La concesión de la nacionalidad española a los saharauis (o habitantes de la provincia 53)

Ahora que felizmente el proyecto de ley de concesión de la nacionalidad a los sefardíes va bien encaminado hacia su aprobación definitiva, creo que ha llegado el momento de solucionar otra injusticia histórica de enorme calado: la de los saharauis. El problema es que, por el camino que vamos, también aquí van a transcurrir más de quinientos años antes de que alguien se decida a hacerlo.

En un post es imposible resumir la historia legal de esta cuestión, pero quien tenga interés en conocer los detalles puede consultar tres autos del juez Ruz en los que se relacionan con mucha minuciosidad. El primero es el reciente auto de 9 de abril de 2015, por el que se solicita el procesamiento de ciertas autoridades marroquíes implicadas en delitos de genocidio, asesinato, torturas y detención ilegal en el Sahara. Y los otros dos (aquí y aquí) son los de 15 de abril de 2014,  por los que se reitera su competencia para investigar esos crímenes pese a la modificación de la LOPJ en materia de justicia universal.

Al concreto objeto de esta entrada, baste ahora decir que por Decretos de los años 50 y por varias Leyes de los años 60, el Sahara -y también Ifni, que luego se retrocedería a Marruecos en 1969- se consideraron provincias españolas y a sus habitantes españoles de pleno Derecho. Cuando la ONU ordena la descolonización del Sahara, España, pese a la resolución 3292/1974 del Tribunal de la Haya que establece que no existía ningún vínculo entre ese territorio y Marruecos (opinión que la misma España había defendido) en vez de garantizar un proceso de autodeterminación ordenada con el consiguiente referendum, lo abandona a Marruecos (y a Mauritania, que se retiraría al cabo de dos años) tras la famosa “Marcha verde”. Es en ese momento cuando comienza la política de ocupación marroquí, calificada como genocida por el propio juez Ruz en el auto citado.

En el momento del abandono, España aprueba un Decreto, el 2258/1976, por el que se reconoce a los habitantes de la provincia del Sahara lo siguiente:

“Artículo 1.- Se reconoce el derecho a optar por la nacionalidad española a los naturales del Sahara que residiendo en territorio nacional estén provistos de documentación general española, o que encontrándose fuera de él se hallen en posesión del documento nacional de identidad bilingüe expedido por las autoridades españolas, sean titulares del pasaporte español o estén incluidos en los Registros de las representaciones españolas en el extranjero.

Artículo 2.- Los que pretendan acogerse a lo previsto en el artículo anterior deberán manifestarlo así en el plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, mediante comparecencia ante el Juez encargado del Registro Civil del lugar de su residencia o el Cónsul español de la demarcación correspondiente, aportando la documentación española de que se hallen provistos y expresado su voluntad de optar por la nacionalidad española.”

Es decir, como eso no era ya España (aunque no se sabía muy bien lo que era) se decide conceder la opción de optar por la nacionalidad española a los españoles habitantes de esa provincia que ya habían dejado de ser españoles para convertirse en no se sabe muy bien qué. Todo ello mientras se desencadena una política genocida por parte de las autoridades marroquíes que obliga al desplazamiento y huida de miles de personas (hasta ese instante españoles), lo que sin duda facilitaba las gestiones administrativas ante las autoridades españolas.

Pues bien, en la actualidad esos ex españoles y sus descendientes tienen más complicado adquirir la nacionalidad española que la mayoría de extranjeros (fuera de aquellos contados casos que pueden acreditar lo necesario para acudir a la vía de la opción del art. 20 del CC). Los saharauis no aparecen mencionados en el inciso final del art. 22, 1 del CC cuando señala que “para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años. Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes.”

Es verdad que los nacidos antes de 1976 podrían acogerse al párrafo 2, a y b -que señala que “bastará el tiempo de residencia de un año para: a) El que haya nacido en territorio español, b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar”- pero aparte de que deja fuera a los nacidos con posterioridad (la mayoría) plantea el problema de cómo acreditar ahora esa condición por los que carezcan de los antiguos documentos de identidad españoles, ya que el no reconocimiento por parte de España de la República Árabe Saharaui Democrática hace imposible la aceptación de los documentos que ésta expide. Eso provoca que a nuestros efectos los saharauis (al menos los refugiados que viven en Argelia) sean apátridas e indocumentados, lo que les cierra cualquier camino al acceso a la nacionalidad española, incluido el más común de residencia por 10 años.

Este cúmulo de injusticias no tiene más arreglo que extender la misma regulación de los sefardíes a los saharauis. Tan improcedente es exigir cualquier periodo de residencia en un caso como en el otro, especialmente teniendo en cuenta la situación de los más desfavorecidos y amenazados. Las similitudes no solo son muchas y evidentes, sino que el caso saharaui es incluso más grave. En el primer supuesto se expulsó a unos españoles que no se quisieron convertir a la religión oficial y se les forzó a las penalidades del exilio, con su consiguiente retahíla de abusos. En el segundo abandonamos a unos españoles a la brutalidad de una potencia agresora (lean la relación de hechos del último auto del juez Ruz que pone los pelos como escarpias) por no hacer adecuadamente nuestros deberes descolonizadores. Pero lo primero ocurrió hace cinco siglos, cuando en toda Europa se quemaban brujas. Lo segundo ha pasado antes de ayer, y esos españoles no es que, junto con el idioma, conserven la llave de sus casas, es que guardan sus documentos de identidad y continúan en una situación de necesidad e indefensión abrumadora. A los sefardíes se les han reconocido derechos especiales desde hace ya mucho tiempo. A los saharauis se les ha olvidado de mala manera.

¿Por qué no se ha aprovechado esta oportunidad para arreglar el problema, pese a las voces que lo han pedido? (Entre ellas, la de la Liga Española Pro Derechos Humanos). La respuesta es evidente: nuestras relaciones con Marruecos. Nuestra pesca, nuestro control migratorio y nuestra colaboración antiterrorista. Por eso, de esta lamentable dejación no le podemos echar la culpa a Marruecos, ni por lo que pasó de 1976 en adelante ni por lo que pasa ahora. La culpa la tenemos nosotros, sencillamente porque la cuestión es hasta qué punto queremos arriesgar tímidamente nuestros intereses materiales de potencia del Primer Mundo por hacer una mínima justicia. Ahora que se acercan unas cuantas elecciones, infórmense usted de lo que han hechos los distintos partidos políticos en relación a esta materia. Y cuando llegue el momento de introducir la papeleta en la urna, no eche la culpa del desastre saharaui ni al Marruecos genocida, ni a Franco moribundo, ni al PP de la mayoría absoluta: échesela a usted.

Rodrigo Tena Arregui

Rodrigo Tena Arregui es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Notario de Madrid por oposición (OEN 1995). Ha sido profesor en las Universidades de Zaragoza, Complutense de Madrid y Juan Carlos I de Madrid. Es miembro del consejo de redacción de la revista El Notario del siglo XXI.