¿Sabe usted lo que es el TTIP? ¿No? Pues debería. Esas siglas son el acrónimo del Transatlantic Trade and Investment Partnership, o sea, el Tratado Comercial de Libre Comercio que está negociando Estados Unidos con la Unión Europea desde hace algún tiempo, similar a otros que se han firmado entre otras zonas del mundo. Por Europa es la Comisión Europea la que se encarga de la negociación. El Parlamento Europeo no participa, pero su aprobación final es imprescindible para que salga adelante.

Un documento “clasificado” de la UE, posteriormente “desclasificado” (que pueden ver íntegro aquí) nos revela los objetivos y medios oficialmente declarados: “aumentar el comercio y la inversión entre la UE y los EE.UU….” (punto 7). Para lograr este objetivo, “el Acuerdo estará formado por tres componentes clave: a) acceso al mercado, b) cuestiones reglamentarias y barreras no arancelarias (BNA) y c) normas….” (punto 5)

A la vista de estos objetivos y medios, parecería que la cosa es clara e indiscutible. Sin embargo, en muchos ámbitos –no en España aún- este Tratado no es un simple tema de comercio internacional, sino la piedra de toque, la madre de todas las batallas del todavía muy vigente conflicto ideológico entre neoliberalismo y comunitarismo, por llamarlos así: el instituciones Europas y el empresariado lo ven bien y la izquierda europea y las organizaciones ecologistas se temen lo peor. Lo que oyen. Para los que no se lo puedan creer, y prefieran oír a ver, en este videopost (“Esta sí es la gran batalla”) el periodista Iñaki Gabilondo hace un resumen aceptable de lo que este asunto representa. Veamos los argumentos de cada una de las partes:

 A favor:

Entre EE UU y la UE se intercambia casi la mitad del comercio mundial. De llevarse a cabo el Tratado, el aumento de las relaciones comerciales y de los flujos de inversión implicaría un crecimiento adicional del PIB estadounidense y de la UE cercano al 0,5%, gracias a la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con una población de 826 millones de personas. Ello se conseguirá mediante la supresión de aranceles, pero también con la reducción de barreras no arancelarias, como las derivadas de las diferencias de normativas entre ambos países, porque ello reducirá los reducirá los costes de exportación y beneficiará a las pymes.

En este artículo de El País se nos explica las ventajas que podría tener este tratado para el comercio agrícola, concretamente el de las aceitunas, porque las dificultades burocráticas suponen una importante carga competitiva. En este otro artículo, García-Legaz, el Secretario de Estado de Comercio pondera estas ventajas, y añade la evitación de la duplicidad de protocolos u homologaciones de productos (piénsese en los automóviles, en el que el distinto color rojo de los intermitentes obliga a tener una duplicidad de cadenas de producción y dos tests de seguridad diferentes) y la eliminación de la cláusula buy american, que impone ciertas preferencias de fabricación. También señala un argumento más, que es el geopolítico: la existencia de economías como las asiáticas, que está trasladando el centro de gravedad al Pacífico y que están ya celebrando otros acuerdos con los Estados Unidos.

El establecimiento de un mecanismo de solución de diferencias inversor-Estados –muy criticado por los opositores- no es, en realidad, nada nuevo, pues estos tribunales arbitrales para resolver controversias de inversión existen desde siempre y lo que buscan es un equilibrio entre la seguridad jurídica para el inversor y los intereses de los Estados.

Pueden ver aquí un estudio independiente colgado por la UE en su web (esta es su página principal) que da algunas cifras concretas y este otro artículo de El País, que se centra en la necesidad urgente de reactivar el comercio a nivel mundial para sacarlo de su actual situación de estancamiento.

En contra:

Los críticos advierten de que tendrá repercusiones negativas en ámbitos como la seguridad alimentaria, posible privatización de los servicios públicos y rebaja de los derechos laborales porque, se malician, lo que realmente se pretende es establecer un marco legal supranacional que proteja los intereses de los inversores frente a normativas estatales. Véanse aquí opiniones en materia de salud.

La idea es que el principal beneficiario de este Tratado no sería el ciudadano, sino las multinacionales, que lograrían que las normativas nacionales no signifiquen una limitación para el comercio, lo que explicaría que las negociaciones se estén realizando con enorme secretismo y que los proveedores de contenidos para el Grupo de Trabajo de Alto nivel no sean, al parecer, organizaciones de la sociedad civil Europea sino grandes compañías, pues según esta interesante web sobre el poder de los lobbies en la UE, prácticamente el 90% de los encuentros que realizó la Comisión Europea para preparar las negociaciones se hicieron con lobbies empresariales. En definitiva, los detractores de estos tratados vienen a señalar que en realidad se enmarcan en la dinámica de la desigualdad de la corriente neoliberal, que se disfraza de libre comercio (ver aquí un artículo al respecto de Ekaitz Cancela). La activista Susan George, de Attac, es una radical opositora a este tratado como pueden ver aquí y particularmente el libro “Los Usurpadores”, que tengo en mi poder y cuya introducción pueden leer aquí.

Uno de los temas más controvertidos para los opositores es precisamente la existencia de un mecanismo de solución de controversias (los llamados ISDS) que permitirían a los inversores extranjeros -entienden los críticos- denunciar a un Estado ante un tribunal de arbitraje privado cuando algunos de sus derechos hayan sido vulnerados, entendiendo por tal vulneración, por ejemplo, el cambio de una legislación que afecte a sus “beneficios presentes o futuros”, colocándose por encima la ley y anulando la voluntad democrática de los países y la UE mediante un órgano privado susceptible de ser influenciado por ser sus integrantes abogados de las grandes corporaciones, en funciones ahora arbitrales. La fuerte oposición de muchos sectores europeos (aquí ni nos enteramos) a ese sistema ha hecho que se modifique por un sistema de jueces (paritariamente entre UE y USA y con participación de jueces de otros países), aunque por dichos sectores críticos se considera una operación de simple maquillaje (véanse opiniones aquí y aquí), sin que se entienda por qué países democráticos van a aceptar poner en duda la imparcialidad de sus sistemas judiciales (aquí)

Coda personal:

No se me escapa que quizá uno de los aspectos esenciales de esta cuestión es el geopolítico. Una Europa poco productiva necesita aliarse con una América tampoco muy boyante frente a países emergentes cuyos estándares sociales y legales son muy inferiores: véase en este sentido esta interesante Tercera titulada “Una nueva asociación atlántica” de nuestro colaborador José María de Areilza. La cuestión es cómo se consigue que esta alianza sirva de arrastre para elevar los estándares de los países emergentes y no suponga una rebaja de los de los países occidentales, particularmente los europeos, de tradición mucho más proteccionista.

El problema es cómo se consigue ese delicado equilibrio entre objetivos geopolíticos, legítimos intereses comerciales y derechos del ciudadano. La UE no está en absoluto libre del poder de los lobbies y los políticos tampoco lo están de posiciones demagógicas o radicales. Por supuesto, el diablo estará más en los detalles que en las grandes ideas. Por ejemplo, me cuentan que una cuestión clave será si la convergencia regulatoria se hace sector por sector (como quiere Europa) o con un enfoque horizontal (como quieren los americanos), con un consejo regulatorio común, dotado de un enorme poder y sujeto a más influencias de los lobbies.

Es evidente, pues, que esta cuestión es de gran importancia para el ciudadano y para Europa, a pesar que en la práctica sólo la conoce un 5% de la población. Particularmente en España la falta de información e interés es clamorosa, a lo que desde luego no ayudan nuestras autoridades nacionales que no tienen esta cuestión entre sus prioridades e incluso rechazan plenos monográficos del Congreso sobre el asunto.

Y es clave porque esta cuestión se plantea en un momento de decadencia comercial europea pero también en ausencia de un debate en profundidad sobre la posible relación de la crisis con la ideología desreguladora y neoliberal dominante desde la época Reagan y sin que haya habido grandes consecuencias ni para la ideología ni para los actores principales; ello hace que buena parte de la población (Soledad Gallego-Díaz, aquí ) asocie este tipo de acuerdos a una vuelta más de tuerca de esta forma de pensar, viva a pesar de la hecatombe de la crisis. Sin duda, cualquier mente libre de prejuicios puede cuestionarse cómo es que se suponía que el desarrollo económico y el triunfo del progreso nos iba a conducir casi a vivir sin trabajar y ahora resulta que tenemos que matarnos entre nosotros para sobrevivir, mientras, eso sí, el 1 por ciento de la población domina el cincuenta por ciento de la riqueza mundial. El poder del mercado sobre el Derecho, que tantas veces hemos tenido la oportunidad de comentar en este blog (véase aquí la entrevista a Sandel sobre el tema) debe mantenernos ojo avizor sobre iniciativas que, pudiendo ser buenas, e incluso imprescindibles a nivel geopolítico, pueden también repartir el precio de su aplicación –siempre hay un precio – de una manera poco equitativa.

Por cierto, no se pierdan los que puedan el Seminario sobre Capitalismo clientelar que la Fundación ¿Hay Derecho? celebrará en el 7 de octubre y en el que probablemente saldrá este tema.