El pretendido derecho a la opacidad de los ayuntamientos en “riesgo financiero”

No cabe duda de que la transparencia es un valor imprescindible en una democracia moderna, avanzada y de calidad. La transparencia permite a los ciudadanos fiscalizar de forma efectiva la actuación de sus gobernantes, pero no sólo eso. El acceso a la información, así como el impulso del conocimiento general de la misma, nos llevaría al concepto de “Gobierno Abierto”, es decir que los ciudadanos colaboren y participen en la toma de decisiones llegando, en última instancia, a una ciudadanía más informada y más exigente con sus dirigentes políticos.

Esto es exactamente lo contrario de lo que viene sucediendo en nuestros ayuntamientos, donde es muy común que después de una gestión económica que seguirán pagando los vecinos del municipio durante años, lustros o decenios, se promocione a su protagonista a ministro o a candidato a presidir una comunidad autónoma. Siempre se culpa de ello a los electores, amparándose en que dicho político gozaba de los favores de la ciudadanía, que le renovaba una y otra vez su mayoría absoluta. Sin embargo, es necesario reconocer que a los votantes no se les dota de los datos necesarios para conocer la gestión económica de su municipio de forma que exista debate al respecto y se puedan formar una opinión. ¿Sabe el ciudadano de a pie a qué plazo paga su ayuntamiento a los proveedores o qué volumen de endeudamiento tiene respecto a sus ingresos corrientes, si está sometido a un plan de ajuste o si se halla en “riesgo financiero”? Quizás en este país no exista una cultura de administración de recursos pero, para que algún día exista, lo primero que hay que hacer es dar a los ciudadanos información al respecto.

Tal y como se ha comentado en este blog, la transparencia es una cuestión de voluntad política y de cultura ciudadana. Si bien el interés de la ciudadanía está viviendo un repunte desde hace algunos años, la voluntad política parece atrincherarse cada vez más en la opacidad, buscando los pretextos más disparatados para mantener a los ciudadanos en la ignorancia.

Les explico. El BOE del pasado 26 de febrero publica la Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Dicha Resolución da cumplimiento a determinadas previsiones del citado Real Decreto Ley. Se trata de una norma que aborda cuestiones diversas. En lo que aquí nos interesa, crea el denominado Fondo de Ordenación, que permite acceder en buenas condiciones financieras a mecanismos adicionales de financiación a determinadas entidades locales, sobre todo ayuntamientos, que se hallan en lo que denominan “riesgo financiero”. Dicho término se define en el artículo 39.1.a) del propio Real Decreto Ley. Para resumir, se puede decir que son aquellos que pese a todas las medidas de “asistencia financiera” que se han adoptado desde el 2012 hasta la fecha, siguen estando en una situación económica crítica. Por poner dos ejemplos ilustrativos estarían en “riesgo financiero” aquellas entidades cuyo volumen de endeudamiento sea superior al máximo legal, o aquellos que hayan incumplido con su obligación de pagar las cuotas trimestrales de determinadas operaciones de crédito (puede verse el detalle de todas las situaciones aquí y aquí).

Tal y como se ha dicho, la tan citada Resolución da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto Ley 17/2014 en el que se prevé que el Ministerio de Hacienda determine qué municipios podrán solicitar acogerse al Fondo de Ordenación y, por lo tanto, se hallan en el denominado “riesgo financiero”.

Hasta aquí todo bien. Sin embargo, no se realiza la publicación de los municipios afectados. En lugar de ello, lo que hace la Resolución es establecer que cada uno de los ayuntamientos pueda ver si está incluido en dicha relación, pero sólo el propio ayuntamiento, identificándose con su respectivo usuario y contraseña en la correspondiente página web. La publicación de la relación de municipios afectados es imperativa, tanto porque lo establece el antes citado artículo 41.1.a) del Real Decreto Ley 17/2014, como porque se hace también imprescindible para que los ayuntamientos que no se pueden beneficiar de dicha vía de financiación fiscalicen la aplicación que se hace de la norma. Pero, sobre todo, porque es una “información relevante para garantizar la transparencia de la actuación pública” , artículo 5.1 de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y porque, conforme establece el artículo 26.2.a).1º de la misma norma, en su parte dedicada al “buen gobierno”, se debe “actuar con transparencia en la gestión de los asuntos públicos (…) con el objetivo de satisfacer el interés general”.

Dejando aparte los múltiples preceptos de nuestro ordenamiento jurídico que incumple la citada resolución no se me ocurre nada más importante para los vecinos de un municipio que saber si su Ayuntamiento se halla en “riesgo financiero”. Tampoco se me ocurre una muestra más espeluznante de falta de voluntad de asumir las obligaciones que impone el principio de transparencia no ya hasta sus últimas consecuencias, sino hasta las primeras y más evidentes.

Pero lo peor de todo todavía no ha llegado. El fundamento que se utiliza para no publicar la lista de municipios que se hallan en riesgo financiero es que “en la publicación de la resolución (…) se aprecia la posible lesión de derechos e intereses legítimos a los que se refiere el precitado artículo 61 de la Ley 30/92“, por lo que la publicación podría “derivar en perjuicios de imposible o difícil reparación”. Pasando por alto que no se concretan cuáles son los derechos o intereses legítimos que concurren en este caso, ¿de quién son esos derechos o intereses legítimos? ¿del ayuntamiento? ¿no deberían ser los mismos que los de sus vecinos? ¿es que no los representa? Evidentemente es al contrario, es atentar contra los derechos de los ciudadanos ocultarles que su ayuntamiento se halla en “riesgo financiero” y lo que se está haciendo es confundir los intereses del ayuntamiento con los intereses del que lo gestiona.

Esta invocación al artículo 61 de la Ley 30/92 ha sido realizada al menos en otras dos ocasiones (aquí y aquí) en resoluciones muy similares, también por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así que parece que no se trata de un hecho aislado. Y eso que, conforme a lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ” corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas proveer la disponibilidad pública de la información económico-financiera relativa a los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley (…)”

Como hemos dicho, esta actuación contradice múltiples preceptos de nuestro ordenamiento jurídico, entre los que cabe destacar los ya citados artículos 5.1 y 26.2.a) 1º de la Ley de Transparencia, e incluso el artículo 9.3 de la Constitución (interdicción de la arbitrariedad) dado que el Ministerio ha publicado ya información muy sensible de los ayuntamientos pero, aparte de ello, creo que es procedente hacer algunas reflexiones:

1.-En primer lugar, se está utilizando una norma creada como garantía de los derechos de los ciudadanos para privarlos de ellos, cometiendo un fraude de ley o algo peor, lo cual resulta alarmante.

2.-Que cada ciudadano conozca si su ayuntamiento se halla en riesgo financiero sería muy positivo a la hora de valorar la gestión que se está haciendo en su municipio. Es evidente que ahí les duele.

3.-Finalmente, se han adoptado diversas medidas especiales de financiación que han permitido al ayuntamiento que ha hecho el correspondiente esfuerzo salir de una situación económica muy difícil. En la actualidad, se siguen adoptando medidas para favorecer a los ayuntamientos que no han conseguido sanearse, principalmente por incumplir los planes de ajuste que llevaban aparejados esas medidas especiales de financiación. Se supone que se les imponen fuertes condicionantes pero, dada la opacidad con la que se está actuando, da la impresión de que se prima a éstos en perjuicio de los cumplidores, con el correspondiente riesgo de que se vuelva a imponer una gestión económica caótica en nuestros municipios.

 

10 comentarios
  1. Alfonso
    Alfonso Dice:

    Un perjudicado más: si yo empresario estoy decidiendo si merece la pena trabajar con el Ayuntamiento de X, me gustaría saber si voy a tener problemas para cobrar. O sea, como siempre: la falta de transparencia degenera en corrupción y pérdida de competitividad.

    Y luego se les llena la boca de "emprendedores"

    • Julio José Enríquez Mosquera
      Julio José Enríquez Mosquera Dice:

      Alfonso creo que el empresario, sobre todo el pequeño empresario, ha sido el gran perjudicado, sobre todo durante el "boom" de la gran demora de los Ayuntamientos en el pago. Los políticos tenían sus fotos, los vecinos sus obras y sus servicios y todo ello financiado por los proveedores. Ahora gran parte de esa deuda ha pasado a ser deuda con las entidades de crédito. Esperemos que no se vuelva a las andadas…

      El pago puntual de las facturas es algo esencial:

      https://hayderecho.com/2014/03/14/la-implementacion-de-las-legislaciones-antimorosidad-en-espana-y-francia/

      Muchas gracias por tu comentario.

  2. Gonzalo García Abad
    Gonzalo García Abad Dice:

    Muy preocupante, pero me da la sensación de que el problema es incluso más grave. Comparto su visión de la importancia del saneamiento de las cuentas públicas. El problema es que muchos han diseñado un escudo "anti-prudencia" en las cuentas públicas, se justifica el endeudamiento en que las administraciones municipales han tenido que hacer esfuerzos para luchar contra los efectos de la crisis. Esos esfuerzos que han impactado en las cuentas públicas son razonables, pero no son la causa de los desequilibrios graves que sufren muchas cuentas municipales. La causa hay que buscarla en desequilibrios estructurales. Algunos son muy conocidos, como la dependencia excesiva que muchos municipios tuvieron de los ingresos derivados del auge de la construcción, pero hay otros que permanecen bastante más ocultos. Muchos ayuntamientos han creado un sinfín de programas de gasto insostenibles sin subir los impuestos municipales, de forma que los vecinos no vienen notando en su bolsillo el impacto de ese desorden. Puede ser muy razonable un incremento del gasto municipal en muchos casos, pero nunca bajo la premisa del desconocimiento generalizado de cuál va a ser el destino de los mayores ingresos que requerirá el mayor gasto.
    Pero incluso en los casos en los que los ayuntamientos ofrecen algún mayor detalle sobre los gastos que realizan, existen malas prácticas a la hora de informar, como la de introducir una fuerte complejidad en las explicaciones. Si las explicaciones de por qué se gasta donde se gasta son muy complejas, el ciudadano tiende a no comprenderlas y tiene mayor probabilidad de fiarse de lo que dice su alcalde, sobre todo porque el endeudamiento genera la falsa sensación de que bajar impuestos municipales o aumentar el gasto público municipal no tiene costes, solamente beneficios.
    Pero el problema va más allá, porque sin un marco transparente y sencillo donde comparar, pueden pagar "justos" por "pecadores". El alcalde prudente que no quiere bajar los impuestos municipales o aumentar el gasto es percibido por muchos como un alcalde que no "hace cosas", porque la población no tiene un elemento de comparación.
    Un cordial saludo.

    • Julio José Enríquez Mosquera
      Julio José Enríquez Mosquera Dice:

      Completamente de acuerdo Gonzalo. Los datos que se dan sobre la situación económica deben de ser comprensibles para los vecinos. Actualmente se han publicado una serie de datos de los Ayuntamientos que no le sirven para nada al ciudadano medio. Por ejemplo el nivel de deuda si no se le explica adecuadamente con qué se debe comparar no es más que un número y como eso un montón de magnitudes.

      Por otro lado en relación con los programas de gasto insostenibles se ha creado una sensación de que arreglar la situación económica no sea una cuestión del que está gobernando si él no lo ha generado o, incluso aunque lo haya generado. Existe una resistencia generalizada a tomar cualquier tipo de medida que suponga equilibrar las cuentas públicas. Me ha llamado la atención esta noticia en la que se quiere declarar a un Ayuntamiento en "bancarrota" pero, al mismo tiempo, se niegan a tomar ninguna medida: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/26/madrid/1427404672_892490.html

      Muchas gracias por tu comentario y un saludo

  3. Nathan Jessep
    Nathan Jessep Dice:

    Nunca entenderé cómo es posible que nosotros, quienes pagamos el dinero con el que se gestionan los entes públicos, no podamos saber en qué se lo gastan.

    Es más, no puedo entender cómo permitimos que aquellos políticos que viven del dinero que nosotros mismos les pagamos, sean capaces de aprobar leyes a través de las cuales podrán ocultarnos en qué se lo gastan, con nuestra total connivencia (aún no he visto ninguna manifestación en contra del fraude presupuestario cometido por senadores y diputados).

    • Julio José Enríquez Mosquera
      Julio José Enríquez Mosquera Dice:

      Nathan te contaré una anécdota. Hace ya algunos años un Alcalde estaba preparando las siguientes elecciones haciendo una memoria de todo lo que había hecho en la legislatura. Su gestión económica había sido sin duda muy buena. Un incauto le comentó que no se le olvidara incluir la buena situación económica que había conseguido para su Ayuntamiento a lo que él contestó que eso a los votantes les traía sin cuidado.

      Los ciudadanos no deberíamos permitir que el único incentivo de los que gestionan el dinero público sea su propia conciencia. Eso nunca ha funcionado.

      Muchas gracias y un saludo

  4. Juan
    Juan Dice:

    Certero artículo. A veces lo obvio es lo más difícil de explicar. Y de comprender.

  5. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    La verdadera transparencia es la respuesta concreta a la pregunta, no la "desinformación" interesada. La verdadera transparencia serían no las webs diseñadas quien sabe con qué intenciones, sino las puertas y brazos abiertos de TODAS LAS INSTITUCIONES PUBLICAS para acceder a lo que el ciudadano quiera conocer. La opacidad en lo privado es intimidad defendida constitucionalmente, la opacidad en lo público es una flagrante contradicción.

    • Julio José Enríquez Mosquera
      Julio José Enríquez Mosquera Dice:

      Efectivamente. No sólo es necesario que la información esté ahí. Hace falta que sea accesible y comprensible.

      Un saludo

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