Europa y Grecia: el acuerdo entre Sísifo y Ulises

carga pesadaSísifo fue promotor del comercio, pero avaro y mentiroso. Enfadados, los dioses le condenaron a empujar un enorme peñasco montaña arriba. Cada vez que llegaba a la cima, éste volvía a caer, para que lo empujase de nuevo hasta la cumbre; y así perpetuamente. Cómo no asociar este bello mito griego al estado actual de Europa. Excesivamente avara, la Unión Europea empuja como condena el peñasco griego hacia arriba desde hace cinco años.

Recurrentemente, ministros y presidentes de gobierno anuncian haber alcanzado la cima. Al poco tiempo, todo vuelve a echarse a rodar y se reinicia el proceso. Analicemos la subida del peñasco hasta la cima recién culminada.

Si se comparan las propuestas que Grecia ha llevado al Eurogrupo (ver aquí) con las que rechazó airadamente en el reciente referéndum (ver aquí) encontrar las diferencias es tan difícil como distinguir una Atenea griega de una Minerva romana. En el superávit primario que deben alcanzar las cuentas públicas, las subidas del IVA y otros impuestos, o los recortes del gasto (incluyendo las pensiones) las coincidencias son casi totales. Las mínimas diferencias: que la subida del IVA afecte a las islas, pero no tanto a las más remotas; que el gasto militar se reduzca en 300 en vez de 400 millones de euros; o que la subida del impuesto de lujo a los yates alcance a los de más de 5 metros, en vez de 10. Diferencias nimias, como puede verse.

Esta realidad, sin embargo, ha desenfocado por completo el debate político y periodístico estos días. Toda la atención se ha centrado en esas condiciones, que son esencialmente las mismas que las rechazadas en el referéndum. Los críticos del gobierno griego han utilizado esto para señalar su incoherencia y celebrar su derrota: después de llevar a su país al corralito, a los pocos días se ve obligado a capitular, incumpliendo el mandato de su pueblo. Los que apoyan al gobierno griego, han utilizado esa misma realidad para defender que resulta incoherente no llegar a un acuerdo con Grecia, si acepta las mismas condiciones que se le pedían.

Unos y otros olvidan que las condiciones se ponen a cambio de unas contrapartidas. Resulta imposible disociar lo que se exige de lo que se obtendría a cambio.

Las condiciones iniciales que la Unión Europea pedía cumplir a Grecia tenían como contrapartida prorrogar unos meses el segundo rescate y desembolsar el tramo pendiente (7.200 millones de euros, 16.000 si se incluyen otros conceptos sobre los que se negociaba). Ahora, se negociaba algo totalmente distinto: un nuevo rescate (el tercero) de tres años de duración y una cuantía mucho mayor (86.000 millones de euros).

El argumento sobre la similitud de las condiciones también olvida que, desde la imposición del corralito, la situación económica se ha deteriorado en Grecia brutalmente. Se trata de un nuevo escenario que implica menos ingresos públicos y mayores necesidades de recapitalización de la banca.

Esta confusión del debate, centrado en las condiciones y olvidando las contrapartidas, favorece al gobierno griego de cara a la opinión pública europea (“¿cómo no llegar a un acuerdo, si cumplen las condiciones que se les pedía?”). La estratagema es digna del astuto Ulises, “fecundo en ardides”. Un caballo de Troya con el que los helenos han intentado atravesar las murallas guardadas por Merkel y Schäuble sin ser vistos. Sin embargo,  de cara a su opinión pública interna esa estrategia les perjudica (“¿cómo aceptar ahora los sacrificios que rechazamos en referéndum hace pocos días calificándolos de humillantes?”).

Finalmente, parece que los griegos han atravesado la muralla, pero no sin sufrir diversos flechazos de los centinelas. Las condiciones sobre reforma de las pensiones y el mercado laboral (negociación colectiva y despidos colectivos) se endurecen en su redactado; se crea un nuevo fondo de 50.000 millones para la privatización de activos públicos griegos, bajo tutela europea, con el fin de recapitalizar la banca en 25.000 millones y dedicar el resto a partes iguales a reducir la deuda y a inversión; se exige el cumplimiento inmediato de algunas de las condiciones, legislando en 48 horas, como forma de disipar la desconfianza que Tsipras ha provocado. A cambio, Grecia podría recibir hasta 86.000 millones en tres años, incluyendo financiación de urgencia para pagar los 1.550 debidos al FMI y los 3.500 que vencen el 20 de julio con el BCE, junto con un programa de inversión europeo (con recursos previamente existentes) de 35.000 millones. La reducción de la deuda griega no se concreta y no podrá ser mediante quitas. El FMI sigue implicado (tampoco es fácil entender la obsesión griega por excluirlo, dado que apoya rebajar la deuda).

En el proceso negociador, los guardianes de la ortodoxia han disparado una flecha envenenada a su propio pie. Esperemos que no haya impactado en el tendón de Aquiles. El mayor objetivo europeo a preservar en estas negociaciones era la irreversibilidad del euro. Con una torpeza inaudita, los negociadores alemanes, al amenazar a Grecia con una salida temporal del euro, han renunciado a preservarlo. Si puede haber salidas, aunque teóricamente sean temporales, el euro ya no es irreversible.

Lo racional era alcanzar un acuerdo. Lo contrario sería peor para ambas partes. Los acreedores probablemente terminasen perdiendo todo lo que se les debe (unos 315.000 millones) en vez de parte. Grecia sufriría recortes y costes sociales mucho mayores, como la experiencia de estos últimos días ha demostrado. Aún así, no debe subestimarse nunca el componente irracional, por lo que el escenario del desacuerdo tampoco era descartable a priori.

No es probable que este sea el final de la condena para Sísifo. En esta historia, ambas partes son culpables de los fracasos pasados y ambas deberán hacer más, si desean alcanzar una solución definitiva.

Grecia es culpable del mal funcionamiento de sus instituciones, de sus malas políticas económicas y de falsear cuentas. Su victimismo está fuera de lugar. Ha recibido ya un primer rescate de 110.000 millones y un segundo de 130.000. Esos rescates han incluido quitas de deuda (107.000 millones) y reestructuraciones (alargamiento de plazos, rebajas de intereses). De hecho, paga anualmente de intereses un 4% de su PIB, no mucho más que España. De ella depende aplicar reformas que aumenten la competencia y la competitividad de su economía.

La Unión Europea ha sido culpable de permitir llegar a Grecia a esta situación, prestándole y mirando hacia otro lado cuando falseaba las cuentas; también de olvidar la necesidad de que la economía griega se reactive. Redirigir hacía allí algunos fondos europeos nuevos para inversión e I+D sería conveniente, así como espaciar los recortes en el tiempo y acompasarlos a la situación económica. Tampoco puede dejarse de lado la necesidad de reformar la Unión. Una unión monetaria sin más unión fiscal y política no puede funcionar. Un fondo de garantía de depósitos común, incluso estabilizadores automáticos (como un seguro de desempleo común) deben formar parte del plan de reformas. El reciente informe de los 5 presidentes, siendo oportuno, resulta poco ambicioso (ver aquí).

Para terminar con la maldición de Sísifo, harían falta Hércules que culminasen los trabajos pendientes. Por desgracia, no se atisban, ni en Grecia ni en el resto de Europa.

Resumen del foro “Educación financiera: entre la necesidad y la utopía”

El pasado 25 de junio la Fundación ¿Hay Derecho? organizó un foro sobre educación financiera en el que disfrutamos de un intenso debate con ponentes de lujo, entre los que se encontraba el editor  don Fernando Gomá,  don Ismael Sanz Labrador,  Director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), Don Julio Gil. Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones. Jefe de División Relaciones Clientela Bancaria. Banco de España y Don Pau Monserrat, Economista de iAhorro.com

Contamos además con un público selecto, preparado e interesado en el tema, lo cual desde luego favoreció el debate. Nuestro agradecimiento tanto a los asistentes como a los ponentes.

En ¿Hay Derecho? hemos dedicado mucha atención al problema del sobreendeudamiento de los particulares, que está en el origen de esta crisis financiera que tantos cambios está provocando.

Cuando el ciudadano no tiene trabajo, ni dinero que sacar de los bancos, le hace vulnerable frente a todo tipo de radicalismo sencillamente porque no tiene nada que perder. Por eso el problema del sobreendeudamiento privado es muy importante debiéndose abordar también en el terreno preventivo y uno de los pilares es sin duda, aumentar la cultura financiera de los particulares. No se trata de formar al ciudadano para que los prestamistas irresponsables no respondan, sino  de educar para la prevención, para que como dijo Fernando Gomá, “el ciudadano aprenda a decir NO”, a decir no a un producto de inversión inadecuado, NO a un exceso de endeudamiento, a que aprenda a que sólo se puede gastar los recursos que tiene, a tener un consumo responsable, a fomentar el ahorro, en definitiva a ser un consumidor inteligente.

Por ello F. Gomá es partidario de una asignatura del tipo Educación para la Ciudadanía, con ésta o con otra denominación. Pero siempre y cuando en esa asignatura se enseñe lo que su nombre indica, es decir, conocimientos, información y consejos para ser mejores ciudadanos, lo que significa entre otras cosas ser más conscientes y responsables de los propios actos. Para ello, considera esencial tener unas sencillas nociones de Derecho.

¿Se está haciendo algo en España en materia de educación financiera?

Don Julio Gil destacó que “la mayor complejidad de las relaciones financieras, así como de los productos y servicios financieros que se ofrecen, hace necesario invertir en la educación financiera de los consumidores. La información y la formación de los ciudadanos en materia financiera permite que estos desarrollen las habilidades y confianza precisas para adquirir mayor conciencia de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones razonables, saber dónde acudir para pedir ayuda y tomar cualquier acción eficaz para mejora su bienestar financiero”. Nos informó del Plan de Educación Financiera puesto en marcha por el Banco de España y la CNMV y del portal “Finanzas para todos” http://www.finanzasparatodos.es cuyo objetivo es mejorar la gestión diaria de la economía personal de los ciudadanos.

Desde el Ministerio de Educación, Don Ismael Labrador señaló que “muchos países de la OCDE, entre ellos España, han propuesto introducir la educación financiera entre las competencias a adquirir por los estudiantes. Se trata de competencias relacionadas con el día, como saber comprender una nómina, entender las facturas de las compras on-line, saber comprender si interesan las ofertas de los supermercados (como las de lleve tres y pague dos), o la administración de los ahorros. Estas competencias financieras han sido, además, evaluadas de forma opcional en PISA, junto con las opciones principales de matemáticas, lectura y ciencias. Los alumnos españoles de 15 años alcanzaron 484 puntos frente a los 500 de la media de la OCDE, lo que nos sitúa en la tabla media-baja de entre los 18 países que participaron en la opción financiera. Ejemplos de las preguntas que se emplearon en PISA financiera y resúmenes de las principales conclusiones se pueden encontrar en la página web del Ministerio de Educación

Por su parte, don Pau A. Monserrat manifestó que existe gran interés del público en cuanto a la formación financiera se refiere, pero que los contenidos de las administraciones suelen ser complejos y aburridos, por tanto hay un trecho de mejora en la calidad de los mismos.

También señaló que es imprescindible una mayor formación a los propios empleados de banca, y una mayor transparencia en las entidades financieras, ya que en ocasiones no parecen favorecer el conocimiento financiero de sus clientes, y ni siquiera de los propios empleados. A su juicio, hay que constatar que se forma a los clientes y hay que crear mecanismos de educación financiera realmente eficaces. Por otra parte, corresponde a los propios bancos y a los organismos oficiales, velar por los intereses de los usuarios de los productos bancarios.

Estas aportaciones fueron acompañadas de interesantes intervenciones por parte de los asistentes.

Desde luego, tenemos que tener claro que el nuestro Banco no es nuestro “amigo” y que busca el beneficio propio y no el del cliente. Por lo tanto, también el consumidor tiene que poner de su parte para estar informado y  saber, por ejemplo, qué  significa una hipoteca, qué consecuencias tiene avalar a una persona que solicita un préstamo. Son muchos los esfuerzos que se están realizando a nivel internacional para mejorar la educación financiera, hasta el punto de que en América Latina han considerado oportuno introducirla incluso a través de las telenovelas y el cine…., curioso.

Al margen de introducir cambios en el sistema educativo, podría avanzarse más, por ejemplo, imponiendo la carga de superar unos cursos al deudor que ha entrado en concurso de acreedores. De hecho, así sucede en USA y es requisito imprescindible para beneficiarse de una segunda oportunidad.

En fin, lo que está claro es que el abordaje preventivo del sobreendeudamiento privado exige tocar muchas piezas del sistema y la educación es una de ellas. Desde la Fundación ¿Hay Derecho? seguiremos en esta línea de propuestas para la mejora del ordenamiento jurídico fomentando el debate con especialistas.

Más reformas concursales en la Ley de Jurisdicción Voluntaria

El BOE de 3.07.2015 publica la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (LJV), con 133 páginas y un calendario de entrada en vigor que exige una hoja de cálculo: la ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación (23.07.2015) excepto para las particularidades contempladas en la misma. La ley se articula en un título preliminar con disposiciones generales y nueve títulos más sobre normas comunes de tramitación, personas, familia, sucesiones, obligaciones, derechos reales, subastas voluntarias, materia mercantil y conciliación; seis disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y veintiuna finales que modifican, entre otros, el Código civil, el de Comercio, la LEC, la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, la del Notariado, la Hipotecaria y la de Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión (LHM); y como no podía ser menos, afecta en determinados aspectos a la legislación concursal en el ámbito de las subastas, de la conciliación, del matrimonio, de la venta extrajudicial contemplada en la LHM y de los viajes combinados.

En el ámbito de las subastas voluntarias y de las notariales, el título VII LJV regula las primeras, aquellas que fuera de un procedimiento de apremio deben celebrarse en el Juzgado de Primera Instancia competente para la enajenación de bienes o derechos determinados a instancia de alguien interesado. Al efecto se impone al Secretario judicial, antes de resolver sobre la solicitud correspondiente, consultar el Registro Público Concursal (RPC) a los efectos previstos en el artículo 198 de la Ley Concursal (LC), y en el R.D. 892/2013, de 15.11, por el que se regula aquél con la finalidad, en aras a la seguridad jurídica, de facilitar a través de sus cuatro secciones -edictos concursales, publicidad registral, acuerdos extrajudiciales, y administradores concursales y auxiliares delegados-, la difusión y publicidad de las resoluciones procesales y de los asientos registrales derivados del proceso concursal, la coordinación entre los diversos registros públicos en los que deban constar la declaración del concurso y sus vicisitudes; y la coordinación y publicidad de las actas, anuncios y resoluciones procesales dictadas al amparo de la LC, sobre los acuerdos extrajudiciales, procedimiento de homologación y de los asientos registrales derivados de los mismos. Si acordare la procedencia de la celebración de la subasta, el Secretario judicial pondrá en conocimiento del RPC la existencia del expediente con especificación del NIF del titular persona física o jurídica cuyo bien vaya a ser objeto de la subasta, y el RPC notificará al Juzgado que esté conociendo del expediente la práctica de cualquier asiento que se lleve a cabo asociado al NIF notificado a los efectos previstos en la legislación concursal. El Secretario judicial pondrá igualmente en conocimiento del RPC la finalización del expediente cuando la misma se produzca, bien por sobreseimiento o por el correspondiente decreto de adjudicación.

De las subastas notariales se ocupa el capítulo V del título VII de la Ley del Notariado (intervención de notarios en expedientes y actas especiales), modificada por la DF 11ª LJV: son aquéllas que se celebran electrónicamente ante Notario, a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal BOE, en cumplimiento de una resolución judicial o administrativa o de una cláusula contractual o testamentaria, en ejecución de un laudo arbitral o acuerdo de mediación o bien por pacto especial en instrumento público. El Notario, a requerimiento de persona legitimada para instar la venta de un bien o derecho determinado, convocará la subasta y levantará acta que refleje sus circunstancias esenciales y el resultado de la misma y autorizará, en su caso, la correspondiente escritura pública de venta, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y, entre ellos, previa consulta al RPC a los efectos previstos en la legislación especial antes citada. Cuando proceda la subasta, el Notario pondrá en conocimiento del RPC tanto la existencia del expediente como su finalización, con especificación en el primer caso del NIF del titular persona física o jurídica cuyo bien vaya a ser objeto de la subasta. Como en el supuesto de las subastas voluntarias, el RPC notificará al Notario que esté conociendo del expediente la práctica de cualquier asiento que se lleve a cabo asociado al NIF notificado a los efectos previstos en la legislación concursal. En todo caso, la subasta notarial que cause una venta forzosa solo se podrá suspender, y en su caso cerrar el expediente, en lo que aquí nos afecta, si se justifica al Notario la declaración de concurso del deudor o la paralización de las acciones de ejecución en los supuestos previstos en la legislación concursal, aunque ya estuvieran publicados los anuncios de la subasta del bien; y solo se alzará la suspensión cuando se acredite, mediante testimonio de la resolución del Juez del concurso, que los bienes o derechos no están afectos o no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor; y, en su caso, cuando se presente la resolución judicial que homologue el acuerdo alcanzado o la escritura pública o la certificación que cierre el expediente junto con su comunicación al Juez competente y al RPC. Conforme a lo dispuesto en la DF 21ª, el nuevo régimen para ambos tipos de subasta entrará en vigor el 15.10.2015.

La segunda referencia en materia concursal se contiene en sede del expediente de conciliación. La LJV contempla tres tipos de conciliación: la general, la notarial y la registral, y excluye de las dos últimas, que no así de la primera, las llamadas cuestiones concursales

El régimen jurídico de la conciliación general se regula en el título IX de la ley, donde se traslada y actualiza lo hasta ahora establecido en la anterior LEC –que queda derogada en ese particular-, sin perjuicio de que, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, las personas puedan obtener acuerdos en aquellos asuntos de su interés de carácter disponible a través de cauces distintos, por su sola actuación o mediante la intervención de otros intermediarios u operadores jurídicos, como los Notarios o Registradores. La conciliación se podrá intentar ante el Juez de Paz o el Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia o del Juzgado de lo Mercantil, cuando se trate de materias de su competencia, para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito, siempre que ello no suponga un manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de ley o procesal ni afecte a cuestiones indisponibles (cuestiones en las que se encuentren interesados los menores y las personas con capacidad modificada judicialmente para la libre administración de sus bienes; cuestiones en las que estén interesados el Estado, las Comunidades Autónomas y las demás Administraciones públicas, Corporaciones o Instituciones de igual naturaleza; juicios sobre responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados; y, en general, los acuerdos que se pretendan sobre materias no susceptibles de transacción ni compromiso). El testimonio del acta junto con el del decreto del Secretario judicial o del auto del Juez de Paz haciendo constar la avenencia de las partes en el acto de conciliación llevará aparejada ejecución, a los efectos previstos en el artículo 517.2.9.º LEC; y tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado en documento público y solemne, a otros efectos.

El capítulo VII del título VII de la reformada Ley del Notariado regula la segunda, es decir, el expediente de conciliación ante Notario de los distintos intereses de los otorgantes con la finalidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial sobre cualquier controversia contractual, mercantil, sucesoria o familiar, siempre que no recaiga sobre materia indisponible y que no sea una de las cuestiones previstas en la LC, las cuales no podrán conciliarse siguiendo este trámite.

En cuanto a la tercera, la que llamamos conciliación registral, se incluye un nuevo Título IV bis en la Ley Hipotecaria, cuyo artículo 103 bis atribuye a los Registradores la competencia –compartida con Notarios o Secretario judiciales, a elección de los interesados- para conocer de los actos de conciliación sobre cualquier controversia inmobiliaria, urbanística y mercantil o que verse sobre hechos o actos inscribibles en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro registro público que sean de su competencia, siempre que no recaiga sobre materia indisponible, con la finalidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial, a excepción de las cuestiones previstas en la LC, que no podrán conciliarse siguiendo este trámite.

La tercera referencia concursal de la LJV se contiene en la nueva redacción del artículo 1442 del Código civil por el apartado 98 de la DF 1ª, al establecer que declarado un cónyuge en concurso serán de aplicación las disposiciones de la legislación concursal, sustituyendo la redacción que tal artículo seguía teniendo –sin aplicación- hasta ahora. En este punto la LC, a que se remite la nueva redacción, regula el tratamiento de los bienes conyugales conforme al régimen económico del matrimonio del deudor persona casada en el capítulo relativo a la composición de la masa activa y formación de la sección tercera, bajo el principio de universalidad del artículo 76, que se concreta en el siguiente artículo para los bienes conyugales.

La DF 13ª modifica la Ley de 16.12.1954, de Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesión, cuyo nuevo artículo 88 prevé la suspensión del procedimiento de venta extrajudicial, en lo que aquí se refiere, si constare al Notario la declaración de concurso del deudor, aunque ya estuvieran publicados los anuncios de la subasta; en este caso sólo se alzará la suspensión cuando se acredite, mediante testimonio de la resolución del Juez del concurso, que los bienes o derechos no están afectos, o no son necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

Por último, la D.F. 17ª modifica el artículo 163 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por RDL 1/2007, de 16.11, y establece una garantía de responsabilidad contractual para los organizadores y detallistas de viajes combinados, a quienes impone la obligación de constituirla y mantenerla de manera permanente para responder con carácter general del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios frente a los contratantes de un viaje combinado y, especialmente, en caso de insolvencia –aviso a navegantes: subrogación de créditos y responsabilidad de administradores-, del reembolso efectivo de todos los pagos realizados por los viajeros en la medida en que no se hayan realizado los servicios correspondientes y, en el caso de que se incluya el transporte, de la repatriación efectiva de los mismos, que deberá permitir a los viajeros acceder fácilmente a la protección garantizada, sin trámites excesivos, sin ninguna demora indebida y de forma gratuita cuando resulte evidente que la ejecución del viaje combinado se vea afectado por la falta de liquidez de los organizadores o detallistas, en la medida en que el viaje no se ejecute o se ejecute parcialmente o los prestadores de servicios requieran a los viajeros pagar por ellos. Los términos de la garantía se establecerán por la Administración turística competente, pero su exigencia se sujetará a lo establecido en la Ley 20/2013, de 9.12, de garantía de la unidad de mercado, y en caso de ejecutarse deberá reponerse en su totalidad en un plazo de 15 días.

Cambios, no obstante, que no colman el ansia de reformas a que nos vemos sometidos: el legislador parece regodearse al anunciarnos, en la DA 5ª de la ley, que el Gobierno llevará a cabo las modificaciones y desarrollos reglamentarios que sean precisos para la aplicación de la misma, por si no tuviéramos bastante. Como decía hace poco en mi post ‘Fomento de la financiación empresarial y concurso de acreedores: más reformas’, necesitamos menos leyes, pero mejores leyes.

Firma del convenio con el Consejo General de la Abogacía Española

El pasado 25 de junio formalizamos nuestro acuerdo con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

La transparencia será el eje central de esta colaboración. Así, diversos abogados del CGAE ayudarán de forma voluntaria a la Fundación ¿Hay Derecho? ha presentar solicitudes de información pública, en la línea en la que ya venimos trabajando, realizar el seguimiento de las respuestas recibidas y, en su caso, acciones judiciales.

Todo ello enmarcado en una acción coordinada en pro de la transparencia, el fortalecimiento de nuestras instituciones y la defensa del Estado de Derecho, aspectos fundamentales para nuestra Fundación.

Estamos ya trabajando conjuntamente en una petición de transparencia al Banco de España que podéis consultar aquí . El principio de una colaboración mutua que dará, esperemos, grandes resultados y de la que iremos informando puntualmente.

Puedes descargar el convenio completo aquí