Reproducción del post de Elisa de la Nuez en Voz Pópuli: El nominalismo mágico. O de como “resolver” problemas gramaticalmente

Si juzgamos por las noticias aparecidas en los medios en los últimos días, se ve que en España todavía seguimos pensando que para resolver un problema o una necesidad social, o cumplir una promesa o “sugerencia” electoral lo mejor es crear, recauchutar o suprimir un departamento, consejería, concejalía, organismo público o unidad administrativa cualquiera y ponerle un nombre que no deje lugar a dudas respecto de las buenas intenciones del político de turno. Ya se trate de una consejería de Ciclo de la Vida, feminismo y LGTBI (rompedora iniciativa de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau) para demostrar el compromiso con esos colectivos, me imagino, o de suprimir la Consejería de Turismo, para dejar claro que ese sector no es una prioridad para la alcaldesa de Madrid, parece que todo consiste en quitar y poner nombres. Claro que lo mismo podría decirse de las innumerables Consejerías o Consejerías de Innovación, Emprendimiento, Transparencia y Participación, etc, etc, que han venido proliferando como setas estos últimos años con escasos avances prácticos en tan importantes ámbitos. Si todo fuera tan sencillo, deberíamos ser el país con menos paro de la OCDE, dado que si de algo no andamos escasos es de Consejerías de Empleo. Lástima que más allá de los gestos, para cambiar las cosas se necesite un esfuerzo algo mayor. Por otro lado, cambiar continuamente las denominaciones y el número de unidades administrativas no sale precisamente barato, en carteles, tarjetas, papelería variada y “last but non least” la reubicación de personal que suele llevar indefectiblemente consigo y la paralización consiguiente de la ya de por sí lenta burocracia patria.

Lo mismo cabe decir de los pomposos nombres que se utilizan para algunos organismos públicos con la finalidad de subrayar una independencia bastante dudosa o una implicación en la defensa de ciertos valores harto problemática, por lo menos desde el punto de vista de los ciudadanos. Conviene recordar algo tan obvio como que cuando un organismo público es independiente, transparente o profesional de verdad no necesita proclamarlo a los cuatro vientos: se nota bastante rápido se llame como se llame. La necesidad de grandes denominaciones suele revelar la existencia de grandes carencias, de la misma forma que la necesidad de grandes símbolos externos de poder (ya se trate de despachos, coches oficiales o abundante séquito) suele revelar la existencia de grandes carencias personales y profesionales del alto cargo en cuestión.

Los últimos ejemplos que se me ocurren –además de los citados de los nuevos gobiernos municipales, a la espera de las innovaciones nominativas de los nuevos gobiernos autonómicos-  proceden del ámbito de la transparencia, que conozco bien por motivos profesionales. Como es sabido, la transparencia está de moda, o para ser más exactos, la transparencia oficial está de moda, porque para la real todavía nos queda un trecho largo. Porque hay que ser conscientes que la transparencia real amenaza una forma de hacer política que es hoy todavía la dominante.  Así que una vez que se ha ido terminando la tarea legislativa –que esto en nuestro país entretiene y a la vez justifica que se trabaja en pro de la transparencia, aunque sea sobre el papel- toca la fase siguiente: la de los seminarios, conferencias, cursos de formación y saraos varios, que tienen la enorme ventaja de demostrar que “se están haciendo cosas” pero sin pisar demasiados callos, no se vaya a enfadar alguien.  Todo muy teórico, como nos gusta por aquí.

Por supuesto la piedra de toque del sistema es la habitual: nombrar unos cuantos cargos –cuantos más mejor- “independientes” encargados  de supervisar a los Gobiernos y organismos públicos y de velar porque se cumpla la ley. Aquí la imaginación y la pretenciosidad suelen correr parejas. Sin olvidar el “hecho diferencial”: no hay dos nombres iguales. Así tenemos desde órganos unipersonales (como el Comisionado para la Transparencia del Gobierno de Canarias) a órganos colegiados de gran complejidad, llevándose la palma por ahora la Junta de Andalucía, que se la lleva también por cierto en cuanto a extensión de su Ley de Transparencia. En todo caso en la Fundación ¿hay Derecho? departamento Transparencia esperamos ansiosos que entre en vigor (el próximo 30 de junio) para pedir la documentación del caso Aznalcollar. Ya les contaremos qué tal nos va y si más normas equivalen a más transparencia.

En cuanto al número de organismos, hasta hay autonomías que hacen ofertas 2 por 1 o incluso 3 por uno. La reciente Ley valenciana de transparencia, Ley 2/2015 de 2 de abril (quizás por haber sido de las últimas en aprobarse) crea, a falta de uno, dos órganos: un Consejo de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y otro de Participación Ciudadana. Eso sin contar el Consejo de Centros Valencianos en el Exterior, así, como lo leen.

¿Y cómo vamos de independencia real? Pues más o menos como siempre. De los cinco miembros que componen el órgano colegiado “independiente” (Comisión de Garantía del derecho de acceso a la información pública) de la Generalitat de Cataluña, según noticias aparecidas en prensa, tres están vinculados a partidos políticos. No vaya a ser que haya sustos.  En el ámbito estatal tampoco parece que haya  mucha prisa por poner en marcha el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, presidida por una ex alto cargo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y en cuya composición no figura ni un experto independiente ni ningún representante de la sociedad civil. El acceso al Portal de Transparencia estatal es surrealista, por decirlo con elegancia, al exigir a los ciudadanos españoles nada menos que su DNI electrónico para acceder a la información pública elaborada con dinero de sus impuestos. Hasta la Defensora del Pueblo ha considerado que el mecanismo por complejo y largo puede disuadir a los ciudadanos de solicitarla, a raíz de la presentación de una queja formal por Acces-Info Europe, ONG especializada en acceso a la información pública.

Así las cosas, no hay que extrañarse que de transparencia real andemos más o menos como siempre, salvo honrosas excepciones, que las hay y es de justicia reconocerlo, como ocurre con el portal del Consejo General del Poder Judicial. Como botón de muestra la falta de transparencia que –pese a leyes y organismos de control- se pone de relieve en la contestación a la solicitud hecha desde la Fundación Civio sobre cómo se repartió en distintos medios el gasto de la Generalitat de Cataluña para promocionar su portal de transparencia.

Flash Derecho: Debate sobre educación financiera: Entre la necesidad y la utopía

Foto foro

El pasado 25 de junio la Fundación ¿Hay Derecho? organizó un foro sobre educación financiera en el que disfrutamos de un intenso debate con ponentes de lujo, entre los que se encontraba el editor Fernando Gomá, Ismael Sanz Labrador (Director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), Julio Gil (Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones. Jefe de División Relaciones Clientela Bancaria. Banco de España) y Pau Monserrat (Economista de iAhorro.com y colaborador de este blog).

Contamos además con un público selecto, preparado e interesado en el tema, lo cual desde luego favoreció el debate. Nuestro agradecimiento, tanto a los asistentes como a los ponentes.

En este blog hemos dedicado mucha atención al problema del sobreendeudamiento de los particulares, que está en el origen de esta crisis financiera que tantos cambios está provocando. Cuando el ciudadano no tiene trabajo, ni dinero que sacar de los bancos, le hace vulnerable frente a todo tipo de radicalismo sencillamente porque no tiene nada que perder. Por eso el problema del sobreendeudamiento privado es muy sensible, debiéndose abordar también en el terreno preventivo. Sin duda alguna, uno de los instrumentos fundamentales para ello es aumentar la cultura financiera de los particulares.

No se trata de formar al ciudadano para que los prestamistas irresponsables no respondan, sino de educar para la prevención, para que, como dijo Fernando Gomá, “el ciudadano aprenda a decir NO”, a decir NO a un producto de inversión inadecuado, NO a un exceso de endeudamiento, a que aprenda a que sólo se puede gastar los recursos que tiene, a tener un consumo responsable, a fomentar el ahorro, en definitiva a ser un consumidor inteligente.

Por ello Fernando es partidario de una asignatura del tipo Educación para la Ciudadanía, con ésta o con otra denominación. Pero siempre y cuando en esa asignatura se enseñe lo que su nombre indica, es decir, conocimientos, información y consejos para ser mejores ciudadanos, lo que significa entre otras cosas ser más conscientes y responsables de los propios actos. Para ello, considera esencial tener unas sencillas nociones de Derecho.

¿Se está haciendo algo en España en materia de educación financiera?

Julio Gil destacó que la mayor complejidad de las relaciones financieras, así como de los productos y servicios financieros que se ofrecen, hace necesario invertir en la educación financiera de los consumidores. La información y la formación de los ciudadanos en materia financiera permite que estos desarrollen las habilidades y confianza precisas para adquirir mayor conciencia de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones razonables, saber dónde acudir para pedir ayuda y tomar cualquier acción eficaz para mejora su bienestar financiero. Nos informó del Plan de Educación Financiera puesto en marcha por el Banco de España y la CNMV y del portal “Finanzas para todos” cuyo objetivo es mejorar la gestión diaria de la economía personal de los ciudadanos.

Desde el Ministerio de Educación, Ismael Labrador señaló que muchos países de la OCDE, entre ellos España, han propuesto introducir la educación financiera entre las competencias a adquirir por los estudiantes. Se trata de competencias relacionadas con el día, como saber comprender una nómina, entender las facturas de las compras on-line, saber comprender si interesan las ofertas de los supermercados (como las de lleve tres y pague dos), o la administración de los ahorros. Estas competencias financieras han sido, además, evaluadas de forma opcional en PISA, junto con las opciones principales de matemáticas, lectura y ciencias. Los alumnos españoles de 15 años alcanzaron 484 puntos frente a los 500 de la media de la OCDE, lo que nos sitúa en la tabla media-baja de entre los 18 países que participaron en la opción financiera. Ejemplos de las preguntas que se emplearon en PISA financiera y resúmenes de las principales conclusiones se pueden encontrar en la página web del Ministerio de Educación (aquí).

Por su parte, Pau A. Monserrat manifestó que existe gran interés del público en cuanto a la formación financiera se refiere, pero que los contenidos de las administraciones suelen ser complejos y aburridos, por tanto hay un trecho de mejora en la calidad de los mismos. También señaló que es imprescindible una mayor formación a los propios empleados de banca, y una mayor transparencia en las entidades financieras, ya que en ocasiones no parecen favorecer el conocimiento financiero de sus clientes, y ni siquiera de los propios empleados. A su juicio, hay que constatar que se forma a los clientes y hay que crear mecanismos de educación financiera realmente eficaces. Por otra parte, corresponde a los propios bancos y a los organismos oficiales, velar por los intereses de los usuarios de los productos bancarios.

Estas aportaciones fueron acompañadas de interesantes intervenciones por parte de los asistentes.

Desde luego, tenemos que tener claro que el nuestro Banco no es nuestro “amigo” y que busca el beneficio propio y no el del cliente. Por lo tanto, también el consumidor tiene que poner de su parte para estar informado y saber, por ejemplo, qué significa una hipoteca, qué consecuencias tiene avalar a una persona que solicita un préstamo. Son muchos los esfuerzos que se están realizando a nivel internacional para mejorar la educación financiera, hasta el punto de que en América Latina han considerado oportuno introducirla incluso a través de las telenovelas y el cine…., curioso.

Al margen de introducir cambios en el sistema educativo, podría avanzarse más, por ejemplo, imponiendo la carga de superar unos cursos al deudor que ha entrado en concurso de acreedores. De hecho, así sucede en EEUU y es requisito imprescindible para beneficiarse de una segunda oportunidad.

En fin, lo que está claro es que el abordaje preventivo del sobreendeudamiento privado exige tocar muchas piezas del sistema y la educación es una de ellas. Desde la Fundación ¿Hay Derecho? seguiremos en esta línea de propuestas para la mejora del ordenamiento jurídico fomentando el debate con especialistas.