El examen del Tribunal de Cuentas a las Universidades Públicas

El pasado 29 de enero el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó su informe de fiscalización de las universidades públicas, ejercicio 2012. El único antecedente de esta fiscalización es el Informe de las universidades públicas del ejercicio 2003.

Tantos años sin un informe de estas características y casualidades de la vida, la publicación del informe coincidió con la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto de reforma del sistema universitario, que permite que las universidades españolas elijan la fórmula que prefieran: tres años de grado y dos de máster (3+2) o cuatro años de grado y uno de máster (4+1). La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y los sindicatos de estudiantes y profesores se han posicionado en contra de la reforma. De hecho, el pasado 24 de marzo se produjo la segunda movilización contra los grados de tres años: la huelga de estudiantes, profesores y personal administrativo de Universidad tuvo un seguimiento del 85% (según los sindicatos convocantes). No obstante este post lo vamos a centrar en el informe del Tribunal de Cuentas, porque el análisis del Decreto Wert daría como mínimo para otro post. Y es que además, el informe tiene mucha miga y tiene unas conclusiones y recomendaciones bastante contundentes.

Por ponernos en contexto, reseñar que del total de las 79 universidades públicas y privadas que conformaban el Sistema Universitario Español en el curso 2012-2013, el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado 51 que corresponden a 47 Universidades Públicas de carácter presencial, 2 universidades no presenciales (UNED y UOC) y 2 universidades especiales (la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Internacional de Andalucía). Las Comunidades Autónomas con mayor peso específico en el Sistema Universitario Español son Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia.

Las 47 universidades públicas de enseñanza presencial analizadas contaban con 1.160.095 alumnos matriculados en el curso 2012/13 y las universidades no presenciales (UNED y Oberta de Cataluña) con 215.472 alumnos. El total de empleados públicos ascendió en ese año a 158.214, de los que 101.424 eran personal docente e investigador y 56.790 personal de administración y servicios. El conjunto de universidades examinadas reconoció obligaciones, en 2012, por un importe de 9.219 millones de euros y derechos por 9.278 millones. Por otra parte, el endeudamiento total de las universidades analizadas ascendía a la nada despreciable cantidad de 620 millones de euros.

En sus trabajos de fiscalización, el Tribunal de Cuentas ha detectado la existencia en 2012 de “al menos” 574 entidades dependientes o vinculadas a las universidades públicas, en su mayor parte fundaciones y sociedades, de las cuales 382 han de considerarse de carácter público. Según el Tribunal, la creación de estas entidades instrumentales ha respondido (“en ocasiones”) a la deliberada huida del control presupuestario y de gestión y a la búsqueda de un campo de actuación menos reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad de las decisiones que afectan a la gestión del personal, contratación y ejecución de inversiones y prestación de servicios públicos.

Centrándonos en el apartado de recomendaciones, el Tribunal destaca la necesidad de realizar los cambios normativos precisos dirigidos a lograr una simplificación y reducción de los órganos colegiados, a una profesionalización y especialización en la toma de decisiones, de cambios en el proceso electivo que evite corporativismos y de una mayor transparencia en la gestión, su control y rendición de cuentas de las universidades públicas.

Asimismo el Tribunal de Cuentas aconseja adoptar las medidas oportunas para realizar sin más dilación un inventario actualizado de las entidades dependientes y reforzar su control, analizar la creación en las universidades públicas de la figura del Interventor con unas características y cometidos similares a los del resto de entidades que cuentan con dicha figura y estrechar la colaboración entre todas las administraciones concurrentes en el sistema universitario público, con el fin de regular la aprobación de los presupuestos de las universidades públicas con las especialidades necesarias.

¿Sorprenden las conclusiones del Tribunal? La verdad es que sobre la situación de la universidad en España se ha escrito mucho y desde hace tiempo. Por ejemplo, tirando de hemeroteca, desde 1980 se escribe en los medios sobre la politización de nuestras universidades. También se está debatiendo mucho sobre la endogamia imperante en los procesos de selección del profesorado (por ejemplo aquí y aquí) y es que según datos del Ministerio de Educación publicados por El País, el 73% de los profesores universitarios leyeron su tesis en el centro en el que están contratados. Sobre el caso concreto de la Universidad Rey Juan Carlos se ha escrito en este mismo Blog (aquí y aquí). Y es que no todos los males de la universidad en España se deben a sus problemas de financiación y falta de estabilidad presupuestaria (que existen y son un hándicap desde luego).

Diagnóstico de la situación conocido y compartido, faltan las medidas. En esta legislatura, el Ministro Wert contó con un grupo de expertos que emitió un informe de Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español. Han pasado más de dos años desde entonces y parece que las medidas de ese informe del grupo de expertos no van a ver la luz, estarán bien custodiadas en algún cajón. Pero vamos, en la anterior legislatura tampoco se adoptaron medidas de calado encaminadas a acabar con los problemas de nuestras universidades públicas. No es una prioridad política, está claro.

El caso es que yo soy de los que cree que en España necesitamos un modelo económico más productivo, donde la innovación juegue un papel destacado y se apueste por invertir más en I+D y menos en ladrillo. En este modelo las universidades son una pieza clave pero para ello deben contar con una financiación estable y suficiente… y algo más, tienen que regenarse, lo que implica librarse de sus lastres históricos (politización, endogamia), acabar con la falta de control interno, racionalizar sus estructuras administrativas, etc … lo mire usted desde la óptica de la izquierda o desde la óptica de la derecha.

6 comentarios
  1. mencia
    mencia Dice:

    Esto ni es un tribunasl ni es nada, una panda de politicoa amortizados y agradecidos, dos años tarde para que sirve? si todos los examenes se dan las notAS DOs años despues que es esto. mejor cerrarlo y buscar algo eficiente, seguro que yendo por el mundo se encuentraalgo mejor , mas rapido y mas independiente.
    gracias

  2. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    Me pregunto, aparte del informe del Tribunal de Cuentas ¿qué dicen los informes de otros órganos de control presupuestario como la Intervención General del Estado? ¿Todo el manejo presupuestario en las universidades públicas no ha sido fiscalizado? ¡Ah! se me olvidaba, bastante trabajo tiene Hacienda en perseguir a los contribuyentes…..

  3. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    Creo que lo ha dicho Griñán: Hacienda sólo está para hacer los presupuestos, no para controlar el gasto….

  4. Matilde Cuena Casas
    Matilde Cuena Casas Dice:

    Gracias por el post. Como bien señala, en este blog le hemos dedicado bastante atención a denunciar los males que aquejan a la universidad española y que no se agotan en los problemas de financiación y gestión. Transparencia, reducción de órganos y simplificación de la burocracia administrativa, desde luego, son reclamaciones que cabe hacer de toda la Administración Pública y por supuesto también de la universidad.

    Yo creo que la universidad pública tiene que financiarse con arreglo a un sistema de incentivos y que los resultados alcanzados tengan consecuencias en su financiación y en la remuneración del profesorado que los genera. Seguimos con un sistema arcaico que trata a todos igual y el que trabaja con cierta intensidad no ve recompensado su esfuerzo ni siquiera en el ámbito económico. El aprendizaje de los alumnos y la producción científica del profesorado deben ser la clave y el que no cumple y tiene pésimos resultados año tras año, debe padecer alguna consecuencia……. En este país, un profesor que lleva muchos años dando clases pésimas y sin escribir una línea, se le premia dándole trienios y quinquenios de docencia que mejoran su remuneración………, algo que me parece alucinante. Gran parte del dinero de las universidades públicas debe ir para conceder becas y premiar el esfuerzo de profesores universitarios. El sistema actual no estimula el esfuerzo y la recompensa económica, razón por la que cada vez más profesores se quedan a tiempo parcial en la universidad por falta de proyección y remuneración adecuada.

  5. Marta López
    Marta López Dice:

    Después de lo que habéis comentado en otras entradas sobre el Tribunal de Cuentas, el nepotismo interno, y la creación ad hoc de requisitos para contratar a un hermano de uno de los cargos… no sé si confiar en lo que proclame el Tribunal de Cuentas… pero por otro lado considero que el contenido del artículo es creíble, se sostiene por sí mismo, lo diga quien lo diga.

  6. Dionisio
    Dionisio Dice:

    Es un poco tarde pero es ahora cuando he conocido este blog. Habrí muchas consideraciones que hacer, que otras respuestas han indicado. Por mi parte me llama la atención que la ratio entre estudiantes matriculados (en las presenciales) y docenetes e investigadores sea más o menos de 1:10. ¿Cómo explicamos que en las aulas se alcancen ratios de hasta 1:100? la pregunta sería ¿dónde están los docentes?

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