Elecciones 24M: ¿Hacia dónde caminamos?

Las elecciones siguen despertando un sentimiento de ilusión que nos lleva a pensar que esta vez sí van a cambiar las cosas. Cada elección tiene algo de ese lema que solía utilizarse en la sucesión de las monarquías “el rey ha muerto, viva el rey”, con la esperanza de que el resultado de las elecciones cambie el rumbo de la historia. Las semanas que siguen a las elecciones suelen tener un punto de amargura, pero siempre despiertan una pasión por el análisis, que llena los periódicos de datos y reflexiones. En este artículo, como corresponde a este blog, aún creemos que las perspectivas tras las elecciones para la regeneración democrática de España merecen alguna reflexión adicional.

El derrumbe de los partidos tradicionales, y la irrupción de los emergentes, es de esas situaciones que no dejan indiferente a nadie. A pesar de tantas páginas escritas, algunas preguntas no han tenido una clara respuesta. El descenso del PP ha sido de tal magnitud (2,5 millones de votantes) que solo puede calificarse de estrepitoso fracaso. El análisis de las causas se divide entre la impopularidad de las medidas de ajuste, la escasa empatía con los graves problemas de los ciudadanos en temas como los desahucios, o la cascada de escándalos de corrupción. El descenso del PSOE tampoco ha sido pequeño. Ha perdido 700.000 votos, el 10% de sus votantes, respecto a unas elecciones, las municipales del 2011, que ya fueron un fracaso para este partido. Sin duda hay que reconocer al PSOE su habilidad para comunicar como un gran éxito, lo que los votos calificarían como un gran fracaso. Lo que al menos sí podemos concluir de estos dos resultados es que esta vez sí, la regeneración de la vida democrática española entró de lleno en campaña y se coló en las urnas. Los resultados en Madrid, Valencia y Baleares tienen una lectura clara. El hartazgo de la gente se ha desbordado. Presentar a las caras de siempre, y pretender transmitir que han aprendido la lección, y que van a cambiar las cosas, despierta ante todo indignación y rechazo, y moviliza a los votantes de signo contrario. El caso de Esperanza Aguirre en Madrid quedará para los manuales de política como un error de libro. No está claro que el PP lo haya finalmente asumido, pero será difícil que un mensaje pueda transmitirse de forma más clara.

Sobre la reacción de los ciudadanos ante la corrupción, podemos encontrar en los resultados algunos elementos para el optimismo. Los datos de las anteriores elecciones fueron bastante desalentadores. En las elecciones de 2007 el 70% de los alcaldes imputados salieron reelegidos, de acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Alternativas. En el año 2011, el porcentaje aún fue de un 58% (40 de 69 candidaturas). En 2011 hubo más de 100 candidatos implicados en procesos judiciales. En las de 2015, me gustaría poder decir que ningún partido ha presentado candidatos imputados, porque es lo que todos ellos han estado transmitiendo a lo largo de toda la campaña electoral, pero la realidad es que, aunque inferior a la de 2011, la lista de imputados no ha sido pequeña: Jerez de la Frontera, Cartagena, Culleredo, Camariñas, Viveiro,… (Ver aquí o aquí). No solo concurrieron a las elecciones, sino que muchos de ellos han revalidado las alcaldías con mayorías absolutas.

La regeneración ha entrado en campaña, pero los ciudadanos siguen percibiendo diferentes tipos de corrupción. Si la corrupción se visualiza como el enriquecimiento de personas concretas, que además se identifican con un partido que ha adoptado medidas impopulares de recortes sociales, los ciudadanos reaccionan con rechazo e indignación. El componente de la crisis parece que era un elemento necesario en esta reacción. Valencia o Baleares han personificado esta situación. En las anteriores elecciones eran mayoría los que percibían que esa corrupción podía beneficiarles de alguna forma, y ese rechazo no se presentaba. Si la corrupción está basada en la instauración de un modelo clientelar, la reacción es mucho más condescendiente. Muchos ni siquiera la perciben como corrupción, y otros la justifican bajo el argumento de que el reparto llega a mucha más gente, y se preocupa de premiar a todos los fieles y adeptos. Andalucía (o Cataluña) sigue siendo el caso paradigmático. La lección, como tantas veces se ha escrito en este blog, es que si alguien pensaba que el sistema clientelar que con tanto éxito se ha instalado en España se puede desmontar fácilmente tras los resultados electorales, debería prepararse mejor para una carrera de fondo que no tiene garantizado el éxito. La regeneración democrática exigirá una reforma de las instituciones, para la que será necesaria mucha más convicción y esfuerzo.

El libro, “Gobernanza inteligente para el siglo XXI”, de Nicholas Berggruen y Nathan Gardels, un libro apasionante sobre el que probablemente merezca la pena volver en otros artículos, recoge algunas de esas afirmaciones que en los países occidentales resulta incómodo escuchar: que el modelo de democracia liberal ha evolucionado hacia un modelo de gobierno al que le resulta muy difícil corregirse a sí mismo, muy orientado a satisfacer intereses de corto plazo, e intereses de grupos de poder bien organizados. Y ahí es donde entran en juego los partidos emergentes o minoritarios que han concurrido a estas elecciones, cuyo análisis es aún más interesante.

UPyD se ha desmoronado. Parece que entrará en la historia como uno de esos partidos que pareció rozar el éxito, y se desplomó en un rotundo fracaso, en el tiempo que trascurrió desde las elecciones europeas, a las municipales. UPyD era probablemente el partido que contaba entre sus votantes con menor porcentaje de “forofos”, y mayor porcentaje de ciudadanos convencidos de su programa y sus mensajes. A diferencia de ese suelo de votantes del PP y del PSOE, capaces de defender a su partido, como defienden a su equipo de fútbol, los votantes de UPyD mayoritariamente defendían su programa. Cuando han percibido que para la dirección del partido, mantener el control del partido era prioritario sobre lograr los objetivos de su programa, buscaron otras opciones que permitieran lograr esos objetivos. Lo que debería ser lo habitual, en España es la excepción, y UPyD lo ha sufrido de forma descarnada. Entre los grandes perdedores se ha sumado también IU que, perdido su hueco electoral, camina hacia la irrelevancia.

Podemos, en sus variantes de Mareas, Ganemos, o Ahora, ha sido la estrella de las elecciones. El partido que logró capitalizar y aglutinar el voto del descontento, y de los movimientos ciudadanos de indignación, con unas propuestas económicas populistas y demagógicas, pero con una gran empatía sobre los problemas de la gente, ha sido el gran triunfador. Barcelona y Madrid pueden convertirse en banderas de un movimiento que no quiere quedarse solo en suplantar a IU, sino que aspira a cuestionar el liderazgo de la izquierda al PSOE. En ese objetivo, quizás la lectura no sea tan positiva como en algún momento pudieron esperar, pero puede ser suficiente para seguir alimentando esa posibilidad. Y finalmente Ciudadanos, a pesar de un resultado espectacular para sus pocos meses de vida como apuesta nacional, no ha podido evitar cierta desilusión, especialmente en algún momento de la noche electoral en que parecían no tener capacidad de decisión en ninguna plaza importante. Un proyecto al que le queda por mostrar la madurez que precisa el nuevo escenario de pactos.

Y es en este nuevo escenario de pactos necesarios en el que quedan depositadas las esperanzas de regeneración democrática de este país. Pero conviene no engañarse, todo siempre es susceptible de empeorar. Para un país con una tradición de pactos tan escasa, donde pactar suele significar repartir consejerías o concejalías, la propuesta de los partidos emergentes es atractiva y diferente. Pero el pacto saludable requiere compartir un proyecto de país, de región, o de ciudad. Requiere plantear una ambición a la que varios puedan sumarse. No tenemos mucha experiencia. España a lo largo de su historia ha mostrado que su proyecto de país, capaz de aglutinar voluntades, suele expresarse como el objetivo de desalojar al contrario del poder. Una vez conseguido ese objetivo, las voluntades suelen dispersarse en busca de intereses cortoplacistas e individuales.

El libro que mencionamos antes sobre la gobernanza inteligente recoge el caso de California: una de las regiones más ricas, prósperas y privilegiadas del mundo acabó en bancarrota en el año 2009. Según Forbes, si California fuera un país ocuparía el cuarto lugar en número de ricos por metro cuadrado, sólo tendría por delante a EEUU, China y Rusia. Lugar de referencia por su modelo educativo, su modelo de innovación y sede de las principales empresas tecnológicas, fracasó estrepitosamente en su modelo de gobierno. Las recetas que fracasaron son algunas de las que ahora pueden irrumpir en el panorama político español: un amplio uso de un modelo de democracia directa en la toma de decisiones fácilmente manipulable, y un sistema de partidos más preocupados de su propio interés, que del bienestar común del estado que gobiernan, lo que durante muchos años hizo imposible cualquier pacto sensato en el ámbito fiscal. Los partidos emergentes tendrán una difícil prueba en mostrar que realmente ellos sí están dispuestos a pactar en busca de ese bien común, y de un proyecto de regeneración democrática, que aún no parece haberse puesto de moda en nuestro país.

Fomento de la financiación empresarial y concurso de acreedores: más reformas

Hace unas semanas, el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales anunciaba la creación de un grupo de expertos para estudiar cómo simplificar, racionalizar y ordenar el ordenamiento jurídico con el objetivo de hacerlo más eficaz y evitar un exceso que pone en juego la seguridad jurídica, porque el enorme volumen legislativo existente se ha hecho inmanejable para los ciudadanos y para los propios juristas. Unos días después, en el BOE del 28.04.2015 aparece publicada la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, que tras poner de relieve la importancia de la pyme -pequeña o mediana empresa de acuerdo con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, incluyendo a las personas físicas que ejercen actividades económicas de acuerdo con el Estatuto del trabajo autónomo- sobre el bienestar y la estabilidad social y económica del país y su contribución al crecimiento de la renta nacional, al consumo y a la generación de empleo, y persigue corregir los efectos perversos de la bancarización -excesiva dependencia de dichas empresas respecto a la financiación bancaria- en general y particularmente en la última crisis, mediante la búsqueda de canales de financiación diferentes que permitan aportar recursos de forma eficiente desde los agentes con capacidad de ahorro hacia aquellos que necesitan financiación, de forma que sin soslayar la necesidad de potenciar la recuperación del crédito bancario, avanza en el desarrollo de medios alternativos de financiación y sienta las bases regulatorias necesarias para fortalecer en España las fuentes de financiación corporativa directa o financiación no bancaria.

Para ello, el legislador no se corta y modifica la Ley del Mercado de Valores (LMV), la Concursal (LC), la de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, la de Instituciones de Inversión Colectiva, la de mediación de seguros y reaseguros privados, la Ley 12/2012, de 26.12, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, la Ley 22/2014, de 12.11, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4.11, de Instituciones de Inversión Colectiva, la del Impuesto sobre Sociedades, la Ley 41/2007, de 7.12, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25.03, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria, la Ley 16/2014, de 30.09, por la que se regulan las tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Tanta reforma me hace recordar el post de Alberto Gil Ibáñez: “El exceso normativo como obstáculo a la competitividad”.

En el ámbito concursal al que me voy a ceñir, la ley contempla una modificación directa y varias modificaciones indirectas. La primera modifica la disposición adicional 2ª, 2, d) de la LC, al incorporar como legislación especial aplicable a los concursos de entidades de crédito o entidades legalmente asimiladas a ellas, empresas de servicios de inversión, entidades aseguradoras, entidades miembros de mercados oficiales de valores y entidades participantes en los sistemas de compensación y liquidación de valores el artículo 16.4 y la DA 4ª, punto 7, de la Ley 5/2015. El primero regula los activos susceptibles de incorporación a los fondos de titulización (derechos de crédito del cedente y determinados derechos de crédito futuros que constituyan ingresos o cobros de magnitud conocida o estimada, como el derecho del concesionario al cobro del peaje de autopistas y los restantes derechos de naturaleza análoga que se determinen por circular de la CNMV), su formalización y posible inscripción; y dispone que a tales fondos les sea de aplicación, en relación con los préstamos y demás derechos de crédito que adquieran, el régimen que en favor de los titulares de las participaciones hipotecarias se contempla en el párrafo final del artículo 15 de la Ley de regulación del mercado hipotecario. Por su parte, la DA 4ª regula los llamados “certificados de transmisión de hipoteca”, valores sometidos a la normativa que para las participaciones hipotecarias establece dicha de regulación del mercado hipotecario, con los que las entidades a que se refiere el artículo 2 de la misma –y las sucursales en España de entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea respecto a hipotecas sobre inmuebles situados en España- podrán, cumpliendo determinados requisitos, hacer partícipes a inversores cualificados –exclusivamente- en todo o parte de uno o varios préstamos o créditos hipotecarios de su cartera, aunque estos préstamos o créditos no reúnan los requisitos establecidos en la sección 2ª de dicha Ley, y sin que en ningún caso el deudor hipotecario pueda resultar perjudicado por la emisión de tales certificados.

Pero no es ésa la única reforma que afecta a los procesos concursales en la Ley 5/2015, que contempla nuevos efectos del concurso de una pyme sobre las entidades de crédito y algunas especialidades del mismo para los establecimientos financieros de crédito, las sociedades gestoras de fondos de titulización, las sociedades cotizadas, las entidades encargadas de la llevanza del registro de valores representados mediante anotaciones en cuenta, las entidades participantes en el sistema de registro y las plataformas de financiación participativa.

En efecto, con el objetivo de favorecer la financiación bancaria de las pymes se establece un derecho de preaviso a su favor en los supuestos de cancelación o reducción del flujo de financiación, entendido éste como el conjunto de contratos de crédito -apertura de crédito, descuento comercial, anticipo, pago aplazado, cesión de créditos o cualesquiera otros que cumplan con una función equivalente de financiación- otorgados a una pyme por una misma entidad de crédito, que obligará a ésta a notificar con una antelación mínima de tres meses su intención bien de no prorrogar o extinguir el flujo de financiación, o bien de disminuirlo en una cuantía igual o superior al 35 por ciento, excepto en dos supuestos: cuando el plazo de duración máximo de dicho flujo, incluidas las posibles prórrogas de los contratos que lo componen, sea igual o inferior a tres meses; y cuando la pyme sea declarada judicialmente en concurso de acreedores, se hayan iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 bis y en la D.A. 4ª o un acuerdo extrajudicial de pagos de los previstos en el título X LC. La situación concursal de la pyme, considerada en sentido amplio, constituye una excepción al deber impuesto a las entidades de crédito con la finalidad de que aquélla pueda encontrar nuevas vías de financiación o ajustar su gestión de tesorería, de forma que la interrupción o reducción de la fuente de crédito no genere problemas de liquidez que dificulten o incluso imposibiliten cualquier reajuste. Cuando la entidad de crédito venga obligada no obstante a practicar la referida notificación, las situaciones concursales vuelven a recobrar protagonismo y aquélla deberá proporcionar gratuitamente a la pyme, además de un informe de su calificación crediticia -herramienta para la valoración del riesgo en términos comparables-, otro -“Información Financiera-PYME”- sobre su situación financiera e historial de pagos, en un formato estandarizado según los criterios del Banco de España, basado en toda la información recabada de la misma en relación con su flujo de financiación, que deberá incluir, entre otros elementos, el historial crediticio, y dentro del mismo, una relación de los concursos de acreedores, acuerdos de refinanciación o extrajudiciales de pagos, embargos, procedimientos de ejecución y otras incidencias judiciales relacionadas con la pyme en los que sea parte la entidad de crédito, referidos a los cinco años anteriores a la notificación. Se pretende con ello que la pyme pueda buscar fuentes alternativas de financiación con mayor facilidad.

La segunda modificación indirecta de la LC equipara el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito, en todo lo no previsto por la nueva ley, a las entidades de crédito, y específicamente dispone que se les aplicará la regulación sobre participaciones significativas, idoneidad e incompatibilidades de altos cargos, gobierno corporativo y solvencia contenida en la Ley 10/2014, de 26.06, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y su normativa de desarrollo, así como la normativa de transparencia, mercado hipotecario, régimen concursal y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo prevista para dichas entidades; así como lo dispuesto en la DA 3ª de la Ley 3/2009, de 3.04, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, respecto al régimen aplicable a las operaciones de cesión global o parcial de activos y pasivos entre entidades de crédito.

El artículo 33 añade un nuevo efecto a la declaración de concurso de las sociedades gestoras de fondos de titulización, que les obliga a encontrar otra sociedad gestora que las sustituya en la administración, gestión y representación legal de los fondos que gestione, previa autorización de la CNMV -cuyas competencias supervisoras se refuerzan en la ley-, pues de no hacerlo en el plazo de 4 meses se procederá a la liquidación anticipada del fondo y a la amortización de los valores emitidos con cargo al mismo y de los préstamos, de acuerdo con lo previsto en la escritura pública de constitución. Los gastos que origine la sustitución corresponderán a la sociedad gestora, sin que en ningún caso puedan imputarse al fondo, lo que origina un problema en cuanto a la calificación del crédito correspondiente.

En su búsqueda de mejoras en el acceso y funcionamiento de los mercados de capitales, se modifica el art. 34.1 LMV y se permite a la CNMV no sólo acordar la exclusión de la negociación de determinados instrumentos financieros, como hasta ahora, sino también de las sociedades en las que se haya abierto la fase de liquidación de acuerdo con la LC, o que se encuentren en fase de liquidación societaria, de conformidad con lo previsto en la LSC, en estos dos últimos supuestos sin necesidad de previa audiencia de la sociedad afectada. También se modifica el artículo 12 bis.1 LMV, al disponer que declarado el concurso de una entidad encargada de la llevanza del registro de valores representados mediante anotaciones en cuenta o de una entidad participante en el sistema de registro, los titulares de valores anotados en dichos registros gozarán del derecho de separación respecto a los valores inscritos a su favor y lo podrán ejercitar solicitando su traslado a otra entidad, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 44 bis.9 y 70 ter.2.f) de la propia Ley.

Por último, la ley crea un régimen jurídico para las plataformas de financiación participativa, dando cobertura a determinadas actividades de “crowdfunding”, concretamente aquéllas en las que prima el componente financiero, mediante las cuales el inversor pretende recibir una remuneración dineraria por su participación, que se caracterizan por la participación masiva de inversores que financian con cantidades reducidas pequeños proyectos de alto potencial y por el carácter arriesgado de dicha inversión. Esta plataformas ponen en contacto a promotores de proyectos que demandan fondos mediante la emisión de valores y participaciones sociales o mediante la solicitud de préstamos, con inversores u ofertantes de fondos que buscan en la inversión un rendimiento. En el ámbito concursal, los promotores o socios de la entidad promotora, el administrador del promotor o los miembros de su Consejo de Administración no podrán hallarse inhabilitados conforme a lo previsto en la LC o normativa equivalente de otros Estados miembros de la Unión Europea, ni podrán estar cumpliendo condena por la comisión de delitos o faltas contra el patrimonio, el blanqueo de capitales, el orden socioeconómico, la Hacienda Pública y la Seguridad Social; y se permite a la CNMV revocar la autorización concedida a una plataforma de financiación participativa, cuando se dicte resolución judicial de apertura de la fase de liquidación en un procedimiento concursal.

Según la CEOE, desde 1970 se han dictado en España más de 40.000 normas estatales, 706 sólo en el 2014, un 2,6% más que las aprobadas en 2013 y un 29,7% más que las aprobadas en 2012, y a eso hay que sumar la legislación de las comunidades autónomas. Sólo el BOE publicó el año pasado 169.874 páginas. Con estos datos llegar a saber hoy en día qué esta en vigor representa para todos un verdadero problema. En definitiva, necesitamos menos leyes, pero mejores leyes.