¿Remunicipalizar los servicios públicos que prestan los ayuntamientos? Depende…

Una de las propuestas del programa económico de las fuerzas políticas que han ganado en las pasadas elecciones municipales en Barcelona, Madrid y en otras ciudades es “remunicipalizar” los servicios públicos entregados a la gestión privada en los últimos años. Barcelona en Comú, la agrupación que ha aupado a Ada Colau a la alcaldía de Barcelona, propone reconsiderar “la gestión privada del abastecimiento de agua, la privatización de aparcamientos municipales o la ampliación de la Ronda Litoral”. Ahora Madrid, por su parte, estaría considerando recuperar la gestión directa de la recogida de basuras y quizá otros servicios conexos como la limpieza viaria, el cuidado de parques y jardines, la reparación de aceras. El programa de Ahora Madrid dice en concreto que “se procederá a remunicipalizar por todos los cauces los servicios municipales privatizados, para que sean públicos y de gestión 100% pública”.

De hecho, según algunos medios de comunicación (aquí y aquí, por ejemplo) estaríamos ante una tendencia a nivel internacional hacia la recuperación de la gestión pública directa de esos servicios públicos. Se da la casualidad, sin embargo, de que, durante el mes de junio, el Banco Mundial está organizando un curso en Coursera sobre las fórmulas de colaboración público-privada (conocidas como PPP por las siglas de su denominación más común en inglés: public-private partnerships). Según el Banco Mundial, los PPP son una fórmula válida (entre otras) para atraer financiación y mejorar las prestación de servicios públicos. A este curso masivo se habrían apuntado más de 20.000 personas…

El contraste entre la tendencia que se adivina en España y el interés que parece haber por ahí fuera me ha parecido muy notable. ¿Dónde está pues el punto de vista correcto? ¿Es bueno dejar que la empresa privada participe en la gestión de los servicios públicos? ¿O es mejor, por el contrario, que las Administraciones públicas recuperen la gestión directa de esos servicios? Pues la respuesta a estas preguntas es que… depende. Sí, siento la falta de conclusión, pero así es…

Pero, antes de nada, conviene hacer un par de precisiones. La primera es sobre el mismo concepto de servicio público: en ocasiones las Administraciones públicas (y la opinión pública en general) tienden bastante a la inercia a la hora de considerar qué es un servicio público. Servicios públicos suelen ser los que se prestaban tradicionalmente por uno cualquiera de los niveles de gobierno (con una tendencia expansiva por el crecimiento del Estado de Bienestar hacia nuevas áreas de acción). No estaría de más, sin embargo, que los poderes públicos realizaran con cierta periodicidad un análisis de si ciertos servicios deben contar con una intervención pública o si las fuerzas del mercado pueden proveer suficientemente los mismos. Pensemos por ejemplo en los polideportivos municipales: quizá convendría una reflexión sobre si debe existir una intervención directa de los ayuntamientos proveyendo de servicios de deporte a los vecinos o si, por el contrario, existe una oferta suficiente por parte de las empresas privadas en presencia. Este análisis debería permitir priorizar unas políticas públicas sobre otras, cosa especialmente importante en tiempos de escasez presupuestaria…

La segunda cuestión tiene que ver con lo que consideramos “gestión directa”. Lo cierto es que es difícil pensar en algún servicio público en el que no haya una intervención, siquiera sea ancilar y subsidiaria, de la empresa privada. Incluso la policía, las prisiones, los juzgados necesitan proveedores de materiales, empresas de mantenimiento, prestadores de servicios como limpieza, lavandería, etc. etc. Las Administraciones Públicas están, de hecho permanentemente contratando con empresas privadas para una multitud de servicios auxiliares, sin los cuales no podrían funcionar. Por tanto, más que hablar de “gestión 100% pública” el debate debe situarse en la elección de una serie de modos o herramientas de intervención pública a la hora de prestar los servicios públicos. Así, se podría hablar de un continuo que iría desde la gestión completamente pública hasta las fórmulas de colaboración público-privada, pasando por soluciones intermedias como contratos de servicios, prestación por empresas públicas, prestación por sociedades mixtas, concesiones, etc. etc.

Llegados a este punto, interesa destacar que la elección de la fórmula concreta de prestación de un determinado servicio público no es una cuestión apriorística. Permitir una mayor o menor participación de empresas privadas en la gestión de los servicios públicos puede ser buena en algunos casos y contraproducente y/o más cara en otros. La participación privada puede atraer financiación, puede aportar soluciones innovadoras, puede empezar a prestar servicios más rápidamente (en el caso de servicios de nueva prestación) y puede ofrecer sustanciales mejoras en la eficiencia a la hora de prestar los servicios públicos. Pero no necesariamente siempre es así en todos los sectores y en todas las circunstancias. En muchas ocasiones la participación privada se ha tornado ruinosa o no estaba justificada desde el principio (véase por ejemplo la discusión propuesta en esta Guía del Banco Mundial, pp. 31 y siguientes).

Se impone, pues, que los poderes públicos realicen una evaluación previa de las posibles opciones y si es conveniente la participación de las empresas privadas. En los últimos 25 años se han desarrollado metodologías para realizar ese análisis (Value for Money, análisis de coste-beneficio, Public Sector Comparator, etc.) y responder a la cuestión de si una determinada política pública debe ser llevada a cabo y, en su caso, si es mejor que la prestación del servicio público lo haga directamente la Administración o la otorgue a empresas privadas.

Es completamente comprensible que los nuevos gobiernos municipales de Madrid, Barcelona y otras ciudades quieran enmendar una política favorecedora de la gestión privada de los servicios públicos en el pasado que ha tenido seguramente más sombras que luces (véanse por ejemplo los análisis que ha hecho Nada Es Gratis sobre la gestión privada de la sanidad pública aquí, aquí, aquí y aquí, que han hecho hincapié en la falta de análisis, evaluación y transparencia). Pero sería un error (de hecho el mismo error, pero de distinto signo) tomar la decisión de optar siempre por la gestión pública directa: en algunos casos, esta decisión puede significar peores servicios y un coste mayor para el contribuyente.

Las nuevas autoridades municipales harían bien en cambiar el foco del debate desde las posiciones ideológicas (“lo público es siempre mejor” frente a “las empresas privadas son siempre más eficientes”) hacia los procedimientos y la evaluación de políticas públicas. En aquellos casos en los que la gestión privada no haya dado resultados satisfactorios, habrá que recuperar la gestión directa pública; en caso contrario, sería poco lógica la remunicipalización. En el caso de nuevos servicios o extensión de los existentes (por ejemplo, la extensión de la educación infantil de 0 a 3 años), la evaluación de opciones debería permitir tomar una decisión sobre si es mejor (más barato, eficiente y que permita esa extensión con más rapidez) que el servicio lo preste directamente la Administración o que permita la prestación por empresas privadas.

Este cambio de foco daría a las nuevas administraciones municipales una imagen de seriedad (demostrando que no se trata de “bárbaros extremistas bolivarianos colectivistas”, por mencionar algunos de los epítetos que han cosechado últimamente) y a las empresas privadas presentes en el mercado seguridad jurídica y predecibilidad.

 

9 comentarios
  1. golpedefecto
    golpedefecto Dice:

    Interesante post , gracias. Desde mi punto de vista hay dos cuestiones esenciales a valorar en las privatizaciones. Calidad y coste. Con respecto al coste, es difícil que sea más rentable la municipalización que la externalización, ya que existe un diferencial entre ambas formas de gestión que incluyen el IVA y el margen industrial, salvo que el servicio requiera elevados costes fijos o inversiones. Por este motivo sería conveniente reducir este margen, por ejemplo, modificando la ley del IVA, para que los Ayuntamientos estén exentos y las ofertas en los procesos de concurso sean más competitivas con respecto a la municipalización.
    Aún así, en caso de externalización, se debe velar por la existencia de una verdadera competencia en los concursos, que no exista un reparto de mercado previo, que en su caso exista una compartición de riesgos entre los sectores público y privado, al mismo tiempo que se lleva a cabo un seguimiento continuo de dichas concesiones, sobre todo respecto a la calidad y cumplimiento del acuerdo.

  2. Manu Oquendo
    Manu Oquendo Dice:

    El tema es tan amplio y tan complejo que, más que para un artículo corto, debería dar para un Segmento Temático de un blog cinco estrellas.

    En él podrían recalar casos prácticos, resultados, origen real y teórico de las quejas y de los efectos positivos, bocetos de soluciones, etc. Así podríamos tener un caudal de conocimiento colectivo que hoy, lisa y llanamente, No Existe en Lugar Alguno.

    En cualquier caso cumple felicitar al autor por traer el tema y al blog por sacarlo a la luz.

    Muy telegráficamente, Dos consideraciones.

    1. La vida económica de las grandes empresas hoy depende anormalmente de entrar en el Sector Público como proveedor de servicios públicos.
    Desaparecida la Industria o a niveles mínimos en países como España (1)–como posibilidad realista en el contexto de los tratados comerciales firmados y en proceso WTO y TTIP– cerrada la posibilidad de abrir bancos por su estructura oligopólica de la Arquitectura Europea "financiarizada" solo quedan los Servicios y entre ellos fundamentalmente los públicos
    Por ello todo el IBEX 35 excepto Inditex parece un Shadow Public Sector en el cual no se sabe quién Parasita a quien.

    2. No tengan la menor duda: Los costes de los Servicios públicos suben mucho con la Privatización si la gestión pública es honrada y no está sujeta a Reglas más Restrictivas que la Privada. Por ejemplo reglas Laborales.

    Desde el agua a los Peajes.
    Habrán visto ustedes cómo han subido los peajes en Enero a pesar de que han desaparecido los Empleados de las Taquillas sustituidos por Maquinitas.
    Con perdón, un DEEI. (Descaro Extractivo Estructuralmente Irremediable)

    Así en todo.
    Y lo digo desde posiciones que ni remotamente son estatistas.
    Lo Público tiene un espacio legítimo.
    Lo Privado otro también legítimo.

    Esta simbiosis refleja un estado entre caótico y putrefacto.

    Saludos

    Nota (1)Entre 1985 y 2006 la industria española cayó un 37% en términos de PIB y un 30% en empleo .

  3. Dan Evans
    Dan Evans Dice:

    Interesante post y tema muy de actualidad. Efectivamente creo que una gestión pública en teoría siempre es más económica. Pero en el ámbito público la teoría tiene muchos agujeros por lo que estoy de acuerdo con el autor del post de que depende.
    De todas formas creo que una gran asignatura pendiente en nuestra administración es ser exigente y riguroso con las gestiones privadas. Sobre todo en lo económico.
    Saludos

  4. Dan Evans
    Dan Evans Dice:

    Completo el comentario anterior. Cuando hablo de ser exigente y riguroso en lo económico en las gestiones privadas me refiero a que se aprueban subidas de tarifas para los usuarios muy alegremente, se pactan indemnizaciones millonarias en los contratos para asegurar la rentabilidad a los concesionarios (planta de gas el Gastor) o no se exigen responsabilidades en caso de incumplimiento, etc. Otra sangría de gasto público
    Saludos

  5. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    La gestión pública es gestión institucional. Esto es que está sometida a una regulación específica y exclusiva para su funcionamiento. Es nada más y nada menos que la expresión operativa del Estado en los servicios a los ciudadanos y, por ello, SOMETIDA A CONTROLES RIGUROSOS. Tales controles, al estar sujetos a la "legalidad" vigente pueden ser muy estrictos con un gobierno austero o ser mucho más laxos con un gobierno que entienda que la política no se puede hacer con tales controles. El cambio en las reglas de juego desde una posición política predominante es fácil y sus resultados los sufrimos los ciudadanos. Si además, tienes "clientes" y "compromisos" que atender, siempre es más fácil hacerlo desde órganos privados o semipúblicos donde los favores van y vienen. Por eso DEPENDE de las personas que gestionan, de su integridad y sentido de servicio público. Los ayuntamientos hacen bien en querer separar y distinguir el grano institucional de la paja extrainstitucional, eso nos beneficia como ciudadanos y añade transparencia a la confusión existente (salvo que no se sepa o no se quiera gestionar adecuadamente).

  6. misael
    misael Dice:

    Para mi el tema está claro. Los que ahora okupan los cargos de poder quieren poner los servicios municipales a su servicio. Para ello harán una jugada en dos pasos. Primero desacreditarán los servicios existentes, son privados, llevados por los amigos del antiguo poder, dirán y luego, adjudicarán esos servicios a las asambleas o soviets (que eso significa asamblea en ruso).

  7. Jose Luis Moreno
    Jose Luis Moreno Dice:

    Debate antiguo y por desgracia sujeto a demasiada demagogia. Coincido con el post en que se debe realizar una evaluación previa:

    – Qué servicios deben prestarse desde las Administraciones públicas, y hasta donde. Habría que preguntarse por tanto si es razonable que los Ayuntamientos presten servicios deportivos (véase gimnasios con maquinaria de ultima generación), en competencia con empresas privadas, o si ese gasto e inversión estaría mejor colocado en un fomento más amplio del deporte escolar, muy escaso en este país, y más claramente servicio público.

    -¿ Se controla la ejecución de los servicios externalizados?. Esta es la madre del cordero de toda la contratación pública, muchas veces la oferta es desproporcionada a la baja, pero el licitador y no digamos la gran corporación, ya sabe como enjugar las cuentas a posteriori con una ejecución de la prestación que no cumple el pliego.

    – En razón a qué factores puede ser más rentable económica y socialmente la municipalización de un servicio. Habría que establecer parámetros de comparación y análisis.

    Espero en todo caso que este debate redunde en una mejora de los servicios públicos, los externalizados y los municipales de prestación directa, que es de lo que se trata.

  8. Piñole
    Piñole Dice:

    El "pequeño" problema es que la gestión pública requiere de la funcionarialización, lo que provoca irrevesibilidad, si yo externalizo la limpieza viaria, en primer lugar puedo negociar a la baja las ofertas, y si la empresa adjudicataria que lo será por un plazo, pongamos cinco años, trasncurridos los cuales no estoy satisfecho con el servicio, puedo volver a sacar a concurso y negociar las condiciones con otras empresas, si convierto en pública la gestión y la realización de dicha limpieza que una empresa privada haría con 300 empleados, en primer lugar tendría que sacar por oposición las 300 plazas de barrendero que se vonvertirían en funcionarios, o sea, empleados vitalicios, que si transcurridos cinco años no ofrecieran los resultados apetecidos, tendría que seguir con ellos, seguramente con otros cien más ya que achacarían los malos resultados a la "falta de personal",y exigirían más contrataciones, para un funcionario nunca hay suficientes, pero nunca se achacaría a la desidia funcionarial, o al absentismo del gremio que dobla al de la empresa privada, y si quisiera revertir el servicio a una empresa privada, tendría que seguir pagando o prejubilando a los funcionarios,recuerden que gozan de empleo vialicio desde el momento que adquieren su "plaza en propiedad".

    En Finlandia la educación es pública y gestionada por los ayuntamientos que son quienes tienen las competencias educativas, pero sus docentes no son funcionarios, son contratados, pero cada cinco años son evaluados y despedidos por no cumplir los objetivos asignados en torno al 10%, en España un contratado laboral es tan indespedible y blindado como un funcionario, mire los laborales que pueblan las empresas públicas deficitarias y la imposibilidad de despidos que llaman "traumáticos", si sobran la mitad o la empresa no es competitiva, o los prejubilas o te los comes con patatas, y por supuesto sus sueldos y plantillas duplican las de cualquier empresa privada del smismo sector, verbigratia, RTVE tiene el doble de empleados que A3 y T5 con la misma cobertura nacional, y los sueldos en el ente público son un 50% superiores a los de las privadas, y eso perdiendo cientos de millones al año mientras la competencia privada da beneficios

  9. Luis M. Gil
    Luis M. Gil Dice:

    La gestión indirecta es, a mi modo de ver, un lujo que cuesta dinero. En el momento en el que un tercero entra a gestionar un servicio público aportando capital propio, el único fin que le guía es obtener beneficio. Ése es un elemento de partida básico para cualquier empresario. Por lo tanto, de una manera u otra, el empresario que acuerde con la administración la gestión de un servicio público el primer elemento que va tener en cuenta es si el acuerdo le reporta beneficios, en cuyo caso accederá a contratar, o si no, en cuyo caso desistirá o desestimará la ocasión. ¿De dónde sale ese beneficio? Puesto que las tarifas y las condiciones del servicio son impuestas por la Administración, lo habitual es que las ofertas pasen por convertir los sueldos de los futuros trabajadores, verdaderos gestores del servicio, en meras limosnas, compatibilizando de forma dramática el hecho de trabajar con la tristísima realidad de ser pobre o, lo que es lo mismo, económicamente incapaz de mantener una vida normal e independiente. Por no hablar de la cantidad de puestos de trabajo que, o bien se destruyen, o bien simplemente no se crean. A mi modo de ver, la filosofía empresarial puede encajar en determinados servicios, como los de transporte (insistiendo en que no me gusta esa forma de gestión), y debería estar prohibida por ley en ámbitos como el sanitario: produce escalofríos mezclar los términos empresariales de rentabilidad y beneficio con determinados procesos patológicos a determinadas edades, lo que suele ser sinónimo de muerte por escasa rentabilidad. Partiendo de ese límite, a mi modo de ver imprescindible, la gestión pública o privada debería estar en función de criterios que garantizasen eficacia, eficiencia, calidad y servicio sin que sean los trabajadores los que tengan que soportar en sus nóminas la osadía de los empresarios a la hora de ofrecer la "mejor" oferta.
    Un saludo a todos.

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