Reproducción del post en Vox Pópuli de Elisa de la Nuez: Políticos de salida o la salida de los políticos

Uno de los problemas de nuestro sistema político que ha puesto de manifiesto los resultados de elecciones del 24M es el de la salida de los políticos amortizados de la escena pública. Es curiosa –desde el punto de vista del contribuyente- la necesidad que sienten los partidos políticos de garantizar una salida honrosa y sobre todo bien retribuida a los líderes que no han conseguido llegar a gobernar. Al parecer, permanecer como líder del partido en la oposición cuando se ha sido Presidente de la misma Comunidad Autónoma es algo casi indigno, por lo que urge una recolocación en algún sitio de relumbrón, donde a ser posible no se requiera demasiado esfuerzo.

El Senado es, obviamente, un lugar idóneo para dar cobijo a políticos amortizados, puesto que nadie sabe bien para qué sirve y por tanto difícilmente puede echarse de menos su actividad. Tampoco están mal pensados para acogerlos organismos del tipo los distintos Consejos consultivos autonómicos que han proliferado a imagen y semejanza del Consejo de Estado, básicamente por la misma razón. La ciudadanía no sabe muy bien que funciones tienen y por eso es relativamente fácil –o difícil- explicar las tareas que desempeñan los que se sientan allí, algunos desde hace lustros. Es paradigmático el caso de Jesús Leguina y otros ex Presidentes autonómicos en el Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma de Madrid, en riesgo de extinción tras el pacto de gobierno alcanzado por el PP y Ciudadanos que incluye su supresión. Lógicamente los afectados han puesto el grito en el cielo y los viejos partidos se han apresurado a explicar que es fundamental contar con la experiencia de los recolocados. Las explicaciones de en qué consisten exactamente los beneficios para los contribuyentes me temo que no las vamos a recibir.

Pero más allá de la lógica defensa de los “intereses corporativos” creo que la reflexión que conviene hacer es la de cómo queremos que sea la salida de nuestros políticos de la vida pública. Porque lo razonable es que alguna vez haya una salida, no que se encadenen  cargos públicos  inexorablemente hasta la edad de jubilación o incluso más allá. El ejemplo de Alfonso Guerra está ahí; un diputado que seguía siéndolo desde el primer Parlamento democrático hasta que decidió retirarse. Aunque lógicamente también hay que reflexionar sobre las vías de entrada en política y sobre el tiempo de permanencia. En España lo que ha ocurrido a lo largo de la democracia es que la política se ha profesionalizado hasta el extremo de permitir que muchas personas estén prácticamente toda su vida activa ocupando un cargo público sin haber trabajado jamás en ningún otro sitio.

Por tanto, no puede sorprendernos que al final de su carrera política carezcan de posibilidades reales de tener algún otro tipo de trabajo.  No se trata solo de que nuestro mercado de trabajo sea rígido y disfuncional; aunque fuera el más abierto y competitivo del mundo, sería poco probable que quien lleva treinta o treinta y cinco años dedicado exclusivamente a la política pueda volver a desempeñar con garantías de éxito cualquier trabajo profesional, suponiendo que originariamente lo tuviera. La solución más fácil es o la puerta giratoria hacia alguna empresa regulada o/y dependiente del favor político o el aparcamiento en alguna institución cómoda y poco relevante. En la actualidad se calcula que las empresas del IBEX cuentan con unos cuarenta cargos con un pasado político importante. Entre ellos, a ex Presidentes del Gobierno. La nómina de políticos de las empresas eléctricas es impresionante.

Todo esto sin hablar de los privilegios con los que cuentan algunos, empezando por la mayoría de los ex Presidentes autonómicos, tal y como conté hace ya algún tiempo en el blog a propósito de los gastos del ex Presidente Ibarra y de otras menudencias, el famoso chocolate del loro. Desde entonces las cosas tampoco es que hayan cambiado mucho.

El caso es que ninguna de esas dos “salidas” parece deseable desde el punto de vista del ciudadano, bien por el conflicto de intereses que subyace en la salida a través de las puertas giratorias hacia empresas muy dependientes del favor público o bien sencillamente por lo oneroso que resulta pagar a un político cuyas funciones se desconocen. Lo cierto es que para acabar con estas situaciones un tanto aberrantes me parece muy deseable empezar imponiendo una saludable limitación de mandatos. Afortunadamente los nuevos partidos parece que también lo consideran así. Otras medidas más a medio plazo deberían contemplar la apertura de los partidos a la sociedad, la exigencia de que los que acudan a la política tengan un empleo o profesión previas, el fomento de la democracia interna o los incentivos para que profesionales de prestigio y de talento puedan incorporarse a la vida política durante un tiempo determinado. De la misma forma, convendría revisar los incentivos que permiten ahora mismo a los funcionarios (incluidos jueces y fiscales) pasar con desenvoltura de la Administración a la política y de la política a la Administración y  cuya consecuencia directa es el gran número de funcionarios que hay entre nuestros políticos y como consecuencia indirecta la politización de nuestras Administraciones en sus escalones superiores.

Todas estas medidas contribuirían, a mi juicio, a airear nuestra democracia y a evitar en último término la figura del “político vitalicio”, es decir del político que nunca se ha dedicado otra cosa porque ni sabe ni puede.

El Senado debe desaparecer

Según el artículo 69 de la Constitución Española, el Senado es la Cámara de representación territorial. Tiene varias funciones que están subordinadas a las funciones del Congreso de los Diputados. Hay una excepción a esta regla, que se encuentra consagrada en el artículo 155 de la Carta Magna española, que regula la compulsión o coerción estatal y que señala en su primer apartado que “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

El Senado es inútil a nivel jurídico, como dice Francesc de Carreras. Xose Manuel Pérez Bouza, senador del BNG, ya señaló en una entrevista que el Senado no sirve para nada relacionado con la satisfacción de los intereses generales y Carolina Punset ha indicado que “no se puede ahorrar en un sistema que funciona y que era envidiado, sino en senados y diputaciones”. Todo el mundo sabe que el Senado hace pocas cosas según el ordenamiento jurídico español.

Realmente, el Senado, que, ciertamente, no es un órgano legislativo de representación territorial, solo está sirviendo para derrochar fondos públicos y para poder otorgarle plazas de trabajo a dirigentes políticos que, sin el desconcertante bicameralismo estatal, no tendrían un buen puesto al que aferrarse. Como bien destaca José Ortega, se ha intentado “buscar para el Senado una función que lo personalice y lo diferencie del Congreso”, pero no tiene sentido que se le otorguen más funciones, ya que, en caso de que se ejecutara esa propuesta, los procedimientos en los que intervendría serían más lentos e ineficaces, siendo suficiente la existencia del Congreso de los Diputados. Albert Rivera ya ha dicho sobre el Senado que hay que reformarlo o cerrarlo, siendo mejor opción la segunda.
Los órganos legislativos de las Comunidades Autónomas están formadas por una sola cámara y funcionan perfectamente. De momento, lo único que es posible celebrar es que a nadie se le haya ocurrido que los Parlamentos autonómicos también sean bicamerales para poder colocar a más políticos en las Comunidades Autónomas. Esta medida sería desastrosa para los presupuestos públicos.

Existen dos buenas opciones en lo que se refiere a la existencia del Senado:

  1. Suprimir el Senado, de modo que el Parlamento nacional dejaría de ser bicameral para pasar a ser monocameral. Roberto Blanco defiende esta idea.
  1. Sustituir el Senado por un órgano en el que estuvieran representados verdaderamente las Comunidades Autónomas, que asumiría la forma de Consejo estatal, que debería estar constituido por alguno de los dos siguientes colectivos:
    1. Por los Presidentes de los Parlamentos autonómicos.
    2. Por un representante de cada uno de los Parlamentos autonómicos, que sería nombrado en cada Comunidad Autónoma por la mayoría absoluta del órgano legislativo.

La aplicación de cualquiera de las dos medidas serviría para lograr una clara reducción de los costes económicos del Parlamento. Además, cualquiera de ellas haría que el sistema parlamentario fuera más coherente, ya que:

  • Si se optara por suprimir el Senado, se conseguiría reducir el tiempo de duración de la tramitación de las leyes ordinarias y de las leyes orgánicas. En cuanto al mecanismo del articulo 155 de la Constitución Española, hay que decir que podría sustituirse la intervención del Senado por la intervención de los Parlamentos autonómicos, representados por sus respectivos Presidentes, o por la intervención del Congreso de los Diputados.
  • Si se optara por sustituir el Senado por un órgano constituido por los Presidentes o representantes de los Parlamentos autonómicos, dicho órgano podría tener cierta relevancia en el procedimiento legislativo y la función de intervenir en el procedimiento del articulo 155 de la Constitución.

Es verdad que no sería un problema para los ciudadanos realizar modificaciones de la Carta Magna española si con ellas se consigue reducir una institución costosa que poco beneficia a la sociedad, pero también es cierto que sería necesario reformar la Constitución Española de 1978 para alterar o suprimir el Senado y que, como dice Juan José Laborda, “cerrarlo sería igual de difícil que reformarlo”. Es posible que algún día se estudie cambiar o eliminar el Senado con cierta seriedad y que pueda ser verdad lo que establece la Sentencia de Tribunal Constitucional 24/1990, que dice que el sistema legislativo logra que “los sujetos a las normas sean, por vía de la representación parlamentaria, los autores de las normas, o dicho de otro modo, que los ciudadanos sean actores y autores del ordenamiento jurídico”.