El nuevo reparto de los derechos televisivos. Una decepción

En este blog ¿Hay Derecho? se han publicado algunas entradas relacionadas con el mundo del fútbol, un mundo donde se refleja muchas veces lo peor de nuestra realidad institucional, dominada por esas “élites extractivas” presentes en todos los ámbitos de nuestra sociedad. A partir de la publicación del nuevo Real Decreto-ley (RDL) por el que se regula la venta centralizada de los derechos de televisión hemos tenido la ocasión de leer bastantes e interesantes artículos desde un punto de vista jurídico. Por mi formación e interés por la economía del futbol he estado realizando algunos cálculos y resulta que se obtienen unas conclusiones que encajan perfectamente en el espíritu de este blog, que aunque jurídico es un referente dentro de las tribunas regeneracionistas de España, disconformes con el estado actual de tantas cosas e infatigables a la hora de trabajar por los cambios necesarios y cada vez más urgentes.

El punto de partida es conocer cuáles son los nuevos criterios en el reparto de los derechos de televisión. Para ello he preparado este cuadro resumen, considerando unos ingresos de 1.000 millones de euros, que es la cifra más frecuentemente utilizada en las primeras estimaciones de ingresos futuros.

 

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Los tramos A y B son objetivos, no requieren estimaciones. El tercer tramo, “implantación social” se le denomina en el RDL, requiere una estimación. Puesto que ningún equipo puede llevarse más del 20% del total ni menos del 2%, el reparto aquí va a estar muy igualado para los equipos que no son grandes, sobre todo pensando que Real Madrid (RMD) y Barcelona (FCB) pueden optar a ese 20% cada uno. Esto significa que queda un 60% a repartir entre 18 equipos. Y entre estos 18 equipos también hay grandes con una fuerte implantación social.

 

Aplicando los criterios del RDL obtenemos un resultado, pero la disposición transitoria segunda del RDL garantiza para RMD y FCB sus ingresos actuales durante seis temporadas. Esto requiere una nueva estimación,  porque lo que se llevan de más estos dos equipos hay que restarlo del resto. El RDL establece que el recorte se hará proporcionalmente a los beneficios obtenidos por cada equipo en el nuevo reparto. Puesto que todos los equipos ganan con el nuevo reparto, he decidido repartir las pérdidas proporcionalmente a cada equipo. He considerado unos ingresos totales de 734 millones en la situación actual y los 900 millones mencionados anteriormente en la situación nueva

 

El nuevo sistema, sin duda, presenta ventajas. Pero creo que también perpetúa la desigualdad en el futbol español. Se configuran dos grupos: uno de 6-7 equipos que lucharán por Europa,  y el resto que lucharán por no descender hasta pocas jornadas antes de acabar cada liga. Al menos habrá emoción hasta el final.

 

Las principales ventajas pueden ser las siguientes:

  1. Se esperan conseguir mayores ingresos nada más implantarse el nuevo sistema. Se pasaría de los 734 millones actuales a 1.000 millones. Con expectativas razonables de ir creciendo.
  2. Se reduce un poquito la desigualdad actual, aunque con una trampa. Desde una diferencia (sin aplicar la disposición transitoria) de 3,8 veces entre el primer y el último equipo se pasa a una diferencia de 5,1 para empezar. En el RDL se fija un tope de 4,5 veces, que irá disminuyendo (si se van incrementando los ingresos) hasta un máximo de 3,5 veces. El mencionado 4,5 salta por los aires una vez garantizados los ingresos de RMD y FCB.
  3. Transparencia. Se crea un órgano de control para la gestión de los derechos de TV y antes de 31 de diciembre de cada año se publicarán los criterios de reparto y las cantidades resultantes.

 

El principal inconveniente, el mencionado anteriormente de consolidación de la desigualdad, se ve en este gráfico:

 

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A la vista del gráfico parecen evidentes algunas cuestiones: 1) que RMD y FCB no han estado dispuestos a perder un euro, cuando sus ingresos actuales superan los 500 millones y 2) que los otros “grandes equipos” son los realmente beneficiados del nuevo reparto.

 

Como decía al principio, unas conclusiones y un reparto muy al estilo español: débil con el fuerte y fuerte con el débil. Una nueva decepción de nuestras élites extractivas, en este caso futbolísticas.

 

La casi imposible ejecución de sentencias ambientales y urbanísticas

¿Qué ocurre cuando se dicta una sentencia firme del orden de lo contencioso-administrativo en la que se declara la ilegalidad de lo construido y se ordena la restitución de los terrenos o de los inmuebles a su estado anterior?

La respuesta por desgracia es muy poco esperanzadora: casi nunca ocurre nada. Aunque se dicte una sentencia tardana, las obras continúan, los edificios se ocupan y las infraestructuras se inauguran, sabedores todos de que a pesar de declararse su nulidad radical en un Tribunal, este no podrá detener otro atentado más a nuestro paisaje y nuestra calidad de vida.

No solo hablamos de los clásicos ejemplos de urbanizaciones en el litoral, sino de inmensas minas a cielo abierto que ignoran órdenes de paralización durante décadas, desarrollos urbanísticos en zonas inundables que se inundarán, puertos de iniciativa pública que destrozan hectáreas de costa, edificios que sobrepasan el volumen de edificación, líneas eléctricas que sin derecho atraviesan propiedades y trocean hábitats, autovías que atraviesan espacios protegidos, decenas de miles de viviendas de autoconstrucción, vertidos tóxicos o ruidos que vulneran el derecho fundamental a la integridad física y a la inviolabilidad del domicilio, embalses cuyos proyectos se declaran nulos y sus obras siguen o se declaran de interés general contra legem, repetidores de telefonía móvil que se instalan en cualquier parte o inmuebles históricos que un día, sin más, desaparecen del mapa.

Cartel soriano

                                             Un ejemplo del interés ciudadano por las inejecuciones de sentencias

En los escasos ejemplos en que la sociedad civil consigue llevar a buen término una demanda en pro de la conservación de nuestro territorio, la ejecución de la sentencia en sus propios términos, la restitución de la legalidad y la reposición de los terrenos a su estado anterior suponen una quijotesca aventura para la que se ha de colmar de paciencia y dinero quien meramente desee defender su propiedad o quien intente poner coto al caos urbanístico y territorial.

Entre las causas de esta preocupante situación, motivo sin duda de parte de la desafección ciudadana y la desconfianza en las instituciones, están el desdoblamiento entre la redacción y la ejecución de una sentencia, lo cual supone embarcarse en una interminable retahíla de “incidentes” (más bien proezas) de ejecución, que alarga por años o deja sin efecto alguno el resultado de lo juzgado. A esto se le suma el pernicioso efecto del nuevo régimen de condena en costas, mucho más grave que el sistema de tasas judiciales, capaz de frenar múltiples acciones judiciales en defensa de la legalidad.

Por otra parte, son innumerables las añagazas para evitar que se ejecute una sentencia, siendo muy común la aprobación a posteriori de normas que den una apariencia de legalidad a lo que es nulo de raíz, algo que contraviene de plano el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el llamado “derecho a la sentencia”. En efecto, el “mañana lo legalizamos” por vía reglamentaria o incluso parlamentaria es la conocida respuesta de quienes remiten a los boletines oficiales normas de convalidación o leyes de caso único, cuya inconstitucionalidad ha sido subrayada en más de una ocasión. Hay casos que rozan el esperpento, como el que la ejecución de una sentencia se considere un “daño” que haya de ser indemnizado por los poderes públicos, llegándose a  aprobar leyes autonómicas de este cariz.

En otras ocasiones, lo único que los ciudadanos responsables reciben es la callada por respuesta y la contumaz desobediencia ante los requerimientos de los tribunales, sin que la Administración responsable haga nada en su mano, dado que curiosamente es la Administración condenada la que sola o en compañía de otros actuó desde el primer momento en contra de la legalidad… y la que ha de ejecutar una sentencia en su contra a pesar de haber sido ella misma la principal responsable.

Una de las soluciones es la aplicación de las indispensables medidas cautelares o incluso cautelarísimas, sin que se tengan que pedir fianzas millonarias en euros a quienes con apariencia de buen derecho intentan buscar en los tribunales el restablecimiento de la legalidad, es decir, la defensa del Estado de Derecho. Hay casos en los que se piden cauciones de decenas de millones, que desde el primer momento se sabe que son imposibles de presentar por nadie, lo cual anula el derecho a la tutela judicial efectiva, como ha pasado hace poco acerca de una urbanización ribereña de un pantano del Tajo, en cuya ejecución de sentencia se dan mil rodeos para evitar lo que ha de aplicarse. Desgraciadamente, esta exigencia de fianzas multimillonarias (aquí) se contrapone a una excesiva indulgencia y comprensión ante quienes, en apariencia de mal Derecho si puede decirse así, parece que han vulnerado de raíz el ordenamiento.

Como hemos dicho en otra ocasión, la actuación libre y decidida de jueces y tribunales ágil, sin heroísmos de ninguna clase, y la justa aplicación de medidas cautelares son herramientas básicas para la mejor gestión del territorio y una de las bazas frente a la corrupción (aquí)  y los jueces deben tomarse en serio su propio papel, que son un verdadero Poder del Estado y su dignidad se juega precisamente en la ejecución.