importante debate generado sobre la calidad de muchas de las producciones culturales que se realizan en nuestro país y si en realidad muchas de estas obras pueden ser consideradas o no como culturales.

A día de hoy no sabemos qué es cierto y qué no sobre el tema, pero desde luego si se produce esta bajada de forma tan sesgada se hará únicamente con la finalidad de congraciarse con un sector con el que corre prisa amistarse para obtener un respiro en la campaña electoral. Lo que por otro lado resulta comprensible dada la habitual virulencia del “sector de la cultura” contra el actual Gobierno (no ha venido siendo así para con anteriores gobiernos sin embargo). Dadas las promesas electorales que en su día se hicieron en materia tributaria y que en el año 2012 fueron incumplidas de plano con la subida de impuestos que se hizo para luchar contra el exagerado déficit público y evitar la salida del euro y la bancarrota, el que sólo se redujera el tipo impositivo del IVA para el sector de la cultura resultaría inadmisible. Desde ese mismo mes de julio de hace casi tres años, las distintas industrias de entretenimiento afectadas se han estructurado a modo de lobby para reclamar un retorno a la situación anterior. Para ello, han empleado todos los resortes y altavoces mediáticos que tienen a su disposición, generando la sensación de que constituye una auténtica emergencia nacional la reducción de su IVA: es decir, del IVA que afecta directamente a sus márgenes de beneficios.

Si se quiere aumentar el consumo y reactivar el crecimiento económico es imprescindible reducir la presión fiscal, pero a todos los niveles. Hacerlo sólo en favor de determinados sectores por obtener un rédito electoral en la situación política y social en la que nos encontramos, no es aceptable ni soluciona problema alguno. Recordemos que en el año 2013 los hogares españoles destinaron alrededor de un 2% de todos sus gastos a bienes y servicios ligados con la cultura. Es evidente que resulta más apremiante la reducción del IVA sobre otros productos, especialmente si ésta no se va a producir de forma general que sería lo idóneo.