La conspiración de los votantes

En este tiempo de cambios quizá uno de los fenómenos que llamen mas la atención, por lo menos de los ciudadanos sinceramente regeneracionistas, sea la súbita implosión del partido que hasta hace pocos meses mejor encarnaba esa necesidad de renovación de nuestra democracia: UPYD. Las explicaciones creo que son bastante más sencillas que las que manejan sus actuales dirigentes y que, en realidad, podrían resumirse en una sola: España no esta preparada para votarles. Digo España porque bajo ese paraguas se cobijan los medios del establishment, las clases extractivas, los poderes facticos y hasta el partido que se esta quedando con su espacio electoral; o que ya se lo ha quedado si consideramos que lo ocurrido en Andalucía es perfectamente extrapolable a otras CCAA y probablemente a muchos ayuntamientos. En cualquier caso lo que parece claro es que, como le ocurre al PSOE o al PP, la marca ya no vende.

A mi juicio ya no vende porque mucha gente no se cree que la regeneración pueda venir de la mano de un partido que ha sido incapaz de regenerarse a si mismo y que ha demostrado tener los mismos tics de los viejos partidos. Liderazgo concentrado en una persona y en sus fieles, listas confeccionadas desde arriba -las primarias son solo para el cabeza de lista- utilización de expedientes disciplinarios por motivos mas bien ideológicos, control del orden del día en congresos y reuniones de los órganos de gobierno del partido, cooptación para elegir a los miembros de todos ellos ( aunque sean ratificados luego por los afiliados) y, en fin, falta de asunción de responsabilidades políticas en caso de desastre electoral. Nada nuevo bajo el sol dado que la gran asignatura pendiente de nuestra democracia es precisamente el mal funcionamiento de los partidos políticos. Si a esto le añadimos el empecinamiento en no darle a los electores lo que estos pedían a voces, es decir, una coalición con Ciudadanos, y la edad y el perfil de Rosa Diez, ya tenemos una explicación mas sencilla que la rocambolesca coalición de las fuerzas del mal.

Dicho eso es indudable que el partido en estos años ha realizado una labor extraordinaria sin la cual hoy no estaríamos hablando de la caída del bipartidismo y de un nuevo tiempo político. El trabajo realizado ahí esta y no creo que ese legado vaya a desaparecer fácilmente, no solo porque lo hayan recogido otros partidos -una señal de éxito indudable pese a las fastidiosas acusaciones de plagio- sino porque los ciudadanos han entendido como funcionan las cosas. Claro que por eso muchos no renunciarán a votar a políticos populistas o corruptos ni al mantenimiento del régimen clientelar en que se basa nuestro sistema político. Hay mucha gente a la que le va muy bien con él. Pero por lo menos va a ser muy difícil engañarse y mantener una buena opinión de uno mismo mientras se vota al partido de la Gürtel o de los ERES.

En ese sentido recuerdo la conversación con un alto directivo de una entidad financiera que me intentaba convencer de que la ya famosa querella de UPYD en el caso Bankia era demagogia pura. Bendita sea una demagogia que tiene por objetivo defender el Estado de Derecho cuando las instituciones responsables no lo hacen o peor aun, defienden a los que lo quebrantan. Otra lección impagable de este pequeño partido ha sido la de no cambiar apoyos políticos por cargos, el abc de nuestros pactos politicos hasta hace media hora. Si ahora oímos decir a nuevos partidos que los votos se prestan para apoyar a programas o a concretas actuaciones a ellos se lo debemos. Como también el haber recuperado la ética del servicio a los intereses generales y la dignidad de la política

Como pueden ver, un legado impresionante que, entre todos los que pensamos que este país tiene solución, habría que ayudar a mantener y a difundir con o sin UPYD. Resulta paradójico que el mismo tesón que le ha permitido hacer tanto en tan poco tiempo imposibilite la flexibilidad imprescindible para sobrevivir en el mundo de la Política con mayúsculas. Los votantes regeneracionistas han pensado que el partido se había quedado demasiado anquilosado para hacerlo, que necesitaba una renovación y unos pactos que no se han hecho y, de buena o mala gana, han preferido y van a preferir otras opciones que a día de hoy parecen mas ilusionantes y, sobre todo, posibles.

Pero, en cualquier caso, conviene no engañarse demasiado: como decía el Casio de Julio Cesar la causa de nuestros errores no esta en las estrellas, sino en nosotros mismos.

¡Ay, Derecho!: Vaya semanita…

Reconozco humildemente que, para aquellos que defienden enfáticamente que nuestro Estado de Derecho es casi normal y que por eso mismo este blog hace más daño que otra cosa, la semana ha sido reconfortante.

Comenzamos asistiendo al espectáculo “El mejor alcalde el juez”, clásico español donde los haya. La obra, protagonizada por Juan Alberto Belloch, cuenta el caso de un alcalde socialista y senador que, sin dejar de ser alcalde ni senador, toma posesión como juez de la Audiencia Provincial de Zaragoza, previa advertencia de que quizás renuncie tras las elecciones si el partido sigue necesitándole para un cargo significativo. (Pueden encontrar una breve sinopsis de la obra aquí). Pese a estar magníficamente interpretada, con absoluta fidelidad a los principios del verismo literario, tiene el lógico inconveniente de su excesiva previsibilidad: todo resulta tan conocido… uno puede imaginarse incluso la manera en que el protagonista decidirá los casos en el momento en que -actuando como juez en la misma ciudad en la que ha ejercido tantos años como alcalde- tenga que resolver los abundantes conflictos de intereses que se susciten entre antiguos clientes, amigos, enemigos, adversarios, financiadores, compañeros, etc. Aunque, sin duda, habría tenido menos adversarios y más compañeros si estos hubieran sabido que el alcalde iba a terminar resultando su juez natural (que es la moraleja de la obra y de ahí el título). Decididamente, le falta suspense.

A continuación el famoso blockbuster de la temporada: “La tapadera”, superproducción multimillonaria que narra las peripecias criminales del socio principal de uno de los bufetes más importantes del país (Emilio Cuatrecasas, interpretado por Emilio Cuatrecasas). Sinopsis aquí.  El ingenioso abogado, con inmejorables contactos con la gran empresa y con los políticos más influyentes, se dedica a urdir un entramado de negocios simulados con la finalidad de defraudar a Hacienda, delito por el que termina siendo condenado a dos años de cárcel. Ideado como un thriller, el filme termina convirtiéndose, quizás al margen de la intención de sus autores, en una agria denuncia del papel que han desempeñado y siguen desempeñando los grandes bufetes en nuestro país. Sabíamos que “la lucha por el Derecho” no se encuentra entre sus objetivos prioritarios, pero que algunos de sus miembros más destacados hayan entendido su responsabilidad de líderes sociales y de juristas de referencia  de esta manera, no deja de sorprender.  Muy recomendable.

Seguimos con el último drama del ciclo operístico, “El oro del Rato”, que como todos los aficionados conocen perfectamente, es un ciclo de cuatro óperas épicas de longitud interminable. Narra las luchas entre héroes y dioses (políticos y empresarios del IBEX) por el anillo mágico (sublimado en la posesión del BOE) que otorga la dominación sobre el mundo (más humildemente, España).  En esta concreta ópera, Rato (semidios convertido en enano a través de un largo proceso que cuentan los dramas anteriores) y que parece que ha blanqueado el oro en un pasado bastante pretérito, se ve sorprendido por Mariano Wotan (líder de los dioses) que le envía la cabalgata de las walkirias (bajo la forma de fiscales ordinarios y anticorrupción). En el momento álgido de la obra, estas le persiguen mientras cantan insistentemente: “siempre lo mismo, siempre lo mismo…”.  El montaje tiene sus aciertos, indudablemente, pero como todas las producciones modernas suscita la sospecha de haberlo visto ya antes. Quizás demasiado pronto para juzgar. Habrá que dejar que la compañía se ruede un poco.

Y terminamos con el capítulo inicial de la primera temporada de una de las series que más prometen para el futuro: “House of chaps”.  La serie cuenta la historia de un magistrado del Tribunal Supremo, con influencias políticas al más alto nivel, que, sorprendentemente, se ve relacionado con lo más turbio de la comunidad política y empresarial del país: ya sean los Albertos o Urdangarín. Todavía es pronto para saber si se trata de curiosas coincidencias o alguien va a morir en el metro. Atentos.

 

La kazajización de Cataluña

Vivo en Almaty, capital “cultural” de Kazajistán, desde hace casi un año. El país es fruto de la desmembración de la Unión Soviética, a principios de los noventa. Los líderes de la URSS fijaron sus fronteras actuales, bastante artificiales, delimitando un inmenso territorio en el que antes vivían diversos pueblos nómadas, pero en el que no había un Estado como tal. En general, los Estados de Asia Central son una creación soviética, no en el sentido de que no hubiera unidades políticas con anterioridad, pero sí en la medida en que su delimitación geográfica, su poder central y cuál debía ser su población fueron decisiones tomadas en gran medida por los Lenin y los Stalin de turno. Stalin, en concreto, deportó a Kazajistán a miles y miles de personas de todo “el imperio” –polacos, ucranianos, alemanes, coreanos…-, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial y por eso, entre otras cosas, hoy en día hay en este país más de ciento cincuenta etnias diferentes, algunas con su idioma propio, como es el caso de los rusos. El ruso ha sido y sigue siendo, en gran medida, el idioma de la cultura y el idioma de los intercambios en todo el área de influencia rusa (antigua URSS y antiguos países socialistas), pero es que, además, los rusos se fueron asentando en Asia Central desde el siglo XVIII y, por ejemplo, en Almaty, durante los años noventa, la población rusa aventajaba en número a cualquiera de las otras etnias. La armonía que hoy reina en Kazajistán es en gran parte debida a su presidente -Nursultán Nazarbayev- que curiosamente lleva ganando las elecciones veinte años, por el ochenta por ciento de los votos.

Hace unas semanas asistí a una conferencia de un político kazajo (kazajo de nacionalidad y kazajo de etnia) que hizo un resumen de la historia del liberalismo en Kazajistán, hablando de la sintonía entre los liberales kazajos y los rusos, a principios del siglo XX. Sin embargo, se quejaba de que cuando llegaba la hora de hablar de la posible autonomía de Kazajistán –que entonces pertenecía sin más al Imperio del Zar- dichos liberales rusos se envolvían en una capa nacionalista y se cerraban en banda. Cuando la conferencia acabó, yo pregunté al ponente si él creía que, en el futuro, se obligaría a aprender kazajo a todo el mundo, en Kazajistán. La pregunta no le hizo ninguna gracia y se salió por peteneras diciendo que el problema se resolvería por sí solo, ya que, cada año, la población rusa disminuía y la kazaja aumentaba, porque los rusos, que se las ven venir, se marchan en cuanto pueden a la Madre Patria, a pesar de tener pasaporte kazajo. Ya se ve que al político no le gustaba el nacionalismo ruso pero no le hacía ascos al nacionalismo kazajo.

Me dio por pensar –lo siento si soy un catastrofista- que Kazajistán es un poco lo que será Cataluña cuando se independice de España. Probablemente quedarán dentro del nuevo Estado varios millones de personas que no querían la independencia y que incluso se sentían sinceramente españoles o tenían el español como lengua de uso diario. Sin embargo, como pasa en los nuevos Estados –y pasa en Kazajistán- las autoridades y la etnia preponderante sienten una necesidad acuciante de justificar su reciente existencia y multiplican los esfuerzos por afianzar una nueva y más fuerte identidad cultural. La población que no se siente identificada con el nuevo proyecto tiene sólo –a mi modo de ver, tres opciones. La primera es hacer de tripas corazón y volverse más papistas que el Papa; en el caso de Cataluña esto es fácil porque, ahora mismo, lo único que se requiere para ser catalán es hablar la lengua y querer una Cataluña independiente y, si me apuran, sólo lo segundo. Los rusos de Kazajistán lo tienen más difícil porque un eslavo nunca pude hacerse pasar por un asiático de ojos achinados; en cambio un andaluz sí puede pasar por catalán, a primera vista. La segunda opción es emigrar. A dónde emigrar es una pregunta difícil, puesto que los rusos vivían en Kazajistán desde hace muchas generaciones, igual que los charnegos en Cataluña. La tercera es hacerse fuerte en el que fue tu país y ya, poco a poco a poco, va dejando de serlo.

El nacionalismo –el centrífugo y el centrípeto- no tiene ningún sentido. Los Estados cumplen una función práctica, la de evitar la anarquía, pero pretender que a cada población le corresponde un Estado es una locura. Por ejemplo: no existe ningún grupo humano con una identidad más fuerte que la familia. Su identidad genética es máxima; también su identidad cultural, fruto de una cohabitación extrema entre los miembros del grupo. ¿Tiene que tener derecho a un Estado cada unidad familiar? Se me puede objetar que una familia no tiene literatura, no tiene arte, no tiene lengua. Muchos de los Estados salidos de la descolonización tampoco tuvieron nunca un Cervantes o un Gaudí y en cuanto a la lengua, mucho habría que decir sobre el hecho de que se considere a la lengua como el factor determinante para otorgar a un pueblo el calificativo de tal. ¿Es que todos los países donde se habla inglés forman un pueblo? ¿Es que la India, donde conviven tantísimas lenguas, no lo es? También se puede alegar que sólo tienen Derecho a ser Estado las unidades territoriales capaces de vivir autónomamente en lo económico. Esta objeción tiene una contestación fácil: no existen, hoy en día, las unidades territoriales –sean Estados o no- capaces de vivir en la autarquía.

¿Se convertirá Cataluña en Kazajistán y España en la Rusia postsoviética? Estoy convencido de ello. Me da pena, como he dicho, por los no nacionalistas que queden en Cataluña pero como dijo aquel político kazajo, será un problema breve, de una o dos generaciones: los más listos se adaptarán y los que no, volverán a Andalucía.

HD Joven: De comerciantes, empresarios y emprendedores

La delimitación de los sujetos del Derecho Mercantil en España nunca ha sido tema exento de polémica. El artículo 1 del Código de Comercio únicamente define a los comerciantes, no al  mercader ni al empresario: “1. los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente; y 2. las compañías mercantiles o industriales constituidas con arreglo al Código de Comercio”. Estas líneas se escribieron en las postrimerías del reinado de Alfonso “el Pacificador”, inspiradas a su vez en el Código Sainz de Andino, uno de los numerosos alumbramientos liberales de la “década ominosa”, irónicamente así llamada por los propios liberales. En aquel tiempo, la concepción del comerciante como único destinatario de las normas mercantiles estaba hasta cierto punto justificada. Tras la Revolución Industrial y la progresiva mercantilización de las profesiones liberales, la identificación entre actividad empresarial y comercio (entendido este último como intermediación entre producción y consumo) quedó obsoleta: hoy en día, el comerciante representa una modalidad más de empresario, junto al industrial y el prestador de servicios.

La ausencia de una definición holística de empresario en Derecho español (más allá de la sectorial del Estatuto de los Trabajadores) unida al reduccionismo del Código de Comercio antes mencionado, han supuesto no pocos quebraderos de cabeza (más teóricos que prácticos) para la doctrina, y sobre todo para los estudiantes que se inician en el Derecho Mercantil. Ejemplo de ello es la tradicional discusión sobre si agricultores, ganaderos, artesanos y profesionales liberales deben ser considerados empresarios (ver por todas la STS de 6 de abril de 1987).

A falta de definición jurídica, es pacífico que el compendio de normas conocido como “estatuto del comerciante” es de aplicación, además de a los comerciantes ex artículo 1 del C. de C., a todo sujeto que encaje en la definición economicista de empresario: “persona natural o jurídica que ejercita de forma habitual, por sí o por medio de representantes, una actividad económica organizada dirigida a la producción o distribución de bienes o servicios para el mercado, adquiriendo la titularidad de los derechos y las obligaciones que de ella se derivan”. A modo de ejemplo, un agricultor no es empresario si solo desarrolla actividades ligadas directamente al fundo, pero sí lo es en tanto lleve a cabo la transformación y comercialización de los productos de la tierra. Hablamos pues de empresa en sentido objetivo (elementos personales y materiales que integran el establecimiento mercantil mediante el que se desarrolla la actividad) y en sentido subjetivo, que grosso modo coincide con el titular último de los derechos y obligaciones derivados de la actividad (i.e., el empresario).

En los últimos tiempos, la cuestión se ha complicado con la proliferación de normativa estatal y autonómica en torno a la figura del emprendedor. Destaca entre todas la Ley 14/2013, más conocida como “Ley de Emprendedores”, que define a los emprendedores como “aquellas personas, independientemente de su condición de persona física o jurídica, que desarrollen una actividad económica empresarial o profesional, en los términos establecidos en esta Ley”. Curiosamente la propia ley en su preámbulo habla de “los jóvenes empresarios entre 15 y 39 años”; y señala que “el empresario es libre de constituirse en emprendedor de responsabilidad limitada” (sugiriendo la existencia de diferencias entre empresario y emprendedor) para luego asegurar, en una desconcertante pirueta auto-laudatoria, que gracias a la ley “los emprendedores podrán constituirse de forma ágil en empresarios de responsabilidad limitada” (¿en qué quedamos?). Vuelve sobre lo que aparentemente es una errata en el apartado b) del artículo 14.2 al mencionar la inscripción registral del “empresario de responsabilidad limitada”. Y cuando empezábamos a pensar que “empresario de responsabilidad limitada” y “emprendedor de responsabilidad limitada” son sinónimos (y por lógica de Venn, también “empresario” y “emprendedor”), nos encontramos que el artículo 4 (“el emprendimiento en la enseñanza primaria”) prevé “la incorporación de competencias, contenidos, etc. orientados […] al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario”. De nuevo una distinción expresa entre empresario y emprendedor (y de paso también dos lugares comunes de la legislación posmoderna: referencias a la igualdad de oportunidades e incorporación de competencias a un plan de estudios). Ironías aparte, no es difícil darse cuenta de que no existen diferencias objetivas entre empresario y emprendedor. No solo en su contenido material: etimológicamente, ambos derivan del latín “prendere” (coger o tomar); y “empresa” (del italiano “impresa”) es acción y efecto de emprender. “Emprendedor”, voz castellanizada del francés “entrepreneur”, es traducible como “empresario” junto con “homme d’affaires” (literalmente “hombre de negocios”).

En la modesta opinión de un servidor, la positivización del palabro obedece a una voluntad de dulcificar gallico modo dos de los grandes cocos de la corrección política: los empresarios y las empresas; especialmente si vienen precedidos del adjetivo “grandes”. Se tornan así más presentables ante la opinión pública (léase “publicada” y, muy especialmente, tertuliada). El empresario se ha visto asociado a la imagen de un orondo nabab de chistera y puro que acomoda sus posaderas sobre las espaldas de un obrero cadavérico, como si uno de los chicos de los estudios Soyuzfilm se las hubiese ingeniado para que su antagonista preferido siga presente en el inconsciente colectivo. No es casual que la única definición legal de empresario en nuestro derecho sea precisamente la del Estatuto de los Trabajadores, concebido en esencia para proteger al trabajador del empresario (y que por supuesto excluye expresamente de la definición a funcionarios públicos y personal al servicio del Estado). En cambio, “emprendedor” tiene reverberaciones de juventud y dinamismo, se asocia a la PYME y, ad maiorem gloriam, tiene ese toque francés que siempre ha dado respetabilidad a todo neologismo de progreso. Suficiente para merecer unas cuantas toneladas de texto legal y paralegal (bazofia para el BOE” en palabras de Jesús Alfaro)  aun a costa de redacciones como la que acabamos de disfrutar. Del mismo modo podemos afirmar que el paquete de medidas cargadas de retórica (recibido con escepticismo en este post) no han contribuido por sí mismas a implantar una nueva “cultura del emprendimiento” en la sociedad española, o a reforzar la existente hasta la fecha. Quizá hubiera sido más útil una reforma fiscal para aligerar la carga tributaria y obligaciones de Seguridad Social para pequeños y medianos empresarios. Facta, non verba.

La impronta liberal en la legislación decimonónica ha sido sustituida por una creciente cautela para con todo lo que suene a mercado, y que unida a la querencia por la hiperregulación ha alumbrado engrudos normativos, redacciones farragosas y brindis al sol como el emprendedor de responsabilidad individual; ejemplo de “derecho inútil” que describió en su día Fernando Gomá (aquí). El Anteproyecto de Código Mercantil mantiene esta figura, junto a los famosos “Puntos de Atención al Emprendedor” y las remisiones a la Ley de Emprendedores. Es el precio a pagar por la esperada definición legal de empresario (bastante completa, hay que decirlo) que habrá de poner fin a casi dos siglos de silencio legislativo.

El factor demográfico como elemento decisivo en la sostenibilidad de nuestro modelo de sociedad

El desarrollo del sistema español de protección social y de redistribución de rentas, gracias a una serie de circunstancias demográficas, económicas y políticas que coincidieron en el segundo tercio del siglo XX, ha alcanzado en nuestro tiempo tal extensión e intensidad que se ha convertido en un conjunto de instituciones de diverso tipo (jurídico, económico y organizativo), tan beneficiosas para la sociedad como difícil de abarcar de una manera unívoca. De hecho, podría afirmarse, que este entramado de solidaridades reciprocas, incluso a pesar de las tensiones a las que se ha visto sometido durante la crisis, es el que en estos momentos nos define como sociedad.

Sin embargo, ahora nos encontramos ante el reto de conseguir mantenerlo vigente en medio de un escenario distinto de aquel que favoreció su creación y fortalecimiento. Circunstancias que, en cualquier caso, son complejas y permiten diversas lecturas. Dar o no con la visión acertada determinará la supervivencia del modelo a medio y largo plazo.

Podría decirse que nos encontramos ante una enorme y pesada construcción que se asienta sobre cuatro grandes pilares – el demográfico, el político/social, el económico-financiero y, por supuesto, el jurídico-  que garantizan su sostenibilidad pero que deben estar equilibrados y conectados entre sí, pues en caso contrario se corre el riesgo de que el edificio pierda el equilibrio y termine derrumbándose. Al primero de esos elementos nos vamos a referir ahora.

En España, estamos a punto de pasar del declive al derrumbe demográfico. Efectivamente, las previsiones realizadas en los años noventa, y que fueron las tenidas en cuenta para adoptar las reformas en el modelo de seguridad social acordadas en los Pactos de Toledo, preveían un incremento de la fecundidad esperada para el periodo desde 2010 a 2050 de 1,8 hijos por mujer, sin embargo, la fecundidad por mujer, tras un breve incremento durante los primeros años del siglo XXI no ha dejado de disminuir desde el año 2009, hasta situar en la cifra de 1,27 hijos por mujer en el año 2013. Sobre esta base, las nuevas predicciones hasta el año 2052, no prevén una fecundidad esperada superior a 1,56 hijos por mujer. Casi un 25% menos de lo previsto hace veinte años.

El envejecimiento de la población como realidad sociológica tiene importantes consecuencias y su incidencia en la protección social a causa del sobre-envejecimiento que incrementa el porcentaje de población dependiente y la disminución de la base sobre la que en lo financiero descansa el sistema, no son las menores. Su incidencia en el crecimiento económico también tiene un signo incierto pues, mientras pueden aparecer elementos de signo negativo (como, por ejemplo, la tardía incorporación al mercado de trabajo de las nuevas cohortes de trabajadores), también surgen elementos de signo positivo, como pueden ser el mayor nivel del capital humano debido a un mayor periodo formativo de estas nuevas cohortes.

Son muchos los factores que inciden en la actual decadencia demográfica, algunos de ellos ya mensurados por los sociólogos, que sin ánimo de ser exhaustivo, podríamos resumir en los siguientes:

  1. a) factores sociales: como la consecución de la igualdad hombre-mujer en muy diversos planos pero sin que se alcancen las mismas cotas de participación del hombre en las labores domésticas; la extensión al ámbito rural de los países occidentales de muchos de los usos y costumbres anteriormente reservados a las áreas urbanas, el más fácil acceso al ocio y el mayor tiempo dedicado por las personas a este tipo de actividades (incluyendo la TV o internet);
  2. b) factores económicos: la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la dificultad de simultanear una carrera profesional plena con la crianza; el aseguramiento de la vejez y otras situaciones de necesidad a través de mecanismos externos a la familia lo que hace que ésta pierda parte su importancia; el incremento del coste para el mantenimiento de cada hijo, así como la más tardía incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo y a la consiguiente independencia económica. En este sentido, la disminución de las rentas familiares derivada de la crisis actual tiende a incidir en estos factores depresores de la fecundidad;
  3. c) factores psicológicos, como la desaparición de la equiparación entre actividad sexual y procreación, así como cierto sentido de culpa por la superpoblación mundial influido en las sociedades occidentales desde sectores neomalthusianos y ecologistas;
  4. d) factores tecnológicos que permiten el control de la natalidad mediante abortos cínicamente seguros y técnicas anticonceptivas avanzadas;
  5. e) y por último, factores culturales, como la despenalización del aborto –o incluso su consideración por algún sector de la sociedad como un derecho-; el cambio en la percepción de la homosexualidad que ha producido un incremento en el número de parejas de este tipo a quienes resulta más complejo y costoso tanto concebir como adoptar; la generalización de una cultura con un fuerte componente hedonista en donde existe un cierto rechazo a la asunción de la responsabilidad personal que supone la crianza, al menos durante un periodo de la juventud tardía que coincide precisamente con una parte relevante de la edad fértil femenina.

Las intervenciones públicas y privadas favoreciendo o influyendo en estas tendencias han generado -a veces como un involuntario “efecto mariposa”- un cambio de mentalidad en las personas que incide a la hora de tomar la decisión de tener o no tener hijos. Es más, sea por una motivación ideológica, económica o, meramente electoral, las vigentes políticas públicas (fiscales, de protección social, en materia de igualdad) siguen inspiradas por criterios que penalizan modelos de familia favorecedores de la fecundidad femenina y siguen influyendo en que el número de nacimientos disminuya. Por otra parte, hasta ahora, las propuestas a favorables a la natalidad tienen un marcado carácter conservador y cierto sesgo religioso que dificultan alcanzar un generalizado consenso social sobre las mismas.

Así, es inevitable reconocer la existencia de un conflicto ideológico que nos ha llevado a la parálisis en esta materia, al intentar mantener un Estado de bienestar pensado para un modelo “familiar” como el existente en la primera mitad del siglo XX, en un entorno postmoderno en el que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la equiparación de roles entre los miembros de ambos sexos, constituyen avances irrenunciables para la amplia mayoría de la sociedad. De este modo, las posibles presiones ideológicas tendentes a recuperar el papel reproductor y cuidador de la mujer cuestionando avances en materia de igualdad de derechos han encontrado la resistencia  de los sectores más feministas que ha llegado a defender que “el envejecimiento demográfico debe ser aceptado como un rasgo más de la modernidad”.

¿Debemos limitarnos a aceptar este aparente dilema insuperable entre crecimiento demográfico e igualdad hombre mujer? Parece preciso encontrar la fórmula con la que, sin renunciar a las conquistas alcanzadas en lo que se refiere a la igualdad entre sexos, podamos conseguir un crecimiento demográfico crítico que mantenga la vitalidad de nuestra sociedad y, por ende, el sostenimiento de nuestro modelo de seguridad social.

Tener hijos comporta un coste para sus progenitores, que hasta ahora se consideraba como un coste monetario fijo, pero también puede comportar un coste fijo en términos de tiempo. Cuando deciden tener un hijo, los progenitores deben dedicarle tiempo y por ello podrán ofrecer menos horas en el mercado laboral. Una forma alternativa de interpretar este coste consiste en suponer que los padres continúan trabajando la jornada completa, pero pagan a una tercera persona o institución para que se haga cargo de los hijos. El coste que esto representa más el propio coste de mantener a los hijos -alimentación, ropa, etc.- equivale a la parte del salario que dejarían de cobrar si lo hicieran ellos mismos.

Pero desde un punto de vista social o colectivo, el que las familias dejen de tener hijos también supone un coste que se traduce en pérdida de capital humano. Cómo hemos visto, hasta cierto límite la calidad de capital humano generado compensa, en términos de  generación de riqueza, la disminución cuantitativa, pero a partir de determinado nivel el desequilibrio es peligroso para la continuidad de la propia sociedad y recurrir en exceso a la inmigración para compensar las carencias de capital humano propio de una  determinada nación puede afectar a la propia identidad cultural, además de consistir en contingentes de población cuya presencia va a ser meramente coyuntural.

En periodos de crecimiento económico, los efectos del envejecimiento vegetativo de la población autóctona puede ser parcialmente compensado con la llegada de trabajadores llegados allende las fronteras que, en muchos casos, se asimilan a nuestra cultura y se consolidan como población nacional estable. Sin embargo, esta circunstancia coyuntural que ha desincentivado el que se haga frente al problema no puede asumirse como una constante. Al contrario,  a lo largo del tiempo fácilmente puede verse compensada con la emigración de población autóctona en edad fértil durante fases de crisis económica como la presente. Por otra parte, tampoco pueden descartarse que a lo largo del tiempo puedan aparecer epidemias, catástrofes naturales, conflictos armados u otras causas exógenas parcialmente imprevisibles que pudieran agudizar la presente decadencia demográfica.

Parece pues necesario intentar al menos revertir la tendencia actual intentando abordar el problema desde un doble enfoque economicista –actuando sobre los costes que supone la crianza de los hijos- , sociológico –actuando de manera acorde con los diferentes modelos de familia que ahora coexisten con el tradicional sin que existan discriminaciones en función del proyecto de vida libremente elegido por las parejas- y cultural –revalorizando el papel de la crianza en nuestra sociedad y en la importancia de que sea asumido por los miembros de las parejas con independencia de su sexo desde la infancia a través de la educación-. En otro post intentaremos profundizar en estas ideas.

El examen del Tribunal de Cuentas a las Universidades Públicas

El pasado 29 de enero el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó su informe de fiscalización de las universidades públicas, ejercicio 2012. El único antecedente de esta fiscalización es el Informe de las universidades públicas del ejercicio 2003.

Tantos años sin un informe de estas características y casualidades de la vida, la publicación del informe coincidió con la aprobación por parte del Gobierno del Real Decreto de reforma del sistema universitario, que permite que las universidades españolas elijan la fórmula que prefieran: tres años de grado y dos de máster (3+2) o cuatro años de grado y uno de máster (4+1). La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y los sindicatos de estudiantes y profesores se han posicionado en contra de la reforma. De hecho, el pasado 24 de marzo se produjo la segunda movilización contra los grados de tres años: la huelga de estudiantes, profesores y personal administrativo de Universidad tuvo un seguimiento del 85% (según los sindicatos convocantes). No obstante este post lo vamos a centrar en el informe del Tribunal de Cuentas, porque el análisis del Decreto Wert daría como mínimo para otro post. Y es que además, el informe tiene mucha miga y tiene unas conclusiones y recomendaciones bastante contundentes.

Por ponernos en contexto, reseñar que del total de las 79 universidades públicas y privadas que conformaban el Sistema Universitario Español en el curso 2012-2013, el Tribunal de Cuentas ha fiscalizado 51 que corresponden a 47 Universidades Públicas de carácter presencial, 2 universidades no presenciales (UNED y UOC) y 2 universidades especiales (la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Internacional de Andalucía). Las Comunidades Autónomas con mayor peso específico en el Sistema Universitario Español son Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia.

Las 47 universidades públicas de enseñanza presencial analizadas contaban con 1.160.095 alumnos matriculados en el curso 2012/13 y las universidades no presenciales (UNED y Oberta de Cataluña) con 215.472 alumnos. El total de empleados públicos ascendió en ese año a 158.214, de los que 101.424 eran personal docente e investigador y 56.790 personal de administración y servicios. El conjunto de universidades examinadas reconoció obligaciones, en 2012, por un importe de 9.219 millones de euros y derechos por 9.278 millones. Por otra parte, el endeudamiento total de las universidades analizadas ascendía a la nada despreciable cantidad de 620 millones de euros.

En sus trabajos de fiscalización, el Tribunal de Cuentas ha detectado la existencia en 2012 de “al menos” 574 entidades dependientes o vinculadas a las universidades públicas, en su mayor parte fundaciones y sociedades, de las cuales 382 han de considerarse de carácter público. Según el Tribunal, la creación de estas entidades instrumentales ha respondido (“en ocasiones”) a la deliberada huida del control presupuestario y de gestión y a la búsqueda de un campo de actuación menos reglado en el que poder incrementar el margen de discrecionalidad de las decisiones que afectan a la gestión del personal, contratación y ejecución de inversiones y prestación de servicios públicos.

Centrándonos en el apartado de recomendaciones, el Tribunal destaca la necesidad de realizar los cambios normativos precisos dirigidos a lograr una simplificación y reducción de los órganos colegiados, a una profesionalización y especialización en la toma de decisiones, de cambios en el proceso electivo que evite corporativismos y de una mayor transparencia en la gestión, su control y rendición de cuentas de las universidades públicas.

Asimismo el Tribunal de Cuentas aconseja adoptar las medidas oportunas para realizar sin más dilación un inventario actualizado de las entidades dependientes y reforzar su control, analizar la creación en las universidades públicas de la figura del Interventor con unas características y cometidos similares a los del resto de entidades que cuentan con dicha figura y estrechar la colaboración entre todas las administraciones concurrentes en el sistema universitario público, con el fin de regular la aprobación de los presupuestos de las universidades públicas con las especialidades necesarias.

¿Sorprenden las conclusiones del Tribunal? La verdad es que sobre la situación de la universidad en España se ha escrito mucho y desde hace tiempo. Por ejemplo, tirando de hemeroteca, desde 1980 se escribe en los medios sobre la politización de nuestras universidades. También se está debatiendo mucho sobre la endogamia imperante en los procesos de selección del profesorado (por ejemplo aquí y aquí) y es que según datos del Ministerio de Educación publicados por El País, el 73% de los profesores universitarios leyeron su tesis en el centro en el que están contratados. Sobre el caso concreto de la Universidad Rey Juan Carlos se ha escrito en este mismo Blog (aquí y aquí). Y es que no todos los males de la universidad en España se deben a sus problemas de financiación y falta de estabilidad presupuestaria (que existen y son un hándicap desde luego).

Diagnóstico de la situación conocido y compartido, faltan las medidas. En esta legislatura, el Ministro Wert contó con un grupo de expertos que emitió un informe de Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español. Han pasado más de dos años desde entonces y parece que las medidas de ese informe del grupo de expertos no van a ver la luz, estarán bien custodiadas en algún cajón. Pero vamos, en la anterior legislatura tampoco se adoptaron medidas de calado encaminadas a acabar con los problemas de nuestras universidades públicas. No es una prioridad política, está claro.

El caso es que yo soy de los que cree que en España necesitamos un modelo económico más productivo, donde la innovación juegue un papel destacado y se apueste por invertir más en I+D y menos en ladrillo. En este modelo las universidades son una pieza clave pero para ello deben contar con una financiación estable y suficiente… y algo más, tienen que regenarse, lo que implica librarse de sus lastres históricos (politización, endogamia), acabar con la falta de control interno, racionalizar sus estructuras administrativas, etc … lo mire usted desde la óptica de la izquierda o desde la óptica de la derecha.

Calificación del concurso e insolvencia punible: reflexiones sobre la LO 1/2015, de 30 de marzo por la que se modifica el Código Penal

Todo gestor de intereses ajenos, y no solamente los administradores de sociedades de capital, está sometido a un deber de lealtad y, como derivación del mismo, tiene que abstenerse de aprovechar, para sí o para personas vinculadas, las oportunidades de negocio de la sociedad administrada. Así lo dispone el art. 228 de la Ley de Sociedades de capital (LSC) y con mayor tipificación la Ley 31/2014, por la que se modifica la LSC para la mejora del gobierno corporativo, donde se regulan incluso los procedimientos a seguir en caso de conflicto de intereses, con la finalidad todo ello de mejorar la seguridad y la confianza de la actuación empresarial y, con ello, la tutela del crédito. Su infracción puede originar una responsabilidad societaria por daños (arts. 236 ss y 367 LSC); una responsabilidad concursal específica en su caso, con la posibilidad de calificación del concurso como culpable (arts. 162 ss Ley Concursal: LC), además de una eventual responsabilidad, también concursal (art. 172 bis LC) que obligue al infractor a cubrir de forma total o parcial el déficit resultante del concurso, como ampliación de la garantía patrimonial de los acreedores; y una responsabilidad penal por un delito societario de administración desleal o de insolvencia punible

Aunque la doctrina se inclinaba por la necesidad de adoptar un régimen de indulgencia con las infracciones del deber de diligencia y un régimen de severidad con las infracciones del deber de lealtad, la ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que entrará en vigor el 1 de julio de 2015, opta por penalizar cualquier infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o a través de la cual se oculte la situación económica real del mismo o su actividad empresarial. La ley revisa y actualiza el Código Penal con la pretensión de atender las nuevas exigencias sociales sobre el régimen de penas y su aplicación, nuevas figuras delictivas y adecuación de las existentes, con el doble fin de ofrecer una respuesta adecuada a las nuevas formas de delincuencia y conseguir un sistema penal más ágil y coherente; y entre las figuras delictivas que contempla añade un Capítulo VII bis al Título XIII del Libro II (artículos 259 a 261 bis) bajo la rúbrica “de las insolvencias punibles”, que divide en dos capítulos: los delitos de concurso punible, insolvencia o bancarrota propiamente dichos, de los que me ocuparé en este comentario; y los de obstaculización o frustración de la ejecución. Y relacionadas con éstos, acomete una revisión técnica de la regulación del decomiso y de la administración desleal.

Dentro de los delitos de concurso punible, insolvencia o bancarrota, la ley pretende en primer lugar facilitar una respuesta penal adecuada a los supuestos de realización, en el contexto de una situación de crisis económica, de actuaciones contrarias al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos que o bien pongan en peligro los intereses de los acreedores y el orden socioeconómico, o bien sean causa directa de la situación de concurso; y en segundo lugar, determinar con suficiente certeza y seguridad las conductas punibles, para lo cual tipifica una serie de acciones contrarias al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos mediante las cuales se reduce indebidamente el patrimonio, garantía del cumplimiento de las obligaciones, o se dificulta o imposibilita el conocimiento por el acreedor de la verdadera situación económica del deudor.

El nuevo delito de concurso punible o bancarrota se configura así como un delito de peligro, vinculado a la situación de crisis -insolvencia actual o inminente del deudor-; y será perseguible únicamente cuando se declare efectivamente el concurso o se produzca un sobreseimiento de pagos. A tal fin, la nueva regulación mantiene la tipificación expresa de la causación de la insolvencia por el deudor y modifica el artículo 259 del Código Penal en los siguientes términos:

“1. Será castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de las siguientes conductas:

1ª. Oculte, cause daños o destruya los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura.

2ª. Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.

3ª. Realice operaciones de venta o prestaciones de servicios por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica.

4ª. Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios.

5ª. Participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.

6ª. Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera. También será́ punible la destrucción o alteración de los libros contables, cuando de este modo se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera.

7ª. Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor.

8ª. Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.

9ª. Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.

2. La misma pena se impondrá́ a quien, mediante alguna de las conductas a que se refiere el apartado anterior, cause su situación de insolvencia.

3. Cuando los hechos se hubieran cometido por imprudencia, se impondrá́ una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses.

4. Este delito solamente será́ perseguible cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso.

5. Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso y sin perjuicio de la continuación de este. El importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá́ incorporarse, en su caso, a la masa.

6. En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso concursal vinculará a la jurisdicción penal.”

Por otra parte, la ley Orgánica 1/2015 amplía la protección de los acreedores mediante la tipificación de acciones no justificadas de favorecimiento a acreedores determinados llevadas a cabo por el deudor cuando se encontraba ya en una situación de insolvencia actual o inminente, antes de la declaración del concurso, y para ello modifica el artículo 260, que queda redactado como sigue:

“1. Será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión o multa de ocho a veinticuatro meses, el deudor que, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial.

2. Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto.”

También contempla un tipo agravado aplicable en los supuestos en los que se causan perjuicios económicos de especial gravedad o en los que la mayor parte del crédito defraudado tenga la consideración de crédito público, es decir, provenga de deudas frente a la Hacienda pública y la Seguridad Social, a cuyo fin añade un nuevo artículo 259 bis, con el siguiente contenido:

“Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de prisión de dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1ª. Cuando se produzca o pueda producirse perjuicio patrimonial en una generalidad de personas o pueda ponerlas en una grave situación económica.

2ª. Cuando se causare a alguno de los acreedores un perjuicio económico superior a 600.000 euros.

3ª. Cuando al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga como titulares a la Hacienda Pública, sea esta estatal, autonómica, local o foral y a la Seguridad Social.”

Si acudimos, por reciente, al Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, que modifica la Ley Concursal en materia de convenio, liquidación y calificación, observamos que en la nueva redacción del art. 167 se clarifican las dudas existentes sobre el tratamiento en la sección de calificación en torno al término “clase”, respecto a propuestas de convenio no gravosas, de manera que la formación de la sección sexta se ordenará para depurar las responsabilidades derivadas de la situación de insolvencia en la misma resolución judicial por la que se apruebe el convenio, el plan de liquidación o se ordene la liquidación, salvo que se apruebe un convenio en el que se establezca, para todos los acreedores o para los de una o varias clases una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años, salvo que resulte incumplido.

Y conforme a lo dispuesto en la también reciente Ley 17/2014, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, cuando la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho o apoderados generales de la persona jurídica concursada, así como a los socios que se hayan negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el número 4º del artículo 165 LC, que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit, en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia. Así, el juez mercantil podrá condenar en la medida en que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia. Ello requerirá probar la relación causal que cualquiera de las conductas que hayan determinado la calificación culpable del concurso hayan tenido en la generación o en la agravación de la insolvencia, para que el juez mercantil pueda cuantificar la responsabilidad concursal.

La calificación de la insolvencia en el proceso concursal no vinculará a los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal que, en su caso, entiendan de actuaciones del deudor que pudieran ser constitutivas de delito, como ya establecía el art. 163.2 LC. Por ello, con independencia de la calificación mercantil, cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso, él y a las personas que hayan actuado en su nombre podrán ser perseguidos por el delito de insolvencia punible y los delitos singulares relacionados con él, sin esperar a la conclusión del concurso y sin perjuicio de la continuación de éste, con la finalidad de castigar penalmente la conducta perseguida, en su caso, e incorporar a la masa el importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos. La coexistencia de responsabilidades no va a ser fácil, a mi juicio; y la aplicación del principio non bis in ídem, tampoco.

La concesión de la nacionalidad española a los saharauis (o habitantes de la provincia 53)

Ahora que felizmente el proyecto de ley de concesión de la nacionalidad a los sefardíes va bien encaminado hacia su aprobación definitiva, creo que ha llegado el momento de solucionar otra injusticia histórica de enorme calado: la de los saharauis. El problema es que, por el camino que vamos, también aquí van a transcurrir más de quinientos años antes de que alguien se decida a hacerlo.

En un post es imposible resumir la historia legal de esta cuestión, pero quien tenga interés en conocer los detalles puede consultar tres autos del juez Ruz en los que se relacionan con mucha minuciosidad. El primero es el reciente auto de 9 de abril de 2015, por el que se solicita el procesamiento de ciertas autoridades marroquíes implicadas en delitos de genocidio, asesinato, torturas y detención ilegal en el Sahara. Y los otros dos (aquí y aquí) son los de 15 de abril de 2014,  por los que se reitera su competencia para investigar esos crímenes pese a la modificación de la LOPJ en materia de justicia universal.

Al concreto objeto de esta entrada, baste ahora decir que por Decretos de los años 50 y por varias Leyes de los años 60, el Sahara -y también Ifni, que luego se retrocedería a Marruecos en 1969- se consideraron provincias españolas y a sus habitantes españoles de pleno Derecho. Cuando la ONU ordena la descolonización del Sahara, España, pese a la resolución 3292/1974 del Tribunal de la Haya que establece que no existía ningún vínculo entre ese territorio y Marruecos (opinión que la misma España había defendido) en vez de garantizar un proceso de autodeterminación ordenada con el consiguiente referendum, lo abandona a Marruecos (y a Mauritania, que se retiraría al cabo de dos años) tras la famosa “Marcha verde”. Es en ese momento cuando comienza la política de ocupación marroquí, calificada como genocida por el propio juez Ruz en el auto citado.

En el momento del abandono, España aprueba un Decreto, el 2258/1976, por el que se reconoce a los habitantes de la provincia del Sahara lo siguiente:

“Artículo 1.- Se reconoce el derecho a optar por la nacionalidad española a los naturales del Sahara que residiendo en territorio nacional estén provistos de documentación general española, o que encontrándose fuera de él se hallen en posesión del documento nacional de identidad bilingüe expedido por las autoridades españolas, sean titulares del pasaporte español o estén incluidos en los Registros de las representaciones españolas en el extranjero.

Artículo 2.- Los que pretendan acogerse a lo previsto en el artículo anterior deberán manifestarlo así en el plazo máximo de un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, mediante comparecencia ante el Juez encargado del Registro Civil del lugar de su residencia o el Cónsul español de la demarcación correspondiente, aportando la documentación española de que se hallen provistos y expresado su voluntad de optar por la nacionalidad española.”

Es decir, como eso no era ya España (aunque no se sabía muy bien lo que era) se decide conceder la opción de optar por la nacionalidad española a los españoles habitantes de esa provincia que ya habían dejado de ser españoles para convertirse en no se sabe muy bien qué. Todo ello mientras se desencadena una política genocida por parte de las autoridades marroquíes que obliga al desplazamiento y huida de miles de personas (hasta ese instante españoles), lo que sin duda facilitaba las gestiones administrativas ante las autoridades españolas.

Pues bien, en la actualidad esos ex españoles y sus descendientes tienen más complicado adquirir la nacionalidad española que la mayoría de extranjeros (fuera de aquellos contados casos que pueden acreditar lo necesario para acudir a la vía de la opción del art. 20 del CC). Los saharauis no aparecen mencionados en el inciso final del art. 22, 1 del CC cuando señala que “para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años. Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes.”

Es verdad que los nacidos antes de 1976 podrían acogerse al párrafo 2, a y b -que señala que “bastará el tiempo de residencia de un año para: a) El que haya nacido en territorio español, b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar”- pero aparte de que deja fuera a los nacidos con posterioridad (la mayoría) plantea el problema de cómo acreditar ahora esa condición por los que carezcan de los antiguos documentos de identidad españoles, ya que el no reconocimiento por parte de España de la República Árabe Saharaui Democrática hace imposible la aceptación de los documentos que ésta expide. Eso provoca que a nuestros efectos los saharauis (al menos los refugiados que viven en Argelia) sean apátridas e indocumentados, lo que les cierra cualquier camino al acceso a la nacionalidad española, incluido el más común de residencia por 10 años.

Este cúmulo de injusticias no tiene más arreglo que extender la misma regulación de los sefardíes a los saharauis. Tan improcedente es exigir cualquier periodo de residencia en un caso como en el otro, especialmente teniendo en cuenta la situación de los más desfavorecidos y amenazados. Las similitudes no solo son muchas y evidentes, sino que el caso saharaui es incluso más grave. En el primer supuesto se expulsó a unos españoles que no se quisieron convertir a la religión oficial y se les forzó a las penalidades del exilio, con su consiguiente retahíla de abusos. En el segundo abandonamos a unos españoles a la brutalidad de una potencia agresora (lean la relación de hechos del último auto del juez Ruz que pone los pelos como escarpias) por no hacer adecuadamente nuestros deberes descolonizadores. Pero lo primero ocurrió hace cinco siglos, cuando en toda Europa se quemaban brujas. Lo segundo ha pasado antes de ayer, y esos españoles no es que, junto con el idioma, conserven la llave de sus casas, es que guardan sus documentos de identidad y continúan en una situación de necesidad e indefensión abrumadora. A los sefardíes se les han reconocido derechos especiales desde hace ya mucho tiempo. A los saharauis se les ha olvidado de mala manera.

¿Por qué no se ha aprovechado esta oportunidad para arreglar el problema, pese a las voces que lo han pedido? (Entre ellas, la de la Liga Española Pro Derechos Humanos). La respuesta es evidente: nuestras relaciones con Marruecos. Nuestra pesca, nuestro control migratorio y nuestra colaboración antiterrorista. Por eso, de esta lamentable dejación no le podemos echar la culpa a Marruecos, ni por lo que pasó de 1976 en adelante ni por lo que pasa ahora. La culpa la tenemos nosotros, sencillamente porque la cuestión es hasta qué punto queremos arriesgar tímidamente nuestros intereses materiales de potencia del Primer Mundo por hacer una mínima justicia. Ahora que se acercan unas cuantas elecciones, infórmense usted de lo que han hechos los distintos partidos políticos en relación a esta materia. Y cuando llegue el momento de introducir la papeleta en la urna, no eche la culpa del desastre saharaui ni al Marruecos genocida, ni a Franco moribundo, ni al PP de la mayoría absoluta: échesela a usted.

¿Recuperar la confianza en las instituciones o recuperar la confianza en nosotros mismos?

Hasta el partido del Gobierno admite a estas alturas que tenemos una crisis institucional grave, puesta de manifiesto en la creciente desconfianza ciudadana hacia todas y cada una de nuestras instituciones quizá con la única excepción de la renovada Jefatura del Estado. Dato que demuestra que el cambio generacional funciona, sobre todo si va unido al cambio de actitudes y valores. Pero dada la lógica resistencia de los que todavía ocupan el poder a hacerse el “harakiri” en beneficio de sucesores más jóvenes y con menos hipotecas ¿Existe algún otro mecanismo para recuperar la confianza institucional de forma razonablemente rápida?

A mi juicio la clave es recuperar la confianza antes en nosotros mismos. Es preciso valorar la confianza en el individuo y en la sociedad por encima de la confianza en la “tribu”, ya se encarne en el partido, la familia, los amigos o los compañeros de pupitre. La confianza en personas que uno no conoce es precisamente la característica de los países más avanzados y de las democracias más consolidadas. Se deriva del respeto al Estado de Derecho y a los principios de meritocracia, profesionalidad y neutralidad, que son senciales para el buen funcionamiento de cualquier institución pública (y de muchas privadas). Las buenas noticias son que para conseguir este objetivo no es preciso abordar grandes reformas normativas ni alcanzar pactos de Estado entre las distintas fuerzas políticas: en España nuestras leyes, empezando por la Constitución, ya proclaman la vigencia de la independencia de nuestros organismos reguladores y de supervisión, la del Poder Judicial o la exigencia del mérito y la capacidad para el acceso y la promoción profesional en el empleo público. En cuanto a la neutralidad como requisito esencial para el buen funcionamiento de cualquier organismo público está implícita en el término “interés general” cuya búsqueda es, en definitiva, el fin último que legitima su existencia. El interés general, da un poco de vergüenza tener que recordarlo, no se confunde con el interés del partido gobernante sino que es el interés de todos los ciudadanos.

El problema, para variar, es que si se incumplen estas previsiones –y se incumplen constantemente- no pasa absolutamente nada, porque nosotros lo toleramos y hasta lo consideramos “normal”. Y si la ciudadanía lo consiente, es difícil que los políticos y los gestores públicos entiendan la necesidad de actuar de otra manera, lo que les resultaría bastante más incómodo. Al final siempre es más fácil para un gestor montar un equipo eligiendo amigos, por incompetentes que sean, que eligiendo gente muy preparada pero a la que no se conoce de nada. Sobre todo si al final paga el contribuyente, claro.

Para recuperar la confianza en nosotros mismos creo que es fundamental recuperar dos valores clave: el de la meritocracia (en todos los ámbitos de la vida pública y privada) y el de la de rendición de cuentas. Solo la meritocracia y la rendición de cuentas son capaces de garantizar la neutralidad y la profesionalidad de las instituciones y de las Administraciones Públicas. Y sin meritocracia y sin rendición de cuentas es muy difícil, por no decir imposible, controlar la corrupción y el despilfarro públicos.  Sin criterio técnico, sin independencia y con sensación de impunidad es poco probable que un equipo humano funcione bien, por buenas que sean sus intenciones.

Seamos claros: en España lo que tenemos hoy, cubierto apenas por el manto formal de nuestras normas, es una especie de “spoils system” castizo, de manera que cada partido cuando gana las elecciones se siente legitimado para ocuparlas de personas afines, afiliados, familiares o simpatizantes, aunque a veces el círculo esté limitado a un conjunto de personas que reúnen algunos requisitos particulares (ser funcionarios o pertenecer a un determinado Cuerpo de la Administración por ejemplo). Son personas cuyo principal valor es el de la “confianza” que han depositado en ellas los líderes del partido. Esto provoca el fenómeno del llamado “dilema del techo de cristal del funcionario neutral”: los funcionarios más independientes y más capaces profesionalmente se verán apartados de los puestos más relevantes del sector público a favor de aquellos más próximos a los políticos de turno. Eso cuando los puestos están reservados a funcionarios, que no es siempre ni muchísimo menos.

Porque conviene no olvidar que a los puestos más importantes de las instituciones y de las Administraciones Públicas se accede por sistema de libre designación, lo que implica el libre nombramiento –y el libre cese- de las personas que van a ocuparlos. Las personas que resultan demasiado “incómodas” para sus superiores políticos no lo van a tener fácil para acceder a este tipo de cargos, por relevante que sea su desempeño profesional. Por el contrario, las que estén dispuestas a ser más “flexibles” pueden contar con una promoción rápida, e incluso a veces con el salto a la política. Esto es particularmente grave cuando hablamos de puestos de supervisión y control en el que el controlador pasa a depender del controlado. Peor todavía: tenemos una miríada de organismos públicos de toda índole donde para ocupar puestos directivos –muchas veces mucho mejor remunerados que los de las Administraciones- no se requiere ningún tipo de requisito previo, ni de formación, ni de experiencia, ni de nada. El presidente de la SEPI, por poner ejemplo, no tiene titulación de grado superior, pero si un amplio expediente de servicios al partido que le ha nombrado. Hay muchísimos casos más a todos los niveles.

De la misma forma hoy en España se siguen repartiendo por cuotas partidistas los cargos en los organismos reguladores y supervisores ya se trate de la CNMV, del CGPJ o del Tribunal de Cuentas. Pero hay que empezar a ser conscientes de que llegar a Consejero de un organismo regulador no puede ser un premio para los fieles o la culminación de la carrera política de nadie, por un problema básico de falta de independencia, al que se suele unir el de la falta de competencia profesional para el cargo. Si queremos que no vuelvan a fallar instituciones tan críticas como la CNMV, el Banco de España o el Tribunal de Cuentas tenemos que tomarnos esto en serio. Es imprescindible nombrar a personas independientes con una trayectoria profesional sólida y un prestigio previo en el sector que avale su nombramiento por razones objetivas, con transparencia y en procedimientos de concurrencia abiertos para elegir a los mejores que estén disponibles.

En definitiva, hay que revitalizar de forma decidida el principio de mérito y capacidad, tan de capa caída en nuestro país.

Pero todo esto siendo muy importante no servirá de nada si no hay rendición de cuentas. Una democracia sin rendición de cuentas o en la que la única rendición de cuentas factible es la judicial penal es una democracia de muy baja calidad, que inevitablemente tiende a extremar presión política sobre los jueces y a incrementar la politización de la Justicia, deteriorándola cada vez más en un círculo vicioso muy peligroso. Pero no solo eso, la falta de rendición de cuentas es síntoma seguro de mal gobierno. Aunque consigamos elegir a los mejores, si saben que  nadie les va a exigir ninguna responsabilidad lo que obtendremos será un comportamiento parecido al de los alegres consejeros de Bankia. Claro que siempre habrá personas justas que cumplirán con sus obligaciones por su propia voluntad pero serán la excepción.

Lo que nos lleva de vuelta al principio. Si no hay meritocracia y no hay rendición de cuentas es porque los ciudadanos no hemos confiado suficientemente en estos valores. Hemos pensado que, pese a lo que proclaman las leyes, era más seguro confiar en nuestros contactos a la hora de conseguir contratos o puestos en el sector público (o incluso en el privado) que en nuestras propias capacidades. Y que es mejor no molestar a nadie importante exigiéndole cuentas. Así hemos conseguido que cada vez importe más el contacto y menos el mérito y la profesionalidad, o que los gestores se sientan casi insultados cuando alguien se atreve a exigir responsabilidades. Lo en el fondo, revela una falta de confianza muy notable en nosotros mismos.

 

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¿Desaparecerán los imputados?

La relevancia de las palabras en el mundo del Derecho es inmensa. Sin ellas, no podría desplegarse el contenido de las normas que componen el ordenamiento jurídico vigente y no podría desarrollarse adecuadamente la actividad comunicativa de los entes que ejercen poderes en el Estado.

Se pretende lograr que la palabra “imputado” deje de formar parte del glosario jurídico procesal penal español por las connotaciones negativas que están relacionadas con ella. El problemático término, que según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española se refiere a una persona “contra quien se dirige un proceso penal” , será sustituido por la palabra “investigado”, cuya contundencia mediática es menor. Francisco Sosa Wagner ha comentado este asunto y ha afirmado que “en España estamos en el camino de acabar con la corrupción porque ya no hay imputados”. Además, ha dicho que habría que utilizar los términos “curioseado”, “olfateado” y “desenmascarado”.

La corrupción es un problema grave que se ha implantado como una de las principales causas de preocupación de la sociedad debido a su extensión dentro del sistema institucional español y a su arraigo. Todas las semanas se publican noticias sobre la imputación de miembros de los grandes partidos políticos en procesos penales. Este hecho ha acabado produciendo la idea de que todo político que resulta imputado es culpable, ya que se cree que todos los dirigentes políticos forman parte de una casta y que son delincuentes.

En un articulo de opinión titulado ”Adiós a los imputados”, Carlos Domínguez Luis afirma que ”hemos llegado a un punto en el que, si la imputación recaía sobre una persona con cierta relevancia pública, la situación era extrema”. Ciertamente, no le falta razón cuando señala que el término ”imputado” se asocia, comúnmente, con dirigentes políticos que han cometido un delito, dejando al margen la presunción de inocencia. Sin embargo, debe tenerse presente que el cambio terminológico no garantiza que pueda desaparecer el estigma del político imputado.

No seria extraño que, transcurridos algunos meses desde la implantación de la palabra “investigado” u otra que se quiera establecer, el nuevo término jurídico procesal penal adquiera las connotaciones negativas que tiene actualmente la palabra “imputado”, ya que, en realidad, lo que importa en este campo no son los términos, sino lo que hay detrás de ellos, que es la sospecha que recae sobre aquellos dirigentes políticos que pueden haber cometido una infracción penal según los indicios racionales de criminalidad existentes. No entender esta idea terminará causando desilusión entre todos aquellos que piensan que acabar con una palabra puede acabar con una idea existente en la mentalidad de la ciudadanía.

Lo que hay que hacer es enseñar a los componentes de la sociedad a respetar la presunción de inocencia dentro de sus límites y procurar que no haya dirigentes que participen activamente en tramas de corrupción pública. La verdadera regeneración política debe lograrse con la alteración de las circunstancias. No puede conseguirse con la modificación de los términos, a pesar de que las palabras tienen una gran trascendencia.

 

HD Joven: Globalization, challenges and innovation: The Comparative Approach for 21st Century Lawyer

Publicamos hoy un artículo con dos novedades: la primera, que está escrito en el marco de una colaboración de HD Joven con estudiantes que están cursando un master internacional en el Instituto de Empresa, en una mesa redonda; en segundo lugar, que lo publicamos en inglés, idioma en que está escrito. No obstante, para los lectores que no estén demasiado versados en la lengua de Shakespeare y Beckham, ofrecemos en el siguiente enlace (Globalización, desafíos e innovación-Gracia Pujadas) una traducción realizada por la misma autora.

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The study of Law is experiencing changes in different universities around the world. Instead of the traditional approach consisting of studying Law in a given country, learning domestic law so as to qualify there, the trend is now moving towards a more international, comparative way of approaching the Law. According to Jan M. Smits, a Law professor at Maastricht University (The Netherlands), Maastricht University itself and McGill University (Canada) were pioneers in developing and pursuing such an innovative change in the legal education of today’s students, which IE University is also following in Spain.

IEU Law Society and HD Joven organized a round table so that this topic, inter alia, could be discussed, focusing on whether studying Law abroad is beneficial. For instance, we also had an exciting debate concerning the importance of hard skills and its prevalence over soft skills.

The main reason for supporting a comparative approach to the study of Law is the outstanding globalization our society is witnessing. Law cannot be reduced to mere rules and norms within national borders. On the contrary, Law is often beyond its domestic limits in the formation of contracts between national and foreign companies or in an increasing number of matters affecting the private life of the so-called “global citizens” and inevitably dealing with different jurisdictions. Both situations are just examples which acknowledge that students should be trained to solve these issues in an international context governed by legal diversity. Therefore, students need to be aware of and exposed to the differences across legal systems.

Nowadays, there are big trends of crucial relevance, such as the migration of people and the existence of multicultural societies, the globalization of the economy and the global movement of capital, the growth of world law and the increase in regulation; all of which have a huge impact on how lawyers work and require that all lawyers become, at least in some way, comparative lawyers.

One of the positive aspects of globalization is that workers can easily find a challenging job abroad and lead a more international lifestyle. Any professional has access to this: bankers, doctors, mechanics, engineers, journalists, university professors, analysts… Everyone can work anywhere in the world. And so do lawyers. In fact, it is always said that Law is about adapting; nowadays, because of all this process of internationalization, that has become even more real.

Indeed, there is scope for introducing any kind of international aspect in the study of Law. An example of the internationalization of the Law is the effort to create relevant international treaties, European Union law and similar types of legislation trying to regulate issues at an international level; indeed, domestic law is no longer enough: even our way of understanding it is already changing.

Critics of Comparative law must not be mistaken, as the goal of a Comparative law student is a different one from becoming an expert in every jurisdiction. He is forced to be an expert in one jurisdiction but has the advantage of acknowledging the differences between systems. There are not only significant differences among systems, but also among countries within the same system. A Comparative lawyer is not an expert in Civil, Common, Nordic, Asian and Sharia law but he is comfortable looking into jurisdictions he is ignorant about because he knows how to deal with the differences and solve those situations involving foreign elements.

It is true that not every lawyer deals with international cases during his career. Nevertheless, the fact that Law is a very competitive profession implies the need of better trained lawyers every day. There are already lawyers who are well versed in Comparative law and with international experience. Therefore, not having that education, nor that experience, is a drawback for such lawyers regardless of how their professional careers are oriented. For instance, it pushes those lawyers down in the list of favorites in a competitive selection process in any firm, unless other relevant merits are proven. Moreover, independent lawyers who set up their own firm are faced with an increasing amount of lawyers prepared in consideration of the international legal pluralism.

While this comparative approach is beyond any doubt a desirable and necessary requirement for today’s lawyers, it can be argued whether it should be learnt at an undergraduate level. We could be inclined to assert that touching only the surface of different jurisdictions, without going into depth and detail, is not worth it if students are not previously acquainted with, at least, one jurisdiction. Nevertheless, professor Jan M. Smits supports that Law students should be exposed to Comparative law since the very beginning of their legal education and provides arguments for it in his paper “European Legal Education, or: How to prepare students for global citizenship?”[1] These arguments stem from the fact that, in professor Smits’ view, during the first months of their legal studies, students must be “imprinted with what it means to study law”, in the sense that lawyers’ minds are shaped at the beginning of their education. He then refers to professor Jaakko Husa so as to explain that the traditional approach creates what he calls a “mono-epistemic platform” (i.e. students think of their own system as the “normal” one and of foreign systems as not normal, or at least less-normal) that immerses students in a one-approach thinking which will prevent them from truly accepting and adapting to “transnational pluralism”. Thus, professor Smits concludes, exposure to Comparative law at an undergraduate level is crucial so as to ensure the effectiveness of the “integrative model”, the simultaneous examination and contrast of the different legal systems.

The problem is that the combination of theory on several jurisdictions and practical cases leaves no time for the detailed study of domestic law at university. In my opinion, however, the need to adapt to what is demanded irrevocably leaves them no other option. And, in the end, they will be extremely well prepared for the work they will be required to perform in this competitive and international environment. Thus, the comparative approach will be a way of differentiating themselves from other Law students and also, a priceless asset for any multinational law firm.

A Comparative law student is taught the basics of the various systems at university, with their main particularities. However, studying Comparative law requires more individual effort on the students’ side because they have to work on their own through excellence in one jurisdiction. Do allow me to make one daring comparison: who are the jurists that have the broadest and most vast knowledge of the law? All those lawyers or jurists who, for example public notaries, succeed in competitive state examinations: competent and constant jurists that, in Civil law countries like Spain, study the law and prepare these state exams on their own for many years. By analogy, Comparative law students who study to excel in one jurisdiction, benefiting from having a comparative background, must be perseverant and hard-workers. Otherwise, it is difficult to succeed. This special trait of Comparative law students, together with the fact that, in the end, they are just more qualified since they have achieved a broader legal knowledge, already makes them attractive targets for leading law firms and future clients.

Comparative law students are also intellectually-curious people who think that just one jurisdiction is simply not enough. They are students who are passionate about the Law and want to gain a solid knowledge of the Law, not simply national law, but “the Law”.

I am for an international legal education, and so are professor J.M. Smits and an increasing number of jurists, professors and professionals around the globe supporting the comparative approach. Law is very traditional – in fact it was one of the first degrees to be taught in universities – but the globalized world is pushing us towards innovation in every field, so let’s not make the study of Law an exception. Being Law so traditional makes some jurists oppose Comparative law as the best approach. After all, Law has always evolved together with society, adapting itself to the different challenges and circumstances that have taken place throughout the centuries.

[1] Maastricht Faculty of Law Working Paper No. 2011/02. It can be downloaded without charge at http://www.ssrn.com.

Audio de la presentación de la Fundación

Dada nuestra escasez de medios o, mejor, nuestro deseo de emplearlos en los fines de la Fundación, no disponíamos de grabación alguna del acto del pasado 26 de febrero, que resultó muy emotivo e interesante. Pero resulta que a veces los acompaña y resulta que un colaborador y buen amigo de la Fundación llamado Mariano Alfaro, con conocimientos en la materia, resulta que tuvo a bien grabar el audio y ofrecérnosla gratuitamente. Pueden ver aquí las diversas intervenciones. Los minutos de comienzo de cada intervención son los siguientes:

00:00. Roberto Blanco Valdés

10:07. César Molinas

19:45. Javier Gomá Lanzón

32:45. Elisa de la Nuez

49:40. Ignacio Gomá Lanzón

El incómodo debate sobre la ayuda a morir

Hablar de la muerte no es nada popular. Siempre da lugar a debates incómodos que generan sentimientos de culpa y desatan tantos miedos, que es difícil que pueda considerarse un tema de debate atractivo. No lo es a nivel personal, mucho menos lo es a nivel político. Por ello siempre sorprenden noticias como la decisión adoptada en Francia de aprobar el derecho de todo paciente a la sedación terminal (ver aquí). No es la única. En los últimos meses han aparecido esporádicamente noticias sobre personas que han decidido elegir el día y la forma en que quieren morir. Britanny Maynard, una joven estadounidense de 29 años con un tumor cerebral conmocionó a la sociedad americana al elegir el 1 de noviembre del pasado año como el día que quería morir, asistida por un médico, en su cama, rodeada de sus seres queridos, y escuchando la música que le gustaba (ver aquí).

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la vida siempre tuvo un precio, y no solía ser demasiado caro. Morir era sencillo, y se asumía como algo probable y habitual. El avance del progreso y la civilización ha ido parejo con el avance del respeto a la vida. El derecho a la vida se considera hoy un derecho fundamental de la persona, y es recogido no sólo en la declaración universal de los derechos humanos, sino en la mayoría de las legislaciones de todo el mundo.

Con estos antecedentes no deja de ser paradójico que si hace no muchos años solo las personas con poder y riquezas podían contar con cierta seguridad de estar vivos al día siguiente, hoy son las personas de mayor poder adquisitivo las que pueden optar por elegir la forma como quieren morir. Igualmente no deja de ser paradójico que sean los países que podemos considerar más avanzados, los que han aprobado una legislación que permite en distintos grados la ayuda en el camino hacia la muerte: Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Suecia, Alemania y el estado de Oregón en Estados Unidos.

El debate sobre la eutanasia, asociado a facilitar el fin de la vida sin sufrimiento, parece haber vuelto, abriéndose paso en los países de nuestro entorno la idea de que las personas tenemos derecho a recibir “ayuda” en el momento de morir. El concepto de “ayuda” engloba muchas variantes, y no pocos eufemismos. La más habitual, la eutanasia pasiva, supone la posibilidad de rechazar o interrumpir un tratamiento de soporte vital. El siguiente paso, la eutanasia activa indirecta, es el derecho a recibir cuidados paliativos cuyo objeto sea evitar el dolor, aunque puedan acortar la vida. En este concepto es donde se incluye la sedación terminal cuando el dolor no puede controlarse. Estas posibilidades vienen habitualmente unidas a la facultad de dejar por escrito y designar a una persona que nos representará cuando no podamos ya adoptar nosotros este tipo de decisión, en el denominado testamento vital. Estas posibilidades constituyen hoy el consenso básico en la mayoría de los países de Europa occidental.

Algunos países han ido un paso más allá, hacia lo que se ha denominado suicidio asistido o eutanasia activa. La eutanasia activa supone la intervención directa de un médico, bajo ciertas condiciones, para inducir la muerte, por ejemplo mediante una inyección letal, mientras que el suicidio asistido, supone facilitar a otra persona fármacos que le llevarán a la muerte, pero que deben ser ingeridos por el propio paciente. La eutanasia activa está permitida en Holanda y Bélgica desde el año 2002. Luxemburgo la aprobó en el año 2008. En Alemania, Suecia, Suiza y el estado de Oregón se considera legal el suicidio asistido por un médico. Los socialistas franceses lanzaron el debate en Francia bajo el concepto de “ayuda activa a morir”, pero finalmente únicamente han recogido en la legislación aprobada la sedación terminal, un supuesto algo lejano a la ambición de una ayuda activa.

Canadá ha irrumpido recientemente en este debate con una sentencia controvertida y pionera. En la sentencia Carter versus Canadá, del pasado 6 de febrero, el Tribunal Supremo de Canadá reconoce la ayuda médica a morir como un derecho fundamental. El Tribunal Supremo revisó la ley que prohibía la ayuda al suicidio para enfermos terminales y concluyó que esa prohibición lesionaba el derecho a la vida, ya que forzaba a algunas personas a tener que quitarse la vida preventivamente, por miedo a no poder hacerlo cuando su enfermedad avanzase. La sentencia también afirma que la prohibición viola el derecho de libertad e integridad al provocar estrés y daño psicológico. La sentencia falla que es inconstitucional prohibir la ayuda médica a enfermos adultos competentes que la pidan a causa de una enfermedad o una discapacidad que les provoque sufrimiento permanente, intolerable e irreversible. La argumentación de la sentencia es sin duda controvertida, pero el reconocimiento de la ayuda a morir como un derecho está llamado a generar un interesante debate. La sentencia argumenta que la actual prohibición genera “deber de vivir” en lugar de un “derecho a la vida”. Esta sentencia es consecuencia de las demandas presentadas por dos mujeres Kathleen Carty y Gloria Taylor, que sufrían enfermedades crónicas degenerativas. Carty murió en 2010 en una clínica suiza que practica suicidios asistidos, mientras que Taylor falleció en 2012 a causa de una infección. La sentencia da un plazo de un año al legislador canadiense para revisar la actual legislación.

En los países con profundas raíces religiosas, el debate es complejo. La iglesia católica rechaza tajantemente cualquier forma de eutanasia. Considera que nunca es moralmente lícita la acción que por su naturaleza provoca directa o intencionalmente la muerte de un paciente, y por consiguiente, jamás es lícito matar a un paciente, ni siquiera para no verlo sufrir o no hacerlo sufrir, aunque él lo pida expresamente. El valor que la religión católica otorga a afrontar el sufrimiento provocado por las enfermedades como un medio de alcanzar la salvación eterna deja poco margen para el debate.

Y sin embargo, es preciso que el debate se abra camino en la sociedad española. Llámenme cobarde, pero no puedo encontrar un ejemplo mayor de estupidez humana que el prolongar la agonía y el sufrimiento de un enfermo incurable. No puedo encontrar mayor muestra de progreso social que el otorgar a un enfermo incurable que está sufriendo el derecho a poder elegir la forma como quiere renunciar a la vida. No puedo sino envidiar los debates sobre la ayuda activa a morir en países como Holanda, Bélgica, Suiza, Francia, Canadá o Estados Unidos.

Sentencias como la canadiense muestran los cambios en los valores respecto a la muerte que se están produciendo en las sociedades occidentales. De hecho, las encuestas muestran que la mayoría de la población está a favor de la eutanasia. En una encuesta del año 2009, realizada en España por encargo del Ministerio de Sanidad el 64% de los encuestados estaba total o bastante convencido de que lo correcto es ayudar a morir a un paciente en situación de sufrimiento, y solo el 15,6% se mostraba decididamente en contra (ver los resultados aquí).

Ciertamente el avance de la medicina, junto con el tradicional inmovilismo de las religiones, en particular la católica, nos ha llevado a una situación difícil e incómoda. El avance de la medicina ha permitido que la esperanza de vida de los españoles se haya duplicado en apenas cuatro generaciones. Si en 1910 de media un español vivía poco más de 40 años, en 2009 la esperanza de vida llegó a la edad de 84,5 en mujeres y 78,4 en hombres. Lástima que este incremento en la esperanza de vida no haya venido acompañada de una mejora igualmente comparable en la calidad de ese tiempo de vida que estas generaciones han ganado a la muerte. Las enfermedades crónicas degenerativas se han vuelto habituales, a medida que envejece la población. Una de las causas que más han contribuido a incrementar la esperanza de vida ha sido el control de las enfermedades cardiovasculares. Conociendo esto, no deja de ser paradójico que hoy, cuando una persona de edad avanzada, muere por un infarto fulminante, especialmente si ha sido mientras dormía, no solo no desencadena un sentimiento de compasión o pena, sino que más bien despierta un sentimiento de complacencia y cierta envidia. Sería hipócrita no reconocer que todos hemos pensado que “así querríamos morir cuando llegue el momento”. La medicina, que nos ha traído una mayor esperanza de vida, también nos debería proporcionar una mejor alternativa a una lenta y dolorosa agonía, mientras traduce esos años de vida en años que merezca la pena vivir.

Probablemente la generación que nos encontramos alrededor de los 50 años somos la primera que está viviendo con crudeza algunos de los efectos del envejecimiento de la población. Las enfermedades neurodegenerativas no paran de crecer, privando a muchas personas de las capacidades más básicas. Muchas enfermedades crónicas, o enfermedades particularmente agresivas como algunos tipos de cáncer, desembocan en lentas agonías no exentas de sufrimiento, en las que los cuidados paliativos no siempre evitan situaciones difíciles de asumir. Nuestra generación vive rodeada de casos que afectan a familiares, amigos y conocidos. Con el respeto y admiración que la forma como estas personas y sus familias afrontan estas difíciles situaciones, con el cariño, afecto e infinita paciencia que desarrollan los cuidadores, médicos y familiares de estas personas, algunos no podemos evitar pensar que no queremos vivir esa situación en primera persona.

Para muchos de nosotros no es cobardía, es insultante sentido común. A diferencia de la defensa del derecho a la vida, defender el derecho a morir dignamente no es popular, probablemente no de votos, y tampoco despierta ni simpatía, ni admiración. Pero ver que las sociedades más avanzadas son capaces de plantear el debate con serenidad y madurez induce a cierto optimismo.

Corrupción en la educación, ¿se puede caer más bajo?

En la larga lista de episodios de corrupción destapados en los últimos años hemos podido comprobar cómo ésta ha extendido sus tentáculos a las más diversas actividades económicas y sociales. Desde la formación para parados (Caso Edu) hasta el ámbito cultural (Caso Palau), pasando por actividades clásicas ligadas a grandes infraestructuras (Caso Palma Arena), parece que ninguna actividad se libra del estigma de la corrupción. De hecho, sería muy enriquecedor un estudio exhaustivo de los casos de corrupción con el fin de comprobar si hay alguna actividad económica o social libre de corrupción, lo que sin duda resultaría ser una magnífica noticia. Parafraseando a Diógenes, podríamos salir con nuestro candil encendido buscando “actividades honestas no afectadas por la corrupción”.

Una de las últimas actividades en caer en las redes de la corrupción ha sido la educación primaria y secundaria. El levantamiento parcial del secreto de sumario de la Operación Púnica ha desvelado una nueva trama que se aprovechaba ilegalmente del auge de la educación concertada en la Comunidad de Madrid.

En esta Comunidad Autónoma la educación concertada ha sido utilizada como bandera de liberalismo, ofreciendo a los padres, o más bien a aquellos que pueden permitírselo, diversas opciones a la hora de educar a sus hijos. Estando de acuerdo en el fondo de la cuestión – garantizar la pluralidad de opciones educativas -, lo que no parece haber funcionado son las formas.

Detrás de la educación concertada existen fuertes intereses económicos que en numerosas ocasiones se anteponen a la calidad de la enseñanza. En el caso de los colegios concertados que se han creado en el entorno de la Operación Púnica se han dado todos los ingredientes para que la educación quede en un segundo plano por detrás del negocio fácil. El sistema era muy sencillo: los ayuntamientos implicados cedían terrenos públicos a precios irrisorios a empresas intermediarias en teoría educativas que se encargaban de construir el colegio y de constituir cooperativas de profesores, que eran los que finalmente pagaban la construcción con las desorbitadas cuotas de entrada a la cooperativa. Obviamente el colegio se edificaba con el constructor amigo del político que cedía los terrenos, mientras que el político regional, a su vez amigo también del político local y del constructor, mediaba para la concesión del concierto por parte de la Comunidad de Madrid. La empresa agradecía los servicios prestados con millonarias comisiones camufladas como pagos por servicios de consultoría a todos los participantes en la operación: políticos y constructor. Una vez más se unen todos los elementos tradicionales de la corrupción (“regalo” del suelo público, constructor sin escrúpulos, comisiones), esta vez con la excusa de la educación.

¿Y la preocupación por la educación? Ni está ni se la espera. En el fondo se han aprovechado de la lógica preocupación de los padres por la educación de sus hijos para llenarse los bolsillos mediante la construcción de infraestructuras educativas de dudosa necesidad. Si me permiten la expresión, la empresa Alfedel, presunta pagadora de las comisiones a David Marjaliza,cerebro de la trama, construía los colegios concertados “como churros”, sin ofrecer ningún elemento diferencial que mejorase la calidad de la enseñanza respecto a los centros ya existentes en los municipios afectados.

El desprecio por la educación queda también patente cuando se comprueba el papel reservado para uno de los agentes clave del proceso educativo, maestros y profesores, convertidos en los paganos de la fiesta. Desesperados ante la falta de salidas profesionales, en gran parte motivada por el cerrojazo en la contratación en la educación pública, maestros y profesores optaban por endeudarse hasta límites insospechados para hacer frente a las cuotas de entrada (de varias decenas de miles de euros) de las cooperativas educativas, destinadas en su integridad a costear las obras de construcción, y de paso las comisiones para todos los participantes en la operación.

Este triste ejemplo muestra lo poco que interesa la educación a la clase política, que la utiliza para sus intereses partidistas, véanse las diferentes leyes de educación promulgadas, reformadas y vueltas a reformar por los diversos gobiernos de nuestra joven democracia, o, mucho peor aún, para obtener beneficio económico mediante prácticas corruptas. Estas prácticas lo único que alientan es la recuperación de la estéril discusión entre la escuela pública y la concertada, olvidando que el verdadero objetivo debería ser la mejora de la calidad educativa, aspecto que en este año electoral no parece tener de momento una relevancia especial en las diversas propuestas políticas.

El pretendido derecho a la opacidad de los ayuntamientos en “riesgo financiero”

No cabe duda de que la transparencia es un valor imprescindible en una democracia moderna, avanzada y de calidad. La transparencia permite a los ciudadanos fiscalizar de forma efectiva la actuación de sus gobernantes, pero no sólo eso. El acceso a la información, así como el impulso del conocimiento general de la misma, nos llevaría al concepto de “Gobierno Abierto”, es decir que los ciudadanos colaboren y participen en la toma de decisiones llegando, en última instancia, a una ciudadanía más informada y más exigente con sus dirigentes políticos.

Esto es exactamente lo contrario de lo que viene sucediendo en nuestros ayuntamientos, donde es muy común que después de una gestión económica que seguirán pagando los vecinos del municipio durante años, lustros o decenios, se promocione a su protagonista a ministro o a candidato a presidir una comunidad autónoma. Siempre se culpa de ello a los electores, amparándose en que dicho político gozaba de los favores de la ciudadanía, que le renovaba una y otra vez su mayoría absoluta. Sin embargo, es necesario reconocer que a los votantes no se les dota de los datos necesarios para conocer la gestión económica de su municipio de forma que exista debate al respecto y se puedan formar una opinión. ¿Sabe el ciudadano de a pie a qué plazo paga su ayuntamiento a los proveedores o qué volumen de endeudamiento tiene respecto a sus ingresos corrientes, si está sometido a un plan de ajuste o si se halla en “riesgo financiero”? Quizás en este país no exista una cultura de administración de recursos pero, para que algún día exista, lo primero que hay que hacer es dar a los ciudadanos información al respecto.

Tal y como se ha comentado en este blog, la transparencia es una cuestión de voluntad política y de cultura ciudadana. Si bien el interés de la ciudadanía está viviendo un repunte desde hace algunos años, la voluntad política parece atrincherarse cada vez más en la opacidad, buscando los pretextos más disparatados para mantener a los ciudadanos en la ignorancia.

Les explico. El BOE del pasado 26 de febrero publica la Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Dicha Resolución da cumplimiento a determinadas previsiones del citado Real Decreto Ley. Se trata de una norma que aborda cuestiones diversas. En lo que aquí nos interesa, crea el denominado Fondo de Ordenación, que permite acceder en buenas condiciones financieras a mecanismos adicionales de financiación a determinadas entidades locales, sobre todo ayuntamientos, que se hallan en lo que denominan “riesgo financiero”. Dicho término se define en el artículo 39.1.a) del propio Real Decreto Ley. Para resumir, se puede decir que son aquellos que pese a todas las medidas de “asistencia financiera” que se han adoptado desde el 2012 hasta la fecha, siguen estando en una situación económica crítica. Por poner dos ejemplos ilustrativos estarían en “riesgo financiero” aquellas entidades cuyo volumen de endeudamiento sea superior al máximo legal, o aquellos que hayan incumplido con su obligación de pagar las cuotas trimestrales de determinadas operaciones de crédito (puede verse el detalle de todas las situaciones aquí y aquí).

Tal y como se ha dicho, la tan citada Resolución da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto Ley 17/2014 en el que se prevé que el Ministerio de Hacienda determine qué municipios podrán solicitar acogerse al Fondo de Ordenación y, por lo tanto, se hallan en el denominado “riesgo financiero”.

Hasta aquí todo bien. Sin embargo, no se realiza la publicación de los municipios afectados. En lugar de ello, lo que hace la Resolución es establecer que cada uno de los ayuntamientos pueda ver si está incluido en dicha relación, pero sólo el propio ayuntamiento, identificándose con su respectivo usuario y contraseña en la correspondiente página web. La publicación de la relación de municipios afectados es imperativa, tanto porque lo establece el antes citado artículo 41.1.a) del Real Decreto Ley 17/2014, como porque se hace también imprescindible para que los ayuntamientos que no se pueden beneficiar de dicha vía de financiación fiscalicen la aplicación que se hace de la norma. Pero, sobre todo, porque es una “información relevante para garantizar la transparencia de la actuación pública” , artículo 5.1 de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y porque, conforme establece el artículo 26.2.a).1º de la misma norma, en su parte dedicada al “buen gobierno”, se debe “actuar con transparencia en la gestión de los asuntos públicos (…) con el objetivo de satisfacer el interés general”.

Dejando aparte los múltiples preceptos de nuestro ordenamiento jurídico que incumple la citada resolución no se me ocurre nada más importante para los vecinos de un municipio que saber si su Ayuntamiento se halla en “riesgo financiero”. Tampoco se me ocurre una muestra más espeluznante de falta de voluntad de asumir las obligaciones que impone el principio de transparencia no ya hasta sus últimas consecuencias, sino hasta las primeras y más evidentes.

Pero lo peor de todo todavía no ha llegado. El fundamento que se utiliza para no publicar la lista de municipios que se hallan en riesgo financiero es que “en la publicación de la resolución (…) se aprecia la posible lesión de derechos e intereses legítimos a los que se refiere el precitado artículo 61 de la Ley 30/92“, por lo que la publicación podría “derivar en perjuicios de imposible o difícil reparación”. Pasando por alto que no se concretan cuáles son los derechos o intereses legítimos que concurren en este caso, ¿de quién son esos derechos o intereses legítimos? ¿del ayuntamiento? ¿no deberían ser los mismos que los de sus vecinos? ¿es que no los representa? Evidentemente es al contrario, es atentar contra los derechos de los ciudadanos ocultarles que su ayuntamiento se halla en “riesgo financiero” y lo que se está haciendo es confundir los intereses del ayuntamiento con los intereses del que lo gestiona.

Esta invocación al artículo 61 de la Ley 30/92 ha sido realizada al menos en otras dos ocasiones (aquí y aquí) en resoluciones muy similares, también por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así que parece que no se trata de un hecho aislado. Y eso que, conforme a lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ” corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas proveer la disponibilidad pública de la información económico-financiera relativa a los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley (…)”

Como hemos dicho, esta actuación contradice múltiples preceptos de nuestro ordenamiento jurídico, entre los que cabe destacar los ya citados artículos 5.1 y 26.2.a) 1º de la Ley de Transparencia, e incluso el artículo 9.3 de la Constitución (interdicción de la arbitrariedad) dado que el Ministerio ha publicado ya información muy sensible de los ayuntamientos pero, aparte de ello, creo que es procedente hacer algunas reflexiones:

1.-En primer lugar, se está utilizando una norma creada como garantía de los derechos de los ciudadanos para privarlos de ellos, cometiendo un fraude de ley o algo peor, lo cual resulta alarmante.

2.-Que cada ciudadano conozca si su ayuntamiento se halla en riesgo financiero sería muy positivo a la hora de valorar la gestión que se está haciendo en su municipio. Es evidente que ahí les duele.

3.-Finalmente, se han adoptado diversas medidas especiales de financiación que han permitido al ayuntamiento que ha hecho el correspondiente esfuerzo salir de una situación económica muy difícil. En la actualidad, se siguen adoptando medidas para favorecer a los ayuntamientos que no han conseguido sanearse, principalmente por incumplir los planes de ajuste que llevaban aparejados esas medidas especiales de financiación. Se supone que se les imponen fuertes condicionantes pero, dada la opacidad con la que se está actuando, da la impresión de que se prima a éstos en perjuicio de los cumplidores, con el correspondiente riesgo de que se vuelva a imponer una gestión económica caótica en nuestros municipios.