El Tribunal de Cuentas sobre la gestión de personal en RTVE o como prejubilarte y ganar más que siguiendo en activo

Mañana 2 de octubre la Fundación ¿Hay Derecho? presenta su informe de evaluación del funcionamiento del Tribunal de Cuentas español. En el Blog hemos escrito en numerosas ocasiones sobre el Tribunal de Cuentas y con independencia de los aspectos de mejora en su funcionamiento, no podemos obviar que sus informes de fiscalización ponen sobre la mesa aspectos que de otra forma no salen a la palestra pública y política.

Echando un vistazo a los últimos informes publicados por el Tribunal, me ha llamado la atención uno publicado antes de verano: el informe de fiscalización de la gestión de personal llevada a cabo por el ente público RTVE con motivo del expediente de regulación de empleo (ERE).

Sobre el papel y el modelo de las televisiones públicas (estatal y autonómicas) hemos reflexionado también de forma recurrente en el Blog y en concreto sobre TVE escribimos hace un año sobre su situación y posibles alternativas de futuro. Vamos ahora a repasar el análisis que ha realizado el Tribunal de Cuentas de las decisiones adoptadas en el año 2006 y años posteriores en relación con el citado ERE.

Por ponernos en contexto, allá por ese año (2006) se aprobó en un Plan de Saneamiento del ente RTVE que desembocó en un Expediente de Regulación de Empleo que afectó a 4.150 trabajadores. La extinción de los contratos de trabajo de estos trabajadores se produjo paulatinamente desde el 31 de diciembre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2008.

El plan de prejubilaciones (a partir de 52 años) y bajas incentivadas fue la solución pactada por la empresa, los sindicatos y la SEPI para intentar mejorar la situación financiera de RTVE. Desde luego si vemos los déficits que sigue acumulando en los últimos ejercicios (previsión de 70 millones en este 2015,134 millones en 2014,113 millones en 2013, 112 millones en 2012, etc, etc), RTVE dista de ser una empresa “sana” desde un punto de vista económico.

El Tribunal de Cuentas llama la atención en su informe sobre diferentes aspectos del plan de prejubilaciones que se aprobó y ejecutó en RTVE. Empezamos con la Comisión Mixta Paritaria de Interpretación y Aplicación del ERE. Esta Comisión tenía como única competencia realizar el seguimiento de los compromisos contemplados y resolver cuantas discrepancias pudieran plantearse en el desarrollo de las medidas contempladas en el ERE. Hasta aquí todo correcto ya que este tipo de comisiones constituyen una práctica habitual en todos los expedientes de regulación de empleo. Lo que no es habitual es que de los cinco representantes de la Dirección de la empresa que acuden a la constitución de la Comisión, cuatro de ellos estaban incluidos en el ERE… Para evitar un posible conflicto de intereses, hubiese resultado más oportuno nombrar como representantes de la Dirección en esta Comisión a personas que no estuvieran incluidas en el ERE.

El otro aspecto que destaca el Tribunal (y que tampoco es una práctica habitual) es que la Comisión Mixta adoptase una serie de decisiones que excedían claramente de su competencia. En concreto, alcanzaron acuerdos (por unanimidad por cierto) que suponían subidas generalizadas a todos los perceptores del ERE…Debido a su complejidad, no se ha podido cuantificar, ni siquiera de una manera aproximada, el importe económico que estas decisiones han supuesto.

Otro punto importante donde el Tribunal ha puesto foco es en el cálculo de la Base Salarial Bruta de cada trabajador (que es el elemento básico para obtener larenta neta que cobraría el trabajador prejubilado).

El Plan de Empleo previó subir la Base Salarial Bruta, el 1 de enero de cada año, por la mayor de las dos cantidades siguientes: la que prevea la Ley de Presupuestos Generales del Estado (para el personal al servicio del Sector Público) o la que aplicara la Corporación para sus trabajadores. Ello ha supuesto, durante el periodo 2007-2013, un incremento salarial para los prejubilados del Ente del 9,39% (no se han visto afectados por los ajustes salariales del sector público del año 2010).

Adicionalmente se negoció  otra subida salarial anual acumulativa del 2,5% como cobertura dela inflación estimada y/o por los deslizamientos salariales para los 16 años en que estaría en vigor el ERE. Para el Tribunal esta segunda subida directamente no tiene justificación económica. Y es que según sus cálculos, el efecto de la doble subida que tienen los trabajadores desvinculados por el ERE va a suponer que,a partir del ejercicio 2020, un trabajador prejubilado va a ganar más en neto de lo que percibiría en activo de haber continuado en la Corporación.

La fiscalización del Tribunal no se olvida del régimen de incompatibilidades. Los trabajadores acogidos al ERE no pueden prestar servicios por cuenta propia o ajena, ni en la Corporación, ni en sus filiales o participadas, ni en empresas que estén en competencia directa con las actividades de la Corporación. Esto es habitual y lógico, el problema es que no se establecieron mecanismos para controlar el cumplimiento de esas incompatibilidades…. por lo que está resultando muy complicado localizar a trabajadores prejubilados que puedan estar trabajando para la competencia. Para rematar, cuando se localiza uno, las consecuencias son escasas ya que el Ente Público inicia un complicado sistema de reclamación que a veces acaba en los Tribunales y como resultado final, se le descuentan los días en los que se ha podido demostrar que estaba trabajando efectivamente (que normalmente no son todos).

Y podríamos seguir enumerando aspectos del Informe del Tribunal de Cuentas pero estamos alcanzando un nivel de indignación empieza a ser perjudicial para nuestra salud… Vamos a finalizar recordando eso sí que las decisiones que adoptan los cargos públicos en contra de una adecuada y eficiente gestión de los recursos públicos las acabamos pagando todos con nuestros impuestos:1.722 millones de euros es la “factura” en este caso.

Las deficiencias de nuestro procedimiento legislativo

Si nos preguntásemos cómo calificar el procedimiento legislativo vigente en España, habría que examinar la situación desde un doble punto de vista, democrático o participativo, por un lado, y jurídico, por otro.

En cuanto a lo primero, resulta que la inmensa mayoría de los parlamentarios tienen vedado expresarse y formular iniciativas. Solo los portavoces de los grupos pueden hacerlo y en tiempos y ocasiones muy tasados: la presentación de iniciativas está reservada a los grupos y  no existen más turnos de palabra que los de los portavoces. Consecuencia de lo anterior es que se empobrece el debate al impedir la expresión de puntos de vista que podrían resultar enriquecedores. Al tiempo, la presencia obligadamente pasiva de los parlamentarios  lleva a presionar para que los trámites se compriman al máximo, con lo que también se merma la reflexión que debía acompañar a algo tan importante como la elaboración de las leyes. Este escenario también es buscado por el gobierno, pues de esta forma ve disminuidas las ocasiones para que la oposición realice su función de crítica y alternativa, y se asegura la pronta aprobación de sus proyectos de ley. Encima, el recurso al debate agrupado de enmiendas, y no artículo tras artículo, permite que disposiciones importantes se puedan quedar sin la debida consideración.

Por otra parte, la participación social y la de expertos están virtualmente excluidas,al revés de lo que se hace en otros Parlamentos. De este modo el procedimiento se priva de voces y opiniones que podrían arrojar luz sobre las futuras leyes. Pero tal vez lo más significativo es que se favorece la ignorancia social de lo que se discute o aprueba por el Parlamento. La institución representativa se aleja así de la sociedad, con daño para su prestigio y aceptación.

Todo lo anterior conduce a una conclusión no muy estimulante desde el punto de vista democrático.

Desde el punto de vista jurídico, el procedimiento está plagado de formalismos y contradicciones: diversos procedimientos alternativos, lo que contribuye a la confusión, y muchos trámites, pero muy poco sustanciosos cada uno. Así, los llamados informes de ponencia o dictámenes de comisión no son lo que cabría deducir de su nombre: explicación razonada de lo que se aprueba y de lo que no se aprueba. Estos documentos se limitan a incorporar las enmiendas aceptadas por la mayoría sin más, eso sí, engrosando los expedientes.

De otra parte, proyectos importantes están dormitando largos meses a través del subterfugio de las prórrogas del plazo de enmiendas, para después despacharse precipitadamente, con poquísimas horas de debate y sin consideración medianamente atenta a los distintos artículos  o enmiendas.

El pleno vota sobre las enmiendas a la totalidad, sin trascendencia política o jurídica, y sin embargo no lo hace en la mayoría de los proyectos sobre el texto definitivo, el que se va aplicar a los ciudadanos. Esto último ha sido consecuencia de la generalización del procedimiento de competencia legislativa delegada en las comisiones. Puede parecer un detalle sin importancia, pero no lo es, por cuanto diputados y fuerzas políticas no presentes en la comisión dictaminadora se ven privados del derecho a expresarse sobre la iniciativa legislativa correspondiente. Y sobre todo, actuando de este modo, no es el pleno que representa a toda la ciudadanía el que aprueba las leyes, sino una facción de la cámara la que lo hace. Todo ello en abierto contraste con la práctica de los parlamentos democráticos más acreditados.

Otro aspecto: en un tiempo de profusión de leyes ómnibus, con regulaciones sobre muy variados sectores, resulta que solo se tramitan y debaten por una comisión, sin los beneficios que podría derivarse de la intervención de otras comisiones que se supone especializadas. Esto dificulta la mejora técnica de las leyes y contribuye a desestimular el trabajo y dedicación de los parlamentarios.

Al tiempo, el carácter abierto de las sesiones de las comisiones impide la negociación y la consideración de los aspectos técnicos, arrojando como resultado un debate eminentemente político, centrado en los aspectos con impacto electoral. Estos últimos son imprescindibles, pero debían de dejarse para el debate final en pleno, permitiendo que las comisiones asuman la función que les es propia, técnica y negociadora.

Por tanto, la conclusión desde la perspectiva jurídica tampoco es muy optimista.

En un librito que después citamos analizamos estas cuestiones y otras parecidas con un poco más de detenimiento. Tras examinar las soluciones de otras democracias consolidadas (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) proponemos una serie de reformas que mejoren la vertiente política y la jurídica del procedimiento legislativo.

En concreto, se trata de: Por un nuevo procedimiento legislativo, 113 p., Editorial Dykinson, colección Dykinson constitucional, Madrid, 2015.