La casi imposible ejecución de sentencias ambientales y urbanísticas

¿Qué ocurre cuando se dicta una sentencia firme del orden de lo contencioso-administrativo en la que se declara la ilegalidad de lo construido y se ordena la restitución de los terrenos o de los inmuebles a su estado anterior?

La respuesta por desgracia es muy poco esperanzadora: casi nunca ocurre nada. Aunque se dicte una sentencia tardana, las obras continúan, los edificios se ocupan y las infraestructuras se inauguran, sabedores todos de que a pesar de declararse su nulidad radical en un Tribunal, este no podrá detener otro atentado más a nuestro paisaje y nuestra calidad de vida.

No solo hablamos de los clásicos ejemplos de urbanizaciones en el litoral, sino de inmensas minas a cielo abierto que ignoran órdenes de paralización durante décadas, desarrollos urbanísticos en zonas inundables que se inundarán, puertos de iniciativa pública que destrozan hectáreas de costa, edificios que sobrepasan el volumen de edificación, líneas eléctricas que sin derecho atraviesan propiedades y trocean hábitats, autovías que atraviesan espacios protegidos, decenas de miles de viviendas de autoconstrucción, vertidos tóxicos o ruidos que vulneran el derecho fundamental a la integridad física y a la inviolabilidad del domicilio, embalses cuyos proyectos se declaran nulos y sus obras siguen o se declaran de interés general contra legem, repetidores de telefonía móvil que se instalan en cualquier parte o inmuebles históricos que un día, sin más, desaparecen del mapa.

Cartel soriano

                                             Un ejemplo del interés ciudadano por las inejecuciones de sentencias

En los escasos ejemplos en que la sociedad civil consigue llevar a buen término una demanda en pro de la conservación de nuestro territorio, la ejecución de la sentencia en sus propios términos, la restitución de la legalidad y la reposición de los terrenos a su estado anterior suponen una quijotesca aventura para la que se ha de colmar de paciencia y dinero quien meramente desee defender su propiedad o quien intente poner coto al caos urbanístico y territorial.

Entre las causas de esta preocupante situación, motivo sin duda de parte de la desafección ciudadana y la desconfianza en las instituciones, están el desdoblamiento entre la redacción y la ejecución de una sentencia, lo cual supone embarcarse en una interminable retahíla de “incidentes” (más bien proezas) de ejecución, que alarga por años o deja sin efecto alguno el resultado de lo juzgado. A esto se le suma el pernicioso efecto del nuevo régimen de condena en costas, mucho más grave que el sistema de tasas judiciales, capaz de frenar múltiples acciones judiciales en defensa de la legalidad.

Por otra parte, son innumerables las añagazas para evitar que se ejecute una sentencia, siendo muy común la aprobación a posteriori de normas que den una apariencia de legalidad a lo que es nulo de raíz, algo que contraviene de plano el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el llamado “derecho a la sentencia”. En efecto, el “mañana lo legalizamos” por vía reglamentaria o incluso parlamentaria es la conocida respuesta de quienes remiten a los boletines oficiales normas de convalidación o leyes de caso único, cuya inconstitucionalidad ha sido subrayada en más de una ocasión. Hay casos que rozan el esperpento, como el que la ejecución de una sentencia se considere un “daño” que haya de ser indemnizado por los poderes públicos, llegándose a  aprobar leyes autonómicas de este cariz.

En otras ocasiones, lo único que los ciudadanos responsables reciben es la callada por respuesta y la contumaz desobediencia ante los requerimientos de los tribunales, sin que la Administración responsable haga nada en su mano, dado que curiosamente es la Administración condenada la que sola o en compañía de otros actuó desde el primer momento en contra de la legalidad… y la que ha de ejecutar una sentencia en su contra a pesar de haber sido ella misma la principal responsable.

Una de las soluciones es la aplicación de las indispensables medidas cautelares o incluso cautelarísimas, sin que se tengan que pedir fianzas millonarias en euros a quienes con apariencia de buen derecho intentan buscar en los tribunales el restablecimiento de la legalidad, es decir, la defensa del Estado de Derecho. Hay casos en los que se piden cauciones de decenas de millones, que desde el primer momento se sabe que son imposibles de presentar por nadie, lo cual anula el derecho a la tutela judicial efectiva, como ha pasado hace poco acerca de una urbanización ribereña de un pantano del Tajo, en cuya ejecución de sentencia se dan mil rodeos para evitar lo que ha de aplicarse. Desgraciadamente, esta exigencia de fianzas multimillonarias (aquí) se contrapone a una excesiva indulgencia y comprensión ante quienes, en apariencia de mal Derecho si puede decirse así, parece que han vulnerado de raíz el ordenamiento.

Como hemos dicho en otra ocasión, la actuación libre y decidida de jueces y tribunales ágil, sin heroísmos de ninguna clase, y la justa aplicación de medidas cautelares son herramientas básicas para la mejor gestión del territorio y una de las bazas frente a la corrupción (aquí)  y los jueces deben tomarse en serio su propio papel, que son un verdadero Poder del Estado y su dignidad se juega precisamente en la ejecución.

Regenerar la política más allá de la cosmética: el análisis de la reciente reforma de los partidos políticos de +Democracia

 

 

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En un año electoral como este son muchos los cambios que, en mayor o menor profundidad, veremos en el panorama político. No obstante, si nuestra democracia no aborda cambios institucionales de calado, la ciudadanía puede verse defraudada en su pretensión de que una nueva distribución en los parlamentos acerque a representantes y representados, garantice actuaciones más éticas o siquiera mejore el funcionamiento de los partidos y los convierta en herramienta útil para la participación ciudadana en política.

En la legislatura que está a unos meses de terminar se han abordado algunas medidas de regeneración democrática que, aunque bienvenidas sean, traen más beneficios cosméticos que políticos en el funcionamiento de partidos e instituciones. Quizás el ejemplo más reciente es la aprobación por las cortes de la reforma de la ley de financiación de partidos.

A finales de Marzo, el Congreso aprobó una reforma que no responde a la exigencias sociales de mayor control y transparencia en el funcionamiento y financiación de los partidos políticos. Mas Democracia había recogido más de 60.000 firmas que hizo llegar a los partidos políticos pidiendo enmendar el proyecto de ley orgánica sobre control de la actividad económica de los Partidos políticos (anunciado a bombo y platillo)  con medidas más contundentes para conseguir de forma efectiva el control de la actividad de los partidos políticos y en particular su financiación irregular, pero los votos del PP, PNV y CiU dieron finalmente por buena una reforma a nuestro juicio insuficiente para combatir la corrupción. El texto finalmente aprobado es el recogido en la Ley Orgánica 3/2015 de 30 de marzo de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos que modifica la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

Pues bien, a nuestro juicio esta norma mantiene las puertas traseras para la financiación irregular de los partidos, permite que las empresas los sigan financiando vía fundaciones de los partidos, reduce los tiempos de prescripción de los delitos y es menos exigente con las cuentas de los partidos que con las de cualquier empresa u ONG. Además, carece del compromiso respecto a la dotación de medios para controlar la corrupción.

La conclusión que extrae el análisis que hace +Democracia comparando la reforma exigida por esta asociación y el texto que ha aprobado el Congreso concluye que la nueva Ley sólo supondrá simples mejoras técnicas, que aportan claridad pero que no atienden a las expectativas de los ciudadanos para dificultar y sancionar la financiación irregular de los partidos políticos, que es una de las lacras de nuestro sistema político y un auténtico pozo negro en términos de corrupción.Se introducen ciertas normas que aparentemente impiden la opacidad en las donaciones (límites en la cuantía, prohibición de donar a las personas jurídicas, o de donar en especie o metálico) pero manteniendo siempre vías alternativas (en ocasiones a través de un intricado juego de excepciones a través de disposiciones adicionales), en particular a través de las fundaciones o entidades similares vinculadas a los partidos.

A esto se añade el escaso control al que se someten las cuentas de los partidos. En lugar de una auditoría externa como en el caso de cualquier organización, especialmente las que perciben cuantiosos fondos públicos, cuyos resultados se someten después al control de las Administraciones, los partidos políticos realizan auditorías internas y envían documentos muy resumidos al Tribunal de Cuentas que -aunque tenga la facultad de requerir información adicional- dispone así de muy pocos elementos para detectar irregularidades y “tirar del hilo”. De esta manera, el control por ejemplo de los gastos electorales resulta en la práctica ilusorio porque los partidos pueden fácilmente trasladar como gastos ordinarios del partido parte de lo que han consumido específicamente para una campaña electoral.

Algunas nuevas exigencias legales adolecen igualmente de una formulación tan tímida que probablemente apenas tendrá impacto real: es el caso por ejemplo de la nueva figura del responsable económico-financiero, de las obligaciones de transparencia y apertura de datos, o del régimen de contratación. Por último, se desaprovecha la reforma para introducir cambios más amplios en el régimen orgánico de los partidos políticos, y no solo en los aspectos relativos a su financiación.

El paquete legislativo incluye propuestas de modificación a otras leyes que +Democracia considera insuficientes o insatisfactorias:

  • Ley Orgánica de Partidos Políticos: establecer un régimen de renovación de los órganos cada cuatro años (+Democracia propone que sea cada dos años); se sigue sin regular el régimen de recursos judiciales para proteger los derechos de los afiliados, lo que exige un incierto proceso antes los tribunales ordinarios o una desproporcionada petición de amparo al Tribunal Constitucional (+Democracia propone establecer un sometimiento claro al Derecho administrativo);
  • Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas: se aprovecha para incluir una disposición que implica un crecimiento automático de las subvenciones a los partidos (+Democracia considera que debería contenerse este gasto, y no incluirse esta disposición);
  • Ley Orgánica del Régimen Electoral General: al rebajarse el reembolso de costes por envío de propaganda pero mantenerse la fijación por Orden Ministerial de las tarifas especiales para su envío se aumenta el poder gubernativo para condicionar la capacidad de partidos pequeños para realizar publicidad (+Democracia propone que la tarifa quede asimismo fijada en la Ley).

Profundizar en las reformas sigue siendo una oportunidad de mejorar la calidad de la democracia. En el caso de la financiación de los partidos, queda todavía pendiente prohibir las donaciones de empresas a las fundaciones y otras organizaciones relacionadas con los partidos políticos, exigir transparencia en las donaciones recibidas y en las fuentes de financiación, y exigir auditorías externas de cuentas a todos los partidos con representación institucional.

Estas y otras medidas de regeneración democrática, como la mejora del funcionamiento interno de los partidos o la revisión de la Ley electoral y abordar nuevas medidas de lucha contra la corrupción, seguirán siendo una demanda ciudadana que las organizaciones de la sociedad civil deberemos impulsar y canalizar en los próximos meses de cara a los pactos entre los partidos y a las elecciones generales.