Recomendaciones de lecturas: Acabar con el paro ¿Queremos? ¿Podremos? de Pilar García Perea y César Molinas

De nuevo debemos recomendar un texto imprescindible de Cesar Molinas, esta vez muy bien acompañado por Pilar García Perea,  para ciudadanos inquietos por el futuro de nuestra sociedad más allá de las siguientes elecciones.  En un formato un poco distinto del habitual (se trata de un estudio de la Fundación de Estudios Financieros) Cesar Molinas y Pilar García Perea bajo el título “Acabar con el paro ¿Queremos? ¿Podremos?”  presentan una propuesta analítica sobre la ocupación y el empleo en España, publicado por esta Fundación en la colección Papeles de la Fundación con el nº 55. No hay justificación para no leerlo porque se puede descargar aquí.

La lectura es exigente por la cantidad de datos y de propuestas que contiene, pero merece la pena para todo aquel que quiera saber por dónde va a ir el futuro inmediato en el mundo del empleo y de la ocupación, de los que ya tenemos atisbos en esta segunda década del siglo.  La primera parte se dedica precisamente a estas tendencias globales de la ocupación, analizando con rigor la que se nos viene encima en los ámbitos de la demografía, la globalización, la digitalización y el previsible “estancamiento secular”. Nos guste o no, estos fenómenos ya están aquí y no se van a marchar porque decidamos cerrar los ojos a los riesgos que plantean desde el punto de vista del empleo y la ocupación, sobre todo en un país como el nuestro, con un mercado laboral disfuncional y una educación muy mediocre. No se trata de derrotismo o de falta de orgullo patrio: sencillamente se trata de analizar la realidad y de intentar formular propuestas muy concretas y a nuestro juicio muy sólidas de lo que había que reformar antes de que sea demasiado tarde.

La segunda parte se dedica precisamente a indagar en la génesis de la anomalía laboral española, que tiene su origen –como tantas cosas- en nuestra historia reciente, en el franquismo y su prohibición de despedir y en la Transición y su necesidad de “paz social”. Se analiza también el fenómeno de los sindicatos verticales felizmente reconvertidos en sindicatos y organizaciones empresariales “institucionales”, dotados de una sobrerrepresentación y un peso que no concuerda con el de su afiliación efectiva, pero que tenía sentido en un momento histórico concreto. En este punto, la historia se parece mucho a la de los partidos políticos creados de arriba abajo en un tiempo récord por necesidades obvias pero que, transcurridos casi 40 años, se han fosilizado y han ocupado ámbitos muy alejados de su espacio propio de decisión. En todo caso, estas razones históricas perfectamente comprensibles y justificables en un momento dado han llevado a lo que los autores denominan  la acumulación de un capital humano disfuncional, con sus lógicas consecuencias de falta de empleabilidad y de insatisfacción vital para muchas personas, especialmente los jóvenes. Los datos hablan por sí solos: mientras que la distribución de niveles educativos en España es para los jóvenes 35% educación básica, 25% educación media y 40% educación superior en Alemania la distribución es respectivamente 15%. 60% y 25% (tanto para jóvenes como para mayores).

La tercera parte se ocupa de las reformas necesarias en España para abordar de una vez por todas este problema. Lógicamente se trata de reformar el mercado de trabajo en España aún más y reducir el activismo judicial, que también tiene un origen histórico muy concreto, introduciendo mecanismos de mediación para solucionar los conflictos laborales. Pero se trata de avanzar aún más en la reforma laboral (no, no se trata de abaratar el despido) que debe enfocarse de una manera global, liberando la negociación colectiva de la cláusula “erga omnes” que afecta a tirios y troyanos aunque no estén representados por ninguno de los sindicatos firmantes de los Convenios colectivos, racionalizar el despido y unificar los tipos de contrato (aquí la propuesta es un poco diferente de la ya famosa del “contrato único” del manifiesto de los 100), conceder un carácter finalista a la indemnización por despido y fomentar de verdad las políticas activas de empleo, evitando de paso el fraude y la corrupción en un sector tan sensible para que los numerosos parados de nuestro país puedan de verdad conseguir un empleo gracias a mejorar su formación. Como puede verse, hay que tocar muchos palos. Los autores “se mojan” y ofrecen propuestas muy concretas, que sin duda pueden ser discutidas, pero que tienen el valor de estar apoyadas en datos y en lo que se ha hecho con éxito en otros países. Mejor no reinventar la rueda cuando se trata de empleo.

Y por supuesto, el informe habla de la educación, la gran asignatura pendiente en nuestro país, no tanto porque las demás no lo estén también sino porque probablemente es el único gran problema para el que no hay una auténtica demanda social. La sociedad española sigue convencida, o eso parece, de que su sistema educativo no tiene problemas, o por lo menos no distintos de los de otros países de nuestro entorno. Y no es verdad. Como dicen los autores, ya está bien de hablar de meter dinero en una cesta llena de agujeros. Primero la gestión, luego el dinero. Es fundamental recuperar la idea de excelencia, o como bien dicen, aumentar la competencia y la meritocracia en el sistema educativo. Es fundamental fomentar la formación profesional de calidad, adaptada a las necesidades de la empresas y dotarla de prestigio. No todos podemos ser universitarios como no todos podemos ser deportistas de élite. Hay otras salidas y laboralmente pueden ser no solo muy gratificantes sino también muy rentables. Y hay que saber también que en el mundo que viene la mayoría de los trabajos rutinarios, ya sean físicos o intelectuales no los van a hacer seres humanos. Ignorar esto es suicida.

Conseguir una educación de calidad y de excelencia no es un imposible, ya se ha hecho en el deporte y en las escuelas de negocio. Convincentemente demuestran que la existencia de centros de excelencia “tira para arriba” del resto del sistema educativo, al contrario de lo que ocurre con la “igualación a la baja” que es el principio que explícito o implícito rige en la actualidad, normalmente por razones ideológicas y con escaso apoyo empírico. Lo que se ha hecho con el deporte o las escuelas de negocio y en general con toda la educación en otros países, debe y puede hacerse con el resto de la enseñanza, primaria, secundaria y superior. Los autores reconocen –y en eso creo que tienen razón- que el problema mayor es la Universidad, donde el bunker de intereses creados se opone a cualquier reforma que vaya en la dirección adecuada: competencia por alumnos, profesores y financiación. A la Universidad se le ha dado toda la autonomía del mundo y no se le ha exigido nada a cambio, ni calidad, ni rendición de cuentas, ni formación adecuada para el empleo. Va a ser difícil que los que han conseguido esta maravilla institucional toleren reformas que pongan en riesgo una situación ideal para el gestor aunque ruinosa para el contribuyente y desastrosa para el país. Pero el caso es si no hacemos estas reformas, estamos condenando a las nuevas generaciones a no estar preparados para un mundo que está cambiando muy deprisa y que no se va a detener a esperarles.

Encuentre las diferencias: la corrupción política catalana y la española, reproducción de la Tribuna de EM de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Encontrar diferencias entre la corrupción política catalana y la española recuerda un poco a esos juegos infantiles de “busca las diferencias” entre imágenes que son muy similares salvo en algún detalle muy menor, de manera que solo con mucha concentración es posible advertirlas. Efectivamente, la corrupción política catalana se parece a la española casi como una gota de agua a otra. De manera que la financiación irregular de CDC es sospechosamente similar a la del PP con su modelo de adjudicaciones de contratos públicos a empresas afines en Administraciones gobernadas por el partido a cambio de comisiones, de las que una parte importante acaba en los bolsillos de los intermediarios que para eso se arriesgan. Se parecen  también asombrosamente en sus tesoreros imputados mantenidos con nómina, despacho y ordenador en las oficinas del partido hasta que alguien lo descubre y se ven obligados a echarles, pero siempre teniendo cuidado de no enfadarles mucho para que aguanten el tirón (“Luis, se fuerte”). Se parecen también en su voluntad de obstaculizar las investigaciones policiales haciendo desaparecer documentación comprometida, ya sea triturando papeles o destruyendo discos duros. Y qué decir de los respectivos jefes políticos que durante décadas han controlado todo pero lo han ignorado todo, del trasiego de maletines, de las sedes registradas y de las comparecencias en los Parlamentos para dar explicaciones más o menos obligados por la oposición y/o la opinión pública, comparecencias que se convierten en espectáculos no aptos para ciudadanos adultos por el grado de desprecio a la inteligencia que muestran.

El epicentro de la corrupción suele estar también en los Ayuntamientos, dado que los controles preventivos administrativos son mucho más débiles en el nivel local y los cargos políticos pueden adjudicar contratos y concesiones con más libertad a quienes les parezca bien. Conviene no olvidar que en muchos municipios es frecuente que los cargos electos formen parte de las mesas de contratación, es decir, de los órganos técnicos que van a decidir las adjudicaciones. La correlación entre corrupción política municipal y debilidad de controles preventivos no es una casualidad, como ha puesto de manifiesto el reciente estudio de la Fundación ¿Hay Derecho? sobre corrupción institucional y controles administrativos preventivos http://www.fundacionhayderecho.com/wp-content/uploads/2015/05/Estrudio-corrupci%C3%B3n1.png

La resistencia a asumir responsabilidades políticas por escándalos de corrupción es  idéntica. Una vez establecido el sacrosanto principio de toda democracia de baja calidad según el cual no hay necesidad de asumir ninguna responsabilidad política hasta que un juez te meta en la cárcel o casi las presiones, lógicamente, se trasladan al ámbito judicial para evitarlo. Aquí tenemos un gran abanico de posibilidades: se pueden poner palos en la rueda de la instrucción judicial -recordemos que los presuntos corruptos institucionales disponen de importantes recursos públicos para su defensa- cambiar al juez que resulte incómodo, interferir en los nombramientos de órganos colegiados “sensibles”  vía CGPJ o Parlamento autonómico (Sala de lo Penal y Civil de Tribunales Superiores de Justicia, Presidencia Audiencia Provincial, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo), regatear recursos humanos y materiales a los juzgados colapsados por los macroprocesos de corrupción, o si nada de lo anterior funciona se puede acortar el plazo de las instrucciones o eliminar la “pena de banquillo”. Como última medida si no se consigue detener la maquinaria judicial –lo que a veces ocurre- queda siempre la posibilidad de indultar a los corruptos.  Se trata de asegurar la impunidad y el “business as usual” .

En definitiva, las prácticas de la clase política para eludir la responsabilidad penal son muy parecidas idénticas en Cataluña y en el resto de España, con la única salvedad de las respectivas competencias en la materia, dado que el Gobierno catalán todavía no puede indultar a nadie ni modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero sin duda son posibilidades muy interesantes para un Estado independiente con una clase política con problemas graves de corrupción.

En cuanto a los empresarios que pagan las comisiones,  la verdad es que tampoco se advierten grandes diferencias; gente próxima al partido que sabe cómo funcionan las cosas y que no las cuestiona, dispuesta a callar y a defender su honorabilidad y, de paso, de sus intereses.  Gente que dona cantidades muy importantes a los partidos o mejor todavía a sus Fundaciones (más resguardadas) por “patriotismo” o por afinidad ideológica, por pura bondad, vamos.  De hecho, algunas empresas particularmente locales han nacido y crecido al amparo del poder político al que le deben todo, aunque en un país donde predomina el capitalismo de amiguetes incluso en grandes empresas cotizadas no resulte sorprendente. Quizá la pequeña diferencia es que los empresarios catalanes parecen más diligentes con la contabilidad de sus mordidas, y se molestan en anotarlas por cada adjudicación pública en un documento guardado en un lugar seguro, no vaya a ser que luego haya problemas a la hora de hacer las cuentas. Una bendición para los investigadores.

Aún así, es posible si prestamos mucha atención percibir elementos distintos, que se  convierten en ventajas claras a favor de los partidos nacionalistas. Así CDC puede sostener sin ruborizarse que la investigación de su financiación irregular procede del Estado opresor –aunque la denuncia partiese de su actual socio, ERC- mientras que el PP o el PSOE en parecidas circunstancias se tuvieron que conformar con denunciar una “causa general” contra sus respectivos partidos. En todo caso, nuestra clase política tiene claro que hay que intentar convencer al votante de que la culpa de la corrupción propia es del adversario político, o al menos de que el adversario político es todavía más corrupto que uno y que para eso siempre será mejor votar a “tus” propios corruptos. De nuevo, la ventaja para CDC es que algunos de sus adversarios políticos ya no lo son tanto gracias al prodigio de la lista única: al parecer la cuestión nacional permite dejar aparcada la cuestión de la corrupción, al fin y al cabo siempre será mejor un corrupto de la tierra que uno de fuera.

De la misma forma, otro punto para CDC es que el “pacto de silencio” reinante en Cataluña sobre el cobro generalizado de comisiones ha sido hasta ahora bastante más espeso que en el resto de España: al fin y al cabo Maragall optó por callarse después de su famoso exabrupto inicial mientras que sus compañeros en el Parlamento nacional –aún a riesgo de enseñar sus vergüenzas, especialmente en Andalucía- optaron por una línea más combativa con el PP lo que nos ha proporcionado cumbres dialécticas inefables del “y tú más”.

Por último, no hay que olvidar las diferencias en la cobertura de la corrupción por parte de los medios de comunicación. En el resto de España –con honrosas excepciones- los medios tienden a enfatizar la corrupción política de los antagonistas y a minimizar la de los afines, pero lo cierto es que los grandes escándalos de corrupción acaban llegando al público. Los medios catalanes dependen mucho más del favor político por lo que los escándalos de corrupción son más fáciles de acallar. Conviene no olvidar que la excesiva cercanía se traduce en un incremento de la autocensura cuando no de la censura a secas.

Pero sin duda donde la clase política catalana nacionalista ha superado con creces a la española es en el hallazgo de evitar la asunción de responsabilidad política incluso cuando hay elecciones. Efectivamente, en la democracia española la única posibilidad real que tienen los electores de depurar responsabilidades políticas a la vista de que nadie dimite y a nadie se le cesa es, sencillamente, votando por otros partidos o por otros políticos. Pues bien, el señor Mas y CDC han conseguido que no haya que responder ni siquiera en unas elecciones de la gestión, de los recortes, del nepotismo, del despilfarro, del 3%  y de la corrupción generalizada en las instituciones. Mejor todavía, con un poco de suerte ya no habrá que responder de ningún posible delito ante los jueces y tribunales del Estado español. La impunidad total. El sueño de cualquier caudillo que prefiera responder ante la Historia que ante los ciudadanos.

 

Encuentre las diferencias: la corrupción política catalana y la española, reproducción de la Tribuna de EM de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Encontrar diferencias entre la corrupción política catalana y la española recuerda un poco a esos juegos infantiles de “busca las diferencias” entre imágenes que son muy similares salvo en algún detalle muy menor, de manera que solo con mucha concentración es posible advertirlas. Efectivamente, la corrupción política catalana se parece a la española casi como una gota de agua a otra. De manera que la financiación irregular de CDC es sospechosamente similar a la del PP con su modelo de adjudicaciones de contratos públicos a empresas afines en Administraciones gobernadas por el partido a cambio de comisiones, de las que una parte importante acaba en los bolsillos de los intermediarios que para eso se arriesgan. Se parecen  también asombrosamente en sus tesoreros imputados mantenidos con nómina, despacho y ordenador en las oficinas del partido hasta que alguien lo descubre y se ven obligados a echarles, pero siempre teniendo cuidado de no enfadarles mucho para que aguanten el tirón (“Luis, se fuerte”). Se parecen también en su voluntad de obstaculizar las investigaciones policiales haciendo desaparecer documentación comprometida, ya sea triturando papeles o destruyendo discos duros. Y qué decir de los respectivos jefes políticos que durante décadas han controlado todo pero lo han ignorado todo, del trasiego de maletines, de las sedes registradas y de las comparecencias en los Parlamentos para dar explicaciones más o menos obligados por la oposición y/o la opinión pública, comparecencias que se convierten en espectáculos no aptos para ciudadanos adultos por el grado de desprecio a la inteligencia que muestran.

El epicentro de la corrupción suele estar también en los Ayuntamientos, dado que los controles preventivos administrativos son mucho más débiles en el nivel local y los cargos políticos pueden adjudicar contratos y concesiones con más libertad a quienes les parezca bien. Conviene no olvidar que en muchos municipios es frecuente que los cargos electos formen parte de las mesas de contratación, es decir, de los órganos técnicos que van a decidir las adjudicaciones. La correlación entre corrupción política municipal y debilidad de controles preventivos no es una casualidad, como ha puesto de manifiesto el reciente estudio de la Fundación ¿Hay Derecho? sobre corrupción institucional y controles administrativos preventivos http://www.fundacionhayderecho.com/wp-content/uploads/2015/05/Estrudio-corrupci%C3%B3n1.png

La resistencia a asumir responsabilidades políticas por escándalos de corrupción es  idéntica. Una vez establecido el sacrosanto principio de toda democracia de baja calidad según el cual no hay necesidad de asumir ninguna responsabilidad política hasta que un juez te meta en la cárcel o casi las presiones, lógicamente, se trasladan al ámbito judicial para evitarlo. Aquí tenemos un gran abanico de posibilidades: se pueden poner palos en la rueda de la instrucción judicial -recordemos que los presuntos corruptos institucionales disponen de importantes recursos públicos para su defensa- cambiar al juez que resulte incómodo, interferir en los nombramientos de órganos colegiados “sensibles”  vía CGPJ o Parlamento autonómico (Sala de lo Penal y Civil de Tribunales Superiores de Justicia, Presidencia Audiencia Provincial, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo), regatear recursos humanos y materiales a los juzgados colapsados por los macroprocesos de corrupción, o si nada de lo anterior funciona se puede acortar el plazo de las instrucciones o eliminar la “pena de banquillo”. Como última medida si no se consigue detener la maquinaria judicial –lo que a veces ocurre- queda siempre la posibilidad de indultar a los corruptos.  Se trata de asegurar la impunidad y el “business as usual” .

En definitiva, las prácticas de la clase política para eludir la responsabilidad penal son muy parecidas idénticas en Cataluña y en el resto de España, con la única salvedad de las respectivas competencias en la materia, dado que el Gobierno catalán todavía no puede indultar a nadie ni modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero sin duda son posibilidades muy interesantes para un Estado independiente con una clase política con problemas graves de corrupción.

En cuanto a los empresarios que pagan las comisiones,  la verdad es que tampoco se advierten grandes diferencias; gente próxima al partido que sabe cómo funcionan las cosas y que no las cuestiona, dispuesta a callar y a defender su honorabilidad y, de paso, de sus intereses.  Gente que dona cantidades muy importantes a los partidos o mejor todavía a sus Fundaciones (más resguardadas) por “patriotismo” o por afinidad ideológica, por pura bondad, vamos.  De hecho, algunas empresas particularmente locales han nacido y crecido al amparo del poder político al que le deben todo, aunque en un país donde predomina el capitalismo de amiguetes incluso en grandes empresas cotizadas no resulte sorprendente. Quizá la pequeña diferencia es que los empresarios catalanes parecen más diligentes con la contabilidad de sus mordidas, y se molestan en anotarlas por cada adjudicación pública en un documento guardado en un lugar seguro, no vaya a ser que luego haya problemas a la hora de hacer las cuentas. Una bendición para los investigadores.

Aún así, es posible si prestamos mucha atención percibir elementos distintos, que se  convierten en ventajas claras a favor de los partidos nacionalistas. Así CDC puede sostener sin ruborizarse que la investigación de su financiación irregular procede del Estado opresor –aunque la denuncia partiese de su actual socio, ERC- mientras que el PP o el PSOE en parecidas circunstancias se tuvieron que conformar con denunciar una “causa general” contra sus respectivos partidos. En todo caso, nuestra clase política tiene claro que hay que intentar convencer al votante de que la culpa de la corrupción propia es del adversario político, o al menos de que el adversario político es todavía más corrupto que uno y que para eso siempre será mejor votar a “tus” propios corruptos. De nuevo, la ventaja para CDC es que algunos de sus adversarios políticos ya no lo son tanto gracias al prodigio de la lista única: al parecer la cuestión nacional permite dejar aparcada la cuestión de la corrupción, al fin y al cabo siempre será mejor un corrupto de la tierra que uno de fuera.

De la misma forma, otro punto para CDC es que el “pacto de silencio” reinante en Cataluña sobre el cobro generalizado de comisiones ha sido hasta ahora bastante más espeso que en el resto de España: al fin y al cabo Maragall optó por callarse después de su famoso exabrupto inicial mientras que sus compañeros en el Parlamento nacional –aún a riesgo de enseñar sus vergüenzas, especialmente en Andalucía- optaron por una línea más combativa con el PP lo que nos ha proporcionado cumbres dialécticas inefables del “y tú más”.

Por último, no hay que olvidar las diferencias en la cobertura de la corrupción por parte de los medios de comunicación. En el resto de España –con honrosas excepciones- los medios tienden a enfatizar la corrupción política de los antagonistas y a minimizar la de los afines, pero lo cierto es que los grandes escándalos de corrupción acaban llegando al público. Los medios catalanes dependen mucho más del favor político por lo que los escándalos de corrupción son más fáciles de acallar. Conviene no olvidar que la excesiva cercanía se traduce en un incremento de la autocensura cuando no de la censura a secas.

Pero sin duda donde la clase política catalana nacionalista ha superado con creces a la española es en el hallazgo de evitar la asunción de responsabilidad política incluso cuando hay elecciones. Efectivamente, en la democracia española la única posibilidad real que tienen los electores de depurar responsabilidades políticas a la vista de que nadie dimite y a nadie se le cesa es, sencillamente, votando por otros partidos o por otros políticos. Pues bien, el señor Mas y CDC han conseguido que no haya que responder ni siquiera en unas elecciones de la gestión, de los recortes, del nepotismo, del despilfarro, del 3%  y de la corrupción generalizada en las instituciones. Mejor todavía, con un poco de suerte ya no habrá que responder de ningún posible delito ante los jueces y tribunales del Estado español. La impunidad total. El sueño de cualquier caudillo que prefiera responder ante la Historia que ante los ciudadanos.