HD Joven: ¿Hay Derecho a que el Banco nos siga cobrando la comisión de custodia?

El hecho de tener unas acciones que han dejado de cotizar, respecto a empresas que no presentan actividad alguna en el Registro Mercantil, puede convertirse en su saco sin fondo para sus ahorros, puesto que las entidades sí pueden seguir cobrándonos la comisión por custodia, siempre que así esté recogido en sus libros de tarifas.

El cobro de la comisión de custodia, bajo esta situación, puede resultar particularmente costoso, ya que en muchas ocasiones las entidades hacen caso omiso a una operación de solicitud de writte-off, en la que solicitamos “la renuncia voluntaria al mantenimiento de la inscripción”, o en todo caso, muchas esgrimen argumentos relacionados con la imposibilidad de la viabilidad de tal solicitud.

Acciones como Intra, Valca, Papelera Española, Grand Tibidabo, Nitratos de Castilla, Sierra Menera, Cartera Montañesa o Altos Hornos de Vizcaya son algunos ejemplos.

A ello he de decirles mis queridos lectores, “no dejéis que os den gato por liebre”, como se suele decir, pues hay un procedimiento habilitado para tal fin, que consta en las circulares de nuestra Sociedad de Compensación y Liquidación de Valores, es decir, en “Iberclear”.

Ante todo y antes de empezar a comentar cuál es el procedimiento que podemos seguir ante el depositario de nuestros valores, es muy importante tener en cuenta las distintas situaciones , en las que se puede encontrar la entidad emisora de los mismos, pues la sociedad puede encontrarse en concurso, en liquidación, en liquidación presentando situación de inactividad o simplemente en situación de inactividad.

El procedimiento a seguir sólo es admisible para “Emisiones excluidas de negociación en situación de inactividad”, e implica la renuncia a los valores, así lo expresan las Circulares de Iberclear nº 7/2001, de 18 de julio y la nº 1/2003, de 1 de abril, Circulares a las que el ciudadano de a pie puede tener acceso en su web.

Como Iberclear es la encargada del registro contable de los valores, es por eso que los titulares registrales (es decir, los titulares de los valores), vienen soportando el coste derivado del mantenimiento del registro de detalle a cargo de las entidades adheridas, de unos valores improductivos, sin liquidez, sobre los que no se puede ejercitar derecho alguno –dada la ausencia de facto de los órganos sociales del emisor- y que, por estar representados por medio de anotaciones en cuenta, tampoco se pueden retirar de la correspondiente entidad adherida.

La manera de proceder será:

Por parte del cliente:

-Instará a la entidad depositaria de sus títulos a que inicie el procedimiento, cumplimentando una “solicitud de anotación de la renuncia voluntaria al mantenimiento de la inscripción”, en la que deberá reflejar todos los datos identificativos de los mismos (entidad emisora, código ISIN, Bolsa de la que fueron excluidos…) así como los datos identificativos del titular.

Por parte de la entidad:

– La entidad adherida (es decir el banco), recibida la solicitud, la enviará a nombre del interesado, a Iberclear.

Para el caso de que no se haya recibido con anterioridad otra propuesta de renuncia voluntaria a la misma emisión, la entidad adherida deberá aportar una certificación del Registro Mercantil, de la que resulte que en la hoja abierta al emisor, no se ha practicado asiento alguno durante los cuatro años anteriores al año natural en que se realiza esta propuesta.

En este supuesto, en el que no hubiera habido con anterioridad otra propuesta de renuncia voluntaria a la misma emisión, Iberclear llevará entonces a cabo, por una sola vez para cada emisión, diferentes actuaciones, en las que requerirá notarialmente al emisor, para que proceda a la designación de una nueva entidad encargada del registro contable a su domicilio social y de ser esto infructuoso, el requerimiento se reiterará a través de un anuncio publicado en el Boletín de Cotización al que se refiere el art. 14 del RD 726/1989, y en un diario de difusión nacional. Una vez transcurridos dos meses desde la publicación de los anuncios, las Circulares antes citadas, serán de aplicación a cuantas solicitudes formulen los titulares de valores de la emisión de que se trate.

-Como último paso, Iberclear, procederá a desglosar en las cuentas de las entidades los valores afectados por dicha situación e identificará las referencias de registro afectadas con los datos comunicados en la solicitud. La entidad adherida anotará entonces la renuncia voluntaria en el registro contable a su cargo, y entregará al solicitante una certificación acreditativa de su solicitud de renuncia.

Respecto a los gastos de tramitación, de la solicitud de anotación de la renuncia voluntaria al mantenimiento de la inscripción, deberemos preguntarle a la entidad de antemano el coste de la misma, para no llevarnos a posteriori sorpresa alguna. En todo caso, el Servicio de compensación y liquidación de valores, sí que cobrará a la entidad adherida, pero en todo caso, el coste de la operación es una nimiedad.

Sobre la posibilidad de declarar la renuncia de los valores como pérdida patrimonial, no es viable, ya que para que las pérdidas en operaciones con valores mobiliarios puedan computarse, es necesario que las mismas se hayan realizado, es decir, que se hayan vendido y se haya producido una efectiva pérdida patrimonial.

Pero como he comentado al inicio de este artículo, el procedimiento descrito implica que la sociedad, se encuentre en situación de inactividad, es decir, que para ello no se hubiese realizado apunte en el Registro Mercantil, durante cuatro años anteriores al momento de la solicitud de renuncia de los valores.

Lo que nos lleva a plantearnos si el requisito preceptivo de los cuatro años a computar, en el que la sociedad se encuentre en situación de inactividad, es justo, puesto que lo malo de muchos procesos de sociedades en concurso o liquidación, es la dilatación desmesurada de estos procesos en el tiempo, permaneciendo las compañías años o décadas en un limbo jurídico que ha efectos de lo descrito, hace que pueda existir o no, algún apunte en el Registro Mercantil que enerve la posibilidad de acudir al procedimiento de renuncia voluntaria al mantenimiento de la inscripción.

Es por ello que dejo a juicio de ustedes, como lectores, el planteamiento sobre si sería necesario que Iberclear actualizase sus circulares o sería necesario que habilitase otro procedimiento a opción del titular registral a través de la entidad adherida.

En todo caso, existe como opción alternativa, la realización de una operación de despacho, que sería vender en documento privado los títulos a otra sociedad o persona física, pudiendo aplicarnos así los beneficios fiscales obtenidos vía compensación de plusvalías. Sin embargo la transmisión, no libraría al nuevo titular real, del cobro de las comisiones de custodia, a menos que se llegase a un acuerdo comercial con la entidad.

Reproducción post de nuestra coeditora Elisa de la Nuez en Voz Pópuli: el 24-M y el tiempo de los pactos

 

En España hay poca cultura de pactos y acuerdos de Gobierno, y por si nos quedaba alguna duda, ahí tenemos las reacciones frente al panorama que han dejado las históricas elecciones del 24-M. Estamos viendo y oyendo de todo, desde repetir lo del mantra de “la lista más votada”   siempre, claro está, que lo haya sido la lista de las complacencias del comentarista o tertuliano de turno, hasta apuntar a inverosímiles gobiernos “de concentración“ frente a una catástrofe inminente (se supone que la toma del poder local por el proletariado) pasando por todo tipo de combinaciones intermedias a cual más surrealista. Me parece que lo primero que hay que hacer es pararse a reflexionar sobre lo que han votado los ciudadanos españoles, antes de lanzarse a hablar de frentes “populares” o “constitucionalistas” que solo sirven para encrespar los ánimos y no favorecen precisamente que los representantes de los distintos partidos se sienten a hablar tranquilamente. Tampoco ayuda utilizar un lenguaje sectario que sigue confundiendo los adversarios políticos con los enemigos de la civilización o con delincuentes tarados, según los casos, o donde los que prefieren llegar a acuerdos son tachados de “traidores”.

Porque efectivamente y aunque sea una obviedad, los ciudadanos han votado pactos. Llega un tiempo nuevo donde lo que queremos es que ningún partido tenga la mayoría absoluta para hacer lo que le de la gana sin rendir cuentas a nadie, salvo en casos muy excepcionales, y eso, en democracia, quiere decir que hay que ponerse de acuerdo. Dado que nuestro régimen político, por diversas razones que ya han sido muy analizadas, no ha sido capaz de establecer un sistema de “checks and balances” o contrapesos digno de tal nombre, los ciudadanos han encontrado una vía alternativa y bastante sabia: los checks and balances alternativos, es decir, el que los propios partidos, especialmente los nuevos, ejerzan las funciones que no han sabido cumplir ni el Parlamento, ni el Poder Judicial, ni las Administraciones Públicas ni en general ninguna institución de supervisión y control.  Ningún partido tiene la capacidad de gobernar por sí solo; a partir de ahí, hay que ponerse de acuerdo. Y en este tiempo nuevo, lo que esperamos los ciudadanos es que los acuerdos versen sobre programas o proyectos, y no sobre el número de sillones a repartir.

Empieza pues una nueva etapa en nuestra vida política, que sin duda no va a ser fácil, y que nos va a suponer un esfuerzo muy importante de madurez democrática como sociedad. Sinceramente, creo que los españoles del 2015, como en su momento los españoles de hace 40 años, estamos en condiciones de dar este salto cualitativo a una democracia de mayor calidad, que es, en definitiva, de lo que estamos hablando. 

Cierto es que hasta ahora en España tampoco tenemos mucha cultura de llegar a acuerdos que sean algo más que un intercambio de cromos; en esto los partidos nacionalistas que hasta ahora han funcionado como “partidos bisagras” se han llevado la palma. Pero no solo han sido ellos; los acuerdos que ha habido que alcanzar entre distintos partidos sobre todo en Gobiernos autonómicos han consistido más bien en un reparto de cargos (esta concejalía para ti, esta consejería para mí, tú colocas a unos cuantos, yo coloco a otros tantos) aunque formalmente se haya hablado de programas, faltaría más. Y no han resultado precisamente un éxito para los partidos implicados, quizá sobre todo porque los acuerdos versaban más sobre los sillones que sobre las ideas, y eso se acaba notando mucho. En todo caso, desde el momento en que los partidos emergentes han proclamado su decisión de no entrar en gobiernos en los que no han obtenido la mayoría para gobernar, la cuestión se simplifica: los acuerdos tienen que alcanzarse en base sobre todo a determinadas cuestiones básicas y, en particular, a una que me parece esencial porque es sobre lo que hay que construir todo lo demás: la necesidad de la regeneración democrática e institucional.

Efectivamente,  en mi opinión antes de políticas de izquierdas o de derechas –al fin y al cabo estas no han sido unas elecciones generales- los españoles hemos votado un cambio de las reglas del juego; y además un cambio desde las instituciones, es decir, “de la ley a la ley” como nos gusta decir a los juristas. En primer lugar, para que las normas sean respetadas, de manera que cuando los jugadores salten al terreno de juego no se hagan trampas,  el árbitro no esté comprado, y los jugadores no se dejen ganar porque hayan sido sobornados. En segundo lugar, hemos votado para que el terreno de juego esté limpio y en buen estado; nada de cascotes o cristales por el suelo. A partir de ahí, cada uno  que salga a ganar y a intentar realizar sus políticas lo mejor que sepa y pueda.

Por tanto me parece esencial que una parte fundamental de los pactos a los que se llegue finalmente versen en primer lugar sobre la regeneración de nuestras instituciones y el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho. En ese sentido, los diez puntos que exige Ciudadanos para pactar, que, mejor o peor elegidos, giran todos en torno a la regeneración democrática y el “tolerancia cero” con la corrupción –si bien un poco menos concreto- que exige Podemos y movimientos afines son relevantes, siempre, claro está, que se respeten en los acuerdos y, sobre todo, que sea posible su monitorización e implantación efectiva para evitar apaños cosméticos.

Por último, recordemos que muchos de los movimientos nacidos del 15-M se han presentado a las elecciones, como les reclamaban sus adversarios cuando acampaban en la Puerta del Sol; y en muchos sitios las han ganado, por lo que legítimamente pueden intentar llevar a cabo sus programas dentro, claro está, del marco que establecen las leyes y de las competencias que tienen atribuidas. Por mucho que se quiera, no se puede cambiar la Constitución o una simple ley desde el Ayuntamiento de una ciudad importante; ni siquiera desde una Comunidad Autónoma. Lo que sí se puede y a lo mejor se debe es cambiar la forma en que se adjudican muchas contratas de limpieza, por poner un ejemplo cualquiera. O apostar más por las políticas sociales y menos por los pelotazos urbanísticos. En todo caso, tampoco viene mal que algunos de estos movimientos aprendan a gestionar los intereses generales por donde se debe empezar: por la política municipal.

Reproducción post de nuestra coeditora Elisa de la Nuez en Voz Pópuli: el 24-M y el tiempo de los pactos

 

En España hay poca cultura de pactos y acuerdos de Gobierno, y por si nos quedaba alguna duda, ahí tenemos las reacciones frente al panorama que han dejado las históricas elecciones del 24-M. Estamos viendo y oyendo de todo, desde repetir lo del mantra de “la lista más votada”   siempre, claro está, que lo haya sido la lista de las complacencias del comentarista o tertuliano de turno, hasta apuntar a inverosímiles gobiernos “de concentración“ frente a una catástrofe inminente (se supone que la toma del poder local por el proletariado) pasando por todo tipo de combinaciones intermedias a cual más surrealista. Me parece que lo primero que hay que hacer es pararse a reflexionar sobre lo que han votado los ciudadanos españoles, antes de lanzarse a hablar de frentes “populares” o “constitucionalistas” que solo sirven para encrespar los ánimos y no favorecen precisamente que los representantes de los distintos partidos se sienten a hablar tranquilamente. Tampoco ayuda utilizar un lenguaje sectario que sigue confundiendo los adversarios políticos con los enemigos de la civilización o con delincuentes tarados, según los casos, o donde los que prefieren llegar a acuerdos son tachados de “traidores”.

Porque efectivamente y aunque sea una obviedad, los ciudadanos han votado pactos. Llega un tiempo nuevo donde lo que queremos es que ningún partido tenga la mayoría absoluta para hacer lo que le de la gana sin rendir cuentas a nadie, salvo en casos muy excepcionales, y eso, en democracia, quiere decir que hay que ponerse de acuerdo. Dado que nuestro régimen político, por diversas razones que ya han sido muy analizadas, no ha sido capaz de establecer un sistema de “checks and balances” o contrapesos digno de tal nombre, los ciudadanos han encontrado una vía alternativa y bastante sabia: los checks and balances alternativos, es decir, el que los propios partidos, especialmente los nuevos, ejerzan las funciones que no han sabido cumplir ni el Parlamento, ni el Poder Judicial, ni las Administraciones Públicas ni en general ninguna institución de supervisión y control.  Ningún partido tiene la capacidad de gobernar por sí solo; a partir de ahí, hay que ponerse de acuerdo. Y en este tiempo nuevo, lo que esperamos los ciudadanos es que los acuerdos versen sobre programas o proyectos, y no sobre el número de sillones a repartir.

Empieza pues una nueva etapa en nuestra vida política, que sin duda no va a ser fácil, y que nos va a suponer un esfuerzo muy importante de madurez democrática como sociedad. Sinceramente, creo que los españoles del 2015, como en su momento los españoles de hace 40 años, estamos en condiciones de dar este salto cualitativo a una democracia de mayor calidad, que es, en definitiva, de lo que estamos hablando. 

Cierto es que hasta ahora en España tampoco tenemos mucha cultura de llegar a acuerdos que sean algo más que un intercambio de cromos; en esto los partidos nacionalistas que hasta ahora han funcionado como “partidos bisagras” se han llevado la palma. Pero no solo han sido ellos; los acuerdos que ha habido que alcanzar entre distintos partidos sobre todo en Gobiernos autonómicos han consistido más bien en un reparto de cargos (esta concejalía para ti, esta consejería para mí, tú colocas a unos cuantos, yo coloco a otros tantos) aunque formalmente se haya hablado de programas, faltaría más. Y no han resultado precisamente un éxito para los partidos implicados, quizá sobre todo porque los acuerdos versaban más sobre los sillones que sobre las ideas, y eso se acaba notando mucho. En todo caso, desde el momento en que los partidos emergentes han proclamado su decisión de no entrar en gobiernos en los que no han obtenido la mayoría para gobernar, la cuestión se simplifica: los acuerdos tienen que alcanzarse en base sobre todo a determinadas cuestiones básicas y, en particular, a una que me parece esencial porque es sobre lo que hay que construir todo lo demás: la necesidad de la regeneración democrática e institucional.

Efectivamente,  en mi opinión antes de políticas de izquierdas o de derechas –al fin y al cabo estas no han sido unas elecciones generales- los españoles hemos votado un cambio de las reglas del juego; y además un cambio desde las instituciones, es decir, “de la ley a la ley” como nos gusta decir a los juristas. En primer lugar, para que las normas sean respetadas, de manera que cuando los jugadores salten al terreno de juego no se hagan trampas,  el árbitro no esté comprado, y los jugadores no se dejen ganar porque hayan sido sobornados. En segundo lugar, hemos votado para que el terreno de juego esté limpio y en buen estado; nada de cascotes o cristales por el suelo. A partir de ahí, cada uno  que salga a ganar y a intentar realizar sus políticas lo mejor que sepa y pueda.

Por tanto me parece esencial que una parte fundamental de los pactos a los que se llegue finalmente versen en primer lugar sobre la regeneración de nuestras instituciones y el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho. En ese sentido, los diez puntos que exige Ciudadanos para pactar, que, mejor o peor elegidos, giran todos en torno a la regeneración democrática y el “tolerancia cero” con la corrupción –si bien un poco menos concreto- que exige Podemos y movimientos afines son relevantes, siempre, claro está, que se respeten en los acuerdos y, sobre todo, que sea posible su monitorización e implantación efectiva para evitar apaños cosméticos.

Por último, recordemos que muchos de los movimientos nacidos del 15-M se han presentado a las elecciones, como les reclamaban sus adversarios cuando acampaban en la Puerta del Sol; y en muchos sitios las han ganado, por lo que legítimamente pueden intentar llevar a cabo sus programas dentro, claro está, del marco que establecen las leyes y de las competencias que tienen atribuidas. Por mucho que se quiera, no se puede cambiar la Constitución o una simple ley desde el Ayuntamiento de una ciudad importante; ni siquiera desde una Comunidad Autónoma. Lo que sí se puede y a lo mejor se debe es cambiar la forma en que se adjudican muchas contratas de limpieza, por poner un ejemplo cualquiera. O apostar más por las políticas sociales y menos por los pelotazos urbanísticos. En todo caso, tampoco viene mal que algunos de estos movimientos aprendan a gestionar los intereses generales por donde se debe empezar: por la política municipal.

Flash Derecho: «Corrupción: el organismo nocivo»

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La asociación Acción Cívica contra la corrupción, con la que nuestra Fundación colabora, presenta el jueves 8 de junio a las 19:30 su documental Corrupción: el organismo nocivo. Y lo hace en un lugar clave como es la Comunidad Valenciana, una de las comunidades autónomas en las que el impacto de esta lacra para la democracia ha sido mayor.

Tras el documental, se celebrará un coloquio en el que intervendrán:

  • Vicente Torres (Delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Valencia)
  • Joan Llinares (Gestor cultural y miembro de la Junta Directiva de Acción Cívica)
  • Antonio Penadés (Presidente de Acción Cívica)

Tendrá lugar en el Teatro la Rambleta, Bulevar Sur esq. Pío IX (Valencia)