Líneas generales de la reforma del Código Penal

Asombra la rapidez empleada por nuestro legislador penal en aprobar la reforma del Código penal (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo), así como el escaso periodo de vacatio legis que la propia Ley contempla. Presentado el Anteproyecto en 2012, por el anterior ministro Ruiz Gallardón, como una de las iniciativas prioritarias de nuestro Parlamento, pronto pasó a ser objeto de distintas prórrogas en el periodo de enmiendas, durante los años 2013 y 2014, reactivándose, a una velocidad de vértigo, en enero de 2015, teniendo en cuenta la amplia reforma de que fue objeto el texto punitivo por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio y que, como es lógico, no ha habido el tiempo suficiente para valorar los cambios introducidos y la oportunidad de una nueva reforma. La razón no la encontramos en un aumento de la delincuencia en España, así lo demuestra la baja tasa de criminalidad si las comparamos con la de otros países de la Europa occidental, lo que choca con la justificación señalada en la propia Exposición de Motivos (que consta de 25 páginas) de la Ley 1/2015 que dice expresamente “en la conciencia de que el transcurso del tiempo y las nuevas demandas sociales evidencian la necesidad de llevar a cabo determinadas modificaciones de nuestra norma penal”.

No nos encontramos con razones estrictamente jurídicas, sino que esta reforma responde, desgraciadamente, a motivaciones de populismo político atribuibles a los acontecimientos electorales que nos depara el año 2015. No encontramos reforma penal en España que no consista en un endurecimiento de las penas, demostrándose una vez más, con la Ley que entrará en vigor el 1 de julio de este año, que lo que ha fracasado anteriormente también se presume que fracasará en el futuro, pues la experiencia nos demuestra que el aumento en el rigor punitivo no es directamente proporcional a un descenso de la delincuencia. Tampoco convence que en España, es decir los españoles, se hayan inventado nuevas formas de criminalidad que justifiquen una reforma tras otra, y así casi una treintena, desde que entrara en vigor el Código penal de 1995, de ser tan sagaces inventores o visionarios no se entiende cómo no estamos a la cabeza de todos los progresos mundiales. El objetivo de alcanzar la Justicia no se logrado con el Derecho penal, pero tal vez pueda decirse que ese objetivo es inalcanzable si no configuramos otros sistemas que se aproximen más a ese anhelo.

Se trata de una reforma de gran alcance que modifica un amplio número de artículos (en concreto, 242) y suprime el libro III (22 preceptos dedicado a la tipificación de las faltas).

No voy a entrar a valorar las concretas modificaciones hechas, si son o no acertadas, pues solo haré una breve alusión a aquellas cuestiones más relevantes, de una manera descriptiva, de la parte general del Código penal.

Se modifica el régimen de penas y su aplicación. En concreto, se destaca: la introducción de la prisión permanente revisable, de aplicación a los asesinatos especialmente graves; la revisión del sistema de alternativas a la ejecución de las penas privativas de libertad, quedando reducida, prácticamente, a las suspensión, suponiendo la revocación de esta alternativa cuando se ocultan bienes o no se aporta información sobre los disponibles o no se facilita el decomiso acordado, en aras de satisfacer la responsabilidad civil; la libertad condicional pasa a ser una modalidad de suspensión de la ejecución de la pena que quede por cumplir, incluyéndose un supuesto privilegiado de acceso a la libertad condicional, aplicado a los delincuentes primarios y que hayan sido condenados a una pena de hasta tres años de prisión, excluyendo a los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales; se equiparan los antecedentes penales españoles a aquellos que provengan de delitos juzgados en otros Estados miembros de la Unión Europea, a efectos de la concurrencia de la agravante de reincidencia o la suspensión de la ejecución de la pena; la aparición de nuevas penas privativas de derechos, como lo es la inhabilitación docente. Respecto a la prescripción de la pena se excluye del cómputo del plazo la ejecución de otra pena de igual naturaleza y el tiempo de suspensión de la ejecución de la pena ya impuesta.

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, sustituyó la regla societas delinquere non potest por un nuevo modelo de imputación de las personas jurídicas, así, en esta misma línea se puede señalar como novedad, la modificación del art. 31 bis , donde se recoge una causa de exención cuando exista un programa de prevención con el objeto de prevenir o reducir el riesgo de la comisión de delitos en las empresas. Se exige que antes de la comisión del delito, el órgano de administración haya adoptado modelos de organización y gestión incluyendo medidas de vigilancia y control, la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento de esos modelos adoptados, que los autores individuales hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente aquellos modelos de prevención y que no haya un ejercicio insuficiente u omisión en las funciones de supervisión, vigilancia y control del obligado a ello. En el supuesto de que solo se pudiera acreditar parcialmente el cumplimiento del programa de prevención, se podrá valorar esta circunstancia a efectos de atenuación.

Se suprimen las faltas, pasando a convertirse en delitos leves o a infracciones civiles, dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana, o administrativas. Así se pasa de un plazo de prescripción de 6 meses a un año. Por ejemplo, las faltas de homicidio y lesiones por imprudencia leve (la mayoría en accidentes de tráfico) se trasladan a la vía civil, como responsabilidad extracontractual.

Se amplía la figura del decomiso; desaparece el doble régimen existente, según se tratara de delitos contra la salud pública o de otros de distinta naturaleza; se introducen mejoras técnicas en su regulación y normas procesales para posibilitar su aplicación, en el caso de decomiso sin sentencia. Se crea la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos que se concibe como un organismo especializado que tiene como objetivo la localización de los bienes, efectos y ganancias que provienen del delito y asumir la gestión económica de los bienes que se intervengan durante el proceso o posteriormente al enjuiciamiento, para poder satisfacer con ellos las indemnizaciones a las víctimas de delitos.

El nuevo reparto de los derechos televisivos. Una decepción

En este blog ¿Hay Derecho? se han publicado algunas entradas relacionadas con el mundo del fútbol, un mundo donde se refleja muchas veces lo peor de nuestra realidad institucional, dominada por esas “élites extractivas” presentes en todos los ámbitos de nuestra sociedad. A partir de la publicación del nuevo Real Decreto-ley (RDL) por el que se regula la venta centralizada de los derechos de televisión hemos tenido la ocasión de leer bastantes e interesantes artículos desde un punto de vista jurídico. Por mi formación e interés por la economía del futbol he estado realizando algunos cálculos y resulta que se obtienen unas conclusiones que encajan perfectamente en el espíritu de este blog, que aunque jurídico es un referente dentro de las tribunas regeneracionistas de España, disconformes con el estado actual de tantas cosas e infatigables a la hora de trabajar por los cambios necesarios y cada vez más urgentes.

El punto de partida es conocer cuáles son los nuevos criterios en el reparto de los derechos de televisión. Para ello he preparado este cuadro resumen, considerando unos ingresos de 1.000 millones de euros, que es la cifra más frecuentemente utilizada en las primeras estimaciones de ingresos futuros.

 

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Los tramos A y B son objetivos, no requieren estimaciones. El tercer tramo, “implantación social” se le denomina en el RDL, requiere una estimación. Puesto que ningún equipo puede llevarse más del 20% del total ni menos del 2%, el reparto aquí va a estar muy igualado para los equipos que no son grandes, sobre todo pensando que Real Madrid (RMD) y Barcelona (FCB) pueden optar a ese 20% cada uno. Esto significa que queda un 60% a repartir entre 18 equipos. Y entre estos 18 equipos también hay grandes con una fuerte implantación social.

 

Aplicando los criterios del RDL obtenemos un resultado, pero la disposición transitoria segunda del RDL garantiza para RMD y FCB sus ingresos actuales durante seis temporadas. Esto requiere una nueva estimación,  porque lo que se llevan de más estos dos equipos hay que restarlo del resto. El RDL establece que el recorte se hará proporcionalmente a los beneficios obtenidos por cada equipo en el nuevo reparto. Puesto que todos los equipos ganan con el nuevo reparto, he decidido repartir las pérdidas proporcionalmente a cada equipo. He considerado unos ingresos totales de 734 millones en la situación actual y los 900 millones mencionados anteriormente en la situación nueva

 

El nuevo sistema, sin duda, presenta ventajas. Pero creo que también perpetúa la desigualdad en el futbol español. Se configuran dos grupos: uno de 6-7 equipos que lucharán por Europa,  y el resto que lucharán por no descender hasta pocas jornadas antes de acabar cada liga. Al menos habrá emoción hasta el final.

 

Las principales ventajas pueden ser las siguientes:

  1. Se esperan conseguir mayores ingresos nada más implantarse el nuevo sistema. Se pasaría de los 734 millones actuales a 1.000 millones. Con expectativas razonables de ir creciendo.
  2. Se reduce un poquito la desigualdad actual, aunque con una trampa. Desde una diferencia (sin aplicar la disposición transitoria) de 3,8 veces entre el primer y el último equipo se pasa a una diferencia de 5,1 para empezar. En el RDL se fija un tope de 4,5 veces, que irá disminuyendo (si se van incrementando los ingresos) hasta un máximo de 3,5 veces. El mencionado 4,5 salta por los aires una vez garantizados los ingresos de RMD y FCB.
  3. Transparencia. Se crea un órgano de control para la gestión de los derechos de TV y antes de 31 de diciembre de cada año se publicarán los criterios de reparto y las cantidades resultantes.

 

El principal inconveniente, el mencionado anteriormente de consolidación de la desigualdad, se ve en este gráfico:

 

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A la vista del gráfico parecen evidentes algunas cuestiones: 1) que RMD y FCB no han estado dispuestos a perder un euro, cuando sus ingresos actuales superan los 500 millones y 2) que los otros “grandes equipos” son los realmente beneficiados del nuevo reparto.

 

Como decía al principio, unas conclusiones y un reparto muy al estilo español: débil con el fuerte y fuerte con el débil. Una nueva decepción de nuestras élites extractivas, en este caso futbolísticas.