HD Joven: La hora de la verdad para Europa

A raíz de los últimos acontecimientos todo el mundo se ha familiarizado con la palabra `refugiado’, como no podía ser de otra forma. El drama que viven miles de familias está conmocionando al mundo. ¿Pero desde cuándo se empezó a regular el estatus de refugiado? Fue en 1951, en Ginebra (Suiza), en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas, cuando se adoptó universalmente este término y se acotó su definición, siendo revisado posteriormente en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. En definitiva, un refugiado según las anteriores normativas es una persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”.

En España, la norma principal que lo regula es la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. A grandes rasgos, una vez que a alguien se le concede el derecho de asilo o de la protección subsidiaria en nuestro país, además del derecho de no ser devuelto ni expulsado, dicho refugiado tiene los mismos derechos que cualquier extranjero que resida de forma legal, como por ejemplo la autorización de residencia y trabajo permanente, el acceso a la sanidad a la educación, a la vivienda, a los servicios sociales, o la libertad de circulación.

El asunto de los refugiados se ha convertido en un tema de primera página desde aquella foto en la que se podía ver el cuerpo de Aylin en la playa, que se ha convertido en símbolo de la diáspora que están sufriendo tantas personas desde que estallase el conflicto sirio. Hay un antes y un después de esa foto; a partir de ese momento, el drama que viven miles de personas conmocionó a la sociedad europea y a la comunidad mundial, que parecía que hasta ese momento había vivido anestesiada. No parecía importarnos el hecho de que el conflicto en Siria haya cumplido ya 4 años, ni que el número de personas que se han visto obligadas a abandonar su país ronde los 4 millones de personas -no obstante, es el mayor éxodo desde la IIª Guerra Mundial-. Supongo que las sociedades acomodadas del llamado Primer Mundo somos así, presumimos de ser comunidades solidarias e integradoras, se nos llena la boca de Europa y de Unión Europea, pero a la hora de la verdad hasta que no vemos con nuestros propios ojos una catástrofe o la verdadera miseria en la que están inmersas miles de personas, no nos concienciamos ni arrimamos el hombro para colaborar –siempre hay excepciones, claro-.

Por ello, es necesario reflexionar sobre el papel de nuestros gobernantes europeos durante los últimos meses, que hasta hace poco veían el problema de los refugiados como algo que no iba con ellos, que no han sido capaces de ponerse de acuerdo en cuanto al número de refugiados que debe acoger cada país y cuya actitud ha distado mucho de ser la más adecuada, con episodios más que lamentables como el del tren de Hungría en el que cientos de refugiados fueron engañados por las autoridades (aquí). La que presume de ser la zona más desarrollada del mundo ha estado muy lejos de lo que se le supone. En definitiva, se ha podido ver como la Unión Europea ha vuelto a reaccionar tarde ante un problema global, como ya lo hizo antes con la crisis económica o con la reciente crisis griega. Sólo hay que ver el número de refugiados que están dispuestos a ser acogidos por los países de la Unión antes y después de los últimos acontecimientos. Si además comparamos la supuesta solidaridad europea con el número de refugiados acogidos por Turquía (1,8 millones), Jordania (630.000) o Líbano (1,2 millones), las miserias de la Unión quedan aún más al descubierto. En Líbano, por ejemplo, el número de refugiados acogidos supone más del 25% de la población (aquí), mientras que la última propuesta de la Comisión es reubicar a 160.000 refugiados, que supondría el 0,11% del total de la población europea (aquí). Y en este punto, sería justo romper una lanza a favor de Alemania, el país tantas veces satanizado, que es la nación de la UE más solidaria con el problema de los refugiados, y no sólo ahora sino también durante los últimos años (aquí). También cabe decir que si bien es lógico que seamos exigentes con Europa por su proximidad con el conflicto sirio, no por ello hay que olvidar el escaso apoyo que están brindando en este tema países como Estados Unidos, Canadá –a los que la ONU pidió esta semana más esfuerzo-, o el siempre ambiguo Reino Unido.

En lo que atañe a nuestro país, la política seguida respecto a los refugiados –no sólo ahora, sino a lo largo de los últimos años- ha dejado bastante que desear. Según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en el año 2014 se registraron en Alemania tantas peticiones de asilo como en los últimos 30 años en España (aquí), siendo la única frontera terrestre de la UE con África. En el 2014, España está a la cola de la UE en cuanto al número de demandantes de asilo (aquí) –5.900 peticiones de asilo frente a las 202.645 de Alemania-, y no es de extrañar, ya que nuestro país no es “atractivo” para los refugiados, tal y como describió el artículo de ‘El Mundo’ de esta semana, en que se comparaba el tratamiento a los refugiados en los diferentes países de la propia UE (aquí). Si nos atenemos al reciente esperpento del Gobierno con el rechazo del cupo de acogida de refugiados que le propuso la Comisión Europea hace 3 meses –del cupo de 5.837 refugiados propuesto, el Gobierno sólo aceptó 1.500-, nos podemos reafirmar en el pensamiento de que la solidaridad de nuestros dirigentes brilla por su ausencia. El cambio de parecer del Gobierno –una vez más: tarde, mal y nunca como decía Ignacio Gomá en su artículo sobre la reciente reforma del TC (aquí)-, no debería ser considerado suficiente, sino que debería verse como una rectificación como la del resto de países europeos, que tras los últimos acontecimientos, se han subido al barco de la solidaridad (finalmente parece que serán 14.931 refugiados los que se asignaran a España –aquí-). Por lo que habría que demandar al Gobierno que se involucrase bastante más en este tema, máxime siendo un país como España que hace 75 años sufrió una crisis de refugiados similar durante y después de la Guerra Civil.

Tampoco convendría olvidarnos en este punto, del resto de conflictos que hay actualmente en el mundo, siendo necesario que el reciente interés e ímpetu mostrado por los gobiernos con procedentes de la zona de Siria, sea puesto también para con los ciudadanos que están escapando de la guerra en otros países, como Sudán del Sur, Nigeria o Somalia –según datos de ACNUR hay más de 3 millones de refugiados sólo en África subsahariana (aquí)-. No sería responsable que a los dirigentes únicamente les importasen los refugiados procedentes de Siria, porque se estaría haciendo una distinción entre refugiados de primera y de segunda, únicamente por su origen. Y ahí España sí que tiene mucho que decir, puesto que es una de las principales vías de entrada de los ciudadanos que escapan de los conflictos armados de los países africanos.

En definitiva, quizás es el momento de volver a los orígenes de la Unión Europea y a los valores que se promulgaban cuando fue creada. Y no es necesario remontarse tan lejos, basta acudir al propio artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, establece lo siguiente: “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”. Hace falta, como dijo el miércoles Jean-Claude Juncker, más Europa y más unión.

 

Verónica del Carpio

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Debido a que en las bases de la convocatoria solo se contempla la posibilidad de proponer candidaturas de personas físicas o jurídicas, y habiendo advertido que Brigada Tuitera no es una persona jurídica, subsanamos la candidatura sustituyéndola por el nombre de una de las personas que es parte y promotora del proyecto.

En el año 2013 un grupo de juristas y otras personas preocupadas por la justicia comenzó a movilizarse a través de las redes sociales con el fin de mostrar el rechazo del mundo judicial a la aprobación de las tasas judiciales.

Según pasaron los meses el movimiento creció, siendo varias veces trending topic en Twitter con hashtags como #JusticiaParaTodos o #JusticiaSinTasas, convirtiendo su logo de la “T” sobre fondo rojo Cartagena (ciudad donde se inició el movimiento) en un símbolo utilizado por muchos perfiles del mundo judicial español.

Su candidatura viene avalada por su defensa de la Justicia gratuita para todos los ciudadanos y la concienciación de la misma a través de las redes sociales, llegando incluso a ser mencionados por el actual Ministro de Justicia, Rafael Catalá, en alguna entrevista en televisión y siendo un elemento fundamental en la retirada de la ley de tasas judiciales.

Página web: https://labrigadatuitera.wordpress.com/

Propuesta por: Luis Javier Sánchez

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Verónica del Carpio

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Debido a que en las bases de la convocatoria solo se contempla la posibilidad de proponer candidaturas de personas físicas o jurídicas, y habiendo advertido que Brigada Tuitera no es una persona jurídica, subsanamos la candidatura sustituyéndola por el nombre de una de las personas que es parte y promotora del proyecto.

En el año 2013 un grupo de juristas y otras personas preocupadas por la justicia comenzó a movilizarse a través de las redes sociales con el fin de mostrar el rechazo del mundo judicial a la aprobación de las tasas judiciales.

Según pasaron los meses el movimiento creció, siendo varias veces trending topic en Twitter con hashtags como #JusticiaParaTodos o #JusticiaSinTasas, convirtiendo su logo de la “T” sobre fondo rojo Cartagena (ciudad donde se inició el movimiento) en un símbolo utilizado por muchos perfiles del mundo judicial español.

Su candidatura viene avalada por su defensa de la Justicia gratuita para todos los ciudadanos y la concienciación de la misma a través de las redes sociales, llegando incluso a ser mencionados por el actual Ministro de Justicia, Rafael Catalá, en alguna entrevista en televisión y siendo un elemento fundamental en la retirada de la ley de tasas judiciales.

Página web: https://labrigadatuitera.wordpress.com/

Propuesta por: Luis Javier Sánchez

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La dificultad de salir de Google

Una persona que trabajaba en el mundo de las finanzas tropezó, hace ya algunos años, con aquel impresentable juez que encarcelaba y liberaba a los ricos previa contratación de un determinado abogado y pago de honorarios convenidos para su posterior liberación. Nuestro hombre pasó unos días en la cárcel “Modelo” de Barcelona y, en lugar de pagar, como era lo habitual, denunció el hecho y tras un largo proceso fue liberado y exculpado de toda responsabilidad; y su testimonio sirvió, entre otros muchos, para que el juez, y sus compinches, fuesen investigados, procesados, juzgados, condenados y encarcelados.

Pero los hechos, como tantos otros, positivos o negativos de cualquier persona, quedaron registrados en “Google”. En el caso del financiero resultaba que siempre que se pinchaba su nombre para ver su currículum o cualquier otra circunstancia de su vida, aparecía que había sido detenido por la policía; y aunque luego apareciesen también otras circunstancias del caso, lo cierto que la sombra de la duda, la sospecha de que “algo de verdad habría” se cernía siempre sobre él. El perjuicio que esto le causaba era grande, sobre todo en el mundo de las finanzas internacionales donde se movía, en el que los detalles rocambolescos del caso parecían tan novelescos que resultaban increíbles.

Aunque nuestro personaje ya se había acostumbrado a llevar esa cruz no se conformaba con tan grande injusticia e intentó que se borrase de la memoria de “Google” la historia que tanto le perjudicaba. No tuvo éxito y, entonces, acudió a la Agencia de Protección de Datos que terminó dictando una resolución el 18 de septiembre de 2012 estimando la petición de borrado del financiero. “Google”, como es lógico, no conforme con ello interpuso recurso Contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, cuya Sección Primera dictó una interesante Sentencia –datada el pasado día once de junio- de la que fue ponente la Magistrada María Lourdes Sanz Calvo, confirmando lo ordenado por la Agencia sobre el “derecho al olvido”. Es decir, condenando a “Google”.

Hubo, a lo largo del procedimiento, muchas incidencias procesales que llegaron, incluso en cuestión prejudicial –que nos ahorramos de comentar- al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero vayamos al tuétano de la cuestión. ¿Qué dice la Audiencia Nacional? En su Fundamento Jurídico Noveno afirma: “…el objeto del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sea o no fundamentales, como aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la identificación de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo, porque su objeto no es la intimidad individual, protegida ya por el art. 18.1 CE, sino los datos de carácter personal. Por consiguiente, también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos”.

En el Décimo Fundamento la Sentencia se refiere a los “Criterios de ponderación” y me parece interesante resaltar una afirmación que recoge el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: “Un tratamiento inicialmente lícito puede devenir, con el tiempo, incompatible con la Directiva, cuando estos datos no sean necesarios en relación con los fines para los que se recogieron o trataron, en particular, cuando son inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o son excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido”. La Sentencia analiza con precisión la Directiva 95/46 CE y afirma que “la tutela del derecho de oposición del reclamante exigirá la adecuada ponderación de los derechos e intereses en conflicto con el fin de establecer si el derecho a la protección de datos debe prevalecer sobre otros derechos e intereses legítimos, en atención a la concreta situación personal y particular de su titular”.

Mas como lo de la cal y la arena se reparte por partes iguales, para que nadie se pueda hacer ilusiones y llevarse la mejor parte, concluye la Sentencia –que es recurrible todavía en casación ante el Tribunal Supremo- diciendo: “En la ponderación de intereses a realizar en el caso de autos, tomando en consideración el tiempo transcurrido (20 años) desde la publicación inicial de la información, por lo que han perdido parte de su vigencia, el carácter sensible de la citada información, junto con el hecho de que el afectado resultara posteriormente absuelto y no apreciando que sea una persona de relevancia pública que pudiera determinar una especial relevancia del interés público de dicha información y justificar un interés preponderante del público en tener acceso a la misma en el marco de una búsqueda por el nombre del interesado, considera la Sala que debe prevalecer el derecho a la protección de datos del afectado”.

Ojo pues famosos y famosillos. Ni que decir tiene quienes se dedican a la noble –y peligrosa- actividad política. ¡Si ya digo yo que dedicarse al servicio público es hoy, otra vez, una profesión de alto riesgo! Al menos para el honor… Si en lugar de financiero hubiese sido diputado, con toda seguridad habría perdido el caso.

La dificultad de salir de Google

Una persona que trabajaba en el mundo de las finanzas tropezó, hace ya algunos años, con aquel impresentable juez que encarcelaba y liberaba a los ricos previa contratación de un determinado abogado y pago de honorarios convenidos para su posterior liberación. Nuestro hombre pasó unos días en la cárcel “Modelo” de Barcelona y, en lugar de pagar, como era lo habitual, denunció el hecho y tras un largo proceso fue liberado y exculpado de toda responsabilidad; y su testimonio sirvió, entre otros muchos, para que el juez, y sus compinches, fuesen investigados, procesados, juzgados, condenados y encarcelados.

Pero los hechos, como tantos otros, positivos o negativos de cualquier persona, quedaron registrados en “Google”. En el caso del financiero resultaba que siempre que se pinchaba su nombre para ver su currículum o cualquier otra circunstancia de su vida, aparecía que había sido detenido por la policía; y aunque luego apareciesen también otras circunstancias del caso, lo cierto que la sombra de la duda, la sospecha de que “algo de verdad habría” se cernía siempre sobre él. El perjuicio que esto le causaba era grande, sobre todo en el mundo de las finanzas internacionales donde se movía, en el que los detalles rocambolescos del caso parecían tan novelescos que resultaban increíbles.

Aunque nuestro personaje ya se había acostumbrado a llevar esa cruz no se conformaba con tan grande injusticia e intentó que se borrase de la memoria de “Google” la historia que tanto le perjudicaba. No tuvo éxito y, entonces, acudió a la Agencia de Protección de Datos que terminó dictando una resolución el 18 de septiembre de 2012 estimando la petición de borrado del financiero. “Google”, como es lógico, no conforme con ello interpuso recurso Contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, cuya Sección Primera dictó una interesante Sentencia –datada el pasado día once de junio- de la que fue ponente la Magistrada María Lourdes Sanz Calvo, confirmando lo ordenado por la Agencia sobre el “derecho al olvido”. Es decir, condenando a “Google”.

Hubo, a lo largo del procedimiento, muchas incidencias procesales que llegaron, incluso en cuestión prejudicial –que nos ahorramos de comentar- al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero vayamos al tuétano de la cuestión. ¿Qué dice la Audiencia Nacional? En su Fundamento Jurídico Noveno afirma: “…el objeto del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sea o no fundamentales, como aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la identificación de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo, porque su objeto no es la intimidad individual, protegida ya por el art. 18.1 CE, sino los datos de carácter personal. Por consiguiente, también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos”.

En el Décimo Fundamento la Sentencia se refiere a los “Criterios de ponderación” y me parece interesante resaltar una afirmación que recoge el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: “Un tratamiento inicialmente lícito puede devenir, con el tiempo, incompatible con la Directiva, cuando estos datos no sean necesarios en relación con los fines para los que se recogieron o trataron, en particular, cuando son inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o son excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido”. La Sentencia analiza con precisión la Directiva 95/46 CE y afirma que “la tutela del derecho de oposición del reclamante exigirá la adecuada ponderación de los derechos e intereses en conflicto con el fin de establecer si el derecho a la protección de datos debe prevalecer sobre otros derechos e intereses legítimos, en atención a la concreta situación personal y particular de su titular”.

Mas como lo de la cal y la arena se reparte por partes iguales, para que nadie se pueda hacer ilusiones y llevarse la mejor parte, concluye la Sentencia –que es recurrible todavía en casación ante el Tribunal Supremo- diciendo: “En la ponderación de intereses a realizar en el caso de autos, tomando en consideración el tiempo transcurrido (20 años) desde la publicación inicial de la información, por lo que han perdido parte de su vigencia, el carácter sensible de la citada información, junto con el hecho de que el afectado resultara posteriormente absuelto y no apreciando que sea una persona de relevancia pública que pudiera determinar una especial relevancia del interés público de dicha información y justificar un interés preponderante del público en tener acceso a la misma en el marco de una búsqueda por el nombre del interesado, considera la Sala que debe prevalecer el derecho a la protección de datos del afectado”.

Ojo pues famosos y famosillos. Ni que decir tiene quienes se dedican a la noble –y peligrosa- actividad política. ¡Si ya digo yo que dedicarse al servicio público es hoy, otra vez, una profesión de alto riesgo! Al menos para el honor… Si en lugar de financiero hubiese sido diputado, con toda seguridad habría perdido el caso.