El palacio de las intrigas: sobre la reelección del Presidente de la sala III del TS

Si fuésemos nosotros quienes utilizásemos esta expresión en conexión con el Consejo General del Poder Judicial, muchos lectores nos llamarían de todo, desde pirómanos institucionales hasta voceros del populismo. Pero cuando la expresión se convierte en arma arrojadiza entre el Presidente del CGPJ, Sr. Lesmes, y el Presidente de la Sala Tercera del TS, Sr. Sieira, entonces hasta el lector más escéptico debería ponerse en situación de atentos.

Esto es lo que ha ocurrido con ocasión de la elección en curso a la Presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, a la que concurren el actual Presidente de esa Sala, buscando su reelección, y (además de otros dos magistrados) el candidato preferido por Presidente del Consejo, el Sr. Díez-Picazo. Al menos según nos indica esta noticia publicada ayer en el diario El Mundo (aquí). Lesmes afirmó al inicio de su presidencia que no quería que el Consejo se convirtiese en un palacio de las intrigas. Sieria, por lo que resulta de sus declaraciones de ayer, teme que eso esté ya ocurriendo.

En estos casos la reelección suele ser la norma habitual, salvo, se supone, que el ejerciente haya desempeñado su cargo de forma manifiestamente deficiente. Ahora bien, el problema (para nosotros) es que la calificación de lo que es actuación deficiente en las altas instancias de la magistratura es hoy, en España, un tanto conflictiva.

El origen de la desafección entre Lesmes y Sieira se encuentra en el sonado caso del indulto al kamikaze. La ponencia correspondió a Lesmes, que proponía confirmar el indulto. Sin embargo, Sieira llevó el caso al Pleno, donde el hoy presidente del Consejo vio cómo no lograba el apoyo de la mayoría, que lo anuló. Lesmes firmó uno de los votos particulares en contra de dicha sentencia. Recordemos que el controvertido indulto se concedió, siendo entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, en contra de los informes emitidos por la Fiscalía y el Juzgado y en contra de la práctica habitual de no indultar este tipo de delitos contra la seguridad vial. Según noticias de prensa, el kamikaze además de  relaciones familiares con cargos del PP, estaba defendido por el abogado Esteban Astarloa, del bufete Uría y Menendez, donde también trabaja el hijo del Ministro Ruiz Gallardón, José Ruiz-Gallardón Utrera. La sentencia anulando el RD de indulto fue comentada en este blog por Lucas Blanque (aquí).

Nadie puede dudar de que esta sentencia sentó rematadamente mal en el Gobierno, pues ponía en entredicho uno de sus privilegios clásicos, que en esta época convulsa en que vivimos no deja de tener su importancia. La conclusión evidente es que, cualquier Gobierno, pero especialmente el del PP, no puede estar muy contento con el Sr. Sieira como Presidente de la Sala Tercera, máximo órgano de control de la actividad normativa del Ejecutivo.

La verdad es que en un país normal esto debería ser suficiente como para reelegirle. Cuanto más en uno, como el nuestro, tan necesitado de freno a lo que García de Enterría denominó las inmunidades del poder.

Pero hay otro motivo todavía mucho más de peso para que a nosotros, los sufridos ciudadanos, nos interese que Sieira continúe en su puesto y que es el mismo, seguramente, por el que algunos desean lo contrario: la nueva Ley Mordaza y la modificación del Código Penal.

En un artículo publicado el pasado viernes en el último número cero del semanario Ahora (aquí) recordaba la importancia práctica que tiene la despenalización de las faltas y la atribución a la Administración de una importante y contundente facultad sancionadora en el ámbito de la seguridad ciudadana. La iniciativa procesal se invierte y uno tiene que combatir contra los privilegios de la Administración. Pues bien, que esos privilegios terminen siendo en la práctica mayores o menores depende muy mucho de la doctrina que al respecto vayan sentando los Tribunales y, destacadamente entre ellos, la que vaya sentando la Sala tercera del Tribunal Supremo.

Nuestra opción no denota ideología, y menos aún afección partidista. Partimos simplemente de la conveniencia de salir en defensa del Estado de Derecho cuando sentimos que está amenazado. En definitiva, de esas reglas de juego comunes que posibilitan que, posteriormente, exista la ideología y la afección partidista. Pero, eso sí, dentro de un orden.

Europa y Grecia: el acuerdo entre Sísifo y Ulises

carga pesadaSísifo fue promotor del comercio, pero avaro y mentiroso. Enfadados, los dioses le condenaron a empujar un enorme peñasco montaña arriba. Cada vez que llegaba a la cima, éste volvía a caer, para que lo empujase de nuevo hasta la cumbre; y así perpetuamente. Cómo no asociar este bello mito griego al estado actual de Europa. Excesivamente avara, la Unión Europea empuja como condena el peñasco griego hacia arriba desde hace cinco años.

Recurrentemente, ministros y presidentes de gobierno anuncian haber alcanzado la cima. Al poco tiempo, todo vuelve a echarse a rodar y se reinicia el proceso. Analicemos la subida del peñasco hasta la cima recién culminada.

Si se comparan las propuestas que Grecia ha llevado al Eurogrupo (ver aquí) con las que rechazó airadamente en el reciente referéndum (ver aquí) encontrar las diferencias es tan difícil como distinguir una Atenea griega de una Minerva romana. En el superávit primario que deben alcanzar las cuentas públicas, las subidas del IVA y otros impuestos, o los recortes del gasto (incluyendo las pensiones) las coincidencias son casi totales. Las mínimas diferencias: que la subida del IVA afecte a las islas, pero no tanto a las más remotas; que el gasto militar se reduzca en 300 en vez de 400 millones de euros; o que la subida del impuesto de lujo a los yates alcance a los de más de 5 metros, en vez de 10. Diferencias nimias, como puede verse.

Esta realidad, sin embargo, ha desenfocado por completo el debate político y periodístico estos días. Toda la atención se ha centrado en esas condiciones, que son esencialmente las mismas que las rechazadas en el referéndum. Los críticos del gobierno griego han utilizado esto para señalar su incoherencia y celebrar su derrota: después de llevar a su país al corralito, a los pocos días se ve obligado a capitular, incumpliendo el mandato de su pueblo. Los que apoyan al gobierno griego, han utilizado esa misma realidad para defender que resulta incoherente no llegar a un acuerdo con Grecia, si acepta las mismas condiciones que se le pedían.

Unos y otros olvidan que las condiciones se ponen a cambio de unas contrapartidas. Resulta imposible disociar lo que se exige de lo que se obtendría a cambio.

Las condiciones iniciales que la Unión Europea pedía cumplir a Grecia tenían como contrapartida prorrogar unos meses el segundo rescate y desembolsar el tramo pendiente (7.200 millones de euros, 16.000 si se incluyen otros conceptos sobre los que se negociaba). Ahora, se negociaba algo totalmente distinto: un nuevo rescate (el tercero) de tres años de duración y una cuantía mucho mayor (86.000 millones de euros).

El argumento sobre la similitud de las condiciones también olvida que, desde la imposición del corralito, la situación económica se ha deteriorado en Grecia brutalmente. Se trata de un nuevo escenario que implica menos ingresos públicos y mayores necesidades de recapitalización de la banca.

Esta confusión del debate, centrado en las condiciones y olvidando las contrapartidas, favorece al gobierno griego de cara a la opinión pública europea (“¿cómo no llegar a un acuerdo, si cumplen las condiciones que se les pedía?”). La estratagema es digna del astuto Ulises, “fecundo en ardides”. Un caballo de Troya con el que los helenos han intentado atravesar las murallas guardadas por Merkel y Schäuble sin ser vistos. Sin embargo,  de cara a su opinión pública interna esa estrategia les perjudica (“¿cómo aceptar ahora los sacrificios que rechazamos en referéndum hace pocos días calificándolos de humillantes?”).

Finalmente, parece que los griegos han atravesado la muralla, pero no sin sufrir diversos flechazos de los centinelas. Las condiciones sobre reforma de las pensiones y el mercado laboral (negociación colectiva y despidos colectivos) se endurecen en su redactado; se crea un nuevo fondo de 50.000 millones para la privatización de activos públicos griegos, bajo tutela europea, con el fin de recapitalizar la banca en 25.000 millones y dedicar el resto a partes iguales a reducir la deuda y a inversión; se exige el cumplimiento inmediato de algunas de las condiciones, legislando en 48 horas, como forma de disipar la desconfianza que Tsipras ha provocado. A cambio, Grecia podría recibir hasta 86.000 millones en tres años, incluyendo financiación de urgencia para pagar los 1.550 debidos al FMI y los 3.500 que vencen el 20 de julio con el BCE, junto con un programa de inversión europeo (con recursos previamente existentes) de 35.000 millones. La reducción de la deuda griega no se concreta y no podrá ser mediante quitas. El FMI sigue implicado (tampoco es fácil entender la obsesión griega por excluirlo, dado que apoya rebajar la deuda).

En el proceso negociador, los guardianes de la ortodoxia han disparado una flecha envenenada a su propio pie. Esperemos que no haya impactado en el tendón de Aquiles. El mayor objetivo europeo a preservar en estas negociaciones era la irreversibilidad del euro. Con una torpeza inaudita, los negociadores alemanes, al amenazar a Grecia con una salida temporal del euro, han renunciado a preservarlo. Si puede haber salidas, aunque teóricamente sean temporales, el euro ya no es irreversible.

Lo racional era alcanzar un acuerdo. Lo contrario sería peor para ambas partes. Los acreedores probablemente terminasen perdiendo todo lo que se les debe (unos 315.000 millones) en vez de parte. Grecia sufriría recortes y costes sociales mucho mayores, como la experiencia de estos últimos días ha demostrado. Aún así, no debe subestimarse nunca el componente irracional, por lo que el escenario del desacuerdo tampoco era descartable a priori.

No es probable que este sea el final de la condena para Sísifo. En esta historia, ambas partes son culpables de los fracasos pasados y ambas deberán hacer más, si desean alcanzar una solución definitiva.

Grecia es culpable del mal funcionamiento de sus instituciones, de sus malas políticas económicas y de falsear cuentas. Su victimismo está fuera de lugar. Ha recibido ya un primer rescate de 110.000 millones y un segundo de 130.000. Esos rescates han incluido quitas de deuda (107.000 millones) y reestructuraciones (alargamiento de plazos, rebajas de intereses). De hecho, paga anualmente de intereses un 4% de su PIB, no mucho más que España. De ella depende aplicar reformas que aumenten la competencia y la competitividad de su economía.

La Unión Europea ha sido culpable de permitir llegar a Grecia a esta situación, prestándole y mirando hacia otro lado cuando falseaba las cuentas; también de olvidar la necesidad de que la economía griega se reactive. Redirigir hacía allí algunos fondos europeos nuevos para inversión e I+D sería conveniente, así como espaciar los recortes en el tiempo y acompasarlos a la situación económica. Tampoco puede dejarse de lado la necesidad de reformar la Unión. Una unión monetaria sin más unión fiscal y política no puede funcionar. Un fondo de garantía de depósitos común, incluso estabilizadores automáticos (como un seguro de desempleo común) deben formar parte del plan de reformas. El reciente informe de los 5 presidentes, siendo oportuno, resulta poco ambicioso (ver aquí).

Para terminar con la maldición de Sísifo, harían falta Hércules que culminasen los trabajos pendientes. Por desgracia, no se atisban, ni en Grecia ni en el resto de Europa.

Resumen del foro “Educación financiera: entre la necesidad y la utopía”

El pasado 25 de junio la Fundación ¿Hay Derecho? organizó un foro sobre educación financiera en el que disfrutamos de un intenso debate con ponentes de lujo, entre los que se encontraba el editor  don Fernando Gomá,  don Ismael Sanz Labrador,  Director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), Don Julio Gil. Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones. Jefe de División Relaciones Clientela Bancaria. Banco de España y Don Pau Monserrat, Economista de iAhorro.com

Contamos además con un público selecto, preparado e interesado en el tema, lo cual desde luego favoreció el debate. Nuestro agradecimiento tanto a los asistentes como a los ponentes.

En ¿Hay Derecho? hemos dedicado mucha atención al problema del sobreendeudamiento de los particulares, que está en el origen de esta crisis financiera que tantos cambios está provocando.

Cuando el ciudadano no tiene trabajo, ni dinero que sacar de los bancos, le hace vulnerable frente a todo tipo de radicalismo sencillamente porque no tiene nada que perder. Por eso el problema del sobreendeudamiento privado es muy importante debiéndose abordar también en el terreno preventivo y uno de los pilares es sin duda, aumentar la cultura financiera de los particulares. No se trata de formar al ciudadano para que los prestamistas irresponsables no respondan, sino  de educar para la prevención, para que como dijo Fernando Gomá, “el ciudadano aprenda a decir NO”, a decir no a un producto de inversión inadecuado, NO a un exceso de endeudamiento, a que aprenda a que sólo se puede gastar los recursos que tiene, a tener un consumo responsable, a fomentar el ahorro, en definitiva a ser un consumidor inteligente.

Por ello F. Gomá es partidario de una asignatura del tipo Educación para la Ciudadanía, con ésta o con otra denominación. Pero siempre y cuando en esa asignatura se enseñe lo que su nombre indica, es decir, conocimientos, información y consejos para ser mejores ciudadanos, lo que significa entre otras cosas ser más conscientes y responsables de los propios actos. Para ello, considera esencial tener unas sencillas nociones de Derecho.

¿Se está haciendo algo en España en materia de educación financiera?

Don Julio Gil destacó que “la mayor complejidad de las relaciones financieras, así como de los productos y servicios financieros que se ofrecen, hace necesario invertir en la educación financiera de los consumidores. La información y la formación de los ciudadanos en materia financiera permite que estos desarrollen las habilidades y confianza precisas para adquirir mayor conciencia de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones razonables, saber dónde acudir para pedir ayuda y tomar cualquier acción eficaz para mejora su bienestar financiero”. Nos informó del Plan de Educación Financiera puesto en marcha por el Banco de España y la CNMV y del portal “Finanzas para todos” http://www.finanzasparatodos.es cuyo objetivo es mejorar la gestión diaria de la economía personal de los ciudadanos.

Desde el Ministerio de Educación, Don Ismael Labrador señaló que “muchos países de la OCDE, entre ellos España, han propuesto introducir la educación financiera entre las competencias a adquirir por los estudiantes. Se trata de competencias relacionadas con el día, como saber comprender una nómina, entender las facturas de las compras on-line, saber comprender si interesan las ofertas de los supermercados (como las de lleve tres y pague dos), o la administración de los ahorros. Estas competencias financieras han sido, además, evaluadas de forma opcional en PISA, junto con las opciones principales de matemáticas, lectura y ciencias. Los alumnos españoles de 15 años alcanzaron 484 puntos frente a los 500 de la media de la OCDE, lo que nos sitúa en la tabla media-baja de entre los 18 países que participaron en la opción financiera. Ejemplos de las preguntas que se emplearon en PISA financiera y resúmenes de las principales conclusiones se pueden encontrar en la página web del Ministerio de Educación

Por su parte, don Pau A. Monserrat manifestó que existe gran interés del público en cuanto a la formación financiera se refiere, pero que los contenidos de las administraciones suelen ser complejos y aburridos, por tanto hay un trecho de mejora en la calidad de los mismos.

También señaló que es imprescindible una mayor formación a los propios empleados de banca, y una mayor transparencia en las entidades financieras, ya que en ocasiones no parecen favorecer el conocimiento financiero de sus clientes, y ni siquiera de los propios empleados. A su juicio, hay que constatar que se forma a los clientes y hay que crear mecanismos de educación financiera realmente eficaces. Por otra parte, corresponde a los propios bancos y a los organismos oficiales, velar por los intereses de los usuarios de los productos bancarios.

Estas aportaciones fueron acompañadas de interesantes intervenciones por parte de los asistentes.

Desde luego, tenemos que tener claro que el nuestro Banco no es nuestro “amigo” y que busca el beneficio propio y no el del cliente. Por lo tanto, también el consumidor tiene que poner de su parte para estar informado y  saber, por ejemplo, qué  significa una hipoteca, qué consecuencias tiene avalar a una persona que solicita un préstamo. Son muchos los esfuerzos que se están realizando a nivel internacional para mejorar la educación financiera, hasta el punto de que en América Latina han considerado oportuno introducirla incluso a través de las telenovelas y el cine…., curioso.

Al margen de introducir cambios en el sistema educativo, podría avanzarse más, por ejemplo, imponiendo la carga de superar unos cursos al deudor que ha entrado en concurso de acreedores. De hecho, así sucede en USA y es requisito imprescindible para beneficiarse de una segunda oportunidad.

En fin, lo que está claro es que el abordaje preventivo del sobreendeudamiento privado exige tocar muchas piezas del sistema y la educación es una de ellas. Desde la Fundación ¿Hay Derecho? seguiremos en esta línea de propuestas para la mejora del ordenamiento jurídico fomentando el debate con especialistas.