El Tribunal de Cuentas, evaluado por sus iguales… y no demasiado bien

Se ha dado a conocer hace unos días, con amplia repercusión en distintos medios de información, que el Tribunal de Cuentas se ha sometido voluntariamente a una auditoría externa siguiendo el modelo de “Revisión entre Pares” (Peer Review) que permite fiscalizar al fiscalizador. El examen lo han realizado el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Cuentas de Portugal y este lunes han entregado los resultados al Presidente de la institución española. Todavía no hemos podido leer detenidamente el texto del Informe (que, según ha anunciado su Presidente será publicado en la página web del Tribunal de Cuentas) los medios de información han hecho públicas unas primeras conclusiones, en todo caso muy sumarias.

Antes de analizar estas conclusiones cabe preguntarse por la razón de que se haya pedido este Informe. Y la respuesta la encontramos un año antes, esto es en julio de 2014, cuando ante el impacto que en la opinión pública tuvieron las noticias aparecidas en el diario “El País” (sobre corruptelas en los contratos celebrados por el Tribunal y nepotismo en los nombramientos) su Presidente propuso en el Congreso de los Diputados someter al Tribunal de Cuentas a una revisión, por instituciones foráneas análogas, cuyo objeto fuera verificar la calidad del funcionamiento operativo del Tribunal así como el cumplimiento de las normas por las que se rige.

Por tanto, por primera vez en nuestra historia, el órgano a quien se confía la misión de velar por el buen uso de nuestros impuestos se somete a sí mismo a un control de los procedimientos que aplica para cumplir su función.  Conviene aclarar que esta revisión de procedimientos es una práctica habitual entre los órganos supremos de control de distintos países. Y que esta revisión no es tampoco una auditoría sobre las operaciones con trascendencia económica llevadas a cabo por el Tribunal. Además hay que destacar que, precisamente por tratarse de una revisión entre instituciones homólogas, se cuidan mucho las formas a la hora de exponer las conclusiones, de manera que son redactadas de forma  exquisita, evitando despertar susceptibilidades  de forma innecesaria, o, dicho en plata, dejar en mal lugar a la institución controlada.

En definitiva, unas malas prácticas denunciadas por la prensa han servido para que el Tribunal de Cuentas se someta voluntariamente al control de un tercero lo que, aun siendo práctica habitual en otros países (el Tribunal de Cuentas español había efectuado una revisión similar respecto al Tribunal de Cuentas peruano tal y como declaró su Presidente en el Congreso) no lo era en absoluto en el caso de España, en el que hasta ayer mismo la pregunta de quien controla al controlador tenía una respuesta muy contundente: nadie.

Respecto a las conclusiones que se han conocido destaca la referente a la politización del Tribunal de Cuentas. Esta conclusión coincide con la percepción pública existente respecto a la influencia política que se ejerce sobre los consejeros , así como respecto al abuso de los procedimientos de libre designación.

La crítica que se hace de la politización del Tribunal resulta especialmente interesante porque la hace el propio Tribunal de Cuentas europeo, con toda la autoridad que se le supone, y no se puede seguir eludiendo, como si fuera la mera opinión de unos juristas excesivamente críticos (como ha podido ser interpretada cuando se ha realizado desde este blog) o la de unos periodistas no especializados (cuando se ha hecho desde la prensa).

Y eso que hay que subrayar-lo que es particularmente significativo-, la forma o procedimientos de designación de los Consejeros del Tribunal no estaban entre los objetivos de la revisión, que se limitaban a los procedimientos operativos empleados por el propio Tribunal, sin cuestionar algo en principio previo y ajeno a los mismos como es la forma en que el Parlamento nombra a los Consejeros del supremo órgano controlador del Estado. Aunque sin duda debió de sorprender mucho a los miembros de los Tribunales de Cuentas europeo y portugués como se había llevado a cabo dichos nombramientos.

No es para menos. En efecto, el nombramiento de los actuales doce consejeros del Tribunal de Cuentas se produjo en julio de 2012 cuando los respectivos Secretarios Generales del Partido Popular y del PSOE se pusieron de acuerdo en renovarlo haciendo “pack” con nada menos que el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y Radiotelevisión Española. En función de unos procedimientos absolutamente opacos -pues se desconocía quien o quienes se habían postulado para tales puestos, cuáles eran sus méritos, por qué se eligió a unos y no a otros, etc, etc- un buen día de julio de 2012 pudimos conocer por la prensa que ambos partidos habían consensuado los nombres de quienes iban a regir los destinos de estas altas instituciones del Estado.  Pero con la finalidad fundamental -como se ha escrito en este blog en múltiples ocasiones (por ejemplo, aquí y aquí)- de colocar a los próximos en sitios clave, como si este “método”, además, fuera un saludable mecanismo de renovación democrática, dado que se habían puesto todos de acuerdo en repartírselos.

En el informe se critica el abuso que se hace del sistema de libre designación para cubrir los puestos directivos del Tribunal, señalando que crea un clima de conflicto y tensión entre el personal, señalando que esa tensión responde a las relaciones existentes entre los funcionarios de cuerpos propios del Tribunal de Cuentas y los funcionarios llegados desde otras instituciones.

Aunque lo realmente preocupante no sería tanto las tensiones entre distintos cuerpos funcionariales sino el uso abusivo del sistema de libre designación. En efecto, si partimos de la base una institución excesivamente politizada y dónde sus funcionarios -que se suponen desarrollan un cometido esencialmente técnico- son nombrados -y cesados- discrecionalmente, por quienes han sido elegidos con criterios políticos, el resultado salta a simple vista y es lo que sin duda debió sorprender a los examinadores de nuestro máximo órgano de control.

Precisamente por esa razón las conclusiones que hemos conocido por la prensa destacan ante todo estas dos debilidades de dicha institución. Y sin duda aciertan. En efecto, un órgano cuya razón de ser es verificar como nuestros políticos elegidos democráticamente gastan el dinero de nuestros impuestos, debe mantenerse firmemente al margen de las batallas políticas y cumplir una función esencialmente técnica, contando para ello con el mejor capital humano (tanto a nivel de dirección como funcionarial) del que puede dotarse. Sólo así puede cumplir la función que justifica su propia existencia y gozar de la confianza que recibe de la sociedad, particularmente en estos momentos tan delicados.

No obstante, justo también es reconocer al propio Tribunal de Cuentas y especialmente a su Presidente, la iniciativa, aún forzado por las circunstancias, de someter al Tribunal a tan cualificado examen. A la espera estamos de poder leer el texto del Informe como de conocer las medidas que se adoptarán para paliar las debilidades que se apuntan.

9 comentarios
  1. misael
    misael Dice:

    Magnífico análisis, aunque a mi modo de ver faltó, quizá porque aún no está el detalle publicado, hablar de cómo los plazos de auditoría son extremos , llegando a que el TC audita con 7 o más años de retraso las cuentas de las admones. Y cómo, pese a que las irregularidades que tarde y mal encuentra, no tiene medios coactivos para reprimir los desmanes políticos del poder.

    Tal como sospechábamos el Tribunal de Cuentas no es un órgano de fiar. Como el autor señala, su señor es precisamente el objeto de su trabajo y eso implica claro conflicto de intereses.
    El nepotismo hallado, que ha sido fundamental para el sometimiento del TC a control alguno, recuerda al cuento del lazarillo y el ciego, siendo el lazarillo el TC y el ciego los políticos…. ¿ por qué sabías que comia de 3 en 3 ? Porque yo comia de 2 en 2 y callabas… ¡ malandrín !

    Al menos para mi, la falta de independencia del TC es y ha sido fundamental para llegar al punto en que se ha llegado, a saber: una democracia venida a menos, transmudada en partitocracia donde el que gobierna el presupuesto es el "amo" sin resortes que equilibren su poder. Hace poco Manu Oquendo hablaba de un trabajo de Otero Novas, donde este señalaba que anualmente España pierde, via corrupcion presupuestaria, 50.000 millones al año. ¿ Reviste o no gravedad la falta de diligencia del TC en los 40 años transcurridos desde la restauracion democratica ?

    • O,Farrill
      O,Farrill Dice:

      La CNMC estima en 43.000 millones de euros lo que se pierde de los presupuestos por el sistema de contrataciones públicas. ¿Porqué hablamos entonces de Grecia y de sus administraciones públicas?

  2. De Lege Ferenda
    De Lege Ferenda Dice:

    ¿Quien controla al controlador? En este caso, de ser NADIE, pasa a ser "sabe dios quien de allende nuestras fronteras".
    Un poder "europeo", carente de base democrática, y un Tribunal extranjero, ambos sin facultades legales.
    Ahora, ya podemos preguntarnos. ¿Quien controla al controlador del controlador? Y volvemos a la respuesta inicial: NADIE.
    Pero ahora, la pregunta hay que hacerla más lejos de España. En esa Europa de los mercaderes sin conciencia, que un día ayudan a Grecia a falsificar sus cuentas públicas, su contabilidad nacional, para conseguir su integración en la moneda europea, y al otro la quiere expulsar del paraiso artificial por haber falseado su situación financiera y económica.
    Pero nadie se acuerda de que los más ricos de entre los ricos de Grecia -armadores por ejemplo- NO TRIBUTAN, no pagan impuestos. Ahora los pagaremos los demás, al parecer, no por los griegos, sino por los "globalistas " griegos, sobre quienes ningún Poder Tributario se puede elevar.
    ¿Y nuestros Jueces, que tienen que decir? Lo que les deja su órgano de Control partidista/partidario, de control social: de nuevo, NADA, no sea que les expedienten.
    Ahra el Conrol Social, también vía Poder Judicial, se traviste e podemita. Los Jueces del P$OE ya son de la nueva política – tan sectaria como siempre.
    Es que ocuparse de nuestros propios asuntos quita tiempo de ver la tele. De leer ya ni hablamos, salvo de los ponzoñsos 140 caracteres, que todo lo resumen en nada.
    Cada vez nos especialiamos más; llegará un momento en que sepamos todo acerca de nada. Y no es la nada de Laforet; es la nada de la ausencia de sustancia.
    Los Abogados del Estado Español, pendientes de traficar con sus servicios prestads al estado, a cambio de dinero y experiencia, eso también se olvida, asesoran contra España a los globalistas imperiales. Y nadie en el corrupto Gobierno, nadie en el corrupto Parlamento, nadie en el corrupto Poder Judicial, DENUNCIA, ni siquiera cuestiona el evidente CONFLICTO DE INTERESES de los Abogados que van contra su antiguo cliente, el Estado.
    Vergonzoso, como siempre.
    Buen artículo, Mr Critilo. Gracias

  3. Hermes
    Hermes Dice:

    ¿Quien controla al controlador? ¿Nadie?
    ¿Quien ha logrado que el TC se someta a este examen? ¿Nadie?
    ¿Quien logro que se limpiaran las candidaturas de los grandes partidos a la Comunidad de Madrid? ¿Se limpiaron solas?

    Pues es la sociedad de cada país. Una sociedad dormida, subvencionada o pendiente de las migajas del poder (por ejemplo tele gratis) equivale al nadie.

    Una sociedad inquieta, una sociedad que debate, aparece en los medios, reclama y llega al poder.

    Lo del TC no ha sido casualidad. Ha sido la sociedad la que poco a poco a forzado al TC a adoptar esas medidas.

    En definitiva, lo del nadie es una decisión de cada uno de nosotros. Leadership (or control) is a choice, not a rank.

    • De Lege Ferenda
      De Lege Ferenda Dice:

      La sociedad = NADIE. O todos, que para el caso …
      Control sin consecuencias = NADA
      Prensa = fuerza nuestra convicción para que queramos lo que toca (poder blando; poder pastoral)
      Sin prensa independiente, la sociedad es un muñeco de trapo; plastilina en manos del gran arquitecto y sus paletas y escuadras.

  4. momus
    momus Dice:

    Las batallas entre los distintos cuerpos de funcionarios son un tema clásico de la Administración española. En el Tribunal de Cuentas se dan, y conviene que el público sepa las causas.
    Sucede que en el Tribunal de Cuentas (TCU) los sueldos son más altos que en el resto de la Administración. Un Interventor del Estado, por ejemplo, gana menos dinero que un Auditor del Tribunal, cuando su formación y tipo de tareas son muy parecidas. Eso hace que muchos Interventores quieran obtener un destino en el TCU. La verdad es que Auditores e Interventores son totalmente intercambiables, porque todos tienen una (alta) cualificación profesional.

    Solución: Acabar con las diferencias salariales no justificadas, que contaminan todo. Es lo mismo, por ejemplo, que el absurdo de que un Policía Municipal de Madrid gane más que un Guardia Civil destinado en Madrid.

    • misael
      misael Dice:

      ¿ Y por qué limitar la igualación solamente al salario pecuniario ? Si un determinado colectivo funcionarial tiene entre sus derechos adquiridos, chupetes para sus bebés hasta los 3 años… ¿ por qué no habrán de tener chupetes los bebés del resto de funcionarios ?

      Dicho de otro modo: cada vez que un lobbie de un sector funcionarial obtenga un privilegio nuevo, por ley debería otorgarse a todos los funcionarios. Cuando la admón. pertinente, gobierno central, ayto, etc. se resista a conceder el derecho se le montan un par de mareas que se van a enterar, que ríete tu de la mafia y sus chantajes.

      Por supuesto el gobierno o ayto. de turno, como hasta ahora, concederá el privilegio solicitado porque lo que quiere es la pazzz social que no le mueve el sillón. Que en España todo tiene solución, toodo lo aguanta la deuda pública. Que va por el billón, pues a por otro billón más. Mientras haya quien compre papelitos.

  5. Enrique Benítez
    Enrique Benítez Dice:

    El informe está disponible en la web del TCU, pero no en la portada, sino en el apartado titulado “Transparencia”.

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