Se acercan elecciones locales, y con ellas la emergencia de nuevas formaciones políticas y de candidaturas populares, que aunque nucleadas alrededor de la nueva formación Podemos, se presentarán a las elecciones como candidaturas ciudadanas, más o menos apartidistas, y que proclaman como objetivo recuperar las instituciones, en este caso los Ayuntamientos, para la ciudadanía; frase que se repite mucho en los últimos tiempos.
Es evidente, tanto por encuestas, como por el pálpito ciudadano del día a día, que hay un latente interés por un cambio de statu quo, que unos definen como el dar carpetazo al régimen de la transición, o simplemente, y no por ello menos necesario, de una necesidad de regeneración política e institucional, en la que también se concentra otra de las formaciones en ascenso, Ciudadanos, y viene reclamando, aunque ahora en horas bajas, UPyD.
Sin embargo, en tanto se acercan los comicios, urge que las grandes ideas comiencen a tener cierta concreción en ciertos aspectos, aplicables a la generalidad de Ayuntamientos, del funcionamiento institucional de éstos, y la participación que en ellos deberán tener los nuevos representantes, que en muchos casos serán ciudadanos que irán engrosando candidaturas sin experiencia política e institucional previa.
Digo esto porque hasta el momento se echan de menos propuestas y análisis de elementos muy centrales y creo muy vinculados con las demandas de regeneración política. Se habla de municipalismo, de gestión participativa, pero no se cuenta con que el armazón en el que está configurada la Administración Local es de gran rigidez, y además viene muy determinado por la legislación básica de régimen local, aún más a partir de la reciente Ley de modernización.
Esta regeneración debe pasar también por repensar el funcionamiento de las Instituciones y sobre todo el papel de los representantes políticos, los nuevos alcaldes y concejales, en éstas. Una falta de propuestas puede llevar a que a los pocos días de que se constituyan las nuevas Corporaciones la inercia siga guiando el funcionamiento de éstas, el cual debe ser puesto en cuestión en determinados aspectos si de verdad se pretende alcanzar esa regeneración.
¿A qué me refiero en concreto? Si pienso en un grupo de ciudadanos que hoy conforman una candidatura electoral y dentro de unos meses no solo van a ser concejales y alcaldes, sino que además van a tener la responsabilidad del gobierno de una entidad local, especialmente en una de tamaño medio, y que no han tenido un análisis crítico previo, del modelo institucional y de presencia política, es muy posible que cuando ocupen sus cargos y diseñen el armazón organizativo acaben reproduciendo el modelo anterior y heredando las mismas estructuras, por mucho, y esto es lo común, que modifiquen los nombres de las Áreas de Gobierno, Concejalías, etc. La clave de bóveda es si van a apostar por un funcionamiento profesionalizado e innovador, o se va a mantener el clásico esquema de políticos haciendo de directivos, asesores intentado sustituir a los funcionarios profesionales y un departamento de prensa dedicado todo el día a vomitar noticias de loa a la acción de gobierno.
En este esquema suelen faltar tres componentes que deberían ser las piezas fundamentales de un verdadero cambio en la gestión de la Administración Local: dirección pública profesional de la Administración, participación ciudadana en la gestión de la Entidad y política activa de comunicación.
La dirección pública profesional es en sí misma un concepto sobre el que se han escrito numerosos artículos doctrinales en los últimos años, pero que deja de ser una realidad y una práctica reconocida. La necesidad de implantar una verdadera dirección pública profesional, con lo que ésta debe llevar aparejado de rendición de cuentas de la gestión, tiene mucho que ver con las necesidades de regeneración política e institucional, porque es necesario un impulso modernizador en la Administración, y este debe venir marcado porque los miembros electos ocupen su papel en la Institución y ante la ciudadanía que los eligen y no acaben en un papel que no es el suyo y que lo único que origina es disfunciones, ineficacias y cuando no, claras tentaciones y prácticas de corrupción.
El reproducir de modo acrítico formas de gestión política del pasado en los Ayuntamientos es seguir con la costumbre de la departamentalización de las concejalías y la conversión de los concejales responsables en el Jefe del Departamento, pero no Jefe en sentido político, sino en muchos casos en sentido administrativo y profesional. Sobre este modelo no parece haber cuestionamiento alguno, el gobierno municipal se divide en concejalías y a cada concejal de gobierno se le atribuye una, con criterios de cada momento, y en muchos casos hasta por cercanía profesional. Una vez el Concejal/a llega a su destino empieza a despachar con los funcionarios de la Concejalía, los cuales además han estado siempre acostumbrados a trabajar con un concejal/a y tampoco van a poner en cuestión el modelo, el Jefe a partir de ese momento es el nuevo concejal, y del que esperarán establezca los objetivos, el organigrama, en definitiva tome las decisiones de gestión. El concejal, que si no proviene de la Administración, desconocerá los entresijos administrativos, empezará a dedicar un tiempo cada vez mayor a conocer el funcionamiento, la normativa, los trámites habituales, y en poco tiempo acabará sepultado por documentos a firmar, gestiones a realizar, y en definitiva teniendo que desempeñar un puesto administrativo de gestión, para el que habitualmente no estará formado, y sobre todo, que le impide ejercer sus funciones políticas, estar en contacto con la ciudadanía, diseñar objetivos y exigir su cumplimiento.
Bien es verdad que esta Departamentalización tiene que ver en muchos casos con la necesidad de justificar la dedicación exclusiva, el sueldo para entendernos, del concejal de gobierno, y sobre todo por la mímesis con que se actúa en relación con el funcionamiento de las Administraciones mayores, si soy Concejal, y mi partido ha ganado las elecciones, tengo que tener una “cartera ministerial” en forma de “Concejalía de”.
La Administración como cualquier entidad tiene que estar dirigida por profesionales, y en la medida de lo posible sin vinculación política, porque eso permitirá la mejora de ésta. Pensando en los nuevos ediles, de nuevas formaciones, sería de lamentar verlos enterrados en firmas y resolviendo problemas domésticos, y ello porque las necesidades de regeneración creo que pasan porque esos representantes no se enclaustren en sus despachos de “Concejal de”, sino que se dediquen a advertir las necesidades ciudadanas, establecer una estrategia de gobierno, una planificación, y exigir y tratar de que los profesionales, con los medios a su alcance procedan a conseguirlo; y esa actividad, no lo olvidemos, mucho más necesaria, puede conllevar con mucha más justificación la necesidad de dedicación exclusiva, si así se establece y es compatible con la situación personal del edil. Al frente de la Administración en lo que es gestión, organización y dirección tiene que haber profesionales, directivos, con responsabilidad y con exigencia de ésta.
Complementado con lo anterior, otro de los puntales de esta regeneración de las instituciones, es la participación ciudadana, y aquí hay mucho por hacer y por decidir, y es un aspecto mucho más político que intervenir en la gestión administrativa. Aquí sí que es necesaria la participación de los representantes políticos para decidir cómo se va articular esta participación, con la complejidad que puede tener, y cómo la ciudadanía puede intervenir de modo más ágil y directo en las decisiones públicas. Y en un ayuntamiento dos son las decisiones claves, el destino del presupuesto municipal y el diseño de la ciudad. Es sorprendente sin embargo como lo habitual en un Ayuntamiento es que se tramite un Presupuesto sin apenas alegaciones ciudadanas y no digamos los planes de urbanismo, que en la mayoría de los casos, sobre todo los planes de segundo nivel, son tramitados sin una sola alegación ni consulta ciudadana, a pesar de que en ambos casos la legislación prevé, desde hace decenios, la existencia preceptiva de trámites de información pública. Debe plantearse por qué si hay previsiones legales de participación ciudadana, ésta luego no es efectiva.
Pero la participación pública no puede ser eficaz si no va precedida y acompañada de una política de comunicación, apartidista y transparente, de las propuestas y decisiones municipales. Para poder optar y participar es necesario previamente estar informado sobre el objeto de la decisión. Y este es otro aspecto en el que tienen que decir mucho los representantes de los ciudadanos, poco a poco se empieza a consolidar una sensibilización por la transparencia y ésta debe ser elemento fundamental de la ansiada regeneración, pero al ciudadano hay que comunicarle, hay que explicarle a qué se destinan sus impuestos, de modo sencillo pero no simplificado, no con eslóganes políticos, esta es la tarea fundamental a mi juicio. La ciudadanía quiere políticos de carne y hueso, que pueda tocar, que sean sus aliados ante el mastodonte que muchas veces es el Estado en sus diferentes personificaciones, y que por tanto sean su correa de transmisión de preocupaciones, de quejas, y por qué no, de agradecimientos.
Creo que ese es el quid de una nueva ciudadanía activa y de las nuevas instituciones, ahí es donde hay que innovar. Para ello las Administraciones, en este caso las locales, deben estar abiertas al ciudadano, en todos los sentidos, y los encargados de abrir esas puertas deben ser los representantes políticos, esa y no otra, es su función.
Jose Luis Moreno López es jurista, especialista en Urbanismo y Derecho Administrativo, funcionario de la Administración Local y Autonómica. Ha sido Técnico de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y en la actualidad es Jefe de Departamento en la Gerencia de Urbanismo de Pozuelo de Alarcón.
Ha impartido clases en diferentes cursos de posgrado, especialmente en el Máster de Gestión Urbanística de la Universidad Carlos III, en la Universidad Rey Juan Carlos y en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense. Desde el año 2004 hasta el 2012 impartió como profesor asociado la asignatura de Derecho Urbanístico en la Universidad Pontifica de Comillas-ICADE.
Como publicaciones más destacadas se pueden citar:
Derecho Administrativo III (VV.AA. Grupo de profesores de Derecho Administrativo de Universidad Pontificia de Comillas-ICADE), ed. Dykinson, Madrid, 2011. ISBN 978-84-9031-112-7
– “Tema 5. La ordenación del territorio y el urbanismo.”
El Estatuto Jurídico del Empleado Público. Estudio particular de algunos aspectos críticos del personal laboral. (Gayarre Conde, Iván / Burzaco Samper, María, coord.) ed. Dykinson, Madrid, 2009. ISBN 978-84-9849-773-1.
– “Capítulo 3. El estatuto jurídico de los empleados públicos en las administraciones locales.”
ANPIER, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (de la que es secretario nuestro colaborador Juan Castro-Gil) en colaboración con la Editorial Aranzadi, han convocado el I Concurso ANPIER sobre Riesgo Regulatorio en las Energías Renovables, con el objetivo de contribuir a identificar las causas que han originado el riesgo regulatorio en el sector renovable y, de esta manera, colaborar en su erradicación, para alcanzar un marco legal estable y fomentar las inversiones en un sector con un elevado potencial de crecimiento.
