Un “cierre interruptus”: sobre la reapertura de Canal 9

En noviembre de 2013 escribí un post sobre el cierre de Canal 9, en el que aprovechamos para reflexionar sobre el modelo de televisión pública estatal y autonómica que tenemos en España y lo lejos que está de lo que debería ser un servicio público de calidad (modelo BBC). Algo más de año y medio después, la televisión autonómica valenciana ha vuelto a estar de plena actualidad por el anuncio del nuevo Presidente de la Generalitat Valenciana de reabrir la cadena.

Ximo Puig anunció en su discurso de investidura la reapertura de Radio Televisión Valenciana (RTVV): “Lo haremos dialogando y será una televisión pública, sostenible económicamente, independiente y plural“. El Presidente declaró que su intención es abrirla lo antes posible, si puede ser coincidiendo con el 9 de octubre (día de la Comunidad Valenciana). Eso sí, no ha dado ningún detalle del presupuesto que piensa destinar al ente público, ni cómo va a asegurar su independencia política, etc.

Llama la atención la urgencia en reabrir un ente cuya liquidación y cierre definitivo está lejos de ser una realidad… casi dos años después del anuncio de cierre. Después de un ERE de 1.600 empleados (quedan ahora 60 empleados en plantilla), acumula tres causas judiciales: una denuncia del PSPV-PSOE ante el Tribunal Constitucional por el cierre, un juzgado de instrucción de Paterna investigando el agujero de 1.300 millones creado por exdirectivos de RTVV y una demanda del sindicato CGT contra el ERE de extinción de empleo.

En principio el Gobierno de la Generalitat se está planteando dos alternativas: reabrir el ente que está en proceso de liquidación o abrir uno nuevo partiendo de cero por así decirlo. Ninguna de las dos se aproxima ni de lejos a un camino de rosas.

A favor de la opción de “resucitar” el ente se han posicionado claramente los sindicatos, que defienden la anulación del ERE y la readmisión de todos los trabajadores. De hecho el Comité de Empresa de RTVV ha emitido un comunicado en el que comparten la fecha del 9 de octubre para reabrir RTVV y asumen el reto de hacer posible que sea una realidad.

Lo único que para que el nuevo ente sea sostenible no se pueden mantener los casi 1.800 empleados con los que contaba originalmente, por lo que readmitidos todos los trabajadores, habría que negociar un nuevo ERE. ¿Y cuál sería una cifra de trabajadores adecuada?. Por ejemplo, según la asociación audiovisual EAVF (Empreses Valencianes Audiovisuals Federades), la plantilla debería tener una proporción de 3 trabajadores por cada millón de presupuesto (antes del cierre, el presupuesto se aproximaba a los 100 millones de euros, por lo que según esta regla resultaría una plantilla de 300 trabajadores). Aunque la cifra que finalmente maneje la Generalitat sea superior, negociar un nuevo ERE no va a resultar sencillo.

La otra alternativa que se plantea es abrir una nueva televisión partiendo de cero, sin contar con los anteriores empleados. Esta sería la propuesta de la Unió de Periodistes, en la que se apuesta por que la selección de los trabajadores del nuevo ente se realice mediante concurso público, en el que los años de experiencia en la anterior RTVV diesen puntos (además plantean  blindar la nueva RTVV del poder político y apostar por Internet y el contenido multimedia).

Esta propuesta no está bien vista por los sindicatos, que consideran que la nueva televisión podría ser tumbada en los tribunales por incurrir en sucesión de empresas, ya que se estaría despidiendo a una plantilla para luego contratar a otros trabajadores para hacer lo mismo en una empresa muy similar pero con forma jurídica diferente. Sin embargo, los que defienden esta propuesta aseguran su legalidad, ya que la citada sucesión de empresa solo cabe si hay ánimo de defraudar, lo que no sería el caso a priori si se abriese una nueva televisión.

Se mire por donde se mire, la reapertura de Canal 9 va a resultar bastante compleja. El nuevo Gobierno de la Generalitat acaba de nombrar un comisionado específico para decidir la fórmula de reapertura de RTVV. Según parece, el comisionado dispondrá de unas semanas para indagar cómo sería factible reabrir RTVV de forma provisional el 9 de Octubre y tendrá un plazo máximo de dos años para diseñar el futuro Canal 9.

A mí lo de las aperturas provisionales no me parece serio la verdad.  Yo recomendaría al nuevo Gobierno de la Comunidad Valenciana una tercera alternativa: que aparque la reapertura de Canal 9 y centre todos sus esfuerzos en otros fuegos que tienen abiertos en educación, sanidad, dependencia, investigación, lucha contra la corrupción, etc etc. Con la herencia que tienen, trabajo no les va a faltar desde luego.

El Consejo General del Poder Judicial nos responde

El pasado 30 de junio solicitamos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) información acerca de una encuesta realizada a nivel europeo por la Red Europea de Consejos de Justicia a jueces de los diferentes Estados miembros sobre la rendición de cuentas en el Poder Judicial.

Al día siguiente, 1 de julio, recibimos la respuesta en la que se nos facilitaba el enlace a dicha encuesta.

Accede a nuestra solicitud aquí.

Accede a la encuesta (en inglés) aquí.

De la misma hemos podido extraer algunos datos curiosos:

Encuesta 1

En España, nuestro Poder Judicial es una entidad en la que confía la sociedad, y goza de una buena relación con los medios de comunicación

Encuesta 2

En cuanto a la tasa de respuesta, ocupamos uno de los puestos más bajos, sólo por delante de Portugal, Rumanía, Italia y Polonia. Noruega, Escocia e Irlanda, a la cabeza.

Encuesta 3

España se encuentra entre los países con más jueces que admiten haber recibido presiones para tomar una decisión en un caso. Es superada solamente por Albania y Letonia 

Encuesta 4

Los jueces españoles, junto a eslovacos, polacos, italianos y búlgaros, son los que consideran en un mayor porcentaje que su independencia no se ha visto respetada por el Gobierno

Desde la Fundación ¿Hay Derecho? seguiremos trabajando por promover la transparencia en las instituciones españolas en pro de una mejor democracia para los ciudadanos solicitando toda clase de información de acuerdo a la legislación en materia de transparencia.

El Consejo General del Poder Judicial nos responde

El pasado 30 de junio solicitamos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) información acerca de una encuesta realizada a nivel europeo por la Red Europea de Consejos de Justicia a jueces de los diferentes Estados miembros sobre la rendición de cuentas en el Poder Judicial.

Al día siguiente, 1 de julio, recibimos la respuesta en la que se nos facilitaba el enlace a dicha encuesta.

Accede a nuestra solicitud aquí.

Accede a la encuesta (en inglés) aquí.

De la misma hemos podido extraer algunos datos curiosos:

Encuesta 1

En España, nuestro Poder Judicial es una entidad en la que confía la sociedad, y goza de una buena relación con los medios de comunicación

Encuesta 2

En cuanto a la tasa de respuesta, ocupamos uno de los puestos más bajos, sólo por delante de Portugal, Rumanía, Italia y Polonia. Noruega, Escocia e Irlanda, a la cabeza.

Encuesta 3

España se encuentra entre los países con más jueces que admiten haber recibido presiones para tomar una decisión en un caso. Es superada solamente por Albania y Letonia 

Encuesta 4

Los jueces españoles, junto a eslovacos, polacos, italianos y búlgaros, son los que consideran en un mayor porcentaje que su independencia no se ha visto respetada por el Gobierno

Desde la Fundación ¿Hay Derecho? seguiremos trabajando por promover la transparencia en las instituciones españolas en pro de una mejor democracia para los ciudadanos solicitando toda clase de información de acuerdo a la legislación en materia de transparencia.

Propuestas para la Regeneración Municipal y las respuestas de los partidos

El pasado 29 de abril, la Fundación ¿Hay Derecho? y COSITAL (Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Admón. Local) presentaron en la Escuela de Técnica Jurídica, a la cual agradecemos la cesión de forma gratuita sus instalaciones para estos fines, sus “Propuestas para la regeneración municipal” dirigidas a todos los partidos políticos que deseen regenerar la vida local con ocasión de las próximas elecciones municipales del 24 de mayo.

Presentó y moderó el acto Elisa de la Nuez, Secretaria General de la Fundación. A continuación Manuel Villoria, Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Transparencia Internacional, habló sobre el Índice de Transparencia de Ayuntamientos que elabora anualmente esta organización sin ánimo de lucro, exponiendo cómo ha ido mejorando su cumplimiento en los últimos años, aunque también reconoció que todavía queda mucho por hacer y destacó las limitaciones existentes, en particular en cuanto a la posibilidad de utilización y tratamiento de la información que se proporciona.

A continuación Eulalio Avila, Presidente de COSITAL, explicó cuáles eran las funciones de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Ayuntamiento, y las dificultades a las que se enfrentan en su función de control, ya que la evolución de la legislación desde el inicio de la democracia hasta muy recientemente ha evolucionado en el sentido de limitar sus competencias de control y gestión, en beneficio de los cargos electos y en particular del Alcalde. Destacó los problemas que encuentran estos funcionarios para ejercer con independencia y neutralidad sus importantes funciones así como las presiones y ataques a los que se han visto sometidos en ocasiones por las normas y la mayoría de las veces por vía de hecho (plazas vacantes, expedientes disciplinarios a funcionarios “díscolos”, fijación de retribuciones por los alcaldes, etc, etc) destacando la idea fundamental de que en un Estado de Derecho el controlador no puede depender del controlado.

Por último Segismundo Alvarez, Patrono de la Fundación ¿Hay Derecho? y coordinador de la iniciativa presentó las propuestas de regeneración democrática. Agradeció la colaboración a COSITAL y especialmente a aquellos de sus colegiados que han realizado los estudios que han servido de base para su elaboración. Son propuestas que parten de de la experiencia de los Secretarios, Interventores y Tesoreros municipales y de los estudios internacionales sobre esta cuestión. Las medidas están dirigidas básicamente a reducir la discrecionalidad y aumentar la transparencia en la gestión y contratación municipal y a mejorar los controles internos reforzando la independencia, competencias, y eficiencia de los Secretarios, Interventores, y Tesoreros y demás funcionarios municipales. Se propone facilitar la denuncia y establecer una protección para el denunciante de la corrupción y establecer la obligatoriedad del trámite e información pública y de la rendición de cuentas para todos los proyectos .

Asistieron representantes de casi todos los principales partidos políticos, varios de los cuales participaron en el debate y coloquio posterior .

Las propuestas también se han remitido a los partidos políticos para que manifiesten su adhesión a todas o parte de ellas, en su caso con las observaciones que consideren convenientes. A día de hoy se ha recibido la contestación de uno de los partidos, Podemos, que se ha adherido a todas las propuestas. Nuestro propósito es monotorizar después de las elecciones hasta que punto estas propuestas se cumplen.

Las propuestas se pueden consultar aquí, y a medida que los partidos vayan contestando podrán consultar el cuadro completo de adhesiones, y las contestaciones completas de cada partido político.

La Fundación quiere promover una encuesta entre los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Ayuntamiento para que opinen sobre la necesidad de cada una de las medidas, y también para que puedan sugerir otras.

También iremos publicando los estudios que sirven de base a las propuestas para abrir el debate al público, para ampliar y mejorar las propuestas.

Para todo ello, y para el seguimiento posterior de los compromisos asumidos por los partidos,   necesitamos tu colaboración.

PROPUESTAS PARA LA REGENERACIÓN MUNICIPAL

a) Adoptar medidas para garantizar la independencia y eficacia de los controles que ejercen los funcionarios de la Administración Local, en particular los pertenecientes a los Cuerpos de Habilitación nacional (Secretarios, Interventores y Tesoreros de Ayuntamiento)

En particular a:

1) No utilizar el procedimiento de libre designación – sino el concurso de méritos- para los cargos de Secretarios, Interventores o Tesoreros de Ayuntamiento (SIT), y para los demás cargos que ejerzan funciones de control jurídico, económico o técnico
2) El nombramiento de personal eventual será exclusivamente para puestos no directivos y que no puedan ser cubiertos por los funcionarios municipales. Su necesidad se justificará mediante informe específico que se hará público.
3) Ampliar el ámbito de actuación de los SIT al control de la transparencia, y solicitar la emisión de informes para los temas de mayor complejidad jurídica o económica.
4) Promover que el apoyo, la unificación de criterios, y la supervisión de los SIT esté encomendada a un órgano técnico e independiente.

b) Adoptar medidas para garantizar que la contratación pública sea neutral, transparente, profesional y que sirva a los intereses municipales

         En particular:

5) Composición exclusivamente técnica de las Mesas de Contratación, evitando que figuren cargos electos en las mismas.
6) No utilizar la adjudicación directa y sin publicidad para contratos de obras superiores a 15.000 euros u otros contratos superiores a 3.000 euros.
7) No utilizar el procedimiento negociado solo por razón de la cuantía del contrato, e introducir elementos de transparencia en la negociación.
8) Antes de cualquier contratación se realizará una evaluación de las necesidades que se someterá a información pública cuando sea relevante por su importe o duración.
9) Los criterios de adjudicación de contratos se fijarán por un técnico independiente, y distinto del que realice la propuesta de adjudicación. Se dará publicidad a los pliegos y a los informes de adjudicación.
10) Los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor no podrán superar el 30% de la valoración total de la propuesta

c) Otras medidas sobre rendición de cuentas, protección de denunciantes y transparencia

11) Habilitar un cauce directo y reservado para poner en conocimiento de las autoridades competentes, particularmente de la fiscalía, actuaciones sospechosas.
12) Establecer responsabilidades penales para el que revele o trate de averiguar la identidad del denunciante.
13) Fomentar la evaluación de la adecuación de las obras y servicios a los presupuestos y objetivos iniciales, mediante la información al público y la rendición de cuentas.
14) Abrir trámite de información pública -aunque no sea preceptivo- para todos los casos de privatización de servicios públicos, creación o supresión de entidades u organismos municipales, y concesiones o disposición de bienes inmuebles.

Estas propuestas tienen detrás un estudio profundo de la legislación actual y pasada. Creemos que  los trabajos que las sustentan pueden servir de base para una posterior discusión de las reformas legislativas, por lo que las pueden consultar aquí.

Para consultar las respuestas (hasta el momento) de los diferentes partidos, haz click aquí.

Propuestas para la Regeneración Municipal y las respuestas de los partidos

El pasado 29 de abril, la Fundación ¿Hay Derecho? y COSITAL (Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Admón. Local) presentaron en la Escuela de Técnica Jurídica, a la cual agradecemos la cesión de forma gratuita sus instalaciones para estos fines, sus “Propuestas para la regeneración municipal” dirigidas a todos los partidos políticos que deseen regenerar la vida local con ocasión de las próximas elecciones municipales del 24 de mayo.

Presentó y moderó el acto Elisa de la Nuez, Secretaria General de la Fundación. A continuación Manuel Villoria, Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de Transparencia Internacional, habló sobre el Índice de Transparencia de Ayuntamientos que elabora anualmente esta organización sin ánimo de lucro, exponiendo cómo ha ido mejorando su cumplimiento en los últimos años, aunque también reconoció que todavía queda mucho por hacer y destacó las limitaciones existentes, en particular en cuanto a la posibilidad de utilización y tratamiento de la información que se proporciona.

A continuación Eulalio Avila, Presidente de COSITAL, explicó cuáles eran las funciones de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Ayuntamiento, y las dificultades a las que se enfrentan en su función de control, ya que la evolución de la legislación desde el inicio de la democracia hasta muy recientemente ha evolucionado en el sentido de limitar sus competencias de control y gestión, en beneficio de los cargos electos y en particular del Alcalde. Destacó los problemas que encuentran estos funcionarios para ejercer con independencia y neutralidad sus importantes funciones así como las presiones y ataques a los que se han visto sometidos en ocasiones por las normas y la mayoría de las veces por vía de hecho (plazas vacantes, expedientes disciplinarios a funcionarios “díscolos”, fijación de retribuciones por los alcaldes, etc, etc) destacando la idea fundamental de que en un Estado de Derecho el controlador no puede depender del controlado.

Por último Segismundo Alvarez, Patrono de la Fundación ¿Hay Derecho? y coordinador de la iniciativa presentó las propuestas de regeneración democrática. Agradeció la colaboración a COSITAL y especialmente a aquellos de sus colegiados que han realizado los estudios que han servido de base para su elaboración. Son propuestas que parten de de la experiencia de los Secretarios, Interventores y Tesoreros municipales y de los estudios internacionales sobre esta cuestión. Las medidas están dirigidas básicamente a reducir la discrecionalidad y aumentar la transparencia en la gestión y contratación municipal y a mejorar los controles internos reforzando la independencia, competencias, y eficiencia de los Secretarios, Interventores, y Tesoreros y demás funcionarios municipales. Se propone facilitar la denuncia y establecer una protección para el denunciante de la corrupción y establecer la obligatoriedad del trámite e información pública y de la rendición de cuentas para todos los proyectos .

Asistieron representantes de casi todos los principales partidos políticos, varios de los cuales participaron en el debate y coloquio posterior .

Las propuestas también se han remitido a los partidos políticos para que manifiesten su adhesión a todas o parte de ellas, en su caso con las observaciones que consideren convenientes. A día de hoy se ha recibido la contestación de uno de los partidos, Podemos, que se ha adherido a todas las propuestas. Nuestro propósito es monotorizar después de las elecciones hasta que punto estas propuestas se cumplen.

Las propuestas se pueden consultar aquí, y a medida que los partidos vayan contestando podrán consultar el cuadro completo de adhesiones, y las contestaciones completas de cada partido político.

La Fundación quiere promover una encuesta entre los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Ayuntamiento para que opinen sobre la necesidad de cada una de las medidas, y también para que puedan sugerir otras.

También iremos publicando los estudios que sirven de base a las propuestas para abrir el debate al público, para ampliar y mejorar las propuestas.

Para todo ello, y para el seguimiento posterior de los compromisos asumidos por los partidos,   necesitamos tu colaboración.

PROPUESTAS PARA LA REGENERACIÓN MUNICIPAL

a) Adoptar medidas para garantizar la independencia y eficacia de los controles que ejercen los funcionarios de la Administración Local, en particular los pertenecientes a los Cuerpos de Habilitación nacional (Secretarios, Interventores y Tesoreros de Ayuntamiento)

En particular a:

1) No utilizar el procedimiento de libre designación – sino el concurso de méritos- para los cargos de Secretarios, Interventores o Tesoreros de Ayuntamiento (SIT), y para los demás cargos que ejerzan funciones de control jurídico, económico o técnico
2) El nombramiento de personal eventual será exclusivamente para puestos no directivos y que no puedan ser cubiertos por los funcionarios municipales. Su necesidad se justificará mediante informe específico que se hará público.
3) Ampliar el ámbito de actuación de los SIT al control de la transparencia, y solicitar la emisión de informes para los temas de mayor complejidad jurídica o económica.
4) Promover que el apoyo, la unificación de criterios, y la supervisión de los SIT esté encomendada a un órgano técnico e independiente.

b) Adoptar medidas para garantizar que la contratación pública sea neutral, transparente, profesional y que sirva a los intereses municipales

         En particular:

5) Composición exclusivamente técnica de las Mesas de Contratación, evitando que figuren cargos electos en las mismas.
6) No utilizar la adjudicación directa y sin publicidad para contratos de obras superiores a 15.000 euros u otros contratos superiores a 3.000 euros.
7) No utilizar el procedimiento negociado solo por razón de la cuantía del contrato, e introducir elementos de transparencia en la negociación.
8) Antes de cualquier contratación se realizará una evaluación de las necesidades que se someterá a información pública cuando sea relevante por su importe o duración.
9) Los criterios de adjudicación de contratos se fijarán por un técnico independiente, y distinto del que realice la propuesta de adjudicación. Se dará publicidad a los pliegos y a los informes de adjudicación.
10) Los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor no podrán superar el 30% de la valoración total de la propuesta

c) Otras medidas sobre rendición de cuentas, protección de denunciantes y transparencia

11) Habilitar un cauce directo y reservado para poner en conocimiento de las autoridades competentes, particularmente de la fiscalía, actuaciones sospechosas.
12) Establecer responsabilidades penales para el que revele o trate de averiguar la identidad del denunciante.
13) Fomentar la evaluación de la adecuación de las obras y servicios a los presupuestos y objetivos iniciales, mediante la información al público y la rendición de cuentas.
14) Abrir trámite de información pública -aunque no sea preceptivo- para todos los casos de privatización de servicios públicos, creación o supresión de entidades u organismos municipales, y concesiones o disposición de bienes inmuebles.

Estas propuestas tienen detrás un estudio profundo de la legislación actual y pasada. Creemos que  los trabajos que las sustentan pueden servir de base para una posterior discusión de las reformas legislativas, por lo que las pueden consultar aquí.

Para consultar las respuestas (hasta el momento) de los diferentes partidos, haz click aquí.

El palacio de las intrigas: sobre la reelección del Presidente de la sala III del TS

Si fuésemos nosotros quienes utilizásemos esta expresión en conexión con el Consejo General del Poder Judicial, muchos lectores nos llamarían de todo, desde pirómanos institucionales hasta voceros del populismo. Pero cuando la expresión se convierte en arma arrojadiza entre el Presidente del CGPJ, Sr. Lesmes, y el Presidente de la Sala Tercera del TS, Sr. Sieira, entonces hasta el lector más escéptico debería ponerse en situación de atentos.

Esto es lo que ha ocurrido con ocasión de la elección en curso a la Presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, a la que concurren el actual Presidente de esa Sala, buscando su reelección, y (además de otros dos magistrados) el candidato preferido por Presidente del Consejo, el Sr. Díez-Picazo. Al menos según nos indica esta noticia publicada ayer en el diario El Mundo (aquí). Lesmes afirmó al inicio de su presidencia que no quería que el Consejo se convirtiese en un palacio de las intrigas. Sieria, por lo que resulta de sus declaraciones de ayer, teme que eso esté ya ocurriendo.

En estos casos la reelección suele ser la norma habitual, salvo, se supone, que el ejerciente haya desempeñado su cargo de forma manifiestamente deficiente. Ahora bien, el problema (para nosotros) es que la calificación de lo que es actuación deficiente en las altas instancias de la magistratura es hoy, en España, un tanto conflictiva.

El origen de la desafección entre Lesmes y Sieira se encuentra en el sonado caso del indulto al kamikaze. La ponencia correspondió a Lesmes, que proponía confirmar el indulto. Sin embargo, Sieira llevó el caso al Pleno, donde el hoy presidente del Consejo vio cómo no lograba el apoyo de la mayoría, que lo anuló. Lesmes firmó uno de los votos particulares en contra de dicha sentencia. Recordemos que el controvertido indulto se concedió, siendo entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, en contra de los informes emitidos por la Fiscalía y el Juzgado y en contra de la práctica habitual de no indultar este tipo de delitos contra la seguridad vial. Según noticias de prensa, el kamikaze además de  relaciones familiares con cargos del PP, estaba defendido por el abogado Esteban Astarloa, del bufete Uría y Menendez, donde también trabaja el hijo del Ministro Ruiz Gallardón, José Ruiz-Gallardón Utrera. La sentencia anulando el RD de indulto fue comentada en este blog por Lucas Blanque (aquí).

Nadie puede dudar de que esta sentencia sentó rematadamente mal en el Gobierno, pues ponía en entredicho uno de sus privilegios clásicos, que en esta época convulsa en que vivimos no deja de tener su importancia. La conclusión evidente es que, cualquier Gobierno, pero especialmente el del PP, no puede estar muy contento con el Sr. Sieira como Presidente de la Sala Tercera, máximo órgano de control de la actividad normativa del Ejecutivo.

La verdad es que en un país normal esto debería ser suficiente como para reelegirle. Cuanto más en uno, como el nuestro, tan necesitado de freno a lo que García de Enterría denominó las inmunidades del poder.

Pero hay otro motivo todavía mucho más de peso para que a nosotros, los sufridos ciudadanos, nos interese que Sieira continúe en su puesto y que es el mismo, seguramente, por el que algunos desean lo contrario: la nueva Ley Mordaza y la modificación del Código Penal.

En un artículo publicado el pasado viernes en el último número cero del semanario Ahora (aquí) recordaba la importancia práctica que tiene la despenalización de las faltas y la atribución a la Administración de una importante y contundente facultad sancionadora en el ámbito de la seguridad ciudadana. La iniciativa procesal se invierte y uno tiene que combatir contra los privilegios de la Administración. Pues bien, que esos privilegios terminen siendo en la práctica mayores o menores depende muy mucho de la doctrina que al respecto vayan sentando los Tribunales y, destacadamente entre ellos, la que vaya sentando la Sala tercera del Tribunal Supremo.

Nuestra opción no denota ideología, y menos aún afección partidista. Partimos simplemente de la conveniencia de salir en defensa del Estado de Derecho cuando sentimos que está amenazado. En definitiva, de esas reglas de juego comunes que posibilitan que, posteriormente, exista la ideología y la afección partidista. Pero, eso sí, dentro de un orden.