Jubilarse a los 72: un ejemplo más de por qué la elaboración de normas necesita luz y taquígrafos

En España el deporte nacional no es el fútbol. El deporte nacional es intrigar cerca del regulador con la esperanza de influir/convencer/presionar lo suficiente para que te saque por la puerta de atrás esa disposición legal o reglamentaria que te ponga (a ti, particularmente) en casa. Si lo consigues has metido un buen gol.

Hay que hacerlo por la puerta de atrás, claro, porque si tienes la mala suerte de que la cosa trascienda y se suscite un debate público, alguien puede alegar argumentos de interés general que socaven tu posición (te han parado el disparo) o incluso, en casos extremos, que te dejen fuera de juego o te saquen una tarjeta roja.

Un ejemplo de este fenómeno tan hispano más lo tenemos ahora con los movimientos de algunas personas influyentes cercanos al poder (de edad provecta, evidentemente) con la finalidad de presionar para ampliar la edad de jubilación de notarios y registradores a los 72 años, aprovechando la enmienda a la Ley a la LOPJ que prevé lo propio para los jueces.

El caso de los jueces es ya de por sí bastante discutible. Es cierto que pretenden resolver con él el riesgo de compadreo que se originaba con el nombramiento de eméritos hasta los 75, pero la prórroga lineal va a afectar a opositores y al ritmo normal de la carrera, sin duda alguna.

Respecto del caso de los registradores tampoco voy a decir mucho. Allá Mariano Rajoy si quiere ampliarse la edad de jubilación justo antes de las elecciones generales, seguro que su jefe de campaña estará muy contento. En cualquier caso, la medida pueden leerse como una clara expresión de su nivel de confianza de continuar siendo Presidente la legislatura que viene: sigo siendo el candidato porque lo decido yo, pero como el riesgo de no continuar es evidente hasta para mí, suscribo el correspondiente seguro.

Pero en este post voy a centrarme principalmente en el caso de los notarios. Tras padecer durante años una demarcación notarial adaptada a la España de la burbuja se consiguió hace apenas unas semanas una reducción de plazas vacantes que ajusta relativamente bien la planta a las necesidades del servicio. Una buena demarcación cumple una función fundamental para diseñar adecuadamente los incentivos de una carrera tan particular como la notarial. El notario que empieza debe saber que la fortísima inversión en años de estudio, la baja remuneración inicial y los rendimientos perdidos por las escrituras que no autoriza por ejercitar un adecuado control de legalidad, serán compensados en el futuro a medida que avance en el escalafón, con lo que esto implica para disciplinar la profesión. Es la teoría de las “cuasi rentas” que no vamos a repetir ahora. Por eso, que con la antigua demarcación un notario de entrada pudiera establecer su primera notaría en lugares como Barcelona, constituía un auténtico disparate.

Pero, evidentemente, lo que tampoco puede hacerse es incurrir en el pecado contrario, de efectos tan nefastos como el anterior. Ampliar la edad de jubilación dos años tras haber ajustado la demarcación trae consigo tres graves efectos: reducción de plazas para los opositores durante los próximos años, alargamiento del plazo de convocatoria de las oposiciones y estancamiento de la carrera notarial. Tan deletéreo para las cuasi rentas como el caso contrario.

En un momento como el actual en el que, tras la demarcación, solo quedarán vacantes prácticamente las notarías que dejan los jubilados (unas 40 al año), alargar el plazo de jubilación implica que las próximas oposiciones sufrirán una importante reducción de plazas y las siguientes un prolongado alargamiento en el tiempo (quizás tres años sin oposiciones). Eso multiplica los costes de inversión y oportunidad para los opositores, ya bastante altos en la actualidad, y desincentivará la oposición. En el caso de los que ya están estudiando es algo próximo al fraude, al menos moral, porque jurídicamente ya sabemos que los opositores son seres despreciables sin derechos y expectativas jurídicas de ningún tipo.

Pero ese retraso en la jubilación va a afectar también a los notarios en activo, evidentemente. Al bloquearse el acceso a las notarías “mejores” del país, que son normalmente las que están ejerciendo los notarios en los últimos años de su profesión, se dificulta el desarrollo normal de la carrera, perdiéndose de nuevo así sus correspondientes incentivos en favor de la autodisciplina de la profesión.

En definitiva, que si se quería haber ampliado la edad de jubilación esta circunstancia debía haberse tenido en cuenta al tiempo de la demarcación. Pretender colarla ahora por la puerta de atrás para beneficiar a unos pocos (como si fuese el mismo caso que el de los jueces, ya de por sí discutible), no solo es que perjudique a una mayoría de notarios, presentes y futuros, es que trastorna los incentivos conforme a los cuales tiene sentido esta carrera y, en consecuencia, perjudica a todos los ciudadanos.

Reproducción del post en Voz Pópuli de nuestra coeditora Elisa de la Nuez: De manzanas, cestos, pactos y regeneración local.

 Constituidos los Ayuntamientos este sábado pasado, en un proceso no exento de dificultades y con sorpresas de última hora, los sufridos ciudadanos podemos preguntarnos si de verdad estos pactos van a servir para la urgente regeneración de la vida local. El dato de que la Administración local es la Administración en España que tiene mayores problemas de corrupción ha sido apuntado por muchos estudios, el último el que hemos hecho en la Fundación ¿Hay Derecho?  Por otro lado, basta con leer los periódicos para darse cuenta de que las grandes tramas de corrupción política suelen surgir en el nivel local desde el que se extienden al autonómico y a veces al estatal y que los principales imputados y detenidos suelen ser alcaldes, concejales o presidentes de diputaciones provinciales.

La explicación a mi juicio es muy sencilla: la Administración local es la que ha desactivado con más éxito los controles preventivos fundamentales para garantizar la legalidad en la toma de decisiones, algunas tan importantes como las que afectan a la contratación pública, el urbanismo o las subvenciones, por citar los ámbitos en los que, siempre según nuestro estudio, la corrupción penalmente punible (concretada en los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos) es más frecuente. Estos controles estaban básicamente en manos de los funcionarios con habilitación nacional (Interventores, Secretarios y tesoreros) que durante muchos años han estado sometidos a los mismos cargos públicos a los que debían controlar. Un sistema absurdo en que el controlador depende del controlado en lo que se refiere a su puesto de trabajo, sueldo, posibilidades de ascenso, sanciones disciplinarias, traslados o incluso tranquilidad profesional y personal. Y sin contar con ningún amparo institucional como contrapeso: estos funcionarios han estado y siguen estando “solos ante el peligro” aunque ciertamente las cosas han mejorado algo tras la entrada en vigor de la todavía muy insuficiente Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de 27 de diciembre de 2013.

No es de extrañar que la labor de los funcionarios encargados de velar por la legalidad de las decisiones de los cargos municipales se haya tornado heroica. Y tampoco que algunos no hayan estado a la altura, aunque afortunadamente han sido los menos. Entre otras cosas porque simplemente muchos cargos políticos han optado por dejar sus plazas vacantes, prescindir de sus informes, o mejor todavía, por sustituirles por personas de su confianza, a través de nombramientos para cubrir de forma interina plazas teóricamente reservados a los funcionarios de habilitación local. Para más información sobre este tipo de prácticas, pueden acudir a la web de COSITAL, Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local. http://www.cosital.es/

Así las cosas, el diagnóstico para luchar contra la corrupción local es bastante claro: urge despolitizar la gestión municipal, profesionalizarla y devolver a los funcionarios y técnicos municipales su capacidad para defender los intereses generales, permitiendo que ejerciten sus funciones con neutralidad e independencia. Desde la Fundación ¿Hay Derecho? hemos propuesto en una iniciativa conjunta con COSITAL una serie de medidas de regeneración local a todos los partidos políticos. http://www.fundacionhayderecho.com/wp-content/uploads/2015/02/Propuestas-para-la-regeneraci%C3%B3n-municipal.pdf Por ahora, hemos conseguido el apoyo y la adhesión (entre los grandes partidos) de partidos políticos como Podemos. Esperamos que la respuesta del resto de los partidos todavía pendiente sea también positiva.

En definitiva, frente a la tesis, tan cara a nuestra clase política, de que la corrupción es un fenómeno aislado y puntual (las cuatro manzanas podridas) nuestro estudio avala la tsis contraria: corrupción es institucional y tiene que ver con la falta de controles y la impunidad. Por tanto, es urgente regenerar unos cuantos cestos antes de volver a poner las manzanas dentro.  Si no, corremos el riesgo cierto de que las nuevas manzanas se pudran igual que las anteriores. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos y nos movemos por los mismos incentivos. Casos extremos como el del Ayuntamiento de Marbella hace unos años son ejemplos perfectos. Con una estructura institucional totalmente corroída por la corrupción da exactamente igual de qué partido sean alcaldes o concejales. Por el contrario, si el tejido institucional está sano un regidor o un concejal corrupto será detectado y expulsado del cesto sin problemas.

Lo que nos trae de vuelta a los recientes pactos en los Ayuntamientos. De los que se ha hablado mucho en términos de derechas, izquierdas, gobernabilidad o ingobernabilidad, cambio o recambio, estabilidad e inestabilidad…sin excluir el inevitable cotilleo sobre los perfiles de las personas. Pero tratándose de Entidades locales creo que es esencial para los ciudadanos empezar a hablar de gestión municipal profesional, de transparencia y la participación ciudadana, la rendición de cuentas y, por supuesto, de lucha contra la corrupción. Por supuesto que habrá políticas públicas municipales diferenciadas en los distintos Ayuntamientos. Pero lo importante es que se aborden con rigor, transparencia, profesionalidad y que se rinda cuentas. El estilo de gobierno en el que los ciudadanos son sujetos pasivos y sujetos paganos de las ocurrencias de turno, y los empleados públicos y los técnicos meros comparsas mudos y ciegos ha pasado, afortunadamente, a mejor vida.  De la misma forma vamos a ser muy exigentes en términos de responsabilidad política: no basta con que los nuevos alcaldes y concejales no sean corruptos. Si despilfarran nuestro dinero o cometen errores de bulto -ya sea directamente o a través de sus subordinados- tendrán que asumir las correspondientes responsabilidades. Conviene recordar que, por no haberlo entendido así,  hay candidatos que han provocado un gran rechazo en su propio electorado que, en algunos casos, les ha costado la alcaldía. El caso de Esperanza Aguirre en Madrid ha sido paradigmático.

Si equiparamos  la abdicación del Rey Juan Carlos I hace un año con el pistoletazo de salida que supuso la muerte de Franco podemos considerar que con el 24-M ha muerto una forma determinada de hacer política que fue la dominante durante su reinado. Se abre un camino muy interesante y novedoso que muchos esperamos que nos conduzca hacia una democracia de mayor calidad. Para conseguirlo conviene ser muy exigentes con los nuevos cargos electos, especialmente con los que nos son más afines, que es siempre lo más difícil.

Reproducción del post en Voz Pópuli de nuestra coeditora Elisa de la Nuez: De manzanas, cestos, pactos y regeneración local.

 Constituidos los Ayuntamientos este sábado pasado, en un proceso no exento de dificultades y con sorpresas de última hora, los sufridos ciudadanos podemos preguntarnos si de verdad estos pactos van a servir para la urgente regeneración de la vida local. El dato de que la Administración local es la Administración en España que tiene mayores problemas de corrupción ha sido apuntado por muchos estudios, el último el que hemos hecho en la Fundación ¿Hay Derecho?  Por otro lado, basta con leer los periódicos para darse cuenta de que las grandes tramas de corrupción política suelen surgir en el nivel local desde el que se extienden al autonómico y a veces al estatal y que los principales imputados y detenidos suelen ser alcaldes, concejales o presidentes de diputaciones provinciales.

La explicación a mi juicio es muy sencilla: la Administración local es la que ha desactivado con más éxito los controles preventivos fundamentales para garantizar la legalidad en la toma de decisiones, algunas tan importantes como las que afectan a la contratación pública, el urbanismo o las subvenciones, por citar los ámbitos en los que, siempre según nuestro estudio, la corrupción penalmente punible (concretada en los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos) es más frecuente. Estos controles estaban básicamente en manos de los funcionarios con habilitación nacional (Interventores, Secretarios y tesoreros) que durante muchos años han estado sometidos a los mismos cargos públicos a los que debían controlar. Un sistema absurdo en que el controlador depende del controlado en lo que se refiere a su puesto de trabajo, sueldo, posibilidades de ascenso, sanciones disciplinarias, traslados o incluso tranquilidad profesional y personal. Y sin contar con ningún amparo institucional como contrapeso: estos funcionarios han estado y siguen estando “solos ante el peligro” aunque ciertamente las cosas han mejorado algo tras la entrada en vigor de la todavía muy insuficiente Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local de 27 de diciembre de 2013.

No es de extrañar que la labor de los funcionarios encargados de velar por la legalidad de las decisiones de los cargos municipales se haya tornado heroica. Y tampoco que algunos no hayan estado a la altura, aunque afortunadamente han sido los menos. Entre otras cosas porque simplemente muchos cargos políticos han optado por dejar sus plazas vacantes, prescindir de sus informes, o mejor todavía, por sustituirles por personas de su confianza, a través de nombramientos para cubrir de forma interina plazas teóricamente reservados a los funcionarios de habilitación local. Para más información sobre este tipo de prácticas, pueden acudir a la web de COSITAL, Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración local. http://www.cosital.es/

Así las cosas, el diagnóstico para luchar contra la corrupción local es bastante claro: urge despolitizar la gestión municipal, profesionalizarla y devolver a los funcionarios y técnicos municipales su capacidad para defender los intereses generales, permitiendo que ejerciten sus funciones con neutralidad e independencia. Desde la Fundación ¿Hay Derecho? hemos propuesto en una iniciativa conjunta con COSITAL una serie de medidas de regeneración local a todos los partidos políticos. http://www.fundacionhayderecho.com/wp-content/uploads/2015/02/Propuestas-para-la-regeneraci%C3%B3n-municipal.pdf Por ahora, hemos conseguido el apoyo y la adhesión (entre los grandes partidos) de partidos políticos como Podemos. Esperamos que la respuesta del resto de los partidos todavía pendiente sea también positiva.

En definitiva, frente a la tesis, tan cara a nuestra clase política, de que la corrupción es un fenómeno aislado y puntual (las cuatro manzanas podridas) nuestro estudio avala la tsis contraria: corrupción es institucional y tiene que ver con la falta de controles y la impunidad. Por tanto, es urgente regenerar unos cuantos cestos antes de volver a poner las manzanas dentro.  Si no, corremos el riesgo cierto de que las nuevas manzanas se pudran igual que las anteriores. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos y nos movemos por los mismos incentivos. Casos extremos como el del Ayuntamiento de Marbella hace unos años son ejemplos perfectos. Con una estructura institucional totalmente corroída por la corrupción da exactamente igual de qué partido sean alcaldes o concejales. Por el contrario, si el tejido institucional está sano un regidor o un concejal corrupto será detectado y expulsado del cesto sin problemas.

Lo que nos trae de vuelta a los recientes pactos en los Ayuntamientos. De los que se ha hablado mucho en términos de derechas, izquierdas, gobernabilidad o ingobernabilidad, cambio o recambio, estabilidad e inestabilidad…sin excluir el inevitable cotilleo sobre los perfiles de las personas. Pero tratándose de Entidades locales creo que es esencial para los ciudadanos empezar a hablar de gestión municipal profesional, de transparencia y la participación ciudadana, la rendición de cuentas y, por supuesto, de lucha contra la corrupción. Por supuesto que habrá políticas públicas municipales diferenciadas en los distintos Ayuntamientos. Pero lo importante es que se aborden con rigor, transparencia, profesionalidad y que se rinda cuentas. El estilo de gobierno en el que los ciudadanos son sujetos pasivos y sujetos paganos de las ocurrencias de turno, y los empleados públicos y los técnicos meros comparsas mudos y ciegos ha pasado, afortunadamente, a mejor vida.  De la misma forma vamos a ser muy exigentes en términos de responsabilidad política: no basta con que los nuevos alcaldes y concejales no sean corruptos. Si despilfarran nuestro dinero o cometen errores de bulto -ya sea directamente o a través de sus subordinados- tendrán que asumir las correspondientes responsabilidades. Conviene recordar que, por no haberlo entendido así,  hay candidatos que han provocado un gran rechazo en su propio electorado que, en algunos casos, les ha costado la alcaldía. El caso de Esperanza Aguirre en Madrid ha sido paradigmático.

Si equiparamos  la abdicación del Rey Juan Carlos I hace un año con el pistoletazo de salida que supuso la muerte de Franco podemos considerar que con el 24-M ha muerto una forma determinada de hacer política que fue la dominante durante su reinado. Se abre un camino muy interesante y novedoso que muchos esperamos que nos conduzca hacia una democracia de mayor calidad. Para conseguirlo conviene ser muy exigentes con los nuevos cargos electos, especialmente con los que nos son más afines, que es siempre lo más difícil.