La menguante transparencia oficial: sobre el portal estatal de transparencia y el borrador de reglamento de la Ley de Transparencia

Transcurrido casi un año y medio desde la publicación de la publicitada Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia,  derecho de acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así  parece un buen momento para evaluar cómo vamos de transparencia oficial y sobre todo de transparencia real, que es al fin y al cabo la que  importa. Porque conviene no olvidar que esta norma se anunció a bombo y platillo como una medida esencial de regeneración democrática, llegándose a decir –lo que sencillamente no es verdad- que era de las más avanzadas del mundo.  Aunque el  debate público en España se caracteriza por la falta de rigor, no deja de sorprender la cantidad de veces que he oído repetir este “mantra” en todo tipo de eventos. En todo caso, mejor tener una Ley que no tenerla sobre todo en un país donde los problemas se intentan solucionar a golpe de BOE.  La Exposición de Motivos me parece particularmente acertada, quizá porque me recuerda mucho un documento que publiqué en el Foro de la Sociedad Civil allá por el 2011.

Los problemas se plantean, como siempre, a la hora de aplicarla. Pese a la generosa “vacatio legis” (un año para el Estado, dos para CCAA y Entidades Locales, aunque resulta que muchas CCAA han aprobado normas propias que ya están en vigor) este tipo de leyes siempre parece que pillan por sorpresa; de manera que los plazos previstos tanto para la constitución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como para el desarrollo reglamentario se sobrepasan tranquilamente. No hay sanciones claras para caso del incumplimiento de las obligaciones de transparencia impuestas en la Ley, mientras que lo que ocurre en el caso de proporcionar información pública de forma indebida todos los funcionarios lo tenemos muy claro.

El Portal de Transparencia del Gobierno de España por lo que se refiere a la transparencia activa (es decir, a la información pública que debe proporcionar la Administración sin necesidad de que nadie se la solicite) resulta incomprensible para cualquiera que no sea un “insider”, es decir, para alguien que no conozca bien el funcionamiento interno de la Administración y hasta la jerga que se utiliza. Por lo que se refiere al derecho de acceso a la información pública el complejo sistema de autenticación establecido dificulta hasta extremos surrealistas el sencillo hecho de pedir datos o documentos a la Administración. Si lo dudan, prueben a hacer una solicitud y si no tienen tiempo ni ganas, pueden leer las instrucciones aquí  para que se hagan una idea de la complejidad.  Menos mal que hay instituciones  como el Consejo General del Poder Judicial y el Banco de España  que facilitan el derecho de acceso a la información pública, dado que solo exigen rellenar un formulario web y disponer de una dirección de correo electrónico para solicitarla, y lo mismo cabe decir de muchas webs autonómicas y locales, lo que pone en entredicho la rigorista interpretación del portal estatal.

Pero ante una idea tan peligrosa –casi revolucionaria, podríamos decir- como es la reinvindicación ciudadana del derecho a saber, y de paso a exigir rendición de cuentas e incluso responsabilidades jurídicas y políticas, más vale curarse en salud. Así que se ha publicado el borrador de Reglamento de desarrollo de la Ley de Transparencia para garantizar lo que podríamos llamar el principio “pro opacidad” en caso de duda. El reglamento (todavía un borrador) que puede consultarse aquí  viene a corroborar la impresión de que la transparencia oficial viene menguando. Algunos “retrocesos” concretos del texto reglamentario sobre el texto legal han sido ya puestos de manifiesto por algún autor como Miguel Angel Blanes en su interesante  blog sobre transparencia y gobierno abierto.

La sociedad civil especializada, como la organización Acces-Info Europe ha denunciado el retroceso que supondría el futuro Reglamento y ha realizado comentarios al borrador. También la Fundación Civio también ha puesto de relieve los problemas que presenta.

Las limitaciones son particularmente llamativas por lo que se refiere al apartado de las obligaciones de publicidad activa en materia económico-presupuestarias y a las facilidades para el derecho de acceso a la información pública, que son el verdadero “núcleo duro” o piedra de toque para determinar hasta donde llega la voluntad política de facilitar la rendición de cuentas. Y a juzgar por el borrador, no muy lejos. De entrada, parece que las retribuciones de los empleados públicos que no sean alto cargo o máximos responsables de un organismo seguirán siendo “top secret”. También son curiosas las limitaciones adicionales temporales, no previstas en la ley, en temas tan sensibles como la publicidad de las resoluciones que acuerdan la compatibilidad. Son ejemplos de dos cuestiones cruciales para que podamos hablar de la posibilidad real de exigir cuentas y de luchar contra los conflictos de interés. En ese sentido, resulta curioso constatar que los criterios interpretativos propuestos en materia de retribuciones públicas en el dictamen conjunto entre la AEPD y el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno eran bastante más generosos

En fin, la transparencia oficial lleva camino de convertirse en una historia más de lo que hemos  llamado  en este blog “legislar para la foto”. Se trata de normas que se utilizan -más o menos eficazmente- como instrumentos de propaganda política durante una temporada para luego ser aparcadas discretamente en un rincón, una vez que la gente ya se ha olvidado del tema. En definitiva, hay que intentar no dispararse -al menos demasiado- en el pie. Así que no hay mucho recorrido para normas que, por tímidas que sean,  pueden tener un enorme potencial para cuestionar una determinada forma de hacer política que es incompatible con las exigencias de una democracia de calidad.

Afortunadamente, la exigencia de transparencia y rendición de cuentas ha llegado para quedarse. Y para ser justos hay también unos cuantos organismos públicos, como el Consejo General del Poder Judicial, y algunos Ayuntamientos, como el de Torrelodones, que están haciendo una muy buena labor. Por eso creo que va a ser difícil poner coto a la demanda de transparencia real, por muchos reglamentos e instrucciones que se dicten y mucha autenticación que se exija en la web. Porque si algo está claro a estas alturas, es que conviene desconfiar del que prefiera refugiarse en la opacidad

5 comentarios
  1. Manuel Sánchez de Diego
    Manuel Sánchez de Diego Dice:

    Se podría expresar con mayor dureza, pero no con mayor claridad.

    Gracias Elisa por tus palabras

    Lo que me pregunto es… nuestros políticos en el Gobierno ¿creen que somos tontos?
    Recuerdo que al presentar la proposición del Ley de Transparencia la Vicepresidencia habló de recuperar la confianza de los ciudadanos ¿no se dan cuenta que con este tipo de reglamentos lo único que hacen es suscitar la desconfianza? al menos de los expertos en estos temas.

    Al final la duda es ¿qué tendrán que tapar para no crear una auténtica y real transparencia?

    • misael
      misael Dice:

      "¿creen que somos tontos?"
      ¿ A quien se refiere ? ¿ A la opinion publica ? La opinion publica no es que sea tonta ni lista, se comporta como masa social consumidora de eslóganes, modas y novedades.

      Ya lo dijo zp cuando estaba en New York con Mohamed VI, "lo importante es la foto".

      Eso lo saben los políticos de izquierdas y de derechas, y debemos "agraceder" a los medios de comunicación que estén todo el día enfocando al dedo, en vez de a la luna.

  2. Isaac Ibáñez García
    Isaac Ibáñez García Dice:

    Eso de que “la exigencia de transparencia y rendición de cuentas ha llegado para quedarse” está por ver (al menos en cuanto a su intensidad). Por ello son tan necesarios artículos de denuncia como este.

    Lo del Reglamento está bastante mal. No se ha sometido a información pública y es restrictivo y acorde con la máxima de Romanones: “Haced las leyes y dejadme los reglamentos”.

    No es lo mismo el Portal de Transparencia, manifiestamente mejorable, que el Portal del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y su inicial funcionamiento, que se está dotando de importantes contenidos.

    Asimismo, el Consejo ha sometido a información pública su “Plan Estratégico 2015-2020” y, además, ha publicado las aportaciones y sus valoraciones.

    http://www.consejodetransparencia.gob.es/ct_Home/plan_estrategico/aportaciones.html

  3. Vilches Abogados Madrid
    Vilches Abogados Madrid Dice:

    Desde el inicio "la transparencia" se fijó como una medida de "tapar bocas" que intentaban convencer a todos que servia para no pasaran "cosas raras"… desde luego esta no es la "transparencia" que todos quieren. Verdad ?
    Gracias por el articulo.. queda muy claro

  4. O,Farrill
    O,Farrill Dice:

    "La opaca transparencia". Unas veces por defecto y otras por exceso, resulta muy difícil llegar a informaciones simples en la gestión normal. Solo hace falta intentar preguntar algo fuera de cuestionario en cualquier oficina pública y nos mirarán como "marcianos" (eso si no se tronchan de risa como cuando hablas de la C.E.). Con la respuesta: "tal como marca la ley" o "según la legalidad vigente", han respondido al 80% de las consultas. Es normal. Ellos contestan pero tú tienes que molestarte en buscar esa legalidad y, en su caso, ya se sabe: al contencioso. Vamos a ser serios: la transparencia no necesita leyes ni normas al uso, sino una exigencia normal para todo el sector público y semipúblico que debe saber precisamente lo que significa "público". Eso significa libre acceso a las dependencias públicas de cualquier ciudadano sin que un "segurata privado" lo impida, sino que el conserje u ordenanza de siempre te guíe y acompañe hasta el objetivo; en segundo lugar y dentro de lo razonable obtener y poder examinar una documentación determinada (no se trata de sacarla de allí) en unas condiciones adecuadas; en tercer lugar la posibilidad de obtener las copias documentales que se precisen y, en cuarto lugar salir del espacio público sabiendo que eres parte del mismo (eso de Hacienda somos todos). Una experiencia personal con la administración francesa hace años me mostró la diferencia con la nuestra. Sin ser ciudadano francés, sin pedirme ninguna explicación, sin controlarme el acceso, me encontré con unos amables funcionarios que revolvieron todos los archivos y documentos en sus manos para ayudarme a buscar lo que precisaba y eso suponía levantar legajos de hace muchísimos años. Además con la sonrisa en los labios. En todo caso voy a confiar en una magnífica funcionaria a la que han encargado la presidencia del consejo pero, aunque ella tenga voluntad, ella no hace las normas.

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