Sobre la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, o “Ley mordaza”

La popularmente conocida como “Ley mordaza”  (LO 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana) acaba de entrar en vigor. Es una ley que viene precedida de mucho debate, por lo menos en las redes sociales, y de un recurso de inconstitucionalidad promovido por toda la oposición. Tanto el sobrenombre como la unanimidad (en contra) suscitada en amplios sectores políticos y jurídicos recuerda la famosa “ley de la patada en la puerta” del Ministro Corcuera, allá por los años 90, que finalmente fue retirada.

Pero en concreto, ¿qué regula la ley? Pues cuestiones muy variadas, algunas novedosas, como los registros corporales externos, y otras materias que ya estaban recogidas en la normativa anterior como  la documentación e identificación de las personas, el control administrativo de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos o la adopción de medidas de seguridad en determinados establecimientos, y lógicamente el régimen sancionador. De particular importancia son las medidas relativas a la celebración de reuniones y manifestaciones, dado que afectan al ejercicio de derechos fundamentales especialmente sensibles en épocas de descontento con la actuación de los Poderes Públicos. El hecho, además, de que la Ley se apruebe después de meses de incremento de  este tipo de actuaciones no es baladí, pues arroja la sospecha de que el Gobierno del PP (único que con su mayoría absoluta ha aprobado la Ley orgánica, en contra de toda la oposición) ha querido cortar de raíz sus propios problemas “en la calle”.

Es también muy relevante el importantísimo incremento de las sanciones pecuniarias que se pueden imponer por las conductas consideradas como infracciones administrativas en esta Ley. Para que se hagan una idea, hay conductas calificadas como infracciones muy graves por las que se pueden llegar a imponer nada menos que 600.000 euros de multa (dentro de un abanico que va de 30.000 a 600.000 euros, cuyos “tramos” van del grado mínimo  de 30.001 a 220.000 euros, grado medio de 220.001 a 410.000 euros y grado máximo, de 410.001 a 600.000 euros). Es como para pensárselo. Se trata, en concreto, de manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas; de fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados,  de celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública y proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

Conviene además subrayar que como se desprende de la enumeración no hace falta que se produzcan efectivamente resultados lesivos para nadie, sino que se genere un riesgo o sencillamente no se disponga de la necesaria autorización o se exceda de sus límites aunque no se haya generado un riesgo, lo que hace particularmente sorprendente la enorme cuantía de las sanciones. De la misma forma sorprende que se reúnan en un mismo precepto conductas tan dispares como manifestarse y fabricar o almacenar o usar armas y explosivos.

Como es sabido, se “despenalizan” además muchas conductas que antes estaban tipificadas como faltas penales, pero ahora son simplemente infracciones administrativas, liberando así a los órganos de la jurisdicción penal de una serie de infracciones de escasa relevancia, pero que suponían en la práctica un número muy importante de procedimientos. No obstante, el problema es que no todas las actuaciones que antes eran faltas penales y ahora son susceptibles de ser sancionadas en vía administrativa tienen la misma entidad desde el punto de vista de los derechos y las libertades individuales. Algunas conductas, muy particularmente las que se refieren al derecho de reunión y de manifestación –por ejemplo, manifestarse delante del Congreso, realizar convocatorias a través de redes sociales o escalar edificios con fines reivindicativos- tienen que ver con derechos fundamentales, cuyo ejercicio lleva en ocasiones a un enfrentamiento con los mismos Poderes Públicos que después pueden iniciar los procedimientos administrativos sancionadores. Es decir, que la Administración que instruye el procedimiento sancionador –particularmente el Ministerio del Interior- puede llegar a  ser Juez y parte, para entendernos.

El que no exista desde el principio un Juez para determinar si estas conductas son o no sancionables puede conllevar -aunque en principio parezca paradójico- un riesgo para las libertades y derechos fundamentales. Por supuesto que las sanciones administrativas que puedan imponerse en un procedimiento administrativo sancionador son también revisables por un órgano judicial, pero un órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa, una jurisdicción  esencialmente revisora de las actuaciones administrativas, con las limitaciones que esto supone. Además, la Administración cuando actúa –y  por tanto cuando sanciona- dispone de una serie de prerrogativas que la configuran como una “potentior persona” dado que se supone que actúa siempre en defensa de los intereses generales. Así, las actas que levantan los funcionarios para determinar lo ocurrido tienen presunción de veracidad salvo prueba en contrario, prueba que incumbe al recurrente. Los acuerdos sancionadores son inmediatamente ejecutivos salvo que se acuerde su suspensión, incluso en vía judicial salvo que se presente un aval o caución suficiente. Lógicamente, las garantías procedimentales en un proceso administrativo sancionador no son las del proceso penal. Además en la jurisdicción contencioso-administrativa hay tasas, y en la penal no, si bien es cierto que ahora sólo afectan a las personas jurídicas y no a las personas físicas.

En definitiva, el coste económico y de tiempo de acceder a la revisión judicial de las sanciones que se impongan en vía administrativa es considerable sin mencionar las limitaciones evidentes en cuanto a las garantías procesales. La existencia de numerosos conceptos jurídicos indeterminados no siempre de fácil interpretación completa un cuadro ciertamente preocupante.

En definitiva, conviene ser muy cuidadoso a la hora de sancionar los excesos (que sin duda pueden existir) en el ejercicio de derechos fundamentales de carácter político, como son típicamente los derechos de manifestación y de reunión. En este sentido, la reacción de la Ley que sin duda tiene que ver con hechos notorios acaecidos en los últimos años (pensemos en  el movimiento 15M) parece claramente desproporcionada y puede suponer un peligro cierto de limitación de derechos y libertades esenciales en una democracia de calidad. La reforma presenta características propias del llamado “Derecho penal del enemigo” que son potencialmente muy peligrosas, tales como atender antes a la peligrosidad de los sujetos que al daño efectivamente realizado o aproximar desde el punto de vista sancionador conductas simplemente preparatorias con actuaciones ya realizadas. Se trata por lo demás de una tendencia que se ha ido acentuando también en otros países de nuestro entorno y que políticamente no beneficia en nada a las democracias representativas de corte liberal, en la medida en que produce la impresión de que los Gobiernos temen a sus ciudadanos.

Flash Derecho: Jornada “Cláusulas suelo y efectos retroactivos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”

El próximo jueves 9 la Escuela de Técnica Jurídica y V Abogados organizan la jornada “Cláusulas suelo y efectos retroactivos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, en el que participará el editor de este blog y patrono de la Fundación ¿Hay Derecho? Ignacio Gomá, que ya ha escrito un post sobre este asunto, junto con el magistrado del Tribunal Supremo Francisco Javier Orduña, autor del voto particular en la sentencia de 15 de marzo de 2015 relativa a la cuestión e la retroactividad, y Rosana Pérez Gurrea, abogada, profesora y colaboradora de este blog.

Te esperamos el jueves 9 de 18 a 21h en la sede de la Escuela Técnica Jurídica (c/Villanueva 13).


Suelo 2

Flash Derecho: Jornada “Cláusulas suelo y efectos retroactivos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”

El próximo jueves 9 la Escuela de Técnica Jurídica y V Abogados organizan la jornada “Cláusulas suelo y efectos retroactivos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, en el que participará el editor de este blog y patrono de la Fundación ¿Hay Derecho? Ignacio Gomá, que ya ha escrito un post sobre este asunto, junto con el magistrado del Tribunal Supremo Francisco Javier Orduña, autor del voto particular en la sentencia de 15 de marzo de 2015 relativa a la cuestión e la retroactividad, y Rosana Pérez Gurrea, abogada, profesora y colaboradora de este blog.

Te esperamos el jueves 9 de 18 a 21h en la sede de la Escuela Técnica Jurídica (c/Villanueva 13).


Suelo 2

Algunas lecciones sobre el “no” griego.

Hoy encontraremos en los medios una multitud de análisis y pronósticos sobre el significado de la victoria del NO en Grecia en el Referéndum de ayer. Se trata de un problema complejo y con muchos aspectos. Por eso en este maremagnum quiero aportar hoy tan solo unas pocas ideas, que considero esenciales, para la reflexión.

El estado del bienestar Griego, tal como se ha ido construyendo en las últimas décadas, no es sostenible. Existe, al parecer, una sobreabundancia de funcionariado que parece haber tenido su origen, más que en la necesidad de atender necesidades de las Administraciones y de los servicios públicos, en la satisfacción y fidelización de diversas clientelas partitocráticas. Fines particulatres se habrían impuesto de esta forma a los generales, lo que en España podemos comprender bien.

Es también una convicción, incluso para la mayoría de los griegos, que su sistema de pensiones no es tampoco sostenible. Y de hecho el recurso a la deuda para financiarlo, es decir, a cargar en definitiva ese pago de las pensiones actuales a las generaciones jóvenes, supone sólo el dar una patada hacia adelante a un problema que no ha hecho sino engordar. El que los países europeos, que generalmente se han visto obligados a subir su edad de jubilación (en España hasta los 67 años) estén prestando a Grecia para que sus mayores puedan seguir jubilándose muchas veces a los 55, es algo que escapa de cualquier racionalidad.

En Grecia nos encontramos así con una estructura administrativa excesivamente basada en intereses clientelares, ineficaz, que encuentra grandes dificultades para establecer un sistema fiscal justo y moderno. Con un país que, en gran parte por todo ello, tiene una baja productividad, y donde los valores del mérito, el trabajo y el esfuerzo no tienen un suficiente reconocimiento. Donde mucha gente ha acudido a formas alternativas de obtener recursos que pesan sobre el conjunto de la sociedad. En definitiva, se trata de un país sumido en una enorme crisis institucional que navega a su vez sobre una crisis social de valores. Y donde ambas crisis se retroalimentan.

Se trata, no cabe duda, de un problema que es de difícil reconocimiento por parte de los afectados, en cuanto que la responsabilidad está extendida y son muchos los que tendrían que asumir la parte que les corresponde. Pero Syriza y sus aliados han buscado y logrado evitar a muchos el tener que hacer frente a esta incómoda realidad mediante la elaboración un relato alternativo. No han hecho con ello mas que seguir una tradición de sus antecesores, los gobiernos del Pasok y ND: falsear para contentar.

Los problemas, han explicado desde Syriza, vienen de las medidas de austeridad que los acreedores han impuesto, y que ahogan cualquier capacidad de recuperación. Lo que no deja de tener, por supuesto, una parte de verdad. Pero sólo una parte. Hábilmente se evita tener que explicar que hoy esos acreedores reales no son perversos organismos desalmados al servicio del capitalismo internacional, sino los contribuyentes europeos. Que la generosidad se ha demostrado y se quiere seguir demostrando, pero a cambio de imprescindibles reformas para no hacerla inútil. Y se ha preferido explicar el problema como un pulso entre la dignidad nacional humillada y quienes quieren aplastar la capacidad de decisión de los griegos.

Expuesto todo esto, lo que me sorprende más no son estas humanas debilidades. Sino la forma en que en Europa se ha renunciado a tratar de explicar los verdaderos problemas, e incluso a hacer la imprescindible pedagogía. Por qué se ha eludido entrar en el debate e intentar plantearlo en la contundente realidad. Por qué se ha dejado la negociación y la explicación de los problemas subyacentes a los técnicos. Por qué se ha renunciado, en definitiva, a hacer política.

En clave nacional griega hemos asistido al triunfo sobre el proyecto europeo de un nacionalismo estrecho. Que, como todos a lo largo de la Historia, viene muy bien para tapar con la agitación de pretendidos enemigos externos los grandes problemas internos. Probablemente esa huida de la realidad les va a pasar una triste factura.

Pero Europa tiene que aprender lecciones de este caso. Y una de ellas, y creo que esencial, es que la construcción de entramados político-institucionales de calidad para sus miembros, y la explicación y promoción de los valores que deben sostenerlos, no son materias a las que pueda seguir estando ajena. Hace un par de semanas el semanario The Economist (My big fat Greek divorce) defendía que exigir a Grecia un rápido ajuste fiscal (en un inútil esfuerzo por reducir su deuda) había sido un grave error, pues no había hecho otra cosa que distraer del verdadero objetivo: eliminar los impedimentos estructurales al crecimiento económico, que enumeraba a continuación:

1.- Un clientelismo rampante.

2. Una inoperante Administración pública.

3. Una regulación deplorable.

4. Un sistema judicial lento y carente de la mínima predictibilidad.

5. Un mercado con abundantes oligopolios.

6. Y un mercado excesivamente rígido de bienes, servicios y trabajo.

¿Les suena? (Sí, esa misma tonadilla aunque a un volumen inferior).

Una creciente unión económica, con su vertiente monetaria, no es un proyecto que pueda subsistir al margen de serias ambiciones políticas. Si Europa es capaz de aprender esto y ser coherente en aplicar sus necesarias consecuencias respecto de quienes vayan a continuar en la unión monetaria, el triunfo del NO terminaría siendo también un triunfo para nosotros.