La dificultad de salir de Google

Una persona que trabajaba en el mundo de las finanzas tropezó, hace ya algunos años, con aquel impresentable juez que encarcelaba y liberaba a los ricos previa contratación de un determinado abogado y pago de honorarios convenidos para su posterior liberación. Nuestro hombre pasó unos días en la cárcel “Modelo” de Barcelona y, en lugar de pagar, como era lo habitual, denunció el hecho y tras un largo proceso fue liberado y exculpado de toda responsabilidad; y su testimonio sirvió, entre otros muchos, para que el juez, y sus compinches, fuesen investigados, procesados, juzgados, condenados y encarcelados.

Pero los hechos, como tantos otros, positivos o negativos de cualquier persona, quedaron registrados en “Google”. En el caso del financiero resultaba que siempre que se pinchaba su nombre para ver su currículum o cualquier otra circunstancia de su vida, aparecía que había sido detenido por la policía; y aunque luego apareciesen también otras circunstancias del caso, lo cierto que la sombra de la duda, la sospecha de que “algo de verdad habría” se cernía siempre sobre él. El perjuicio que esto le causaba era grande, sobre todo en el mundo de las finanzas internacionales donde se movía, en el que los detalles rocambolescos del caso parecían tan novelescos que resultaban increíbles.

Aunque nuestro personaje ya se había acostumbrado a llevar esa cruz no se conformaba con tan grande injusticia e intentó que se borrase de la memoria de “Google” la historia que tanto le perjudicaba. No tuvo éxito y, entonces, acudió a la Agencia de Protección de Datos que terminó dictando una resolución el 18 de septiembre de 2012 estimando la petición de borrado del financiero. “Google”, como es lógico, no conforme con ello interpuso recurso Contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, cuya Sección Primera dictó una interesante Sentencia –datada el pasado día once de junio- de la que fue ponente la Magistrada María Lourdes Sanz Calvo, confirmando lo ordenado por la Agencia sobre el “derecho al olvido”. Es decir, condenando a “Google”.

Hubo, a lo largo del procedimiento, muchas incidencias procesales que llegaron, incluso en cuestión prejudicial –que nos ahorramos de comentar- al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero vayamos al tuétano de la cuestión. ¿Qué dice la Audiencia Nacional? En su Fundamento Jurídico Noveno afirma: “…el objeto del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sea o no fundamentales, como aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la identificación de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo, porque su objeto no es la intimidad individual, protegida ya por el art. 18.1 CE, sino los datos de carácter personal. Por consiguiente, también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el hecho de serlo, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos”.

En el Décimo Fundamento la Sentencia se refiere a los “Criterios de ponderación” y me parece interesante resaltar una afirmación que recoge el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: “Un tratamiento inicialmente lícito puede devenir, con el tiempo, incompatible con la Directiva, cuando estos datos no sean necesarios en relación con los fines para los que se recogieron o trataron, en particular, cuando son inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o son excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido”. La Sentencia analiza con precisión la Directiva 95/46 CE y afirma que “la tutela del derecho de oposición del reclamante exigirá la adecuada ponderación de los derechos e intereses en conflicto con el fin de establecer si el derecho a la protección de datos debe prevalecer sobre otros derechos e intereses legítimos, en atención a la concreta situación personal y particular de su titular”.

Mas como lo de la cal y la arena se reparte por partes iguales, para que nadie se pueda hacer ilusiones y llevarse la mejor parte, concluye la Sentencia –que es recurrible todavía en casación ante el Tribunal Supremo- diciendo: “En la ponderación de intereses a realizar en el caso de autos, tomando en consideración el tiempo transcurrido (20 años) desde la publicación inicial de la información, por lo que han perdido parte de su vigencia, el carácter sensible de la citada información, junto con el hecho de que el afectado resultara posteriormente absuelto y no apreciando que sea una persona de relevancia pública que pudiera determinar una especial relevancia del interés público de dicha información y justificar un interés preponderante del público en tener acceso a la misma en el marco de una búsqueda por el nombre del interesado, considera la Sala que debe prevalecer el derecho a la protección de datos del afectado”.

Ojo pues famosos y famosillos. Ni que decir tiene quienes se dedican a la noble –y peligrosa- actividad política. ¡Si ya digo yo que dedicarse al servicio público es hoy, otra vez, una profesión de alto riesgo! Al menos para el honor… Si en lugar de financiero hubiese sido diputado, con toda seguridad habría perdido el caso.

Jorge Trías Sagnier

Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Asesor del Ministro de Justicia (Landelino Lavilla) entre 1977 y 1979 . Colaboró en la redacción de la primera Ley Orgánica de la Democracia: Ley General Penitenciaria; e informó sobre varios artículos de la Constitución durante la etapa constituyente.
Fue Diputado en el Congreso de los Diputados durante la VI Legislatura, siendo Portavoz del Partido Popular en la Comisión Constitucional (1996-2000). Comisionado por las Cortes Generales participó en la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales de los ciudadanos de la Unión, que luego se integró como Parte II del Tratado de Constitución para Europa y que ahora es parte del Tratado de Lisboa.
Ha llevado causas muy importantes y ha obtenido algunas sentencias que han creado jurisprudencia, como la que otorgó el amparo a Violeta Friedman, ante quienes negaban la existencia del Holocausto. Es abogado de importante empresas internacionales.
Premio de la Fundación “Doron” de periodismo 1991 por su artículo “Israel y los derechos humanos”.