Montes de socios. ¿Una nueva desamortización?

El BOE de 21 de julio de 2015 publica la nueva Ley de Montes, en donde aparece la regulación, por primera vez orgánica, de los montes de socios, en el artículo veintisiete-bis, cuya redacción ha salido adelante por voluntad de un solo grupo parlamentario y con la oposición de los demás. Son por fin reconocidos unos montes que abarcan sobre un cinco por ciento de la superficie de toda España.

No confundamos a los montes de socios con los montes en mano común. El origen de los montes de socios está en las Desamortizaciones del siglo XIX. Viendo los vecinos de los pueblos que iban a quedar en manos privadas los montes hasta ese momento de uso común, decidieron algunos grupos de ellos acudir a las subastas estatales de estos montes, para lo que comisionaron verbalmente a algunos de esos vecinos a fin de que los adquirieran, formalmente en nombre de los representantes pero materialmente a favor de los integrantes del grupo. De ello derivó que dichos montes fueron escriturados e inscritos a nombre de los fiduciarios, cuando la verdadera propiedad era de todos los integrantes de los grupos vecinales adquirentes, figurando la titularidad verdadera en libros de actas privados; y la segunda, que las comunidades que se formaron no eran proindivisos puros, sino comunidades con vocación de permanencia para uso colectivo.

Este sistema funcionó mientras el mundo rural estuvo vivo, pero el éxodo hacia las ciudades durante el siglo XX hizo que estos montes cayeran en el olvido, hasta que en el siglo XXI se recupera la conciencia del valor que tiene el monte en su conjunto, desde todo punto de vista. Por ello, desde las asociaciones forestales se hizo ver la necesidad de una normativa específica para esta clase de propiedad forestal, para afrontar dos problemas, que son la gestión de la comunidad y la actualización de la titulación a favor de los propietarios actuales. La gestión no puede ser la de la comunidad ordinaria destinada a desaparecer, sino una comunidad funcional, con vocación de permanencia. La segunda exige abordar el problema de la actualización de las cuotas, pues como se ha dicho los propietarios constaban en libros privados. Para resolver el problema de la gestión, se propuso por las Asociaciones el sistema de Juntas Gestoras, sin personalidad jurídica, con facultades sólo de gestión, y que instaran los procedimientos de actualización de titulación de todo el monte, resultando una titulación económica y colectiva.

Y para resolver el problema de actualización de titulación, se propuso que se reconociera a las Juntas Gestoras legitimación para instar los procedimientos actuales, o uno similar al de Concentración Parcelaria, o un acta de notoriedad similar. Aclarada la titularidad de todo el monte, si quedaren cuotas desconocidas, se procedería respecto de ellas conforme a la legislación general.

Esto es lo que se propuso. Pero lo que salió es el actual artículo 27-bis de la Ley de Montes. Y este artículo lo que hace es considerar a los montes de socios como comunidades ordinarias, sin más especialidad que el de tener cuotas vacantes; establece como obligación de las Juntas Gestoras denunciar al Ministerio de Agricultura cuáles son esas teóricas “cuotas sin dueño” para que el Ministerio se quede con ellas sin más; no resuelve el problema de la actualización de la titulación; y, desamortizadas por el Ministerio las “teóricas cuotas sin dueño”, desaparecen los montes de socios como categoría jurídica para pasar a ser comunidades ordinarias del Código Civil.

Vamos a analizar las consecuencias de esta norma:

1) Los montes de socios, entendidos como comunidades ordinarias, pierden su vocación de permanencia y están abocados, por regirse al final por las normas del Código Civil, a desaparecer, por el ejercicio de la acción de división de la cosa común.

2) No se ha reconocido que el aprovechamiento pueda ser en mano común ni se reconoce a las Juntas Gestoras la representación procesal en las acciones dirigidas a defender el carácter de “monte de socios”. Esto es peligroso porque, por la interrupción de titulación y por las variaciones de descripción, muchos de ellos desaparecen a favor de cualquier listo, privado o público.

3) No reconoce que las Juntas Gestoras no tienen personalidad jurídica, con lo que se abre la puerta a una impropia imputabilidad fiscal que haría imposible la constitución de las juntas.

4) No establece medio ninguno de actualización de la titulación, pero sí habla de que las Juntas Gestoras tienen la obligación de la promoción de los expedientes de investigación de la titularidad de las cuotas vacantes. Esto tendría que ser al revés, porque lo presumible es que las cuotas cuya titularidad no es conocida no pertenecen al Estado, porque fue el Estado el que las vendió.

Pero ante el sesgo de la norma, cabe hacerse las preguntas siguientes:

-¿Cómo es posible que el problema de los montes de socios haya llegado a las Cortes a través de iniciativas de grupos sociales, que tenían como problemas la incapacidad de gestión de estos montes y la falta de actualización de titulación, y la solución dada por el Estado sea sólo regular sólo el derecho del Estado para titular a su favor las posibles cuotas vacantes?

-¿Por qué se habla de un expediente de investigación sólo de las cuotas desconocidas cuando el problema es el de titulación de todas las cuotas, vacantes o no?

-¿Cómo se pretende que se ejerciten los derechos de socio en las comunidades de montes cuando no se han articulado los medios de actualización de titulación? ¿Por aclamación…?

-¿Por qué se protegen los posibles derechos del Estado en montes colectivos particulares, y no se protegen los derechos de los particulares, que son los dueños del monte?

-En la Ley de Patrimonio del Estado, la obligación de denunciar la existencia de bienes vacantes sólo corresponde a los funcionarios, no a los particulares. ¿Por qué este artículo obliga a unos particulares –Juntas Gestoras-, excediendo lo dictado en la Ley 33/2003, a denunciar la existencia de cuotas vacantes, cayendo en consecuencia la norma en una insalvable inconstitucionalidad?

-Se supone que se subastarán las cuotas vacantes desamortizadas estatalmente. Por tanto, el adquirente de tales cuotas tendrá un título y una inscripción, y podrá ejercitar la acción de división de la cosa común, estando en mejor posición jurídica que los dueños de siempre del monte, que carecen de aquellas. Consecuentemente, se ha forzado una vía de privatización de lo que eran montes colectivos de vecinos, una nueva Desamortización, ésta vez no de terratenientes ni de manos muertas, sino de herederos de los legítimos propietarios rurales; sin que éstos últimos puedan ni ejercitar el retracto, por carecer de título que les permita legitimación activa.

-Para evitar todo procedimiento colectivo de actualización de titulación, se arguyó por el Ministerio de Agricultura que “ello era contrario al Código Civil”. Esto es falso. Una norma especial para una situación especial ni es contraria al Código Civil ni deja de serlo. ¿La Ley de Propiedad Horizontal es contraria al Código Civil? No. Es una regulación específica para una comunidad funcional especial. Se arguyó también que “no era ese un tema propio de una legislación agraria”. Esto también es falso. La legislación agraria sí ha contenido constantes cambios en la legislación civil general en el tema agrario: ¿recordamos por ejemplo la concentración parcelaria, los patrimonios familiares o los pactos sucesorios? Pues eso.

Hechas estas reflexiones, cabe concluir con dos apuntes.

El primero es que este engendro legislativo no puede tener arreglo por desarrollo reglamentario posterior, porque ello vulneraría el principio de jerarquía normativa.

Y el segundo es que este engendro es un engendro provocado. Todas estas razones fueron en su momento esgrimidas. No estamos pues ante un caso de desconocimiento. Estamos ante una decisión política consciente.

Estarán de enhorabuena las Administraciones o particulares que quieran quedarse con lo que no es suyo; el Ministerio de Agricultura, con su exquisita Desamortización; el Ministerio de Hacienda; y las grandes compañías que buscan aprovechar las propiedades colectivas con problemas de titulación para su uso y abuso gratuíto. Los pequeños propietarios forestales tienen motivos para estar preocupados. En materia de esta propiedad forestal colectiva, no importan sus problemas al Ministerio de Agricultura. Este se limita a aprovecharse de ellos.

 

El TTIP: ¿crecimiento comercial, geopolítica o capitalismo de amiguetes?

¿Sabe usted lo que es el TTIP? ¿No? Pues debería. Esas siglas son el acrónimo del Transatlantic Trade and Investment Partnership, o sea, el Tratado Comercial de Libre Comercio que está negociando Estados Unidos con la Unión Europea desde hace algún tiempo, similar a otros que se han firmado entre otras zonas del mundo. Por Europa es la Comisión Europea la que se encarga de la negociación. El Parlamento Europeo no participa, pero su aprobación final es imprescindible para que salga adelante.

Un documento “clasificado” de la UE, posteriormente “desclasificado” (que pueden ver íntegro aquí) nos revela los objetivos y medios oficialmente declarados: “aumentar el comercio y la inversión entre la UE y los EE.UU….” (punto 7). Para lograr este objetivo, “el Acuerdo estará formado por tres componentes clave: a) acceso al mercado, b) cuestiones reglamentarias y barreras no arancelarias (BNA) y c) normas….” (punto 5)

A la vista de estos objetivos y medios, parecería que la cosa es clara e indiscutible. Sin embargo, en muchos ámbitos –no en España aún- este Tratado no es un simple tema de comercio internacional, sino la piedra de toque, la madre de todas las batallas del todavía muy vigente conflicto ideológico entre neoliberalismo y comunitarismo, por llamarlos así: el instituciones Europas y el empresariado lo ven bien y la izquierda europea y las organizaciones ecologistas se temen lo peor. Lo que oyen. Para los que no se lo puedan creer, y prefieran oír a ver, en este videopost (“Esta sí es la gran batalla”) el periodista Iñaki Gabilondo hace un resumen aceptable de lo que este asunto representa. Veamos los argumentos de cada una de las partes:

 A favor:

Entre EE UU y la UE se intercambia casi la mitad del comercio mundial. De llevarse a cabo el Tratado, el aumento de las relaciones comerciales y de los flujos de inversión implicaría un crecimiento adicional del PIB estadounidense y de la UE cercano al 0,5%, gracias a la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con una población de 826 millones de personas. Ello se conseguirá mediante la supresión de aranceles, pero también con la reducción de barreras no arancelarias, como las derivadas de las diferencias de normativas entre ambos países, porque ello reducirá los reducirá los costes de exportación y beneficiará a las pymes.

En este artículo de El País se nos explica las ventajas que podría tener este tratado para el comercio agrícola, concretamente el de las aceitunas, porque las dificultades burocráticas suponen una importante carga competitiva. En este otro artículo, García-Legaz, el Secretario de Estado de Comercio pondera estas ventajas, y añade la evitación de la duplicidad de protocolos u homologaciones de productos (piénsese en los automóviles, en el que el distinto color rojo de los intermitentes obliga a tener una duplicidad de cadenas de producción y dos tests de seguridad diferentes) y la eliminación de la cláusula buy american, que impone ciertas preferencias de fabricación. También señala un argumento más, que es el geopolítico: la existencia de economías como las asiáticas, que está trasladando el centro de gravedad al Pacífico y que están ya celebrando otros acuerdos con los Estados Unidos.

El establecimiento de un mecanismo de solución de diferencias inversor-Estados –muy criticado por los opositores- no es, en realidad, nada nuevo, pues estos tribunales arbitrales para resolver controversias de inversión existen desde siempre y lo que buscan es un equilibrio entre la seguridad jurídica para el inversor y los intereses de los Estados.

Pueden ver aquí un estudio independiente colgado por la UE en su web (esta es su página principal) que da algunas cifras concretas y este otro artículo de El País, que se centra en la necesidad urgente de reactivar el comercio a nivel mundial para sacarlo de su actual situación de estancamiento.

En contra:

Los críticos advierten de que tendrá repercusiones negativas en ámbitos como la seguridad alimentaria, posible privatización de los servicios públicos y rebaja de los derechos laborales porque, se malician, lo que realmente se pretende es establecer un marco legal supranacional que proteja los intereses de los inversores frente a normativas estatales. Véanse aquí opiniones en materia de salud.

La idea es que el principal beneficiario de este Tratado no sería el ciudadano, sino las multinacionales, que lograrían que las normativas nacionales no signifiquen una limitación para el comercio, lo que explicaría que las negociaciones se estén realizando con enorme secretismo y que los proveedores de contenidos para el Grupo de Trabajo de Alto nivel no sean, al parecer, organizaciones de la sociedad civil Europea sino grandes compañías, pues según esta interesante web sobre el poder de los lobbies en la UE, prácticamente el 90% de los encuentros que realizó la Comisión Europea para preparar las negociaciones se hicieron con lobbies empresariales. En definitiva, los detractores de estos tratados vienen a señalar que en realidad se enmarcan en la dinámica de la desigualdad de la corriente neoliberal, que se disfraza de libre comercio (ver aquí un artículo al respecto de Ekaitz Cancela). La activista Susan George, de Attac, es una radical opositora a este tratado como pueden ver aquí y particularmente el libro “Los Usurpadores”, que tengo en mi poder y cuya introducción pueden leer aquí.

Uno de los temas más controvertidos para los opositores es precisamente la existencia de un mecanismo de solución de controversias (los llamados ISDS) que permitirían a los inversores extranjeros -entienden los críticos- denunciar a un Estado ante un tribunal de arbitraje privado cuando algunos de sus derechos hayan sido vulnerados, entendiendo por tal vulneración, por ejemplo, el cambio de una legislación que afecte a sus “beneficios presentes o futuros”, colocándose por encima la ley y anulando la voluntad democrática de los países y la UE mediante un órgano privado susceptible de ser influenciado por ser sus integrantes abogados de las grandes corporaciones, en funciones ahora arbitrales. La fuerte oposición de muchos sectores europeos (aquí ni nos enteramos) a ese sistema ha hecho que se modifique por un sistema de jueces (paritariamente entre UE y USA y con participación de jueces de otros países), aunque por dichos sectores críticos se considera una operación de simple maquillaje (véanse opiniones aquí y aquí), sin que se entienda por qué países democráticos van a aceptar poner en duda la imparcialidad de sus sistemas judiciales (aquí)

Coda personal:

No se me escapa que quizá uno de los aspectos esenciales de esta cuestión es el geopolítico. Una Europa poco productiva necesita aliarse con una América tampoco muy boyante frente a países emergentes cuyos estándares sociales y legales son muy inferiores: véase en este sentido esta interesante Tercera titulada “Una nueva asociación atlántica” de nuestro colaborador José María de Areilza. La cuestión es cómo se consigue que esta alianza sirva de arrastre para elevar los estándares de los países emergentes y no suponga una rebaja de los de los países occidentales, particularmente los europeos, de tradición mucho más proteccionista.

El problema es cómo se consigue ese delicado equilibrio entre objetivos geopolíticos, legítimos intereses comerciales y derechos del ciudadano. La UE no está en absoluto libre del poder de los lobbies y los políticos tampoco lo están de posiciones demagógicas o radicales. Por supuesto, el diablo estará más en los detalles que en las grandes ideas. Por ejemplo, me cuentan que una cuestión clave será si la convergencia regulatoria se hace sector por sector (como quiere Europa) o con un enfoque horizontal (como quieren los americanos), con un consejo regulatorio común, dotado de un enorme poder y sujeto a más influencias de los lobbies.

Es evidente, pues, que esta cuestión es de gran importancia para el ciudadano y para Europa, a pesar que en la práctica sólo la conoce un 5% de la población. Particularmente en España la falta de información e interés es clamorosa, a lo que desde luego no ayudan nuestras autoridades nacionales que no tienen esta cuestión entre sus prioridades e incluso rechazan plenos monográficos del Congreso sobre el asunto.

Y es clave porque esta cuestión se plantea en un momento de decadencia comercial europea pero también en ausencia de un debate en profundidad sobre la posible relación de la crisis con la ideología desreguladora y neoliberal dominante desde la época Reagan y sin que haya habido grandes consecuencias ni para la ideología ni para los actores principales; ello hace que buena parte de la población (Soledad Gallego-Díaz, aquí ) asocie este tipo de acuerdos a una vuelta más de tuerca de esta forma de pensar, viva a pesar de la hecatombe de la crisis. Sin duda, cualquier mente libre de prejuicios puede cuestionarse cómo es que se suponía que el desarrollo económico y el triunfo del progreso nos iba a conducir casi a vivir sin trabajar y ahora resulta que tenemos que matarnos entre nosotros para sobrevivir, mientras, eso sí, el 1 por ciento de la población domina el cincuenta por ciento de la riqueza mundial. El poder del mercado sobre el Derecho, que tantas veces hemos tenido la oportunidad de comentar en este blog (véase aquí la entrevista a Sandel sobre el tema) debe mantenernos ojo avizor sobre iniciativas que, pudiendo ser buenas, e incluso imprescindibles a nivel geopolítico, pueden también repartir el precio de su aplicación –siempre hay un precio – de una manera poco equitativa.

Por cierto, no se pierdan los que puedan el Seminario sobre Capitalismo clientelar que la Fundación ¿Hay Derecho? celebrará en el 7 de octubre y en el que probablemente saldrá este tema.