Política de usar y tirar

La política está cambiando mucho en España, aunque por el momento quizá sea más en forma que en fondo. Las expectativas son altas: las exigencias sobre transparencia, lucha contra la corrupción o regeneración democrática, hacen esperar a muchos ciudadanos que España será pronto un mejor lugar donde vivir.

Pero el optimismo no debe impedir la prudencia. Se debe tomar conciencia del riesgo de “efectos secundarios” ante la celeridad de los cambios, la desconfianza entre los agentes políticos o su inexperiencia para manejarse en un entorno multipartidista. Uno de los principales riesgos es el cortoplacismo en las decisiones políticas.

No se trata de una amenaza nueva. Los responsables políticos siempre han tenido en mente que el impacto de sus acciones debe ser visible antes del final de su mandato, por ambición electoral o para rendir cuentas con la legítima expectativa de ser reelegidos para poder seguir desarrollando sus proyectos. Sin embargo, ese horizonte se está viendo reducido últimamente de los habituales cuatro años de una legislatura a plazos que en ocasiones se miden en escasos días.

Muchos dirigentes están cayendo en la obsesión de que cualquier medida que salga de sus labios o de su twitter debe ser perceptible como útil de manera inmediata para la “mayoría social”. En este mercado de la política “de usar y tirar” no caben las ideas complejas ni las que requieren un esfuerzo inicial o asumir cierto riesgo antes de dar sus frutos. Veamos tres ejemplos.

1. Por las “puertas giratorias” ha entrado buena puerta de la corrupción que sufrimos y se requiere una regulación más estricta para atajar este mal. La reacción inmediata es prohibir que quienes hayan ejercido una responsabilidad pública ocupen un puesto en el ámbito privado… por cinco años, por diez, de por vida… en su sector, en cualquiera… cuando se trata de cargos electos, de funcionarios en puestos directivos, ¡de cualquier empleado público!… ¿hasta dónde llegar con los familiares? Pero obrando así se agrava otro problema importante de nuestra democracia que es la “profesionalización de la política”, porque quien ejerciese una responsabilidad pública se vería abocado a saltar de un cargo a otro toda su vida sea o no competente, mientras que quedaría al margen de la política institucional mucho talento formado en el ámbito privado. La solución –inspirándose de otros países– pasa por regulaciones menos espectaculares pero más efectivas, basadas antes en la prevención que en la sanción, como sería un riguroso régimen de declaración de conflictos de intereses, cuya omisión fuera por sí misma indicio de delito. De igual manera, en lugar de imponer rígidas incompatibilidades entre cualquier puesto público y privado, resultaría globalmente más eficaz un exigente régimen de transparencia y la obligación de deducir de la remuneración pública todo lo que se gane en la privada.

2. Otro ejemplo es la caza de brujas a los consejos consultivos de las Comunidades Autónomas. Con el argumento de un ahorro inmediato y las insinuaciones de que no son más que un retiro dorado para sus consejeros se olvida analizar a fondo tanto la utilidad de estos órganos como la adecuación del perfil de quienes los integran. Los consejos consultivos, dado el volumen y la naturaleza de las materias que abordan, representan una eficaz descentralización de tareas que de otra manera debería realizar con mayores recursos el Consejo de Estado (por ejemplo, quien fuera su presidente, Francisco Rubio Llorente, solicitó a la Comunidad de Madrid que creara su propio consejo consultivo). Tienen cometidos tan necesarios como analizar la oportunidad política y calidad técnica de las leyes, resolver las demandas de reclamaciones patrimoniales de los ciudadanos con la Administración o asesorar a los entes locales, que en el caso de los más pequeños no disponen de servicios jurídicos propios. Sus consejeros suelen tener experiencia política (útil en estas funciones) pero con frecuencia también una sólida formación y carrera profesional; además de ser en general personas que se retiran de la política activa, su independencia se refuerza con su irrevocabilidad por el poder ejecutivo y con mandatos de duración superior a las legislaturas. Los antiguos presidentes que forman parte de los consejos (algo muy habitual en otros países) representarían de hecho el máximo exponente de esta independencia pues se trata de consejeros natos y permanentes, cuya representatividad se origina además de la mayoría que obtuvieron para ser elegidos. Estos consejos habitualmente celebran plenos semanales (igual que el Consejo de Ministros o muchos consejos de dirección se reúnen con esta frecuencia), donde se toman las decisiones finales pero no se limitan obviamente a trabajar en esos momentos. Por supuesto, es deseable optimizar su funcionamiento: adelgazar las remuneraciones y otros costes, preservar mejor la independencia de sus miembros, o coordinar los consejos consultivos entre ellos y con el Consejo de Estado para facilitar sinergias y armonizar la producción legislativa entre distintas comunidades autónomas. Se puede incluso realizar un balance más amplio de su coste-beneficio y plantearse cualquier escenario, pero prometer sin más su supresión sin haber analizado de veras su impacto, es una ocurrencia que no llega más lejos que los titulares del día siguiente, como lo prueba que los partidos que lo defienden en Madrid no usan esos mismos argumentos en las demás comunidades autónomas ni tampoco respecto al Consejo de Estado.

3. El máximo exponente del cortoplacismo se encuentra en las propuestas económicas y sociales. El funcionamiento de un sistema económico es complejo, no solo por factores como que el aumento de los tipos impositivos puede frenar la actividad económica de tal manera que el resultado llegue a ser una disminución de la recaudación, sino también por una miríada de variables cuyo impacto sobre el crecimiento y la igualdad pueden ser opuestos, y a menudo difíciles de predecir. La economía es una ciencia y, aunque sus expertos no deben reemplazar a quienes han sido elegidos para fijar los objetivos políticos de la sociedad, tampoco los políticos pueden hacer creer que no necesitan más armas que sus proclamadas buenas intenciones y honestidad. Puede ilustrarse con la engañosa comparación con que se estrenó la alcaldesa de Barcelona entre el coste de las becas-comedor y la subvención a la Fórmula 1, ya que lo relevante es comparar el coste de oportunidad de lo que Montmeló reporta a la ciudad frente a otros usos posibles; bien puede ser que los beneficios de actividades aparentemente superfluas sean el sustento de los ingresos para asumir las prioridades sociales que se determinen.

Se está insistiendo mucho y con razón en que los pactos han de producirse sobre programas, antes que sobre quién ejercerá cada cargo. Los programas se afirman en principios, pero deben ir más lejos. Quien solo propone como elementos de negociación vagas referencias a grandes objetivos (“acabar contra los corruptos”, “proteger el Estado de bienestar”, “preocuparse de la clase media” o “defender el bien común”), huyendo de cualquier propuesta compleja o cifrada, se está en realidad dejando las mangas anchas para decidir con oportunismo electoral lo que le convenga. En política hay medidas que pueden formularse en pocas palabras y concitar un amplio acuerdo (por ejemplo, el matrimonio homosexual) pero la mayoría son multiformes y sometidas a incertidumbres. Exijamos pues a nuestros representantes claridad pero no simplezas.

HD Joven: Reflexión de septiembre sobre el 27-S

Se acerca el 27 de septiembre y los sentimientos, tanto de los secesionistas como los de los unionistas, se encuentran a flor de piel. Cada cual enarbola su estandarte con furia, esgrimiendo sus fundamentos éticos, morales, históricos, geográficos, etcétera, para que esta pelota del independentismo siga rodando, incentivado, desde luego, por la propia estrategia política que moldea la capacidad crítica del ciudadano.

Pero dejémonos de quimeras y pretextos, en mi humilde opinión, inútiles. Aboguemos por el pragmatismo y dejemos a un lado esa pasión incontrolada que tanto nos caracteriza. Atendamos a la cuestión fundamental dentro de la amplia panoplia de argumentos que el ciudadano catalán deberá sopesar al introducir su papeleta en la urna.

El pasado miércoles nos reunimos el equipo de HD Joven y HD con el fin de organizar la nueva temporada, y entre varios temas, surgió en algún editor la necesidad de delimitar la verdadera argumentación a favor o en contra del secesionismo catalán. Aparte de la cuestión histórico-político-geográfica de Cataluña y que, no se puede negar, está ahí y ha tenido lugar en la historia de España, el debate económico y presupuestario es el argumento que mayor peso tiene, o al menos el más importante en su forma primigenia, antes de que la presión político-mediática incidiera directamente en la opinión ciudadana, haciendo nacer en ellos nuevos sentimientos que hasta hace poco tiempo no sabían que existían, con el claro fin de ocultar las deficiencias en su gestión.

Las quejas residen en general en la desproporción existente entre la aportación al PIB que hace Cataluña (sus ciudadanos) y el presupuesto que devuelve el Estado a dicha comunidad. Dicho sea de forma torticera, están hartos de que los andaluces (entre los que me cuento), entre otros, reciban el dinero de los catalanes. No intenten magnificar el problema, es este y no otro.

Pues bien, con toda la prudencia exigible a un servidor, con formación básica en economía, y con todos los respetos a esta materia y a los especializados en ella, los datos macroeconómicos señalan en grandes rasgos lo siguiente:

  • En los Presupuestos Generales del Estado para 2016, la Comunidad de Cataluña será la tercera comunidad de España en recibir un mayor presupuesto, por detrás de Andalucía, Castilla y León y Galicia, por ese orden (véase). Lo mismo viene ocurriendo en años anteriores.
  • En la aportación al PIB del año 2014 (último año cuantificable) de las Comunidades Autónomas, se aprecia que Cataluña es la comunidad que más aporta al Estado con 199.786M, siguiéndola muy cerca Madrid con 197.699M, y Andalucía como la tercera con 141.704M (véase).
  • En cuanto al saldo fiscal de las Comunidades Autónomas, dato imprescindible para poder valorar los puntos anteriores pues no es más que la relación entre ambos, aparece que Cataluña es la segunda por la cola, presentando un saldo negativo (recibe menos de lo que aporta), pero Madrid es la última doblando las cifras catalanas. Andalucía es la que mayor saldo positivo presenta (véase).

Estos son los datos. La conclusión, valorable. Pero desde luego, la situación no es suficiente ni para encabezar la legión secesionista, ni para aparcar definitivamente el tema presupuestario, pues la aflicción catalana en este punto es totalmente comprensible. Hay cuestiones por tanto, que pueden y deben tratarse, como las económicas. Otras, sin embargo, no son tolerables en un Estado de Derecho, y no son más que el respeto a la ley y a los mecanismos que ésta regula.

El artículo 31 de nuestra Constitución señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.” Nuestro sistema tributario se basa pues en el principio de progresividad que emana de nuestra Carta Magna y que se encuentra igualmente instaurado en la mayoría de los países desarrollados. Por tanto, aquellos ciudadanos que disfruten de rentas altas, deberán abonar a Hacienda un porcentaje mayor que los que perciban menos, independientemente de la comunidad donde resida.

España es una nación unida (“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, artículo 2 CE), no se trata de un Estado federal, aunque muchos pretendan lo contrario, pues su realidad no encaja con ese modelo estatal, ni con otros muchos, yo diría que ni el sistema actual es el apropiado (aunque esta cuestión la trataremos en futuros posts). De modo que lo que esa unidad representa, o debería representar, son valores de igualdad, equidad, solidaridad y bienestar social de todos los ciudadanos, entre otros.

Las condiciones demográficas, territoriales y políticas hacen que ciertas comunidades sean más prósperas que otras, económicamente hablando, lo que no puede provocar una violación del principio de progresividad y el reparto equitativo del presupuesto, independientemente del cumplimiento que desde el gobierno de turno se haga de los mismos. Pero si para favorecer el crecimiento prospero de cierta autonomía del Estado español es necesario dotar de un mayor presupuesto a dicha comunidad, así es como cualquier Estado debe actuar en orden a alcanzar el bienestar social de todos los ciudadanos que lo integran.

Como he dejado intuir a lo largo del artículo, me encuentro lejos de estar a favor del actual sistema autonómico, tributario y presupuestario, aunque igualmente estoy en contra de utilizar los argumentos esgrimidos para movilizar al separatismo a toda una comunidad, de ahí que los dirigentes políticos se vean obligados a buscar multitud de argumentos extra de importancia mínima e incluso nimia, individualmente considerados. La responsabilidad catalana para con el 27S, residirá en saber diferenciar lo importante de lo que no lo es y las soluciones viables de las que no lo son.